1.1. Inmovilistas, reformistas y rupturistas
El panorama político español de la década de 1970 presentaba tres alternativas
Unos defendían claramente la continuidad del régimen sin Franco; otros apostaban por una reforma que culminase en la democratización del sistema; y finalmente, la mayoría de la oposición antifranquista se inclinaba por la ruptura dictatorial y la construcción de un nuevo sistema político liderado por las fuerzas democráticas.
El inmovilismo del gobierno de Arias Navarro
El 22 de Noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey. El monarca dispuso que continuara al frente del gobierno
Carlos Arias Navarro, quien incorporó en su gabinete a los reformistas Fraga Iribarne y José María de Areilza. De este primer gobierno de la monarquía se esperaba la progresiva democratización del sistema político español. Cuando Arias Navarro presentó su programa de gobierno ante las Cortes, se hizo evidente que apostaba por el continuismo franquista. Su propuesta representaba una simple reproducción del viejo «espíritu del 12 de Febrero» y unas leyes extremadamente restrictivas sobre el derecho de reuníón y de asociación, que no contemplaban la existencia de partidos políticos. La decepción se extendíó entre todos los demócratas.
Las movilizaciones populares
Para presionar a favor de una alternativa democrática, la oposición tomó la iniciativa política y definíó un programa común para todas las fuerzas antifranquistas. Con esta orientación, los organismos unitarios creados en la etapa final de franquismo se unieron en la llamada Coordinación Democrática. Su propuesta política expresaba un procedimiento constituyente que, a través de un gobierno provisional y unas elecciones generales, pusiera las bases de un nuevo sistema político. Las fuerzas antifranquistas también promovieron una serie de movilizaciones populares que reclamaban las libertades democráticas y la amnistía para los presos políticos. Las movilizaciones del invierno 1975-1976 adquirieron una dimensión desconocida hasta la fecha.
En Cataluña y en el País Vasco se promovieron diversas huelgas generales y en Madrid varios sectores permanecieron en huelga durante semanas. El gobierno y los empresarios respondieron a la conflictividad con gran contundencia represiva. Especialmente graves fueron los sucesos de la huelga general de Vitoria en 1976.
EL gobierno de Suárez y la reforma política
La tensa situación del país polarizó las posturas dentro de la clase política procedente del franquismo. Los inmovilistas sólo aceptaban la continuidad del régimen y acallar la oposición. Se dieron asesinatos de estudiantes en la manifestaciones y graves sucesos como el de Montejurra (Navarra), en Mayo de 1976, donde se enfrentaron las facciones franquista y demócrata del carlismo. Los reformistas, ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, desplazaron a los inmovilistas con el visto bueno de la monarquía. El rey Juan Carlos y sus colaboradores más cercanos forzaron la dimisión de Arias Navarro el 30 de Junio de 19 76 y Torcuato Fernández-Miranda, presiden-te de las Cortes, impuso como sucesor a Adolfo Suárez, procedente de los sectores reformistas, que aceptó llevar el gobierno hacia la transición a la democracia. Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos. Propuso un audaz proyecto, la Ley de Reforma Política, que reconocía los derechos fundamentales de las personas, cónfería la potestad legislativa en exclusiva a la representación popular y prevéía un sistema electoral democrático. El principal problema de la Ley de Reforma era su aprobación por las Cortes franquistas, teniendo en cuenta que propónía su desmantelamiento, pero fue aprobada sin problemas y en ello desempeñaron un papel decisivo las negociaciones subterráneas del gobierno con muchos de los procuradores franquistas. La Ley fue sometida a referéndum el 15 de Diciembre de 1976 y aprobada por el 81% de los votantes. Aunque la oposición de izquierdas pidió la abstención por considerar la ley insuficiente, ésta no pasó del 30 %.
1.2. La construcción de la democracia
En los meses siguientes a la aprobación de la Ley de Reforma Política se preparó la celebración de elecciones generales. El primer paso fueron una serie de decretos que permitieron la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos a excepción del partido comunista, y una amplia amnistía para delitos políticos cometidos durante el franquismo. La legalización del PCE se había convertido en piedra de toque del proceso democrático. Los comunistas apostaban claramente por el proceso democrático y mostraron su fuerte presencia social con la multitudinaria manifestación que tuvo lugar a raíz de los asesinatos de los abogados laboralistas de CC OO. Finalmente, Suárez decidíó su legalización en el mes de Abril, hecho que provocó una crisis de gobierno pero garantizó la legitimidad democrática de las elecciones.
Las primeras elecciones democráticas
En la primavera de 1977, los partidos de la izquierda que habían vertebrado la oposición al régimen de Franco (PSOE, PCE…) se prepararon para la celebración de elecciones generales. A la derecha, Manuel Fraga Iribarne creó un nuevo partido, Alianza Popular. Desde el gobierno se constituyó la Uníón de Centro Democrático (UCD), cuyo líder era Adolfo Suárez.
Las elecciones generales se celebraron el 15 de Junio de 1977. El triunfo fue para UCD quedando el PSOE en segundo lugar. Aunque no contaba con mayoría absoluta en la Cámara Baja, Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático de España después de la Guerra Civil.
La Constitución de 1978
Las Cortes elegidas el 15 de Junio de 1977 no tenían formalmente el carácter de constituyentes, pero pronto se impuso la opinión de que su primera tarea debía ser la elaboración de una Constitución democrática. Para su redacción se eligió una Ponencia formada por diputados de todos los partidos que tenían representación en lasCortes.
La redacción de la Constitución inicio la llamada política de consenso, que consistíó en resolver las cuestiones claves para la construcción de la democracia y los problemas que se presentaban mediante la negociación y el acuerdo entre las fuerzas políticas. La Constitución adoptó un carácter progresista, aunque presentaba una cierta ambigüedad que permitía que su desarrollo legislativo fuera asumido tanto por la izquierda como por la derecha democrática. El texto constitucional fue publicado el 6 de Noviembre de 1978 y sometido a referéndum popular el 6 de Diciembre de 1978. La consulta arrojó una amplia mayoría a favor y dio validez a una Constitución que permanece vigente hasta el día de hoy. La Constitución de 1978 define España como un «Estado social y democrático de Derecho», organizado como una monarquía parlamentaria, en la que la Corona tiene básicamente funciones representativas, y en la que el ejército queda sometido al poder civil. El texto fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas que incluyen el derecho a la huelga y a la libre sindicación. Aunque el texto constitucional reconoce la libertad de mercado, prevé la posibilidad de planificación económica con la intervención del Estado en la propiedad por motivos de interés público. Asimismo, la carta magna establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y reconoce como lengua oficial del Estado el castellano, además de las lenguas propias en las respectivas Comunidades Autónomas. También instaura un Tribunal Constitucional y los mecanismos necesarios de la reforma del texto constitucional.
1.3. El Estado de las Autonomías
El Título VIII de la Constitución de 1978 regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de Comunidades Autónomas. El proceso de construcción del Estado de las Autonomías tuvo dos etapas diferenciadas: – La primera fue la de las preautonomías, la concesión de una autonomía provisional a regiones cuyos representantes la solicitaran. – La segunda se emprendíó a partir del momento en que la Constitución reguló definitivamente el régimen autonómico.
La creación de preautonomías
La primera preautonomía se concedíó a Cataluña, a donde regresó, en 1977, el antiguo dirigente republicano Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio. En Septiembre de 1977 se restablecíó la Generalitat bajo su presidencia y se creó un gobierno provisional formado por los partidos parlamentarios catalanes que defendían la autonomía. Posteriormente, en el País Vasco se formó un Consejo General Vasco) y en Galicia se creó una Xunta de Galicia provisional. La Constitución establecía la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas. Cada una de ellas se regiría por un Estatuto de Autonomía y se dotaría de órganos legislativos, elegidos por sufragio universal y órganos ejecutivos. Pero establecía dos procedimientos distintos: uno más rápido y completo, previsto en el artículo 151, al que podían acceder directamente las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco) e incluso otras si cumplían unas determinadas condiciones y la decisión era ratificada por un referéndum; y otro más lento, previsto en el artículo 143.
La mayoría de las Comunidades Autónomas se regirían por el artículo 143, a excepción de las nacionalidades históricas, de Navarra, que se regiría por un mecanismo especial partiendo de su peculiar sistema foral, y de Andalucía, que había creado una Junta preautonómica y decidíó por referéndum la construcción de la autonomía por la vía más rápida del artículo.
Los Estatutos de Autonomía
La plasmación jurídica del régimen autonómico tuvo lugar mediante la aprobación de los Estatutos de Autonomía, que conténían las competencias y las instituciones de las Comunidades Autónomas. Los primeros estatutos promulgados fueron los de Cataluña y el País Vasco en 1979. Los estatutos de Galicia y Andalucía se aprobaron en 1981 y posteriormente, entre 1982 y 1983, los del resto de las Comunidades Autónomas. Por último, en 1995, se regularon regíMenes autonómicos para las ciudades de Ceuta y Melilla.
2. Crisis económica, consenso social y actitudes violentas
2.1. Un contexto de crisis económica internacional
La transición coincidíó con el inicio de una crisis económica internacional desencadenada por una gran subida del precio del petróleo. La economía española sufríó con extrema gravedad la recesión a partir de 1975. El alza del precio del petróleo generó un proceso inflacionario que alcanzó tasas del 20 % anual. La pérdida de competitividad derivada de la inflación hizo descender las exportaciones y, entre 1973 y 1974, el déficit de la balanza comercial se duplicó, a la vez que la balanza de pagos pasó de un súperávit de 500 millones de dólares a un déficit superior a los 3 000 millones. La depreciación de la peseta, que favorecíó el mantenimiento de las exportaciones, los ingresos por turismo y la inversión de capital exterior paliaron la gravedad del déficit durante los primeros años.
La crisis energética derivó en una profunda crisis industrial que tuvo dos causas: el aumento de los costes y de los precios de venta como consecuencia del elevado consumo de energía; y el elevado peso en la industria española de los bienes de consumo, la siderurgia, la construcción naval y el material de transporte, donde la crisis alcanzó proporciones más graves. En consecuencia, el paro aumentó a un ritmo anual muy elevado.
2.2. Los Pactos de la Moncloa y la política de consenso
En la tarea de construcción de un sistema democrático y para poder hacer En la tarea de con frente a los problemas económicos era imprescindible un entendimiento entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición. En este sentido, los principales partidos, firmaron los Pactos de la Moncloa (Octubre de 1977) que conténían acuerdos para una reforma económica y un programa de actuación jurídica y política. En el terreno político, el gobierno se comprometíó a una regulación de la vida pública de acuerdo con los principios democráticos plasmados en la Constitución.
En el terreno económico, los objetivos fundamentales fueron la reducción de la inflación y la puesta en práctica de un conjunto de reformas.
Para controlar los precios, además de devaluar fuertemente la peseta, se diseñó una nueva estrategia de control del gasto público, se acordó un programa para racionalizar el consumo de energía y se pactó una moderación salarial. También se procedíó a una reforma tributaria para acometer la modernización de la estructura fiscal española. En 1977 entró en vigor el Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio y al año siguiente, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con lo que el impuesto sobre el trabajo que sólo pagaban los asalariados se hacía extensible a todas las rentas. Con un retraso de casi un siglo, España se incorporó a la estructura tributaria de los países desarrollados de su entorno y así pudo sentar las bases para la construcción del Estado del bienestar. También se acometíó una reforma de la Seguridad Social y un incremento de su financiación pública, que permitíó la extensión del seguro de desempleo y un incremento de las pensiones de jubilación.
2.3. Los enemigos de la democracia
Mientras la mayoría de las fuerzas políticas y de la sociedad española apostaban por un consenso social que consolidase el proceso de transición, algunos sectores del involucionismo, del golpismo militar y del terrorismo promovían la violencia para desestabilizar al país y obstaculizar la construcción democrática.
Las fuerzas de la extrema derecha nostálgicas del franquismo se movilizaron para impedir la consolidación democrática. Para ello organizaron manifestaciones y grupos violentos, llegando incluso a crear agrupaciones de pistoleros como los Guerrilleros de Cristo Rey. También tuvieron lugar algunos intentos de desestabilización promovidos por grupos de militares, como el intento de Golpe de Estado conocido como «Operación Galaxia» (1978).
El terrorismo buscaba sus víctimas entre las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad y algunas personalidades vinculadas al franquismo, estimulando aún más las apetencias involucionistas de algunos de estos sectores. El terrorismo de extrema izquierda estuvo vinculado a la aparición de organizaciones como el GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre) y el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico).
Sin embargo, la principal actividad terrorista provénía de ETA, que emprendíó una campaña de atentados con especial incidencia entre los militares y las fuerzas de orden público. En Cataluña se creó la organización independentista Terra Lliure, que cometíó diversos atentados y secuestros hasta su disolución en 1995.