Reformas impulsadas durante el bienio reformista de la República.»

La política de reformas desarrollada durante el bienio reformista (1931-1933), fue impulsada por el gobierno de republicanos de izquierda y socialistas, presidido por Manuel Azaña. Continuaba las reformas emprendidas durante el Gobierno Provisional en el objetivo de modernizar y equiparar a España a los países europeos más avanzados.

-Reformas socio-laborales y la Reforma Agraria (1932). Fue impulsado por el ministro socialista de trabajo, Largo Caballero. Se concretó en la Ley de Términos Municipales, la Ley de Jurados Mixtos, la Ley de Laboreo forzoso y el establecimiento de la jornada máxima laboral de 8 horas. Pero la Ley de Reforma Agraria fue el proyecto de mayor envergadura. Su objetivo era crear una clase media rural, propietaria de sus explotaciones, y que habría de ser la que incentivara la salida del atraso industrial. Pretendía resolver, en definitiva, “la cuestión agraria” mediante el ansiado reparto de tierras. La ley expropiaba sin indemnización las tierras de los grandes de España y con indemnización las deficientemente cultivadas. Para su aplicación se creó el Instituto de la Reforma Agraria (IRA) encargado de pagar las indemnizaciones y asentar las familias campesinas en las tierras expropiadas. Sin embargo, las trabas burocráticas y el presupuesto limitado con el que contó, dificultaron las expropiaciones y los asentamientos (solo 4000 campesinos frente a los 60000 previstos). Ello generó frustración entre el campesinado y, a la vez, la oposición radical de los propietarios agrícolas a la medida y, por extensión, a la República.

La reforma educativa, impulsada por el radical-socialista Marcelino Domingo y, a partir de 1932, por el socialista Fernando de los Ríos, establecía la eliminación de la religión católica como asignatura y la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las Congregaciones Religiosas. Se creaba un modelo de escuela única, laica, pública obligatoria y gratuita. Se multiplicaron las plazas de maestros (3200 por año) y escuelas y se promovieron iniciativas de extensión de la cultura a zonas rurales (bibliotecas ambulantes, Misiones Pedagógicas, Teatro La Barraca, etc.)

La Reforma militar impulsada por Azaña como ministro de la Guerra pretendía una modernización y democratización del ejército. Promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad que permitía retirarse voluntariamente a los oficiales en activo en óptimas condiciones; se suprimieron algunos rangos militares, se redujo el número de unidades y oficiales, se cerró la Academia Militar de Zaragoza, se clausuraron las Capitánías Generales y se eliminaron los tribunales de honor y la Ley de Jurisdicciones; se recortó el presupuesto de Defensa, etc.
En materia policial se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República.

La reforma territorial del Estado pretendía dar cabida las aspiraciones de autogobierno, dentro del Estado integral, de las regiones con un fuerte sentimiento identitario. Así se promovíó la aprobación de estatutos de autonomía. En Cataluña, tras la proclamación de la República Catalana del líder de ERC, Francesc Maciá, se aprobó la formación de la Generalitat y de un estatuto de Autonomía (sept. 1932) que reconocía competencias en materia económica, social, educativa y cultural. Maciá fue elegido presidente de la Generalitat. En el País Vasco, el PNV redactó un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella) pero su carácter confesional impidió ser aprobado por las Cortes. No sería hasta 1936, iniciada la Guerra Civil, cuando se apruebe un nuevo estatuto, fruto del consenso entre nacionalistas, republicanos y socialistas. En Galicia, el estallido de la guerra impidió la aprobación del proyecto de estatuto.

La reacción más virulenta a las reformas de la república fue el levantamiento del general
Sanjurjo en Sevilla el 10 de Agosto de 1932 (la “Sanjurjada”) que, aunque fracasó, constituyó un serio aviso de que la lealtad del ejército no estaba garantizada. Este episodio aceleró algunas reformas como la del estatuto catalán.

La derecha también se fue organizando en torno a medios, como la revista Acción Española dirigida por Ramiro de Maeztu, o partidos políticos. Además de los partidos republicanos de centro derecha o derecha (Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora o el Partido Radical de Lerroux), la derecha conservadora y católica vino a estar representada por la CEDA (creada en 1933 y liderada por Gil Robles), partido posibilista con la república que, sin embargo, defendía una rectificación de las reformas de la coalición de izquierdas. Con una actitud hostil hacia la República se crearon partidos monárquicos como Renovación Española (Calvo Sotelo) o de corte fascista como las JONS (creadas en 1931 y lideradas por Ledesma Ramos) o la Falange Española, partido creado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera. El carlismo estuvo agrupado en la Comunión Tradicionalista (CT).

El obrerismo más radical rechazó las reformas por lentas e insuficientes. Estaba representada por diversas organizaciones como las comunistas PCE o POUM o las anarquistas CNT (un millón de afiliados en 1936) y la FAI que defendía la revolución social incluso por la vía insurreccional y armada. Incluso un sector del PSOE y de la UGT (FNTT) se mostraban insatisfechos con las reformas. Esta oposición cristalizó en diversos episodios de conflictividad social y violencia política, el más grave de los cuales tuvo lugar en Casas Viejas (1933).

Describe las causas, desarrollo y consecuencias de la Revolución de Asturias de 1934.»

El fracaso y la oposición a algunas reformas, criticadas tanto por la derecha como por la izquierda radical, el deterioro económico, que hizo aumentar la conflictividad social, las huelgas, la violencia política y la represión gubernamental (como los sucesos de Castilblanco en Bajajoz o Casas Viejas en Cádiz, 1933), y la pérdida de popularidad y el desgaste de la coalición de partidos que respaldaban al Gobierno, llevaron a la convocatoria de elecciones generales para Noviembre de 1933. Fueron las primeras en las que las mujeres pudieron votar. Las derechas, muy movilizadas, lograron formar una única candidatura en muchas circunscripciones, frente una izquierda dividida que sufríó una fuerte dispersión del voto. Los resultados otorgaron a la CEDA de Gil Robles la victoria con 115 diputados, pero insuficiente para formar gobierno por sí sola (en un parlamento formado por 453 diputados). El PSOE se quedó solo con 59 diputados. La salida fue la suma del Partido Radical de Lerroux (102 diputados) y de algunos pequeños partidos de centro junto con la supervisión de los diputados de la CEDA con la condición de poner en marcha una política revisionista de las reformas del primer bienio.

El nuevo Gobierno presidido por Lerroux frenó la reforma agraria: se devolvieron tierras a la nobleza, se anuló la cesión de tierras cultivadas a los campesinos y se recuperó la libertad de contratación que hizo bajar los jornales. Contrarrestó la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero y negociando un concordato con la Santa Sede. Respecto al ejército, se amnistió a los golpistas de “la Sanjurjada” de 1932. Se redujo el presupuesto de educación e iniciaron la destitución de ayuntamientos republicanos y socialistas. Se enfrentó a la Generalitat de Cataluña a raíz de la promulgación en 1934 de la Ley de Contratos de Cultivo, que permitía a los rabasaires acceder a la propiedad de la tierra que trabajaban. A pesar de ser declarada inconstitucional, la Generalitat no aceptó su anulación. También paralizó en las Cortes el estatuto vasco. El viraje conservador y la rectificación de las reformas anteriores provocaron la radicalización del PSOE y la UGT, auspiciada por Largo Caballero, que proclamaron en Junio de 1934 una huelga general campesina. A pesar de la represión, la CEDA endurecíó su posición y exigíó la entrada en el Gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. El 5 de Octubre, Lerroux dio entrada a tres ministros de la CEDA en el gobierno lo que fue interpretado por la izquierda como una deriva hacia el fascismo y el detonante de una huelga general revolucionaria.  La Revolución de Octubre de 1934 fracasó en casi todas partes salvo en Asturias donde contó con el apoyo de la CNT y Cataluña donde Companys proclamó la República catalana dentro de la República Federal española. En Asturias, la acción conjunta de las organizaciones obreras y de los mineros les llevó a controlar casi toda la regíón. El gobierno declaró el estado de guerra y el ejército de África (la legión) intervino al mando de los generales Franco y Goded, terminando el 12 de Octubre con la revolución asturiana tras una dura represión que incluyó la detención de los principales líderes, entre ellos Largo Caballero. En Cataluña, el ejército (al mando el general Batet) aplastó rápidamente la rebelión de la Generalitat siendo el presidente y casi todos sus consejeros encarcelados. Incluso Azaña, que se hallaba en Barcelona, fue detenido.Las consecuencias de la Revolución fueron notables: entre 30 y 40000 personas fueron detenidas con 2000 muertos en los enfrentamientos.  La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor. Se suspendíó el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Se radicalizaron las posiciones políticas y las fuerzas de la izquierda se unieron en pedir la amnistía de los detenidos (campaña proamnistía). Por último, se nombró a Francisco Franco, jefe del Estado Mayor.