Consecuencia de la primera república de Venezuela

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El 28 de Junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes dieron la mayoría a la
conjunción republicano-
socialista y supusieron una aplastante victoria de las fuerzas de
izquierda, mientras la derecha obtuvo una representación en las Cortes bastante menor a su
fuerza real en la sociedad.
El ejecutivo quedó en manos de la coalición republicano-socialista, que ratificó en sus cargos al jefe
de Gobierno (Niceto Alcalá Zamora) y a los ministros del Gobierno Provisional.
Las Cortes nombraron una Comisión constitucional encargada de elaborar un proyecto de
Constitución que fue aprobado en Diciembre de 1931, después de meses de intenso debate. La
Constitución de 1931, vigente hasta 1939, tuvo un marcado carácter democrático y progresista.
La Constitución establecía los siguientes principios:
• Se inició con una definición rotunda de soberanía popular: el nuevo Estado es una
“República democrática de trabajadores de toda clase”.
• El Estado se configuraba de manera “integral”, pero se aceptaba la posibilidad de
constituir gobiernos autónomos en algunas regiones.
• El poder legislativo residía plenamente en las Cortes, constituidas por una sola cámara, y
cuyas atribuciones estaban por encima de las demás instituciones.
• El poder ejecutivo recaía en el Consejo de Ministros y en el presidente de la República,
elegido por el Congreso de los Diputados y por unos compromisarios. Sus competencias
estaban restringidas y siempre bajo el control de la Cámara.
• El poder judicial se confiaba a unos jueces independientes.
• Se prevéía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier tipo de propiedades por
causa de utilidad social, mediante indemnización, así como la opción de nacionalizar los
servicios públicos.


• Presentaba una amplia declaración de derechos y libertades, extendida a temas
económicos y sociales. Establecía el voto desde los 23 años y por primera vez se concedía el
voto a las mujeres. Se declaraba la separación de la Iglesia y el Estado, se reconocía el
matrimonio civil y el divorcio, También se expresaba la igualdad de todos los ciudadanos
ante el derecho a la educación y el trabajo.
La Constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas, aunque fue aprobada por
una amplia mayoría, evidenciando las profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha,
sobre todo en lo referente a la cuestión religiosa y autonómica. Los sectores católicos más
conservadores se opusieron a la no confesionalidad del Estado, mientras la derecha más centralista
no aceptó una reforma de su estructura para hacer posible el reconocimiento del derecho de
autogobierno de las regiones (autonomías).
La aprobación de los artículos religiosos de la Constitución provocó la dimisión de los sectores
católicos del gobierno, por los cual Manuel Azaña sustituyó a Alcalá Zamora en la Jefatura de
Gobierno, mientras éste paso a ser presidente de la República.


Las elecciones generales de Noviembre de 1933 dieron la victoria a la mayoría de derechas que
acudieron unidas en una coalición entre la CEDA (Confederación Española de Derechas
Autónomas) de Gil Robles y el Partido Radical de Alejandro Lerroux, de tendencia centrista.
Los grandes derrotados fueron los partidos de izquierda que habían gobernado el bienio anterior.
Lerroux formó un gobierno con miembros exclusivamente del Partido Radical. La CEDA, el grupo parlamentario más numeroso quedó al margen, pero los radicales necesitaban los votos de la CEDA para gobernar, por lo que aceptaron aplicar un programa de rectificación de la obra legislativa del bienio anterior: se frenó la reforma agraria, se paralizó la discusión en el Parlamento del Estatuto vasco… Por otro lado, se quiso contrarrestar la reforma religiosa mediante la dotación de un presupuesto para culto y clero y el intento de firma de un concordato con la Santa Sede. También se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 1932 y para los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera.
El giro conservador y la obstrucción a la obra reformista llevada a cabo por la coalición republicano-socialista en el bienio anterior tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y la UGT. Su ala más izquierdista, dirigida por Largo Caballero, propónía no colaborar más con las fuerzas burguesas y propiciaba la revolución social.
El enfrentamiento con las fuerzas nacionalistas de Cataluña y del País Vasco, la radicalización de los socialistas y la proliferación de huelgas y conflictos llevaron a la CEDA a endurecer su posición y a reclamar una actuación más contundente en materia de orden público, exigiendo participar en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo parlamentario. Lerroux accedíó a estas peticiones y el cinco de Octubre de 1934 otorgó tres ministerios a la CEDA.
La entrada de la CEDA en el gobierno fue interpretada por la izquierda como un camino hacia el fascismo y la reacción no se hizo esperar. Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades como medio para defender la democracia republicana y el reformismo social, pero fracasaron por la contundente respuesta del gobierno que decretó el estado de guerra.


A pesar de ello los acontecimientos adquirieron una especial relevancia en Cataluña y Asturias.
En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, proclamó la República catalana dentro de la República Federal española. Companys quería evitar la formación de un gobierno de derechas, en un momento en que la autonomía se veía en peligro como consecuencia de la paralización sufrida en el traspaso de las competencias autonómicas.
La rebelión fue rápidamente sofocada con la declaración del estado de guerra. El gobierno de la Generalitat y el pleno del Ayuntamiento de Barcelona fueron encarcelados. En total hubo más de 3500 detenidos. Azaña, que se encontraba en Barcelona, fue encarcelado y en Madrid también fueron detenidos varios líderes del Comité de huelga, entre ellos Largo Caballero.
En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo entre anarquistas, socialistas y comunistas. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte de los cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por comités revolucionarios. Los mineros sitiaron Oviedo y formaron patrullas dispuestas a defender la revolución. El gobierno decidíó mandar, desde África, a la Legión para reprimir el levantamiento. La resistencia asturiana se prolongó durante diez días, pero todos los núcleos insurrectos fueron sometidos.
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