Deuda publica

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DESAMORTIZACIÓN DE Mendizábal Y SUS CONSECUENCIAS

Con la desamortización, Mendizábal pretendía lograr varios objetivos:
fortalecer el ejercito isabelino  para  ganar la guerra carlista; eliminar la deuda pública y atraerse a las filas liberales a los principales beneficiarios de la desamortización, que compónían la incipiente burguésía con dinero; poder solicitar nuevos préstamos, al gozar ahora la Hacienda de credibilidad; y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica que, al ser desamortizada y colectiva pasaría a ser libre e individual.

Con la ley desamortizadora, el Estado suprimíó las órdenes religiosas (clero regular) excepto los religiosos que se dedicaban a la enseñanza y al cuidado de los hospitales y se apoderó de sus propiedades, convirtiéndoles en “bienes nacionales”. El decreto de 29 de Julio de 1837 hacía extensible la desamortización a los bienes del clero regular femenino con la sola excepción de las clarisas. De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no sólo tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, otra ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular (la de las catedrales e iglesias en general), aunque la ejecución de esta última se llevó a cabo años más tarde, en 1841, durante la regencia de Espartero

     Los bienes incautados se tasaron, y se vendieron en sus respectivas provincias en pública subasta al mejor postor. Éste podía pagar al Estados en dos formas

: En efectivo

En el momento del remate entregaba 1/5 del valor total y en resto a plazos durante quince años.

En Títulos de la Deuda

Se pagaba 1/5 del total en el momento de la adjudicación de la propiedad y el resto en títulos de la deuda pública durante ocho años. Se respetó el valor nominal de los títulos de la deuda, lo que benefició, en gran medida, a sus poseedores.

Según cálculos aproximativos, el Estado recaudó entre 1835 y 1837: 327. 566.390 reales de vellón en metálico y 4.224.495.895 reales de vellón en títulos de la Deuda del Estado (su valor real no superaba 590 millones de reales de vellón)

Durante la regencia de Baldomero Espartero (1840/1843), las medidas desamortizadoras se extendieron a los bienes del clero secular. (Ley de 1841). En la venta de estos bienes la única novedad  es  que en el momento  del remate se tenía  que pagar el 10 por ciento de su importe y en títulos de la deuda el 90% restante en un plazo de cinco años. La importancia del patrimonio del clero secular era menor que la del clero regular pero exigíó que el Estado se comprometiera, a partir de  ese momento, a mantener al clero y al culto de las parroquias. No obstante, la ley de 16 de Agosto delegaba los gastos de reparación de los templos parroquiales y de culto a los “derechos de estola o pie de altar” y si no era suficiente estos ingresos se repartirían obligatoriamente entre todos los vecinos de la parroquia.

Con  la mayoría de edad de Isabel II (Noviembre de 1843) y la llegada de los liberales moderados al poder (gobierno de Ramón María Narváez)

La desamortización quedó  interrumpida y las relaciones entre el Estado español y la iglesia restablecida

En el Concordato de 1851 (gobierno de Juan Bravo Murillo/ Pio IX), Roma reconocía el trono de Isabel II y las ventas realizada hasta ese momento. El Estado español admitía la confesionalidad del estado, se había establecido previamente en la Constitución de 1845, la participación de la Iglesia en la determinación de la enseñanza y su capacidad de censura y al mantenimiento del clero y el culto.)


DESAMORTIZACIÓN DE Mendizábal Y SUS CONSECUENCIAS

Con la desamortización, Mendizábal pretendía lograr varios objetivos:
fortalecer el ejercito isabelino  para  ganar la guerra carlista; eliminar la deuda pública y atraerse a las filas liberales a los principales beneficiarios de la desamortización, que compónían la incipiente burguésía con dinero; poder solicitar nuevos préstamos, al gozar ahora la Hacienda de credibilidad; y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica que, al ser desamortizada y colectiva pasaría a ser libre e individual.

Con la ley desamortizadora, el Estado suprimíó las órdenes religiosas (clero regular) excepto los religiosos que se dedicaban a la enseñanza y al cuidado de los hospitales y se apoderó de sus propiedades, convirtiéndoles en “bienes nacionales”. El decreto de 29 de Julio de 1837 hacía extensible la desamortización a los bienes del clero regular femenino con la sola excepción de las clarisas. De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no sólo tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, otra ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular (la de las catedrales e iglesias en general), aunque la ejecución de esta última se llevó a cabo años más tarde, en 1841, durante la regencia de Espartero

     Los bienes incautados se tasaron, y se vendieron en sus respectivas provincias en pública subasta al mejor postor. Éste podía pagar al Estados en dos formas

: En efectivo

En el momento del remate entregaba 1/5 del valor total y en resto a plazos durante quince años.

En Títulos de la Deuda

Se pagaba 1/5 del total en el momento de la adjudicación de la propiedad y el resto en títulos de la deuda pública durante ocho años. Se respetó el valor nominal de los títulos de la deuda, lo que benefició, en gran medida, a sus poseedores.

Según cálculos aproximativos, el Estado recaudó entre 1835 y 1837: 327. 566.390 reales de vellón en metálico y 4.224.495.895 reales de vellón en títulos de la Deuda del Estado (su valor real no superaba 590 millones de reales de vellón)

Durante la regencia de Baldomero Espartero (1840/1843), las medidas desamortizadoras se extendieron a los bienes del clero secular. (Ley de 1841). En la venta de estos bienes la única novedad  es  que en el momento  del remate se tenía  que pagar el 10 por ciento de su importe y en títulos de la deuda el 90% restante en un plazo de cinco años. La importancia del patrimonio del clero secular era menor que la del clero regular pero exigíó que el Estado se comprometiera, a partir de  ese momento, a mantener al clero y al culto de las parroquias. No obstante, la ley de 16 de Agosto delegaba los gastos de reparación de los templos parroquiales y de culto a los “derechos de estola o pie de altar” y si no era suficiente estos ingresos se repartirían obligatoriamente entre todos los vecinos de la parroquia.

Con  la mayoría de edad de Isabel II (Noviembre de 1843) y la llegada de los liberales moderados al poder (gobierno de Ramón María Narváez)

La desamortización quedó  interrumpida y las relaciones entre el Estado español y la iglesia restablecida

En el Concordato de 1851 (gobierno de Juan Bravo Murillo/ Pio IX), Roma reconocía el trono de Isabel II y las ventas realizada hasta ese momento. El Estado español admitía la confesionalidad del estado, se había establecido previamente en la Constitución de 1845, la participación de la Iglesia en la determinación de la enseñanza y su capacidad de censura y al mantenimiento del clero y el culto.)

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