La reforma y la restauración del estado laico

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14.3
Tras la renuncia de Primo de Rivera, el rey nombró jefe de Gobierno al general Dámaso Berenguer, quien pretendía restablecer el sistema parlamentario y la Constitución de 1876 y
salvar la figura de Alfonso XIII; sin embargo, la opinión pública y la oposición lo rechazaron.
No convocó elecciones y la oposición se reforzó, teniendo lugar el Pacto de San Sebastián en
1930. El objetivo de este pacto era dar un Golpe de Estado, pero fracasó y fue detenido todo
el Comité Revolucionario. Poco antes, Ortega y Gasset publicó un artículo titulado El error Berenguer, que pedía el fin de la Monarquía.
La suma de estos acontecimientos supuso la dimisión de Berenguer y su sustitución por el
almirante Aznar, que creó un gobierno liberal-conservador. Convocó un proceso electoral
íntegro, comenzando por las elecciones municipales de Abril: se autorizaron todos los
partidos, se otorgó libertad de propaganda y se puso en libertad a los miembros del Comité
Revolucionario. La victoria para los socialistas y republicanos fue clara. Este éxito provocó
movilizaciones en las ciudades para forzar la abdicación de Alfonso XIII, y tras una primera
resistencia, el día 14 de Abril el rey optó por abandonar España para evitar una posible guerra
civil y por falta de apoyos. Ese mismo día se proclamó la Segunda República (1931-1939).
Se creó un gobierno provisional reflejo de lo acordado en el Pacto de San Sebastián. Se
adoptaron las primeras medidas y reformas dando lugar a conflictos como enfrentamientos
entre anarquistas y socialistas y protestas del Ejército y de la Iglesia.
El gobierno provisional convocó elecciones en Junio de 1931, que dio la victoria a la coalición
republicano-
socialista, y más tarde creará una comisión de diputados para preparar un
proyecto constitucional, de gran rechazo por parte de los sectores conservadores. La
Constitución de 1931 se basaba en los siguientes aspectos: consolidar un régimen
democrático basado en la soberanía nacional, con derecho de voto a las mujeres y
reconocimiento sin limitaciones de los derechos individuales, a los que se unieron derechos colectivos y sociales. También se potenciaba el poder legislativo con cortes unicamerales, con
la supresión del Senado;
creación del cargo de Presidente de la República, elegido por los
diputados para un mandato de seis años sin reelección y con atribuciones escasas; y creación
del Tribunal de Garantías Constitucionales. Separación de Iglesia y Estado, por la cual el Estado se declaró aconfesional y se autorizó la libertad de cultos, se prohíben los centros educativos dirigidos por órdenes religiosos, se aprueba el matrimonio civil, el divorcio y los derechos de los hijos ilegítimos. Creación de autonomías regionales que requería iniciativa municipal, plebiscito popular regional y aprobación en el Congreso de los Diputados. Por último, el derecho de expropiación de las tierras.
Tras aprobarse la Constitución, se inició una nueva etapa con un gobierno presidido por Azaña, el Bienio Reformista (1931-1933), que seguirá con las siguientes medidas en un periodo de crisis:
Las reformas sociolaborales, obra del ministro de trabajo Largo Caballero. Entre ellas, se decretó un salario mínimo, se crearon los Jurados Mixtos para sustituir a los Comités
Paritarios y se promulgaron normas para proteger a los jornaleros.
Las reformas militares fueron impulsadas por Azaña como ministro de guerra. Su objetivo era
impedir intervenciones militares y conseguir un ejército moderno y eficaz. Entre sus medidas, suprimíó la Ley de Jurisdicciones, revisó los ascensos de la etapa de la Dictadura y creó la Guardia de Asalto.
Las reformas educativas y culturales fueron dirigidas por Fernando de los Ríos. Se pretendía
mejorar la enseñanza y erradicar el analfabetismo con un sistema laico, gratuito, unificado y
público. El movimiento fue debilitándose por falta de dinero y la oposición de la Iglesia.
La reforma agraria buscaba entregar parcelas a los campesinos más pobres, disminuir el
poder de grandes terratenientes (Ley de Bases para la Reforma Agraria) y las tierras de labranza no explotadas directamente por sus propietarios la Ley las declaró expropiables por indemnización, pasando a control estatal, destinadas luego en régimen de arriendo a campesinos sin tierras.
En cuanto a la reforma autonómica, Maciá había proclamado la República Catalana dentro de
la Federación Ibérica, pero el Gobierno de Madrid inició negociaciones para la elaboración del
Estatuto de Autonomía en 1932. La autonomía vasca y gallega se aprobaron años más tarde.
El objetivo de la reforma religiosa fue reducir la influencia de la Iglesia, suprimiendo la
obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas y la retirada de símbolos religiosos
de lugares públicos.
La actividad reformista encontró oposición en los sectores conservadores: algunos mandos
militares prepararon un golpe para intentar recuperar el poder, con el general Sanjurjo al
frente, pero fracasó por su falta de organización (La Sanjurjada, 1932). Esto supuso un
cambio de estrategia en los sectores de derecha con la creación de la CEDA (Confederación
Española de Derechas Autónomas). También se opusieron los anarquistas, con una ofensiva
revolucionaria que provocó huelgas generales e incidentes violentos (Casas Viejas). Estos
problemas dieron lugar a la ruptura de la coalición republicano-socialista y la dimisión de
Azaña en 1933. Tras un breve gobierno del partido radical de Martínez Barrio, Alcalá-Zamora,
el Presidente de la República, decidíó disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.
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