En 1622 Felipe IV, continuando la práctica del valimiento carácterística en los Austrias menores, escogíó al conde duque de Olivares como valido. Durante su reinado (1621- 1665), la crisis económica y decadencia española tocaron fondo y debido a la Guerra de los Treinta Años, Olivares reanudó la política exterior ofensiva en Europa. Así, el programa político del valido se basó en dos principios: reputación y reformación. Entre sus reformas destacan las siguientes:

-Olivares trató de crear una Red Nacional de Erarios que liberase a la Corona de su dependencia de la banca extranjera. Los erarios pagarían a quienes depositaran su dinero y concederían préstamos a la Corona. Sin embargo, para crear la Red de Erarios se necesitaba un capital fundacional que debían aportar, obligatoriamente y en función de su riqueza, los súbditos cuya fortuna superase los 2000 ducados. Ante esta condición, los sectores privilegiados se opusieron y el proyecto acabó fracasando. No obstante, se crearon nuevos impuestos y se pusieron a la venta cargos públicos.

-En el ámbito militar, Olivares planteó una Uníón de Armas, con la que trató de crear un ejército permanente y profesional de 140.000 hombres, reclutado y sostenido por todos los reinos de la monarquía, liberando así a Castilla de la carga militar. No obstante, el proyecto fracasó debido a la oposición de las Cortes de Aragón.

-Finalmente, para crear una estructura centralizada del Estado, más fácil de gobernar, el valido propuso la unificación de la monarquía bajo las mismas leyes e instituciones, siguiendo el modelo de Castilla. Este proyecto no se intentó debido a que las medidas propuestas para realizarlo eran demasiado arriesgadas.

Debido al descontento social, estallaron rebeliones independentistas en Cataluña y Portugal en 1640. La sublevación catalana fue una revuelta anticentralista, sin embargo, se rindieron con la condición de que se respetaran sus antiguos fueros. En cambio la rebelión portuguesa tuvo carácter nobiliario, anticastellano e independentista. En 1668, España tuvo que reconocer la independencia de Portugal.

Concluyendo, tanto la sublevación de los territorios periféricos como las quejas y denuncias de la alta nobleza y las clases populares, llevaron a la caída del Conde Duque de Olivares en 1643. Felipe IV acabo por apartar el valido de la política.

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La muerte sin descendencia en 1700 del rey de las Españas, Carlos II, desencadenó un gran conflicto nacional e internacional en torno a las dos candidaturas al trono español: la del archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador, y la de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Borbón.

De acuerdo con el testamento de Carlos II, Felipe de Anjou fue proclamado rey de las Españas con el nombre de Felipe V. Pero la casa de Habsburgo (Austria) no lo aceptó y amplias capas sociales de la Corona de Aragón se rebelaron y reclamó su derecho al trono. Comenzaba así la Guerra de Sucesión Española (1701–1715).

El asunto que se dirimía en este conflicto, en el ámbito interno español, no era sólo un cambio de dinastía, sino un modelo de estado y de administración para los reinos peninsulares. Se enfrentaban dos modelos: el de los Austrias, tradicionalmente pactista; y el de los Borbones, que importaba el modelo francés absolutista, unificador y centralizador. Con muchos matices, se puede afirmar que Castilla apoyó al rey francés, Felipe V de Borbón, frente al apoyo de la Corona de Aragón al bando de los Austrias.

Pero también fue un conflicto internacional, pues Inglaterra y las Provincias Unidas veían con mucho recelo que una dinastía, los Borbones, pudieran gobernar sobre todo lo que era Francia, España y sus respectivas colonias, rompiendo así el equilibrio internacional vigente en aquel momento. Por ese motivo, declaran la guerra a Felipe V de Borbón.

La guerra finaliza por un cambio de postura de Inglaterra. En 1711, fallece el hermano del Archiduque Carlos de Habsburgo, por lo que éste pasaría a ocupar el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. De ganar el trono de las Españas, sería el Archiduque el que acapararía mucho poder y, por tanto, el nuevo peligro. En las nuevas circunstancias, le va a interesar a Inglaterra y a las Provincia Unidas que el trono español sea ocupado por los Borbones, aunque, eso sí, con condiciones y cesiones.

La paz de Utrecht (1713) significa el fin del conflicto internacional con el reconocimiento por parte de Inglaterra y las Provincias Unidas de Felipe de Borbón como rey de España con una serie de condiciones: renunciar al trono francés, los Países Bajos pasaban a Austria, e Inglaterra se quedaba con Gibraltar y Menorca, además de reconocerle a Inglaterra el derecho a traficar con esclavos y comerciar con las colonias americanas. En el ámbito interno español, los conflictos continuaron hasta 1715 con la conquista de Mallorca y su correspondiente Decreto de Nueva Planta.

Se trata de un gobierno absolutista centralizado que impusieron los Borbones tras triunfar con la Guerra de Sucesión. En esta se llevaron a cabo una serie de reformas administrativas, militares, económicas y fiscales, aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica en Nueva España

El mapa nos muestra la “Estructura Administrativa de la España del s. XVIII”, implantada tras la llegada de los Borbones, a raíz tanto de la Guerra de Sucesión Española como de los distintos “Decretos de Nueva Planta”. El mapa recoge con un trazo más grueso las Capitánías generales y con un trazo más fino lo que sería una especie de división provincial.

Los Decretos de Nueva Planta se aplicaron en 1707 en Valencia y Aragón, en 1715 en Mallorca y en 1716 en Cataluña. Suprimieron los fueros y las instituciones propias de los reinos de Aragón, que pasaron a ser gobernados por las leyes de Castilla, formándose un gobierno uniforme, salvo Navarra y las Provincias Vascas que pudieron conservar sus fueros por su apoyo a Felipe V.

Como consecuencias de los Decretos de Nueva Planta, podemos citar:

En los reinos de la Corona de Aragón se suprimieron sus fueros, cortes y diputaciones, imponiéndose unas Cortes únicas para todo el territorio excepto Navarra. Además, los virreyes son sustituidos por los capitanes generales. Asimismo, se impone la Ley Sálica.

Amparándose en el “derecho de conquista” se impuso la contribución de los territorios de la Corona de Aragón. Así, se implantó un impuesto único en Valencia, Aragón, Mallorca y Cataluña. Asimismo, se eliminaron las aduanas, que obstaculizaban el comercio interior.

La lengua catalana quedó recluida al ámbito privado y el castellano es la lengua administrativa, salvo en la Sala de Vizcaya de la Audiencia de Valladolid, donde se permite el euskera.

se crearon los intendentes y los capitanes generales. El intendente era un funcionario que dependía del rey y su principal función era recaudar impuestos, aunque también tenía atribuciones administrativas, fiscales y judiciales. Por otro lado, la Capitánía General, se localizaba en áreas delicadas desde el punto de vista defensivo y en los reinos orientales desplazaron a los virreyes. Tenían funciones militares y judiciales y presidían la Audiencia territorial. Además, se extendieron los corregidores para el control de las ciudades.

Por último, se consolidó el centralismo y el absolutismo: se unificaron y reorganizaron los diferentes reinos lo que significó la pérdida de la soberanía, esencialmente, de la Corona de Aragón, que pasó a ser integrada en un modelo uniformizado y centralista, constituyéndose una única estructura política. Además, el Consejo de Castilla se instituyó como el órgano esencial de gobierno del país, tenía facultades legislativas y judiciales y actuaba como Tribunal Supremo de Justicia.

Por encima del Consejo y las cortes se situaba el poder del monarca, al que se le auxiliaban las secretarías, sustituyentes de los antiguos Consejos. La más importante era la Secretaría de Despacho, con un secretario nombrado por el rey y un buen número de funcionarios, la cual se dividíó en cuatro en 1714 (Guerra, Marina e Indias, Justicia y Estado) y posteriormente se añadió “Hacienda”.

Carlos III, tercer hijo varón de Felipe V, fue rey de España desde 1759 hasta su muerte en 1788. Su política interior puede calificarse de despotismo ilustrado aunando monarquía absoluta con intentos de reformas ilustradas y liberales con la ayuda de ministros y colaboradores como Esquilache, Aranda, Campomanes, etc. Algunas de sus reformas más destacadas son:

-Económicas: proyectos de reforma agraria; creación de un mercado nacional facilitando la libre circulación de bienes, mercancías y capitales dentro del territorio español; apoyo a la actividad industrial; fin de algunos monopolios; y estabilizar la política fiscal racionalizando los ingresos y gastos de la Hacienda. Creó la Lotería Nacional y las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País.

-Culturales: reforma de las enseñanzas medias y universitarias, crea las escuelas de artes y oficios…

-Sociales: limitó el número de hidalgos obligándolos a desarrollar profesiones manuales y el comercio que se declararon honestas.

En el reinado de Carlos III, la actividad más importante seguía siendo la agricultura, de tipo feudal, aunque el rendimiento era bajo y solo podía aumentarse cultivando más cantidad de tierra, lo cual era difícil debido a los amplios privilegios de la Mesta. Además, una parte importante de la superficie estaba amortizada y no se podía vender, lo cual frenaba la modernización de las técnicas o sistemas de cultivo. Por otra parte, las tierras disponibles solían ser de mala calidad afectando al rendimiento.

La situación anterior y el aumento de la población generaba continuas crisis de subsistencias y por ello se debatíó la necesidad de una reforma para la que fue muy importante el “Informe sobre la Ley Agraria” de Jovellanos que analizó los problemas del campo español y también las propuestas de las Sociedades Económicas de amigos del País. Los objetivos de la reforma debían ser aumentar la producción agraria, fomentar la estabilidad social creando un sector de propietarios rurales que trabajasen para aumentar los beneficios y elevar los ingresos del Estado estableciendo una contribución sobre la renta agraria. Se propusieron varias medidas:

Modificación de la estructura de la propiedad, las vinculadas a señoríos y mayorazgos o en manos de la Iglesia debían ser objeto de compraventa o desamortización; las tierras comunales se arrendaron.

La colonización de nuevas tierras. Dio lugar a nuevas poblaciones en Sierra Morena y el valle del Guadalquivir.

Construcción de obras públicas: se mejoró los regadíos con la construcción de canales (Canal de Castilla, Canal de Aragón) y pantanos (Lorca).

Introducción de nuevos cultivos, como la papa y el maíz, provenientes de América.

Reducción de los privilegios de La Mesta: la Mesta se vio afectada por las medidas liberalizadoras, ya que, al incrementarse el precio del cereal por su liberación del mercado, los propietarios prefirieron invertir en cultivos y no en ganado.

Estas medidas no lograron una transformación importante del campo español. El proceso desamortizador no se abordó y la propiedad agraria no cambió. Las formas de propiedad y explotación y la oposición general ante las medidas liberalizadoras lastraban las reformas que pretendían adaptar las estructuras del Antiguo Régimen a las nuevas necesidades sin atentar contra los intereses de los estamentos privilegiados.