Con el nacimiento de Isabel de Borbón en 1830, su padre Fernando VII hizo publicar la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica. Carlos María Isidro, hermano del monarca y hasta entonces sucesor, rechazó a Isabel como futura reina. A la muerte de Fernando VII (1833), la cuestión sucesoria desembocó en la primera guerra carlista.
El conflicto fue sucesorio, ideológico y social. En el bando isabelino se agruparon los liberales, la Iglesia, el Estado, el ejército y la burguésía. Mientras que en el carlista se encontraban los realistas (absolutistas), la nobleza rural, el bajo clero y los campesinos. El programa carlista defendía el tradicionalismo, la monarquía absoluta, la Iglesia católica y el foralismo. A lo largo del Siglo XIX se dieron tres guerras civiles carlistas. La primera (1833-1839) se divide en tres etapas. Entre 1833 y 1835, el general
Zumalacárregui agrupó las partidas carlistas en un ejército. El bando tuvo un gran éxito inicial sobre todo en zonas montañosas y zonas rurales de Navarra y País Vasco (conflicto campo-ciudad). Hasta 1837, se estabilizaron los bandos, dándose derrotas carlistas como Luchana (1836). De 1837 a 1839, el bando carlista entró en crisis y finalizó la guerra con el Convenio de Vergara (1839), que estipulaba la integración del ejército carlista en el isabelino y una promesa de respeto de los fueros vasco-navarros. Paralelamente a la primera guerra carlista, la etapa de minoría de edad de la reina (1833-1843) se inició con la regencia de María Cristina (1833-1840). La regente mandó a Martínez de la Rosa (moderado)
Formar gobierno, aunque no compartiera ideología. Entre sus reformas destaca el Estatuto Real de 1834, una Carta Otorgada que establece Cortes bicamerales formadas por la Cámara de Próceres (Grandes de España y designados por el monarca) y la de Procuradores (elegida por un sufragio censitario muy restringido). No reconocía la soberanía nacional, ni la división de poderes, ni derechos individuales, culminando la escisión liberal. A rasgos generales, los progresistas defendían la limitación del poder de la Corona, la ampliación de libertades, la soberanía nacional, un voto más amplio y la Milicia Nacional. Los moderados se opusieron a todo lo anterior apoyando la creación de un Estado Unitario servido de una administración centralizada controlada por clases propietarias. Los progresistas concentraron su apoyo social en las clases medias urbanas y los moderados, en las clases altas del país. La insuficiencia de las reformas moderadas propició la formación de un gobierno progresista, presidido por Mendizábal. Tomó medidas para desmantelar el Antiguo Régimen como la libertad de imprenta, la supresión de la Mesta y el inicio de ladesamortización para solucionar la crisis hacendística. Con su destitución, la regente intentó volver al moderantismo pero la insurrección de 1836, conocida como la Sargentada de la Granja, obligó a la reina a proclamar la Constitución de 1812 y entregar el Gobierno a los progresistas, dirigidos por Mendizábal y Calatrava. Además de las anteriores reformas, eliminaron el régimen feudal. La reforma de “La Pepa” acabó con la publicación de una nueva constitución.
La Constitución progresista de 1837 establecía la soberanía nacional, los derechos individuales, la libertad de prensa y la libertad religiosa. La división de poderes se organizaba en legislativo (Cortes bicamerales: Congreso de los Diputados elegido por sufragio censitario y Senado, por designación real), ejecutivo (rey) y judicial.
Todas las leyes debían ser aprobadas por ambas cámaras y los ministros debían conseguir la “doble confianza”, es decir, eran nombrados por el rey y aceptados por las Cortes. En 1837 se aprobó una ley electoral que establecíó el sufragio censitario masculino. El enfrentamiento generado por la Ley de Ayuntamientos derivó en la dimisión de María Cristina, cediendo la regencia al general Espartero, figura muy apreciada por el pueblo. La regencia de Espartero (1841-1843) tuvo carácter autoritario que propició la insurrección liberal tras el bombardeo de Barcelona para reprimir sus protestas. Espartero perdíó su cargo y el general Narváez aceleró la coronación de Isabel II. Durante el reinado efectivo de Isabel II se construyó un Estado Liberal. Durante la Década Moderada (1843-1854), el gabinete moderado presidido por el general Narváez promulgó la Constitución de 1845 a partir de la anterior. La Constitución de 1845 difería de la de 1837 en la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, el Estado confesional católico y la restricción de libertades. Se mantuvo la organización del poder legislativo anterior. Asimismo, adoptaron reformas administrativas como la creación de la Guardia Civil y el Tribunal Supremo, la Ley de Ayuntamientos, la Ley Electoral (más restrictiva), el Concordato con la Santa Sede y la reforma del sistema fiscal de Alejandro Mon. Durante este periodo tuvo lugar la segunda guerra carlista (1846-1849) por el fracaso del enlace entre Isabel II y Carlos VI, hijo de Carlos María de Isidro. El carácter autoritario del gobierno moderado propició un Golpe de Estado de los progresistas. La insurrección del general O’Donnell conocida como la Vicalvarada inició una revolución popular, cuyas exigencias se proclamaron en el Manifiesto del Manzanares. Finalmente, se formó un gobierno presidido por Espartero, comenzando el Bienio progresista (1854-1856). O’Donnell creó la Uníón Liberal, un nuevo partido de ideología intermedia entre las moderada y la progresista. Las medidas más destacadas que tomaron fueron la desamortización de Madoz en 1855, la elaboración de una Constitución non-nata y la Ley de Ferrocarriles. En 1856, la agitación social provocó el regreso al moderantismo (1856-1868) encabezado por Narváez durante dos años. Entre 1858 y 1863, O’Donnell y la UníónLiberal dieron cierta estabilidad al régimen, siendo época marcada por el progreso económico y el intervencionismo exterior. Finalmente, tuvo lugar la crisis del sistema (1863-1868), como consecuencia de la inestabilidad política y la crisis económica de 1864. Paulatinamente Isabel II fue perdiendo apoyos, de manera que demócratas, progresistas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende (1866) para derribar la monarquía. Llevaron a cabo una la sublevación de 1868, la Gloriosa, que expulsó a la reina de España y dio comienzo al Sexenio Revolucionario.