Entre la muerte de Franco (20-11-1975), y la aprobación de la Constitución de 1978, transcurrieron tres años de reformas políticas con la crisis económica como telón de fondo. El Rey, en los primeros momentos, avanzó con cautela. Una gran parte de la sociedad y de la clase política querían un cambio, pero el sector más inmovilista, el búnker, se opónía a cualquier medida que pusiera en peligro el Régimen. El primer gobierno estaba presidido por Arias Navarro (el “carnicerito de Málaga”), e incluía a gran número de elementos de la línea dura, aunque había también hombres comprometidos con el cambio: Manuel Fraga, Areilza, y Antonio Garrigues. Su primera medida fue nombrar a Torcuato Fernández de Miranda presidente de las Cortes, y por lo tanto, del Consejo del Reino, y encargado de presentar la terna de candidatos a la jefatura de Gobierno al nuevo Jefe de Estado, el rey D. Juan Carlos I (imprescindible tras la dimisión de Arias Navarro). Por otro lado, la oposición democrática (socialistas, comunistas, nacionalistas y democristianas), dentro y fuera de España, pedía una amnistía política, la legalización de todos los partidos políticos, sindicatos libres y elecciones libres. El Rey, ante la incapacidad de Arias para negociar con el búnker y con la oposición, forzó su dimisión (Julio de 1976) y nombró a Adolfo Suárez Presidente del Gobierno. Suárez formó gobierno con miembros de los sectores más progresistas del Régimen, e inició inmediatamente el proceso para la Transición Democrática. Suárez, jefe político del Movimiento, y visto inicialmente como un continuista, mantuvo contactos con líderes de la oposición, como Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE) para convencerles de la necesidad de una transición pacífica. En Septiembre de 1976 Suárez presentó su Proyecto de Reforma Política ante un grupo de militares de alta graduación y les pidió su patriótico apoyo, lo que consiguió gracias al apoyo que el Ejército prestaba al Rey. El proyecto fue discutido en las Cortes y fue aprobado con escasa oposición,
aunque de hecho significaba al autoinmolación del franquismo como sistema político. Suárez convocó un referéndum el 15 de Diciembre de 1976 para que el Proyecto fuera también aprobado por el pueblo, lo que hicieron el 94% de los españoles. En tanto que se aceleraba el progreso de la democratización, la tensión se veía incrementada por la actuación de grupos violentos. Un grupo terrorista, el GRAPO, inició una campaña de atentados y secuestros. El 24 de Enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas comunistas en la calle Atocha. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE impresiónó a gran parte de la sociedad española que comenzó a perder el temor a la legalización del PCE. En Febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partidos políticos. Suárez se reuníó con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, y ofrecíó su cooperación. El 9 de Abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE. En las elecciones constituyentes que se celebraron el 15 de Junio de 1977 obtuvo la mayoría el 2 partido creado por Adolfo Suárez, la UCD (Uníón de Centro Democrático), aunque obtuvieron muchos votos los socialistas, y en menor medida los comunistas, los nacionalistas catalanes y vascos y los populares de Fraga. La comisión constitucional creada a tal efecto buscaba el mayor consenso posible, de manera que los partidos más votados (UCD y PSOE) cedieron puestos a los minoritarios (nacionalistas catalanes, comunistas e incluso a Fraga, de Alianza Popular, que provénían de la dictadura, pero no nacionalistas vascos). Una vez redactada, la Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum el 6 de Diciembre de ese mismo año (88% de los votos a favor, aunque con diferencias según comunidades). La Constitución establece que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, que la soberanía reside en el pueblo y que quedan claramente separados los tres poderes:
– El ejecutivo en manos del presidente del gobierno, elegido por el congreso de los diputados. El Presidente elige a sus ministros. – El legislativo en manos de unas Cortes bicamerales, el Congreso de los Diputados, que tiene la mayoría de las atribuciones, y el Senado, cámara de representación territorial con menos atribuciones. Ambas cámaras son elegidas por sufragio universal (mayores de 18 años). – El judicial integrado por jueces. El máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia constitucional el Tribunal Constitucional. La Declaración de Derechos incluye todos los derechos y libertades destinados a lograr la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado del bienestar. -Libertad de expresión en todos sus aspectos (prensa, opinión, cátedra, educación…), de asociación (sindical y política) manifestación y huelga, y de conciencia, declarándose España un estado aconfesional. – Igualdad ante la ley, sin que se puedan establecer diferencias por razones de sexo, edad, religión, procedencia, etc. Así mismo el Estado debe favorecer la igualdad entre los ciudadanos mediante el desarrollo de leyes que impulsen el progreso social y económico (derecho a la educación, al trabajo, la cultura y el deporte; al mantenimiento de la Seguridad Social y la protección de la salud pública; a una atención preferente de los discapacitados y la tercera edad). – Otros artículos son: el derecho a la vida (abolición de la pena de muerte) o el deber del Estado de proteger el medio ambiente o el patrimonio artístico Pero la carácterística más novedosa es la relativa a la descentralización del Estado; así establece (título octavo) que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Se hace la distinción entre nacionalidades (Cataluña, Galicia y País Vasco, por tener una clara conciencia histórica), que accederían de una manera rápida al autogobierno, y regiones, que podrían acceder de manera más lenta. El gobierno había establecido de forma provisional la autonomía en Cataluña y en el País Vasco, y había reconocido la pre autonomía de las demás regiones.
La entrada en vigor de la Constitución permitíó la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña (1979), y Galicia (1981). Excepto Andalucía (tras un referéndum optó por la vía rápida) las demás regiones españolas accedieron a la autonomía por la vía lenta prevista por la Constitución. El traspaso de competencias desde el Estado Central a los autonómicos ha sido complejo, y se ha llevado a cabo a lo largo de los gobiernos de UDC, del PSOE y del PP. El título octavo de la constitución es muy ambiguo y ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes sobre el alcance de las competencias de las comunidades autónomas, debate que a día de hoy sigue abierto 3 Durante los años de gobierno de la UCD (1977- 81) se afrontaron cuestiones críticas en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores se pedían amplias reformas políticas, pero estas reformas se veían amenazadas por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (grupos terroristas, sectores del ejército, partidos ultras de izquierda y de derecha). La situación económica española se había deteriorado extraordinariamente desde finales de 1973, tras la crisis del petróleo. La inestabilidad política hacía imposible la adopción de medidas para luchar contra la crisis y a mediados de 1977 la inflación llegó al 40 %, el déficit del Estado era enorme, el paro aumentaba cada vez más y la conflictividad laboral se manténía en unos niveles altísimos. Desde el gobierno se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. Tras negociar con todos los partidos se firmaron los Pactos de la Moncloa (Octubre de 1977), que establecían medidas para luchar contra la inflación , una reforma fiscal (subida de los impuestos para las rentas más elevadas) y al aumento de las prestaciones de la Seguridad Social. Suárez convocó nuevas elecciones generales (Marzo de 1979), que confirmaron los resultados de las elecciones de 1977. UCD obtuvo la victoria mientras que el PSOE fue el partido más votado de la oposición.
Pocas semanas después se convocaron elecciones municipales, en las cuales el PSOE consiguió la alcaldía de las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia. En Noviembre de 1978 se desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener las reformas políticas que se estaban llevando a cabo. A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y este presentó la dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de militares planeó un Golpe de Estado que ejecutaron el 23 de Febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero ocuparon el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivíó una gran incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar. Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó. Tras el golpe se reprodujeron las disputas internas en UCD. La crisis se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y rechazada por otros. En pocos meses UCD se fragmentó definitivamente: algunos ingresaron en el PSOE o en AP, Suárez constituyó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvíó las Cortes y convocó elecciones generales. Las elecciones generales del 28 de Octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE, que, con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta.
aunque de hecho significaba al autoinmolación del franquismo como sistema político. Suárez convocó un referéndum el 15 de Diciembre de 1976 para que el Proyecto fuera también aprobado por el pueblo, lo que hicieron el 94% de los españoles. En tanto que se aceleraba el progreso de la democratización, la tensión se veía incrementada por la actuación de grupos violentos. Un grupo terrorista, el GRAPO, inició una campaña de atentados y secuestros. El 24 de Enero de 1977, terroristas de ultraderecha asesinaron a cinco abogados laboralistas comunistas en la calle Atocha. La demostración de la fuerza y disciplina del PCE impresiónó a gran parte de la sociedad española que comenzó a perder el temor a la legalización del PCE. En Febrero dio comienzo el proceso de legalización de los partidos políticos. Suárez se reuníó con Carrillo. A cambio de la legalización, Carrillo aceptó reconocer la monarquía, y ofrecíó su cooperación. El 9 de Abril, cuando la mayoría de la élite política y militar se hallaba fuera de Madrid por las vacaciones de Semana Santa, Suárez anunció la legalización del PCE. En las elecciones constituyentes que se celebraron el 15 de Junio de 1977 obtuvo la mayoría el 2 partido creado por Adolfo Suárez, la UCD (Uníón de Centro Democrático), aunque obtuvieron muchos votos los socialistas, y en menor medida los comunistas, los nacionalistas catalanes y vascos y los populares de Fraga. La comisión constitucional creada a tal efecto buscaba el mayor consenso posible, de manera que los partidos más votados (UCD y PSOE) cedieron puestos a los minoritarios (nacionalistas catalanes, comunistas e incluso a Fraga, de Alianza Popular, que provénían de la dictadura, pero no nacionalistas vascos). Una vez redactada, la Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum el 6 de Diciembre de ese mismo año (88% de los votos a favor, aunque con diferencias según comunidades). La Constitución establece que la forma política del Estado es una monarquía parlamentaria, que la soberanía reside en el pueblo y que quedan claramente separados los tres poderes:
– El ejecutivo en manos del presidente del gobierno, elegido por el congreso de los diputados. El Presidente elige a sus ministros. – El legislativo en manos de unas Cortes bicamerales, el Congreso de los Diputados, que tiene la mayoría de las atribuciones, y el Senado, cámara de representación territorial con menos atribuciones. Ambas cámaras son elegidas por sufragio universal (mayores de 18 años). – El judicial integrado por jueces. El máximo órgano judicial es el Tribunal Supremo y en materia constitucional el Tribunal Constitucional. La Declaración de Derechos incluye todos los derechos y libertades destinados a lograr la igualdad de los españoles y el desarrollo de un estado del bienestar. -Libertad de expresión en todos sus aspectos (prensa, opinión, cátedra, educación…), de asociación (sindical y política) manifestación y huelga, y de conciencia, declarándose España un estado aconfesional. – Igualdad ante la ley, sin que se puedan establecer diferencias por razones de sexo, edad, religión, procedencia, etc. Así mismo el Estado debe favorecer la igualdad entre los ciudadanos mediante el desarrollo de leyes que impulsen el progreso social y económico (derecho a la educación, al trabajo, la cultura y el deporte; al mantenimiento de la Seguridad Social y la protección de la salud pública; a una atención preferente de los discapacitados y la tercera edad). – Otros artículos son: el derecho a la vida (abolición de la pena de muerte) o el deber del Estado de proteger el medio ambiente o el patrimonio artístico Pero la carácterística más novedosa es la relativa a la descentralización del Estado; así establece (título octavo) que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas. Se hace la distinción entre nacionalidades (Cataluña, Galicia y País Vasco, por tener una clara conciencia histórica), que accederían de una manera rápida al autogobierno, y regiones, que podrían acceder de manera más lenta. El gobierno había establecido de forma provisional la autonomía en Cataluña y en el País Vasco, y había reconocido la pre autonomía de las demás regiones.
La entrada en vigor de la Constitución permitíó la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco, Cataluña (1979), y Galicia (1981). Excepto Andalucía (tras un referéndum optó por la vía rápida) las demás regiones españolas accedieron a la autonomía por la vía lenta prevista por la Constitución. El traspaso de competencias desde el Estado Central a los autonómicos ha sido complejo, y se ha llevado a cabo a lo largo de los gobiernos de UDC, del PSOE y del PP. El título octavo de la constitución es muy ambiguo y ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes sobre el alcance de las competencias de las comunidades autónomas, debate que a día de hoy sigue abierto 3 Durante los años de gobierno de la UCD (1977- 81) se afrontaron cuestiones críticas en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores se pedían amplias reformas políticas, pero estas reformas se veían amenazadas por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (grupos terroristas, sectores del ejército, partidos ultras de izquierda y de derecha). La situación económica española se había deteriorado extraordinariamente desde finales de 1973, tras la crisis del petróleo. La inestabilidad política hacía imposible la adopción de medidas para luchar contra la crisis y a mediados de 1977 la inflación llegó al 40 %, el déficit del Estado era enorme, el paro aumentaba cada vez más y la conflictividad laboral se manténía en unos niveles altísimos. Desde el gobierno se propuso un pacto social entre todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. Tras negociar con todos los partidos se firmaron los Pactos de la Moncloa (Octubre de 1977), que establecían medidas para luchar contra la inflación , una reforma fiscal (subida de los impuestos para las rentas más elevadas) y al aumento de las prestaciones de la Seguridad Social. Suárez convocó nuevas elecciones generales (Marzo de 1979), que confirmaron los resultados de las elecciones de 1977. UCD obtuvo la victoria mientras que el PSOE fue el partido más votado de la oposición.
Pocas semanas después se convocaron elecciones municipales, en las cuales el PSOE consiguió la alcaldía de las principales ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Valencia. En Noviembre de 1978 se desmontó la llamada “Operación Galaxia”, un plan golpista que intentaba detener las reformas políticas que se estaban llevando a cabo. A principios de 1981, en medio de una situación muy tensa, estalló una grave crisis política dentro de UCD al discutirse el liderazgo de Suárez dentro del partido, y este presentó la dimisión como presidente del gobierno. Aprovechando esta situación un grupo de militares planeó un Golpe de Estado que ejecutaron el 23 de Febrero de 1981, cuando el Congreso de los Diputados votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Más de 200 guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero ocuparon el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, en Valencia, el general Milans del Bosch declaró el estado de guerra y ocupó militarmente la ciudad. Durante unas cuantas horas se vivíó una gran incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar. Finalmente, el rey logró reconducir la situación (mediante un discurso televisado en el que como jefe de las fuerzas armadas, desautorizaba el golpe) y el golpe militar fracasó. Tras el golpe se reprodujeron las disputas internas en UCD. La crisis se acentuó cuando Fernández Ordóñez, ministro de Justicia, impulsó la Ley de divorcio, que era apoyada por unos y rechazada por otros. En pocos meses UCD se fragmentó definitivamente: algunos ingresaron en el PSOE o en AP, Suárez constituyó un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS). Ante esta situación, Calvo Sotelo disolvíó las Cortes y convocó elecciones generales. Las elecciones generales del 28 de Octubre de 1982 supusieron una victoria abrumadora para el PSOE, que, con la promesa del cambio, obtuvo más de diez millones de votos y una amplia mayoría absoluta.