Las Desamortizaciones en la España de Isabel II: Mendizábal y Madoz

El reinado de Isabel II fue testigo de una profunda transformación económica: la transición desde una estructura feudal hacia un sistema capitalista fundamentado en la propiedad privada. Previamente, bajo el Antiguo Régimen, una considerable porción de las tierras no podía circular libremente en el mercado (eran inalienables), ya que pertenecían a la Iglesia o a los municipios, entidades conocidas como “manos muertas”. Para liberalizar el mercado de la tierra, se consideró imprescindible suprimir las barreras legales heredadas. Con este fin, se implementaron tres acciones cruciales:

• La supresión de los mayorazgos.
• La abolición del régimen señorial.
• La desamortización, proceso que implicaba la expropiación de tierras y bienes de las “manos muertas” para su posterior venta en subasta pública. Estos bienes no podían ser vendidos, hipotecados ni cedidos anteriormente.

A partir de 1837, aproximadamente, se distinguieron dos grandes procesos desamortizadores:

La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836-1837)

Impulsada durante una etapa de gobierno progresista, esta medida conllevó la disolución de las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y asistencia hospitalaria) y la incautación de sus bienes, que pasaron a ser propiedad del Estado para su venta en subasta. Conocida también como desamortización eclesiástica, sus principales objetivos eran:

• Sanear la Hacienda Pública mediante la amortización de una parte de la deuda estatal.
• Obtener recursos para financiar la guerra civil contra los carlistas.
• Crear una base de nuevos propietarios que respaldaran la causa liberal, necesitada de apoyo social frente a la amenaza carlista.

La Desamortización General de Madoz (1855)

Iniciada durante el Bienio Progresista (1854-1856), esta desamortización afectó a una gama más amplia de propiedades amortizadas, incluyendo los bienes eclesiásticos que aún no se habían vendido y, de forma muy significativa, los bienes de propiedad municipal (tanto los de propios como los comunes). Además de continuar con la reducción de la deuda pública, se buscaba destinar una porción considerable de los ingresos a la financiación de infraestructuras clave para la modernización económica, como la expansión de la red de ferrocarriles. Es importante destacar que estas desamortizaciones no se plantearon como una reforma agraria con fines sociales, sino primordialmente como una medida económica de carácter fiscal.

Marcos Legales del Liberalismo Temprano: El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837

El Estatuto Real de 1834

El Estatuto Real de 1834 se configuró como una solución intermedia entre el absolutismo monárquico y las aspiraciones liberales. No se trataba de una Constitución emanada de la soberanía nacional, sino de una Carta Otorgada, es decir, una concesión de la Corona (en este caso, la regente María Cristina en nombre de Isabel II) en un acto de su voluntad soberana. Sus rasgos distintivos incluían:

• Unas Cortes bicamerales, formadas por el Estamento de Próceres (designados por el monarca y de carácter vitalicio) y el Estamento de Procuradores (elegibles mediante sufragio censitario muy restringido).
• Un papel predominantemente consultivo y no legislativo para ambas cámaras, ya que el monarca las convocaba, suspendía y disolvía, y solo podían debatir sobre los asuntos que este les planteara.

La Constitución de 1837

En 1836, un pronunciamiento de carácter progresista (el Motín de los Sargentos de La Granja) forzó a la regente María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 y a designar un nuevo gobierno progresista. Las Cortes Constituyentes resultantes, con una clara mayoría progresista, optaron por no imponer un texto radicalmente afín a sus postulados, sino que elaboraron la Constitución de 1837. La trascendencia de este texto radica en que consolidó el régimen constitucional en España, instaurando un sistema parlamentario inspirado en modelos como el francés o el belga. Si bien su contenido guardaba similitudes con la Constitución gaditana (como el principio de soberanía nacional), también incorporó elementos del ideario moderado con el fin de atraer su apoyo. La ley electoral que la acompañó amplió el censo de votantes respecto al Estatuto Real, pero mantuvo el sufragio censitario.

La Hegemonía Moderada: La Constitución de 1845

Tras la disolución del Senado progresista y la proclamación de la mayoría de edad de Isabel II, se celebraron nuevas elecciones a Cortes. Estas dieron la victoria a los moderados, encabezados por el general Narváez. El nuevo gobierno decidió reformar la Constitución de 1837 para alinearla con su ideología conservadora. El principal propósito de los moderados era adaptar el sistema político a los intereses y principios de su partido. Entre las modificaciones más significativas respecto al texto de 1837, destacan:

• La sustitución del principio de soberanía nacional por la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.
• Un notable incremento de los poderes de la Corona.
• La consolidación de unas Cortes bicamerales, con un Congreso de los Diputados (elegido por sufragio censitario aún más restrictivo) y un Senado de designación real y carácter vitalicio.

La Constitución de 1845 se erigió como el arquetipo de constitución conservadora en la España del siglo XIX y sirvió para afianzar el dominio político de los moderados durante una larga etapa.

La Restauración Borbónica y la Constitución de 1876

El sistema político ideado por Antonio Cánovas del Castillo para la Restauración borbónica perseguía la creación de un orden político estable y duradero, que pusiera fin al ciclo de desorden e inestabilidad característico de la política española decimonónica. Cánovas admiraba el parlamentarismo británico, basado en la alternancia pacífica en el poder de dos grandes partidos dinásticos (el turnismo), lo que evitaba la fragmentación parlamentaria y aseguraba mayorías de gobierno. Este enfoque se inspiraba en la doctrina inglesa del equilibrio de poderes, donde la estabilidad se fundamentaba en la interacción entre la Corona y el Parlamento, así como entre el partido en el gobierno y el de la oposición.

El proyecto canovista se asentaba sobre tres pilares fundamentales:

• El Rey y las Cortes como instituciones centrales y legitimadas del Estado.
• El bipartidismo (entre el Partido Conservador, liderado por Cánovas, y el Partido Liberal, liderado por Sagasta) como mecanismo para la alternancia en el poder.
• Una Constitución de carácter moderado y flexible.

Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, en las que no participaron ni carlistas ni republicanos significativos. De estas Cortes surgió la Constitución de 1876. Este texto presentaba un marcado carácter moderado, inspirándose en gran medida en la Constitución de 1845, aunque incorporaba algunos derechos y libertades reconocidos en la Constitución de 1869. Su principal virtud residía en su elasticidad: permitía que los diferentes gobiernos (conservadores o liberales) desarrollaran sus políticas mediante leyes ordinarias sin necesidad de reformar constantemente la Carta Magna, lo que confirió una notable estabilidad al sistema político durante varias décadas.

La Configuración de la Sociedad de Clases en el Siglo XIX

La implantación del liberalismo en España conllevó la paulatina disolución de la sociedad estamental, característica del Antiguo Régimen, y su reemplazo por una sociedad de clases. En este nuevo modelo, la posición social ya no venía determinada por el nacimiento o por privilegios jurídicos estamentales, sino fundamentalmente por la riqueza y el papel en el proceso productivo. Todos los ciudadanos pasaron a ser, al menos teóricamente, iguales ante la ley. Las clases sociales eran, en principio, abiertas, permitiendo la movilidad social ascendente o descendente en función de la situación económica individual.

Clases Dirigentes

Este grupo heterogéneo incluía a la antigua nobleza y a la emergente alta burguesía:

• La nobleza experimentó destinos diversos: la pequeña nobleza, al perder sus privilegios señoriales, vio deteriorada su posición económica y social. En cambio, la alta nobleza, aunque también perdió privilegios, logró conservar gran parte de sus patrimonios territoriales, ahora como propiedad privada plena, e incluso los incrementó con la adquisición de bienes desamortizados, manteniendo así una considerable influencia económica. No obstante, el costoso estilo de vida de algunos nobles les condujo al endeudamiento y a la pérdida de tierras, haciendo que, en algunos casos, su patrimonio fuera superado por las fortunas burguesas.
• La alta burguesía se consolidó como un grupo dinámico, vinculado a actividades comerciales, financieras e industriales. Invirtieron en deuda pública, en la bolsa y en la adquisición de tierras, lo que les permitió amasar importantes fortunas y ganar una creciente influencia política y social.

Clases Medias

Las clases medias constituían un grupo diverso y en expansión, compuesto por medianos propietarios de tierras, comerciantes, pequeños fabricantes, profesionales liberales (abogados, médicos, etc.) y funcionarios públicos. Su nivel de riqueza era inferior al de las clases dirigentes, pero aspiraban a emular su estilo de vida. Políticamente, tendían a ser conservadoras y defensoras del orden y la propiedad. La influencia social de la Iglesia, a pesar de las desamortizaciones, continuó siendo notable en este sector.

Clases Populares

Este era el grupo más numeroso y desfavorecido, afectado por las transformaciones liberales. Incluía:

• Grupos urbanos: artesanos (cuyo sistema gremial se desmanteló), pequeños tenderos, empleados de comercio y servicio doméstico. Muchos artesanos y pequeños comerciantes se encontraron en una posición precaria, en el límite entre las clases medias y las populares.
• Campesinado: La situación en el campo era compleja. Existían pequeños propietarios, arrendatarios y, sobre todo, una masa creciente de jornaleros sin tierras. Las reformas agrarias liberales, especialmente las desamortizaciones, no solucionaron el problema del acceso a la tierra para muchos campesinos, e incluso pudieron agravar la situación de los más pobres al privatizar bienes comunales.

El Proletariado Industrial

El incipiente proceso de industrialización, concentrado en algunas regiones (Cataluña, País Vasco, Asturias), dio origen a una nueva clase social: el proletariado. Este grupo estaba formado por los obreros que trabajaban en las fábricas y minas, sometidos a duras condiciones laborales y salariales. La toma de conciencia de su situación y la búsqueda de mejoras impulsaron el surgimiento y desarrollo de los movimientos obreros y sus organizaciones (sindicatos, partidos obreros).

El Sexenio Democrático (1868-1874): Intentos de Renovación y Conflictividad

El creciente descrédito del reinado de Isabel II, agravado por una profunda crisis económica y política, generó un amplio descontento social que culminó en la Revolución de 1868, conocida como «La Gloriosa». Previamente, fuerzas progresistas, demócratas y unionistas (estos últimos se sumaron más tarde) habían firmado el Pacto de Ostende (1866), cuyo objetivo era derrocar a la reina e instaurar un nuevo orden político. Como resultado de la revolución, Isabel II se vio obligada a exiliarse en Francia. El Sexenio Democrático se puede dividir en cuatro etapas políticas principales:

El Gobierno Provisional (1868-1869)

Tras el triunfo revolucionario, el poder fue asumido inicialmente por juntas revolucionarias locales. La Junta Revolucionaria de Madrid confirió el liderazgo al general Serrano (unionista), quien formó un gobierno provisional que también incluía a progresistas como el general Prim. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino, las cuales debían redactar una nueva Constitución. Serrano fue nombrado regente del reino mientras se buscaba un nuevo monarca.

La Monarquía Constitucional de Amadeo I (1871-1873)

Las Cortes Constituyentes elaboraron la Constitución de 1869, la más democrática de la historia de España hasta entonces, que proclamaba la soberanía nacional, establecía una amplia declaración de derechos y mantenía la monarquía como forma de gobierno. Tras un complejo proceso de búsqueda, el trono fue ofrecido a Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Su reinado (Amadeo I) estuvo marcado desde el inicio por una profunda inestabilidad política y social, debido a múltiples factores:

• El asesinato de su principal valedor, el general Prim, poco antes de su llegada a España.
• La falta de apoyo sólido por parte de los partidos políticos, divididos y enfrentados.
• La oposición activa de carlistas (Tercera Guerra Carlista), republicanos y alfonsinos (partidarios del hijo de Isabel II).
• Una creciente agitación social, vinculada al desarrollo del movimiento obrero internacionalista (anarquista y socialista).

Ante la imposibilidad de gobernar, Amadeo I abdicó en febrero de 1873.

La Primera República Española (1873-1874)

Tras la abdicación de Amadeo I, las Cortes proclamaron la República. Sin embargo, esta no logró estabilizar el sistema político. En apenas once meses, se sucedieron cuatro presidentes del poder ejecutivo: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

• Bajo la presidencia de Pi y Margall, se intentó instaurar una República Federal, y las Cortes comenzaron a elaborar un proyecto de Constitución Federal en 1873, que nunca llegó a aprobarse.
• Este periodo se vio sacudido por graves problemas: la continuación de la guerra carlista, la guerra en Cuba (Guerra de los Diez Años) y, especialmente, la insurrección cantonalista, un movimiento que pretendía establecer una república federal desde abajo, mediante la proclamación de cantones independientes.
• La necesidad de sofocar el cantonalismo llevó a Nicolás Salmerón a recurrir al ejército, lo que implicó un giro conservador. Salmerón dimitió al negarse a firmar penas de muerte.
• Su sucesor, Emilio Castelar, representó el triunfo de una República unitaria y más conservadora, gobernando con poderes extraordinarios y suspendiendo las sesiones de las Cortes.

A principios de enero de 1874, cuando las Cortes se disponían a votar la destitución de Castelar, el golpe de Estado del general Pavía disolvió la asamblea, poniendo fin de facto a la experiencia republicana federal.

La Dictadura Republicana del General Serrano (1874)

Tras el golpe de Pavía, el poder recayó en el general Serrano, quien estableció una especie de dictadura republicana o república unitaria autoritaria. Esta fue una etapa de transición que evidenció el fracaso del proyecto democrático republicano y preparó el camino para la Restauración borbónica.

El Sexenio Democrático (1868-1874) representó un intento significativo por parte de los sectores más progresistas de la burguesía y de las clases medias de modernizar España, avanzando hacia un régimen parlamentario plenamente democrático. Se basó en ideales como la soberanía popular, el sufragio universal masculino y la ampliación de derechos y libertades. No obstante, este periodo no logró consolidar un Estado estable, en parte debido a las profundas divisiones internas, los múltiples conflictos y a que las estructuras socioeconómicas del país, junto con la fuerte oposición de los sectores más conservadores, dificultaban la implantación de un modelo político que no fuera el moderado tradicional.