El Bienio Progresista (1931-1933)

Coyuntura económica

Los primeros años de la Segunda República transcurrieron en un marco económico relativamente estable; España se encontraba al margen de las consecuencias directas del crac del 29. La producción agraria se mantuvo, más o menos, sin variación. Sin embargo, el país se enfrentaba a una situación en la que destacaban principalmente dos factores negativos:

• Por un lado, la crisis del comercio exterior.
• Por otro, un aumento creciente del paro, debido tanto a conflictos laborales y conflictos internos en general, como al retorno en masa de los emigrantes.

Reformas sociales

El primer gabinete constitucional, que marcó el inicio de este periodo, estaba presidido por Manuel Azaña y formado por el mismo grupo de ministros que el Gobierno provisional, a excepción de los radicales de Lerroux.

Reformas laborales

Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, continuó con las reformas laborales: se aprobaron la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley de Jurados Mixtos. Todo ello suscitó la cerrada oposición de la patronal, para la cual la dimisión del ministro Largo Caballero se convirtió en el principal objetivo.

Reforma de la enseñanza

La reforma de la enseñanza continuó: entre 1932 y 1933 se crearon nuevas escuelas y numerosas plazas de maestros. El Gobierno adoptó un modelo basado en la escuela pública, gratuita y mixta. La eliminación de la religión católica como asignatura obligatoria provocó el rechazo frontal de la derecha y de la Iglesia católica, que llegó a prohibir a los católicos matricular a sus hijos en estas escuelas.

Reforma militar

La siguiente reforma fue la militar, iniciada por Azaña cuando era ministro de la Guerra y continuada como presidente del Gobierno. Se trataba, principalmente, de reducir el excesivo número de oficiales del ejército y modernizar su dotación material y organización. El presupuesto militar fue recortado y Azaña intentó reformar el sistema de ascensos para dar primacía a los méritos y exigir formación continua.

Reforma agraria

La situación de miseria y hambruna que vivían amplios sectores del campesinado, especialmente en el sur de España, había sido afrontada con medidas urgentes por el Gobierno provisional. Tanto la izquierda republicana como los socialistas sabían que una reforma agraria era imprescindible para la modernización del país y la mejora de las condiciones de vida de los jornaleros. Con la reforma se quería asentar a los campesinos en las tierras de latifundio, que se consideraban la causa principal de la pobreza rural y la conflictividad social. Finalmente, tras cuatro meses de intensos debates parlamentarios, el proyecto fue aprobado. La Ley de Bases para la Reforma Agraria (septiembre de 1932) declaraba la expropiación, con indemnización (salvo tierras de la nobleza), de grandes propiedades y algunas tierras jurisdiccionales para su reparto entre campesinos. Pero su aplicación, gestionada por el Instituto de Reforma Agraria (IRA), resultó lenta y compleja, siendo un fracaso en términos de campesinos asentados. La resistencia de los propietarios, las dificultades burocráticas y la falta de recursos económicos fueron algunos de los motivos. El resultado fue irritar aún más a un campesinado decepcionado con el Gobierno de izquierdas y afectado por un paro creciente.

Oposición al Gobierno y conflictos sociales

En la derecha, la oposición parlamentaria estuvo encabezada por el Partido Radical de Alejandro Lerroux, cada vez más opuesto al Gobierno de Azaña. En cuanto a las asociaciones patronales, se federaron en la Unión Económica Nacional (UEN), que dirigió la oposición a la reforma agraria y a la legislación laboral. En la izquierda, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), de tendencia anarcosindicalista, optó por una línea insurreccional y revolucionaria, promoviendo huelgas y levantamientos. Algo similar ocurrió en el PCE (Partido Comunista de España), aunque con menor implantación. Por su parte, la UGT (Unión General de Trabajadores), de orientación socialista, mantuvo inicialmente su apoyo al Gobierno, lo que provocó tensiones dentro del sindicato entre sus facciones más moderadas y las más radicales.

Los conflictos sociales fueron continuos, pues campesinos y obreros habían depositado grandes esperanzas en las reformas republicanas para salir de la miseria, y ahora contemplaban con frustración cómo la resistencia de los propietarios y las dificultades políticas retrasaban los cambios prometidos.

Intento de golpe de Estado de 1932: La Sanjurjada

La política laicista del Gobierno (como la expulsión de la Compañía de Jesús), la discusión en las Cortes de la reforma agraria y la aprobación del Estatuto de Autonomía para Cataluña provocaron una cerrada oposición por parte de los sectores más conservadores de la derecha. La tensión política desembocó, el 10 de agosto de 1932, en el intento de golpe de Estado liderado por el general José Sanjurjo (conocido como la «Sanjurjada»). El golpe, mal planificado y con escaso apoyo, fracasó rápidamente. Sin embargo, este suceso sirvió al Gobierno para obtener el respaldo parlamentario suficiente y hacer aprobar en una misma sesión la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto Catalán.

Crisis del Gobierno de Azaña y las elecciones de 1933

En enero de 1933, en el pueblo de Casas Viejas (Cádiz), se produjo una masacre: durante una insurrección anarquista, miembros de la Guardia de Asalto sitiaron y mataron a un grupo de campesinos que se habían hecho fuertes en una casa del pueblo. La brutalidad empleada por las fuerzas del orden provocó un enorme escándalo nacional y una grave crisis política que desgastó profundamente al Gobierno de Azaña.

Mientras tanto, las fuerzas de la derecha se reorganizaban. Los católicos y agrarios se organizaron en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), bajo el liderazgo de José María Gil Robles. Por otro lado, los monárquicos alfonsinos fundaron Renovación Española, bajo la dirección de Antonio Goicoechea y con figuras como José Calvo Sotelo. La ultraderecha más radical se agrupó en torno a las JONS y, posteriormente, en la Falange Española, grupo de ideología fascista fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera.

Tras varios meses de inestabilidad y pérdida de apoyos parlamentarios, Azaña dimitió en septiembre de 1933. Un miembro del Partido Radical, Diego Martínez Barrio, formó un nuevo Gobierno, con el previo acuerdo con el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones generales en noviembre de 1933.

El claro triunfo de la derecha en estas elecciones se debió a varias causas: el desgaste del Gobierno de izquierdas, la grave crisis económica y social, la unión de las derechas en candidaturas conjuntas y, fundamentalmente, que la izquierda concurrió dividida y fue incapaz de alcanzar acuerdos para apoyar a sus candidatos mejor posicionados en la segunda vuelta (donde se aplicaba un sistema mayoritario). La victoria de la derecha fue contestada por una insurrección armada organizada por la CNT en diciembre de 1933, que fracasó, pero causó el encarcelamiento de muchos dirigentes anarquistas y aumentó la tensión política.