El Nuevo Régimen Republicano

La Constitución de 1931

Las Cortes Constituyentes se inauguraron el 14 de julio de 1931. Tanto en los trabajos de la comisión encargada de elaborar el anteproyecto como en los debates parlamentarios, quedó de manifiesto que la nueva Constitución difícilmente sería un texto de consenso, sino que respondería al criterio de la mayoría parlamentaria, formada por socialistas y republicanos de izquierda.

La Constitución tenía un carácter democrático y progresista:

• Se establecía el principio de la soberanía popular.
• Se hacía una amplia declaración de derechos y libertades.
• Por último, se declaraba la laicidad del Estado.

La definición y defensa de los derechos sociales e individuales provocó intensos debates entre izquierdas y derechas, especialmente en lo referente al derecho de sufragio de las mujeres. La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Niceto Alcalá-Zamora fue nombrado presidente de la República y Manuel Azaña le sustituyó en el cargo de presidente del Gobierno.

El Bienio Reformista (1931-1933)

La política de reformas, desarrollada especialmente durante el Bienio de Izquierdas (1931-1933), fue impulsada por el gobierno de Manuel Azaña y se basó en la alianza entre la burguesía republicana de izquierdas y el obrerismo socialista. Sin embargo, no fue solo obra de un grupo de dirigentes o intelectuales, sino de toda una generación de políticos, desde ministros a modestos alcaldes y concejales, que pretendía modernizar y equiparar España a los países europeos más avanzados.

Las principales reformas emprendidas fueron:

• Legislación sociolaboral: La llegada de la República supuso para el conjunto de los trabajadores la aprobación de una nueva legislación sociolaboral, llevada a cabo por Francisco Largo Caballero.
• Reforma Agraria: La Ley de Reforma Agraria de 1932 fue el proyecto de mayor envergadura. Su objetivo era crear una clase media rural, propietaria de sus explotaciones, que incentivara la salida del atraso industrial. Esta ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza (los Grandes de España), mientras que las cultivadas deficientemente, las arrendadas sistemáticamente o las que, pudiendo ser regadas, no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus propietarios. La aplicación de la ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA). Esto generó frustración entre un campesinado que veía cómo se alejaba el día del reparto de tierras y, con él, las expectativas de una rápida mejora de sus condiciones de vida.
• Cuestión Religiosa: Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. La Constitución estipuló la no confesionalidad del Estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, se retiraron los crucifijos de las escuelas y se secularizaron los cementerios.
• Reforma Militar: La República se propuso también reformar las instituciones militares y policiales, desburocratizando una institución envejecida y obsoleta que contaba con un elevado número de oficiales mal pagados, con escasas posibilidades de promoción y excesiva para las necesidades defensivas y estratégicas del país. Esta reforma pretendía asegurar la obediencia del ejército al poder civil y, a la vez, modernizar su estructura y organización. Con esta finalidad se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (conocida como Ley Azaña).
• Cuestión Territorial y Estatutos de Autonomía: Aunque los gobernantes de 1931 defendían un Estado central fuerte y concebían España como una unidad histórica y cultural, emprendieron una reforma territorial que permitiría a las regiones con sentimientos nacionalistas tener una organización propia y acceder a la autonomía. En Cataluña, tras un primer intento de Francesc Macià, dirigente de Esquerra Republicana, de proclamar la República Catalana, se iniciaron negociaciones con el Gobierno republicano que condujeron a la formación de un gobierno autonómico, la Generalitat, y la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1932. En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas redactaron, en junio de 1931, un proyecto de estatuto (Estatuto de Estella). Pero su aprobación se retrasó debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas, que consideraban el proyecto excesivamente confesional e incompatible con la Constitución republicana. En octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil, se aprobaría un estatuto, fruto de un consenso político entre nacionalistas, republicanos y socialistas. José Antonio Aguirre, principal dirigente del PNV, fue elegido primer lehendakari.
• Reforma Educativa: A la reforma de la enseñanza se dedicaron muchos recursos. La República emprendió un plan de construcción de miles de escuelas e inició la implantación de una reforma basada en los principios pedagógicos de la Escuela Única unificada, con el fin de consolidar una enseñanza pública, obligatoria y gratuita. Se optó por un sistema de educación laico y se introdujo la coeducación, suprimiendo así la separación de los alumnos en las aulas por razón de sexo.

El Bienio Conservador (1933-1935)

Las elecciones de noviembre de 1933, las primeras en las que pudieron votar las mujeres en España, concluyeron con un vuelco en la composición de las Cortes. Las derechas, coaligadas (como la CEDA de José María Gil Robles y los radicales de Alejandro Lerroux), lograron formar una única candidatura en numerosas circunscripciones, frente a unas izquierdas que optaron por presentarse en candidaturas separadas. El nuevo gobierno inició un viraje en la política reformista del bienio anterior.

Las principales acciones del gobierno conservador fueron:

• Paralización de Reformas: En el campo, frenó la reforma agraria. También intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede.
• Ejército: Se aprobó una amnistía para los sublevados en 1932 (Sanjurjada), y el general Sanjurjo abandonó España para instalarse en Portugal.
• Educación: Se redujo considerablemente el presupuesto destinado a educación.
• Política Local: Se inició la destitución de los ayuntamientos en manos de republicanos y socialistas, que fueron sustituidos por comisiones gestoras formadas por miembros de los viejos partidos monárquicos, adscritos a Lerroux o a la CEDA.

El viraje conservador y la obstrucción de las reformas anteriores tuvieron como consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT, auspiciada por Largo Caballero. En julio de 1934, los socialistas declararon una huelga general campesina en defensa de las conquistas legales y de las mejoras sociolaborales alcanzadas. El movimiento fue reprimido, y se produjo la detención de los dirigentes socialistas más significados y la clausura de sus locales y de las Casas del Pueblo. La tensión culminó con la Revolución de Octubre de 1934, especialmente virulenta en Asturias.

En la primavera de 1934, tras la puesta en libertad del general Sanjurjo y en desacuerdo con la tutela de la CEDA, un sector de los radicales encabezados por Diego Martínez Barrio había abandonado el Partido Republicano Radical (PRR) y formado uno nuevo, Unión Republicana. Más tarde, en octubre de 1934, se formó un nuevo gobierno presidido por Lerroux, que incluía a tres (no cinco) ministros de la CEDA. El ejecutivo inició la tan ansiada «contrarrevolución» que Gil Robles venía anunciando a sus partidarios desde hacía tiempo. A lo largo de 1935 se acentuaron las divisiones entre los partidos que apoyaban a los gobiernos de centro-derecha, sobre todo a partir de los escándalos de corrupción (como el del estraperlo).

El Frente Popular y el Camino a la Guerra (1936)

Las izquierdas decidieron acudir a las elecciones de febrero de 1936 formando una gran coalición que incluyó a los republicanos reformistas (Izquierda Republicana, Unión Republicana), al PSOE e incluso a los comunistas (PCE), y adoptó el nombre de Frente Popular. Su programa defendía la concesión de una amnistía para los encarcelados por la Revolución de Octubre de 1934, la reintegración en cargos y puestos de trabajo para los represaliados por razones políticas y la aplicación de la legislación reformista suspendida por la coalición radical-cedista. La CNT no participó en el pacto, pero esta vez no pidió la abstención, lo cual significaba de hecho un apoyo tácito al Frente Popular.

El Frente Popular obtuvo en las elecciones el 48% de los votos y 278 diputados, y se convirtió en la fuerza ganadora. Las derechas obtuvieron el 46,5% de los sufragios y 124 diputados, mientras que las fuerzas de centro solo un 5,4% y 51 escaños. De acuerdo con lo firmado en el programa del Frente Popular, el nuevo gobierno quedó formado exclusivamente por republicanos, mientras que el resto de partidos de la coalición se comprometieron a darles apoyo parlamentario. Manuel Azaña fue nombrado presidente de la República, con gran oposición de la derecha y el centro, y Santiago Casares Quiroga, presidente del Gobierno.

El nuevo gobierno puso en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de los conflictos de 1934. El gobierno de la Generalitat volvió al poder y se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña. En el País Vasco y Galicia se iniciaron las negociaciones para la aprobación de sus respectivos estatutos. La situación política y social se hizo muy conflictiva: los enfrentamientos en las calles proliferaron y la escalada de huelgas y desórdenes generó un clima de violencia social. Falange Española y otros grupos de extrema derecha formaron patrullas armadas que iniciaron acciones violentas contra líderes izquierdistas, y estas fueron respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la izquierda. El asesinato el 13 de julio de 1936 del líder de los monárquicos alfonsinos José Calvo Sotelo a manos de integrantes de fuerzas policiales (Guardias de Asalto de filiación socialista), en venganza por el asesinato del teniente José del Castillo (instructor de milicias socialistas) por la ultraderecha, aceleró la sublevación militar, que se inició el 17 de julio en Marruecos y dio comienzo a una guerra civil que duraría tres años.

Del Golpe de Estado a la Guerra Civil

Los sublevados contra la República habían previsto un pronunciamiento militar para apoderarse de los órganos de gobierno, decretar el estado de guerra y sofocar cualquier signo de oposición. Tenía que ser una operación rápida, pero, al cabo de una semana, el golpe militar no había triunfado y la división del país en dos bandos originó una larga y cruenta guerra civil.

Desde los inicios del año 1936, grupos de militares (entre ellos, el general Emilio Mola, «el Director») se habían reunido para planear el golpe de Estado en caso de que los partidos de izquierdas ganaran las elecciones. El general Mola, destinado por el gobierno de la República al gobierno militar de Pamplona, actuó como organizador. Para alcanzar su objetivo, contaba con muchos oficiales de la UME (Unión Militar Española), que era una asociación clandestina de oficiales antirrepublicanos, distribuidos por todo el territorio. El general Sanjurjo, entonces exiliado en Lisboa, tomaría el mando superior.

El pronunciamiento se inició el 17 de julio en los cuarteles de Melilla y al día siguiente había triunfado en el resto del protectorado de Marruecos. El mismo día, el gobierno de Casares Quiroga fue informado, pero no se atrevió a tomar medidas drásticas. El día 18 llegó el general Francisco Franco desde Canarias y tomó el mando del ejército en África, el más preparado y mejor armado de la República. El pronunciamiento triunfó, en líneas generales, en Castilla y León, Navarra, parte occidental de Aragón, Galicia, Baleares (excepto Menorca), Canarias, y en algunas ciudades andaluzas (como Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada). Pero fracasó en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, la franja cantábrica (Asturias, Santander y Vizcaya), en Castilla-La Mancha, Extremadura y gran parte de Andalucía. Fracasó, sobre todo, en la capital, Madrid, y en Barcelona, que era la ciudad industrial más importante del país.

A finales de julio, los sublevados ocupaban una parte del territorio español. Pero, a diferencia de lo que probablemente hubiera ocurrido en el siglo XIX, el pronunciamiento militar no había triunfado, aunque tampoco pudo ser completamente sofocado por el Gobierno, y la situación derivó hacia un enfrentamiento civil armado. El gobierno de la República tardó en reaccionar al levantamiento. Casares Quiroga dimitió y José Giral fue nombrado presidente del Gobierno. Su primera medida, el 19 de julio, fue autorizar la entrega de armas a los sindicatos y a los partidos del Frente Popular. De este modo, la República mantenía su dominio sobre los principales centros industriales, dominaba las zonas de agricultura de exportación, disponía de la mayoría de la flota y de la aviación, y de las reservas del Banco de España.

Los sublevados consiguieron establecer en los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto un puente aéreo entre Tetuán y Sevilla, crucial para trasladar el Ejército de África a la Península. Se trataba de aviones alemanes e italianos, los dos Estados fascistas más importantes de Europa que, además, estaban dispuestos a facilitar armamento, soldados y técnicos. En consecuencia, los sublevados pudieron continuar la ofensiva militar. Se iniciaba así un conflicto civil que iba a durar casi tres años.

La Guerra Civil dividió a España en dos bandos:

• Bando sublevado (o nacional): Integrado por militares conservadores, monárquicos (carlistas y alfonsinos), grupos católicos, falangistas, tradicionalistas y, en general, todos aquellos que se habían opuesto a las reformas de la República.
• Bando republicano (o leal): Constituido por las clases populares (obreros y empleados), pequeña burguesía, campesinado sin tierras, e intelectuales y políticos que defendían la legitimidad republicana y habían dado apoyo al Frente Popular.

La Zona Sublevada: Construcción de un Estado Totalitario

En la zona dominada por los militares, conocida como la «zona nacional», hubo, desde el primer momento, un orden mantenido por la disciplina militar y la proclamación del estado de guerra. Aunque se organizó muy pronto una Junta de Defensa Nacional (con sede en Burgos y presidida inicialmente por el general Cabanellas), los generales sublevados actuaron como pequeños virreyes en su territorio.

Para dirigir la guerra, fue ganando cada vez más adeptos el general Francisco Franco. Su liderazgo dentro del ejército se impuso, sobre todo, después de liberar el Alcázar de Toledo (un episodio de gran valor simbólico para los sublevados) y conseguir que Hitler y Mussolini lo reconocieran como único interlocutor válido para negociar su apoyo en la sublevación. Finalmente, el día 30 de septiembre de 1936, los militares lo eligieron jefe del Alzamiento. El 1 de octubre de 1936 se publicó el decreto que lo nombraba Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo de los Ejércitos Españoles. Se estableció una Junta Técnica del Estado, con sede en Valladolid y en Burgos. El cuartel general del Generalísimo se trasladó a Salamanca.

A partir de octubre de 1936, a diferencia de la zona republicana, existía en la zona sublevada un mando militar único e incontestado, pero no una uniformidad política. Los sublevados habían prohibido todos los partidos políticos que formaban parte del Frente Popular y todos los sindicatos de clase. En abril de 1937, Franco, inspirándose en el modelo de Estado fascista italiano y alemán de partido único y con un jefe con plenos poderes, dio a conocer el Decreto de Unificación, por el que se creaba un partido único: Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), que integraba a falangistas y carlistas, aunque con predominio de los primeros.

El primer gobierno de Franco (enero de 1938) se inspiraba en el fascismo y defendía un modelo social basado en el conservadurismo y el catolicismo. Se suprimieron las libertades religiosa, política y sindical y se impuso la censura en la prensa y los medios de comunicación. Se suprimieron los estatutos de autonomía y se restableció la pena de muerte. En marzo de 1938 se aprobó la primera de las Leyes Fundamentales, el Fuero del Trabajo, inspirada en el fascismo italiano, con un único sindicato vertical que agrupaba a empresarios y trabajadores, y se prohibieron las huelgas y las reivindicaciones obreras. Por último, se reforzó la importante influencia de la Iglesia Católica, que en julio de 1937 hizo pública una pastoral colectiva de los obispos en apoyo de los sublevados (con notables excepciones). El nuevo Estado era claramente confesional y derogó las leyes republicanas sobre el matrimonio civil y el divorcio, estableció el culto religioso obligatorio en la enseñanza y en el ejército e instituyó una retribución estatal al clero.

Consecuencias de la Guerra Civil Española

La guerra había concluido el 1 de abril de 1939, pero sus terribles consecuencias iban a estar presentes durante decenios en España.

• Demográficas: La guerra dejó un terrible saldo de víctimas. Decenas de miles de personas perdieron la vida en el conflicto, tanto soldados en el frente como civiles por los bombardeos, las penurias y la represión en ambas retaguardias. Además, hacia el final de la guerra, población procedente de toda España y miles de soldados en retirada se concentraron en Cataluña para cruzar la frontera francesa. En 1939, aproximadamente medio millón de españoles buscaron refugio en Francia (el exilio republicano). Mientras, otros miles huían en barcos hacia el norte de África y otros destinos (México, la Unión Soviética, etc.).
• Económicas: La guerra arruinó el país. Las infraestructuras (carreteras, puentes, vías férreas) y las comunicaciones se destruyeron, así como miles de viviendas afectadas por los bombardeos. La producción agrícola e industrial se hundió. La actividad económica se paralizó y la ayuda militar recibida por los nacionales (principalmente de Alemania e Italia) debía ser pagada ahora, endeudando el país por muchos años. La pérdida de las reservas de oro del Banco de España (trasladadas a Moscú por el gobierno republicano) agravó la situación.
• Sociales y Políticas: La guerra destruyó la convivencia y el frágil sistema democrático alumbrado por la Segunda República. Fue sustituido por una dictadura militar, de inspiración fascista, liderada por el general Franco, que se prolongaría durante casi 40 años. Se impuso una dura represión sobre los vencidos, con miles de ejecuciones, encarcelamientos y depuraciones. La sociedad española quedó profundamente dividida y traumatizada.