El Fin de la Monarquía y la Proclamación de la República

Primo de Rivera, tras dimitir en enero de 1930, Alfonso XIII otorgó la presidencia del Consejo de Ministros al general africanista Berenguer con el fin de recuperar las libertades, dar tiempo a los partidos monárquicos para reorganizarse y convocar elecciones a Cortes ordinarias. La ‘dictablanda’ inició medidas como liberar a los estudiantes presos, restablecer los ascensos por antigüedad en el ejército, derogar la normativa anticatalanista...

Muchos liberales monárquicos renegaron del rey, y los republicanos se reorganizaron y pactaron en San Sebastián el cambio de régimen por medio de un comité revolucionario, además de los pronunciamientos fallidos en el aeródromo de Cuatro Vientos y en Jaca en 1930.

Berenguer se vio sin fuerzas y fue relevado por Aznar en 1931, quien planteó un plan electoral escalonado para reinstaurar la democracia, convocando elecciones municipales, luego provinciales y, por último, parlamentarias. Las fuerzas políticas concibieron las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 como un plebiscito sobre la monarquía y, a pesar de que las listas dinásticas obtuvieron una mayoría, en 45 de 52 provincias ganaron los republicanos, instaurándose dos días más tarde la República, el 14 de abril de 1931.

Ante el exilio de Alfonso XIII para evitar una guerra civil, el gobierno provisional pactado en San Sebastián asumió el poder y Alcalá Zamora fue nombrado presidente.

Contexto Político y Social

La crisis económica internacional (el Crack del 29) provocó un aumento del desempleo. La República generó expectativas de cambio para los asalariados y desconfianza entre latifundistas y la burguesía financiera e industrial.

Principales Fuerzas Políticas

Los partidos que sostuvieron la República fueron Acción Republicana de Manuel Azaña, el Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo y la ORGA de Casares Quiroga, de donde salieron los ministros del primer gobierno. Estos partidos se fusionaron más tarde creando Izquierda Republicana.

A la izquierda de ellos estaban el PSOE de Indalecio Prieto y la Unión General de Trabajadores (UGT) de Largo Caballero, quienes compartieron el gobierno con Acción Republicana durante el primer bienio.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), dirigida por Macià (opuesta a la Lliga), planteó una dificultad cuando el 14 de abril proclamó el Estado Catalán. La reivindicación nacionalista fue colmada con la concesión de la autonomía en 1932.

La CNT y la FAI (Federación Anarquista Ibérica) eran partidarias del apoliticismo y proclives a la acción directa, lo cual planteó problemas al gobierno. Muy minoritarios fueron el PCE (Partido Comunista de España), irrelevante en 1931, y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), que tendría cierta importancia durante la Guerra Civil.

En la derecha, la principal fuerza republicana era el Partido Radical de Lerroux. Este partido aglutinaba a republicanos bajo una retórica anticlerical y demagógica. Llegó a gobernar en 1933, apoyado por la conservadora CEDA, pero la corrupción lo llevó a desaparecer en años siguientes.

El colapso de la monarquía dejó desconcertadas y desorganizadas a las organizaciones conservadoras. El ejército estaba dividido; la Iglesia rechazó la nueva forma de gobierno. Los grandes terratenientes y la alta burguesía industrial apoyaron Acción Popular, partido católico creado por el Cardenal Herrera, base futura de la CEDA.

La Constitución de 1931

En este contexto de fuerzas políticas opuestas, el gobierno provisional convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino en junio de 1931, resultando en una asamblea formada mayoritariamente por republicanos y socialistas. Las Cortes aprobaron por mayoría la Constitución en diciembre de 1931. No tuvo votos en contra debido a la ausencia de 89 diputados de derecha. El hecho de no ser sometida a referéndum fue el argumento empleado por los conservadores para atacarla como no representativa de la opinión pública.

La Constitución republicana de 1931 tuvo influencia de la Ley Fundamental de la República de Weimar y de otras constituciones anteriores (Austria o Uruguay). Su contenido constitucional se condensaba en los siguientes puntos:

• Estado unitario con autonomías regionales, soberanía nacional, laicismo y derechos individuales.
• Se declaraba España como una república de trabajadores de todo tipo.
• Sufragio universal para los mayores de 23 años sin distinción de sexo.
• Se estableció la división tripartita de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).
• En el ámbito judicial, quedaban unificadas las jurisdicciones civiles y militares.
• Derecho a que una o varias provincias limítrofes se unan en comunidad autónoma presentando un estatuto a las Cortes.
• Se reconocía la posibilidad de tener doble nacionalidad a los residentes en España con nacionalidad de países hispanoamericanos, Portugal o Brasil.
• Igualdad jurídica, supresión de privilegios.
• En cuanto a la familia: igualdad de derechos de hijos ilegítimos y la posibilidad del divorcio.

Había una serie de declaraciones básicas sobre la economía que no pasaron del papel, dado el contexto internacional de depresión económica.

En cuanto a la jefatura del Estado, el Presidente de la República era un cargo electivo por 6 años, no siendo reelegible hasta pasados otros seis. El Presidente tenía amplios poderes, como nombrar al Presidente del Gobierno (en legislatura de 4 años) y a los ministros a propuesta de este último; además, podía suspender las sesiones ordinarias del Congreso por un mes en cada legislatura. También podía disolver las Cortes hasta dos veces durante su mandato. Esto era una forma de limitar el parlamentarismo y sería la causa de la destitución del Presidente de la República en 1936.

En cualquier caso, la Constitución de 1931 era plenamente democrática y estuvo vigente en todo el territorio español hasta el golpe de Estado de julio de 1936.