La Instauración de la República y la Constitución de 1931

La Proclamación de la República

El 14 de abril de 1931 se proclamó en España la Segunda República. Se iniciaba así una nueva etapa que ofrecía la oportunidad de resolver graves problemas del país, aunque algunos sectores la recibieron con recelo ante el temor de que se cuestionara la religión y se alterase el orden social. El Comité Republicano asumió el poder del Estado y se convirtió en Gobierno Provisional. La tendencia más conservadora estuvo representada por Niceto Alcalá Zamora, presidente del gobierno; el republicanismo tradicional lo encarnaron los ministros radicales y radical-socialistas, y el más progresista lo representó Manuel Azaña.

El Gobierno Provisional

La convocatoria a Cortes Constituyentes se fijó para junio. Sus primeras actuaciones se centraron en:

• La reforma militar: a través de los decretos de abril de 1931, que obligaban a todos los militares a prestar juramento de fidelidad a las instituciones republicanas y establecían el pase a la reserva con el sueldo íntegro a aquellos que no realizaran el juramento.
• Las mejoras en el medio rural: con derechos sobre la obligatoriedad de tener labradas las tierras y de emplear a trabajadores del término municipal correspondiente a cada finca, la creación de jurados mixtos y el establecimiento de la jornada agraria de ocho horas.
• La instrucción pública: con la creación de miles de escuelas y de puestos de maestros, la subida de sus sueldos, la suspensión de la enseñanza religiosa y la fundación de Misiones Pedagógicas.

El gobierno abordó la cuestión catalana. Tras negociaciones con el Gobierno Provisional, el estado de autonomía catalán fue sustituido por una Generalitat encargada de preparar un estatuto para Cataluña.

La Iglesia elaboró una dura pastoral en la que defendía el régimen anterior y la religión, amenazada, según ella, por la República. Por ello, el Cardenal Segura fue expulsado del país. El 11 de mayo, más de 100 edificios de la Iglesia fueron incendiados por toda España, y con ello quedó cuestionada la credibilidad del nuevo gobierno.

Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de junio de 1931. Se produjo una elevada participación y triunfaron las candidaturas de izquierda y de centro. La Constitución, en su artículo 3, estableció la separación de la Iglesia y el Estado, y prohibía a las órdenes religiosas ejercer el comercio, la industria y la enseñanza. Los diputados de derechas votaron en bloque contra este artículo y el 14 de octubre dimitió el presidente del Gobierno, Alcalá Zamora, que fue sustituido por Manuel Azaña.

A propósito del voto femenino, intervinieron las diputadas elegidas a Cortes Constituyentes. La política del Partido Radical, Clara Campoamor, defendió el sufragio femenino, mientras que la republicana Victoria Kent se mostró partidaria de aplazar la cuestión. El debate concluyó con la aprobación del sufragio femenino por 161 votos frente a 121.

La nueva Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes con el voto de los diputados de izquierdas y de buena parte de los del centro. Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República y Manuel Azaña formó gobierno. La etapa provisional había concluido.

El Bienio Reformista

La Reforma de Azaña

Manuel Azaña constituyó un gobierno con republicanos de izquierdas, socialistas y algún independiente bajo el lema «rectificar lo tradicional por lo racional», valores de la democracia, el laicismo y la cultura. La tenacidad y la brillante oratoria de Azaña posibilitaron muchos de sus logros. No rehuyó enfrentamientos, actuó con prepotencia en cuestiones delicadas y nunca buscó el consenso; sus propuestas chocaron con la realidad de un país poco preparado para asumirlas.

El Ejército: La Reforma Militar

El Ejército, muy identificado con la monarquía, aceptó con reticencias el nuevo régimen. Con un excesivo número de oficiales, propenso a intervenir en la vida pública y con una notable influencia de los africanistas, Azaña había iniciado la reforma militar para modernizar el ejército, subordinarlo al poder civil, asegurar su lealtad a la República y adecuar sus efectivos a las necesidades reales del país.

La reforma se completó con la supresión de la Ley de Jurisdicciones de 1906 y de las capitanías generales, la clausura de la Academia Militar de Zaragoza y la anulación del ascenso por méritos de guerra con carácter retroactivo. La justicia civil se amplió a costa de la militar. La Guardia Civil conservó su carácter militar y se mantuvo a su director general, José Sanjurjo, pero junto a ella se creó la Guardia de Asalto como policía más afecta a la República.

A la irritación que provocó la política militar de Azaña entre algunos sectores de militares, se añadió el malestar por el debate del Estatuto de Autonomía catalán en las Cortes, interpretado como una puesta en cuestión de la unidad de España. Estas circunstancias estuvieron detrás del golpe de Estado derechista del 10 de agosto de 1932. El general Sanjurjo tomó el poder en Sevilla, pero fracasó gracias a la acción del Gobierno, del Ayuntamiento y por la movilización de las obreras sevillanas. Sanjurjo fue detenido y condenado a muerte, pena que sería conmutada por la cadena perpetua.

La reforma militar fue un logro del gabinete Azaña, aunque no se alcanzó la necesaria modernización. Se corrigieron viejos hábitos y, por el momento, el ejército se mantuvo bajo la legalidad republicana.

Cuestión Religiosa

La quema de conventos de mayo de 1931 y el debate constitucional sobre la cuestión religiosa supusieron un distanciamiento entre los católicos y la autoridad de la República, que se acrecentó con el paso del tiempo. Las sucesivas leyes sobre la materia religiosa, símbolo de modernización para la autoridad republicana, fueron percibidas desde el catolicismo como muestra de un anticlericalismo intransigente.

En enero de 1932 se completó la reforma religiosa con la aprobación de leyes como la del divorcio, la secularización de los cementerios y la disolución de la Compañía de Jesús. La Ley de Congregaciones Religiosas, de mayo de 1933, limitó el ejercicio del culto católico y prohibió la docencia a las órdenes religiosas regulares, lo que resultó inaplicable en las enseñanzas medias. La defensa de la religión se convirtió en la idea central de la derecha a partir de 1933.

Reforma Educativa

En 1931, España presentaba una alta tasa de analfabetismo. La posibilidad de acceder a la universidad era un gran privilegio de la alta clase, y la educación estaba en manos de las órdenes religiosas. Los afanes de la República se volcaron sobre la educación como instrumento de redención de la clase humilde y de modernización del país. El gobierno se dirigió hacia la creación de 5000 escuelas públicas al año, el aumento de salarios y la implantación del laicismo con la regulación de la enseñanza de la religión católica.