España en el Siglo XIX: Regencias, Liberalismo y la Primera Guerra Carlista (1833-1843)

Las Regencias en España (1833-1843): Transición al Liberalismo

Tras el fallecimiento de Fernando VII, asumieron la regencia su esposa, María Cristina, conocida como reina gobernadora, y posteriormente el general progresista Baldomero Espartero. Durante este periodo crucial, se produjo el paso del absolutismo al sistema liberal en España. Este proceso estuvo jalonado de tensiones y dificultades que impidieron el correcto funcionamiento del sistema y la alternancia en el poder, como la Primera Guerra Carlista, el endeudamiento de la Hacienda Pública y el fraude electoral.

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

María Cristina actuó como regente hasta 1840. Su regencia comenzó con ciertas concesiones a los liberales. El primer gobierno, dirigido por Cea Bermúdez, representaba el liberalismo más moderado y conservador, e impulsó algunas reformas administrativas, como la división provincial. Sin embargo, los liberales más avanzados exigieron pronto cambios más profundos.

Reformas Liberales y el Estatuto Real

Francisco Martínez de la Rosa fue nombrado presidente del Consejo de Ministros en enero de 1834. Su gobierno inició la transformación de las estructuras del Antiguo Régimen que seguían vigentes. Se disolvió la jurisdicción gremial y se impuso la libertad de fabricación y comercio. Un objetivo clave de los liberales era limitar el poder de la Iglesia, que se mostró contraria a sus ideas.

En 1834 se proclamó el Estatuto Real, una carta otorgada que establecía unas Cortes compuestas por dos Estamentos:

  • El de Próceres: integrado por altos cargos eclesiásticos y de la Administración, nobles y grandes propietarios designados por la reina.
  • El de Procuradores: que se elegía por sufragio censitario.

La iniciativa legislativa quedaba en manos de la Corona, y las Cortes solo tenían funciones consultivas, lo que reflejaba un liberalismo muy moderado.

La Desamortización de Mendizábal (1835)

Juan Álvarez Mendizábal, líder de la oposición liberal, inició reformas importantes en 1835. Reorganizó la Milicia Nacional, creó las Diputaciones Provinciales, suprimió la Mesta y promulgó el decreto de desamortización de los bienes eclesiásticos. El objetivo de la desamortización era triple:

  1. Iniciar una reforma agraria.
  2. Conseguir dinero para las arcas del Estado con el fin de sostener la guerra civil.
  3. Crear una capa social de nuevos propietarios que apoyaran la revolución liberal.

Sin embargo, la reforma no logró los objetivos previstos: la deuda pública del Estado no disminuyó significativamente y no se consiguió que los campesinos accedieran a la propiedad. Por el contrario, aumentó el malestar de los campesinos que no pudieron pagar las rentas impuestas por los nuevos propietarios. La regente sustituyó el gobierno de Mendizábal por otro más moderado que frenó el ritmo de la desamortización.

La Sublevación de La Granja y la Constitución de 1837

La sublevación de los progresistas en La Granja (conocida como el Motín de La Granja) obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812 y a nombrar un gobierno progresista presidido por José María Calatrava, que contó con Mendizábal para la cartera de Hacienda.

Los progresistas elaboraron la Constitución de 1837, que, aunque suponía un compromiso entre las ideas de 1812 y las moderadas, recuperaba la monarquía constitucional y establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, formadas por dos cámaras (el Congreso y el Senado) con iniciativa legislativa. Esta Constitución fue aceptada tanto por moderados como por progresistas.

No obstante, los moderados, que gozaban de las simpatías de la regente, intentaron retocar el poder de los ayuntamientos en la mayoría de las ciudades, que contaban con alcaldes progresistas. En 1840, esta situación llevó a la reina gobernadora a buscar la solución en un general prestigioso y progresista: Baldomero Espartero. Cuando el general se negó a utilizar el ejército contra los ayuntamientos, la regente renunció a la regencia.

El Carlismo: La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

Pocos días después del fallecimiento de Fernando VII, estalló la primera guerra civil de la España contemporánea: la Guerra Carlista. La guerra parecía un enfrentamiento dinástico entre los isabelinos, defensores de la voluntad del rey (que designaba a Isabel II como sucesora), y los carlistas, defensores de Carlos María Isidro, hermano del rey. Sin embargo, la Primera Guerra Carlista afloró una vez más la división entre liberales y absolutistas, una división que tenía profundas raíces históricas.

La Primera Guerra Carlista duró seis años, durante los cuales los carlistas controlaron amplias zonas rurales del norte del país. En el País Vasco, Aragón, Cataluña y Valencia tuvo especial incidencia, hecho que se explica por dos motivos principales:

  • Allí tuvo importancia la defensa de las leyes o fueros que se conservaban, y que se oponían al centralismo de los liberales.
  • La propiedad de la tierra estaba repartida en explotaciones familiares y comunales, lo que generaba un apego a las estructuras tradicionales.

La contienda fue larga y destructiva, e implicó la destrucción del aprovisionamiento y la complicidad de la población civil. La muerte en 1835 del general carlista Zumalacárregui, un prestigioso estratega, y la división interna entre los carlistas condujeron a la rendición de las tropas carlistas comandadas por el general Maroto, sellada en el Abrazo de Vergara en 1839.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

Cuando accedió a la regencia, Baldomero Espartero era un militar muy popular y aclamado, pero fue perdiendo apoyos rápidamente. Los progresistas criticaron su forma militar de gobernar y de solucionar los problemas de orden público. Los moderados le negaron su apoyo y se dedicaron a preparar un pronunciamiento para derrocarlo.

El gobierno de Espartero puso en práctica una política librecambista que supuso la apertura de las aduanas a los productos extranjeros a cambio de apoyo financiero procedente del exterior. El bombardeo y la dura represión ordenados por Espartero contra Barcelona aumentaron su descrédito e impulsaron la conspiración que, un año después, fue llevada a cabo por el militar Ramón Narváez, poniendo fin a su regencia.

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