El sistema canovista: la Constitución de 1876 y el turno de partidos

La Restauración borbónica en la figura de Alfonso XII fue liderada por Antonio Cánovas del Castillo tras el Sexenio Democrático. Cánovas gestionó la abdicación de Isabel II y fundó el Partido Alfonsino, que atrajo a clases medias y altas temerosas del caos político del período anterior. Con el Manifiesto de Sandhurst (1874), redactado por Cánovas, Alfonso se presentó como garante de estabilidad y orden. Aunque Cánovas esperaba una restauración pacífica, el general Martínez Campos reconoció a Alfonso rey el 29 de diciembre de 1874 tras un pronunciamiento, marcando el fin de la I República. Alfonso XII llegó a España en enero de 1875.

El nuevo régimen, bajo el liderazgo inicial de Cánovas y el Partido Conservador, implementó medidas clave: aceptación de Alfonso XII por parte de los progresistas mediante la creación del Partido Liberal liderado por Sagasta; pacificación del país (fin de la Tercera Guerra Carlista y de la guerra de Cuba) y la promulgación de la Constitución de 1876. Esta estableció una monarquía parlamentaria basada en la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, derechos individuales (como la propiedad y la libertad de expresión), confesionalidad católica con tolerancia religiosa limitada, bicameralismo (Congreso y Senado) y un modelo centralista que otorgaba al gobierno el control de alcaldes y gobernadores.

El turno de partidos

Cánovas diseñó un sistema bipartidista controlado por la Corona, en el que los partidos se alternaban en el poder para garantizar estabilidad. Surgieron el Partido Conservador, liderado por Cánovas, que defendía el orden social, la monarquía y el sufragio censitario; y el Partido Liberal, de Sagasta, que abogaba por libertades civiles y el sufragio universal. La alternancia en el poder no dependía del apoyo parlamentario, sino de decisiones de la Corona. Este mecanismo se sostenía gracias al fraude electoral, mediante prácticas como:

• El encasillado (preselección de candidatos antes de las elecciones).
• El pucherazo (introducción de votos falsos en las urnas).
• El voto de lázaros (votos de personas fallecidas).

Además, el sistema dependía de caciques locales que controlaban el voto mediante coacción.

El sistema logró estabilidad durante el reinado de Alfonso XII. Su muerte en 1885, sin heredero varón, puso a prueba el mecanismo. Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto de El Pardo, comprometiéndose a respetar el turno de partidos. Tras la muerte del rey, María Cristina de Habsburgo asumió la regencia hasta 1902. Durante este período, el turno pacífico permitió reformas políticas de Sagasta, políticas proteccionistas del Partido Conservador y el inicio de la guerra de Cuba (1895-1898). El asesinato de Cánovas en 1897 marcó un punto crítico, y Sagasta afrontó las consecuencias del Desastre del 98.

Oposición al sistema

El fraude electoral y la exclusión política generaron diversas oposiciones:

• Carlismo. Tras la Tercera Guerra Carlista evolucionó hacia el parlamentarismo, pero quedó reducido a una fuerza residual por divisiones internas y la centralización del Estado.
• Nacionalismos catalán y vasco. Rechazaban el centralismo y demandaban autonomía política. El nacionalismo catalán, precedido por la Renaixença, se organizó con la Lliga Regionalista liderada por Cambó. El nacionalismo vasco, fundado por Sabino Arana, se basaba en una identidad étnica diferenciada.
• Movimiento obrero. Estuvo dividido entre socialistas (liderados por el PSOE y la UGT, con presencia en Asturias, Vizcaya y Madrid) y anarquistas (fuertes en Cataluña y Andalucía, que rechazaban la vía electoral).
• Republicanismo. Tras la crisis inicial del sistema, recobró fuerza con el descrédito del turnismo, la oposición a las guerras coloniales y el impacto del Desastre del 98.

El sistema canovista se mantuvo hasta 1923, cuando la dictadura de Miguel Primo de Rivera puso fin a este modelo político.

Las guerras de Cuba, el conflicto contra Estados Unidos y la crisis de 1898

Tras la independencia de las colonias americanas durante el reinado de Fernando VII, el imperio español quedó reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Estas últimas posesiones se perdieron en 1898 tras varios conflictos contra los rebeldes cubanos, marcados por la tardía adopción de reformas, el apoyo de Estados Unidos a los insurgentes y la ausencia de aliados internacionales.

Conflictos en Cuba

Cuba, la colonia más importante, aportaba productos tropicales como azúcar y café, y mantenía un mercado exclusivo para el cereal castellano y los textiles catalanes. Además, contaba con numerosa población de origen español. Las guerras coloniales, inicialmente apoyadas por la opinión pública y los partidos dinásticos, perdieron respaldo debido a su alto coste y al sistema clasista de reclutamiento militar, que permitía a los más pudientes evitar el servicio mediante un pago. Por su parte, los independentistas recibieron apoyo económico y militar de Estados Unidos, interesado en controlar Cuba y extender su influencia en el Pacífico.

La primera insurrección fue la Guerra Larga (1868-1878), que concluyó con la Paz de Zanjón. En ella, España se comprometió a otorgar autonomía a Cuba y a abolir gradualmente la esclavitud, pero incumplió estos acuerdos. Esto derivó en la Guerra Chiquita (1879-1880), que tampoco logró cambios sustanciales. La abolición de la esclavitud en 1880 no calmó el descontento, agravado por la negativa del gobierno español a atender las demandas de autonomía, presionado por las élites esclavistas y los sectores económicos beneficiados. La falta de reformas condujo al auge del nacionalismo cubano, que en la década de 1890 reclamaba ya la independencia total. En 1895, el Grito de Baire marcó el inicio de la tercera guerra de independencia, liderada por figuras como José Martí, con el apoyo de sectores populares, especialmente negros y mulatos. Aunque el general Martínez Campos intentó sofocar la insurrección, su fracaso llevó al nombramiento de Valeriano Weyler, cuya estrategia represiva tampoco logró frenar la rebelión. Sagasta ofreció autonomía a Cuba, pero los insurgentes la rechazaron.

Guerra contra Estados Unidos

En 1898, Estados Unidos se incorporó al conflicto tras el hundimiento del acorazado Maine, atribuido inicialmente a España. Las tropas estadounidenses derrotaron rápidamente a los españoles en la batalla de las colinas de San Juan y en la bahía de Santiago, donde la flota del almirante Cervera fue destruida. La derrota en Filipinas, donde los rebeldes también contaban con apoyo estadounidense, selló la suerte de España. La guerra terminó con el Tratado de París, que reconoció la independencia de Cuba, entregó Filipinas y Puerto Rico a Estados Unidos y cedió Guam. En 1899, España vendió sus últimas posesiones del Pacífico (Palaos, Carolinas y Marianas) a Alemania.

La crisis del 98

El Desastre del 98 provocó una profunda crisis en España en tres ámbitos principales:

Económico

• La pérdida de materias primas tropicales (azúcar, tabaco) y de mercados coloniales intensificó el proteccionismo para proteger el textil catalán y el cereal castellano.
• La repatriación de capitales de colonos españoles favoreció el desarrollo de la banca y de la siderurgia vasca.

Político

• El descrédito de los partidos dinásticos y del ejército erosionó el régimen de la Restauración.
• España perdió peso internacional, que intentó recuperar con la colonización de Marruecos.
• Impulso del nacionalismo periférico en Cataluña y el País Vasco.

Ideológico

• La crisis de conciencia nacional quedó reflejada en la literatura de la Generación del 98 (Unamuno, Pío Baroja, Maeztu, entre otros).
• Surgió el regeneracionismo, que culpaba al caciquismo y a la corrupción del sistema político por la decadencia del país. Joaquín Costa fue su principal representante, influyendo en líderes como Maura y Canalejas.

El desastre marcó el declive del imperio español y el inicio de debates sobre la modernización política y social del país.

7.1. La evolución de la población y de las ciudades: de la sociedad estamental a la sociedad de clases

Evolución de la población

La población española creció débilmente durante el siglo XIX, pasando de 10,5 a 18,5 millones de habitantes, un ritmo muy inferior al de otros países europeos. Este lento aumento se debió a:

• Régimen demográfico antiguo. La elevada mortalidad, incluida una tasa de mortalidad infantil que duplicaba la europea, neutralizaba el impacto de la alta natalidad. Epidemias como el cólera y enfermedades endémicas como la tuberculosis afectaban a una población malnutrida y con escasos servicios sanitarios. La esperanza de vida no superaba los 35 años.
• Emigración exterior. Aunque prohibida hasta 1853, más de un millón de españoles emigraron hacia América a finales del siglo. Además, entre 1814 y 1876 unas 200.000 personas se exiliaron por razones políticas.

La población se redistribuyó debido al éxodo rural, que benefició a las zonas industriales y costeras como Cataluña y Vizcaya, mientras que las regiones del interior (salvo Madrid) perdieron habitantes. La estructura laboral seguía siendo arcaica, con un 68% de la población activa empleada en el sector primario en 1900, frente al 14% en el sector secundario y el 18% en el terciario. Esta situación reflejaba la abundancia de mano de obra barata, la escasa mecanización agraria y la lenta industrialización.

Evolución de las ciudades

El crecimiento urbano fue notable, aunque menor que en otros países europeos. A finales del siglo, solamente el 35% de los españoles vivía en municipios con más de 10.000 habitantes, siendo Madrid y Barcelona las únicas ciudades con más de 500.000 habitantes. Para hacer frente al aumento demográfico, las ciudades derribaron murallas y desarrollaron ensanches, barrios planificados como el de Barcelona (Ildefonso Cerdà) o Madrid (marqués de Salamanca). También surgieron proyectos innovadores como la Ciudad Lineal de Arturo Soria en Madrid.

Aunque los centros históricos se degradaron y aparecieron barrios obreros sin servicios básicos, las infraestructuras urbanas mejoraron paulatinamente con la pavimentación, el suministro de agua potable, el alcantarillado y el transporte colectivo como el tranvía, lo que ayudó a reducir la mortalidad. El crecimiento se concentró en ciudades industriales y portuarias como Bilbao, Santander, La Coruña, Vigo, Cádiz, Barcelona, Valencia y Málaga, mientras que Madrid destacó como centro administrativo y político.

De la sociedad estamental a la sociedad de clases

Durante el reinado de Isabel II, España completó la transición hacia una sociedad de clases, caracterizada por:

• Igualdad ante la ley. Desaparecieron los privilegios de la nobleza y el clero.
• Estructura por clases económicas. Surgieron las clases alta, media y baja, reemplazando los estamentos feudales basados en el nacimiento.
• Movilidad social. Aunque jerarquizada, esta sociedad permitía ascender según la capacidad individual.

La clase alta, aunque minoritaria, concentraba el poder político y económico. Incluía a la aristocracia, que mantenía su prestigio, y a la alta burguesía, muchos de cuyos miembros invirtieron en tierras en lugar de en industrias. La clase media creció, pero seguía siendo menos numerosa que en otros países europeos; incluía profesionales liberales, funcionarios, militares y pequeños comerciantes. En el ámbito rural, solo regiones con propiedades medianas como Navarra o La Rioja tuvieron una clase media destacable.

Las clases populares, que representaban dos tercios de la población, sufrían condiciones precarias con bajos salarios, largas jornadas laborales y desempleo estacional. En el ámbito urbano apareció el proletariado fabril, aunque su número era limitado por la lenta industrialización. Con el tiempo, los movimientos obreros lograron mejoras en las condiciones laborales de este sector. Este proceso de transformación marcó el tránsito hacia una sociedad más moderna y dinámica, aunque con profundas desigualdades sociales y económicas.

7.2. Desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones

Desamortizaciones

La instauración del liberalismo en España requirió reformas políticas y económicas que eliminaran instituciones del Antiguo Régimen, como el mayorazgo y los gremios. La medida clave fue la desamortización, que consistió en expropiar, nacionalizar y vender tierras pertenecientes a la Iglesia y a municipios (las llamadas «manos muertas»). Este proceso afectó a cerca del 40% de la tierra cultivable y tuvo tres objetivos principales:

• Aumentar las rentas del Estado para reducir la deuda pública.
• Modernizar la agricultura, esperando que los nuevos propietarios invirtieran en las tierras para mejorar la productividad.
• Consolidar el apoyo social al liberalismo.

Las principales desamortizaciones fueron:

• Mendizábal (1836). Afectó al clero regular y sus bienes, vendidos para financiar el ejército durante la primera guerra carlista.
• Madoz (1855). Continuó la venta de bienes eclesiásticos y añadió tierras comunales de los ayuntamientos, cuyos ingresos se destinaron al desarrollo ferroviario.

Las consecuencias de estas desamortizaciones fueron limitadas y desiguales:

• Económicas. Aunque se redujo la deuda, los ingresos no fueron suficientes.
• Agrarias. La productividad apenas creció debido a la escasa inversión.
• Sociales. La venta en grandes lotes consolidó el latifundismo y excluyó al campesinado, aumentando el número de jornaleros.
• Políticas. Generaron rechazo entre los campesinos y la hostilidad de la Iglesia hacia el régimen liberal.

España rural en el siglo XIX

El campo continuó siendo el principal motor económico de España en este período, aunque con problemas estructurales significativos:

• Predominio agrario. La agricultura era el sector más importante en riqueza y empleo.
• Baja productividad. La falta de inversión en modernización mantuvo bajos los rendimientos, obligando a importar cereales para cubrir la demanda.
• Concentración de la propiedad. Las desamortizaciones no promovieron una distribución equitativa, dejando a muchos campesinos como jornaleros o arrendatarios.
• Éxodo rural. La precariedad laboral en el campo, combinada con las oportunidades en áreas urbanas, aceleró la migración hacia ciudades costeras e industriales.

Industrialización, comercio y comunicaciones

La industrialización en España fue tardía, incompleta y desigual, limitada a regiones específicas debido a diversos factores:

• Falta de capital e infraestructura. La red de comunicaciones era deficiente y los recursos económicos insuficientes.
• Proteccionismo. Aunque protegía industrias nacionales como la textil catalana, limitaba la competitividad internacional debido a la baja calidad de algunos productos españoles.
• Dependencia externa. España importaba materias primas clave (algodón, carbón) y perdió mercados tras la independencia de las colonias americanas.

Los sectores industriales más importantes fueron el textil (Cataluña), la siderurgia (Asturias y Vizcaya) y la minería (carbón en Asturias, hierro en Vizcaya y cobre en Huelva).

El comercio exterior creció, pero continuó siendo deficitario. España exportaba materias primas y dependía de la importación de productos industriales. Esto alimentó el debate entre proteccionismo, que beneficiaba a sectores industriales nacionales, y librecambismo, defendido por comerciantes y consumidores.

En cuanto a las comunicaciones, la modernización económica exigió mejoras significativas. La red de carreteras pasó de 9.000 a 40.000 kilómetros entre 1840 y 1900, se ampliaron puertos (Barcelona, Bilbao) y se promovió la construcción del ferrocarril. La Ley General de Ferrocarriles (1855) permitió atraer inversiones extranjeras, convirtiendo al ferrocarril en la principal inversión del siglo. Sin embargo, su impacto fue menor al esperado, ya que la importación de materiales limitó el desarrollo de una industria metalúrgica nacional fuerte.

En suma, los esfuerzos por modernizar España durante el siglo XIX estuvieron marcados por profundas desigualdades y un desarrollo desigual entre regiones y sectores económicos.