La consolidación del régimen franquista. Las transformaciones económicas: de la autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales.
El déficit en los Presupuestos Generales del Estado y la fuerte inflación a mediados de los años cincuenta propiciaron la aparición de huelgas y protestas sociales. Era evidente que el modelo autárquico era insostenible. Por eso, el 25 de febrero de 1957 Franco procedió a remodelar su gobierno, desplazando de éste a los ministros falangistas en favor de una mayoría de “tecnócratas” del Opus Dei. Éstos procedieron a cambiar el modelo económico. La reforma económica se aprobó en julio de 1959, no sin cierta oposición de Franco y de Carrero Blanco, que no acababan de renunciar a su sistema económico de autarquía. El Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica trataba de liberalizar la economía creando las bases para un relanzamiento económico que permitiera fuertes ritmos de crecimiento, una rápida industrialización y la entrada de España en los grandes organismos económicos internacionales. Los resultados fueron inmediatos: caída de precios y salarios, paro, migración en busca de trabajo,…. pero a partir de 1961 la economía española crecerá a un ritmo altísimo, solo superado en aquellos años por Japón. Así pues, iniciada la década de los sesenta las perspectivas de futuro para Franco y los dirigentes políticos del régimen no podía ser mejor: los más graves problemas asociados a la fase de estabilización parecían superados y se iniciaba así una época conocida como desarrollismo. Además, en 1966 en un referéndum nacional se aprobó la Ley Orgánica del Estado, última de las leyes fundamentales. Y en 1969 el príncipe Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco “a título de rey”. La continuidad del franquismo parecía asegurada. Sin embargo, en ese año, se había destapado el llamado “escándalo Matesa”, que afectaba a una empresa textil, que se había beneficiado de créditos del Estado. El tratamiento de este tema enfrentó a dos sectores dentro del régimen: los más inmovilistas, representados por los ministros tecnócratas, y un grupo que pretendía realizar reformas del sistema político, representado por Fraga, Castiella y Solís. Franco decidió que éstos últimos abandonaran el poder, apostando por el continuismo, pero dejando claro los enfrentamientos entre el grupo dirigente del país. A partir de 1960 el crecimiento económico en España fue espectacular. La industria se desarrolló gracias al capital acumulado en los años cincuenta, a los bajos salarios y a la masiva introducción de capital extranjero. Sin embargo, España dependía casi en un 100% de la tecnología extranjera. Era necesario importarlo todo y ello generó un déficit en la balanza de pagos. Este déficit sería contrarrestado con tres fuentes de ingresos: el turismo, inversiones extranjeras a largo plazo y las aportaciones de los emigrantes desde el exterior, al enviar buena parte de sus ganancias para el mantenimiento de sus familias. Porque, efectivamente, a nivel social el fenómeno más significativo fue el de la emigración. Así, Madrid y Barcelona recibieron casi 700000 inmigrantes solo durante la década de los sesenta. Mientras, otras ciudades como Valencia, Bilbao o Alicante superaban los cien mil. Además, otro gran contingente se desplazó hacia Francia, Alemania o Suiza. Desde 1963 el gobierno español intentó controlar el crecimiento mediante los Planes de Desarrollo, que trataban de conseguir, en un plazo de tres años, una serie de objetivos de crecimiento en sectores clave. Así, se crearon los llamados Polos de Desarrollo en zonas deprimidas, intentando promocionar la instalación de industrias en estos lugares. En conjunto, el crecimiento económico español entre 1961 y 1973 fue elevado y constante, significó un profundo cambio en la economía y en la sociedad española y supuso la superación definitiva del retraso de la posguerra para la mayoría de los españoles. A partir de 1974, con el alza de los precios del petróleo, la expansión económica en España comienza a detenerse y se empieza a vislumbrar la recesión y la crisis. Pero la sociedad de consumo deseada por los dirigentes del régimen había llevado a los españoles a un progresivo alejamiento de los valores defendidos desde la dictadura.
El desarrollo económico propició un aumento del bienestar social, pero como el progreso no fue acompañado de apertura política creció la conflictividad. Pronto se evidenciaron las señales de un cambio profundo en la sociedad española. La sociedad española comenzaba a dar un gran vuelco en su estructura. De un país agrario y rural se pasaba a una población industrial y urbana. El resultado inmediato fue el abandono de muchos núcleos rurales (13000 en 1950 y menos de 8000 en la actualidad), pero también el alza de salarios en el campo y la mecanización del mismo, lo que sirvió para que la industria española abasteciera al sector agrario español. Se calcula que cuatro millones de personas abandonaron sus pueblos de origen para dirigirse a Europa, a las regiones prósperas de España o a las capitales de provincia. No solo eran clases trabajadoras las que dejaban el campo, sino que también clases medias campesinas huían a la ciudad. Esto hizo que grupos rurales conservadores se integraron en una sociedad urbana más abierta y receptiva. El campo se despoblaba con la misma rapidez con la que las ciudades crecían. Pero el crecimiento urbano se hizo de una forma descontrolada y especulativa, creando graves problemas de medio ambiente que tendrían repercusiones en los años setenta: barrios mal comunicados, espacios naturales contaminados, núcleos turísticos excesivos,…. La Ley de Costas, aprobada en los años ochenta, que prohibía construir edificios al borde del mar, llegó tarde. Por todo ello España llegará a ser un país desarrollado, pero mal desarrollado, con evidentes desigualdades regionales. Entre 1960 y 1973 la parte del PIB correspondiente al País Vasco, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias creció hasta representar el 46%. Este elevado crecimiento urbano hizo que las grandes ciudades se convirtieran en áreas metropolitanas y absorbieran suburbios y pueblos periféricos. A finales de la década de los sesenta se calcula que existía un déficit de casi un millón de viviendas, lo que no impedía los negocios especulativos, tanto en zonas ricas (Puerto Banús,..) como en los suburbios, donde se construían barrios enteros sin infraestructuras ni equipamientos sociales y urbanos. También hay que reseñar la modificación del sistema de prestaciones sociales y sanitarias. Su crecimiento recayó fundamentalmente sobre las cotizaciones de los trabajadores y permitió extender la red de hospitales y cubrir prestaciones por enfermedad, jubilación y desempleo, aunque en cuantías muy cortas e insuficientes. En realidad, el gasto público en España era escaso y mal distribuido y contribuía a mantener un bajo nivel de vida, que contrastaba llamativamente con el de los trabajadores europeos que venían a veranear a las costas españolas. Y es que el contacto con los turistas que llegaban masivamente al país contribuyó a variar el modo de vida y la mentalidad. Igualmente, la televisión estatal, que había comenzado sus emisiones en 1956, afectó profundamente al modo de vida y al comportamiento social, pese a la rígida censura. Así, en 1969, dos terceras partes de los hogares del país disponían de un receptor de televisión. A ello hay que añadir la extensión de la luz eléctrica, la posesión de electrodomésticos y hasta de vehículo particular (en 1969 un 25% de las familias poseía coche propio), que permitía el acceso a lugares de veraneo en la costa. Por último, también se produjo un lento incremento de la población activa femenina, que alcanzaba ya en los años setenta los 2’3 millones de trabajadoras. Todo ello conformaba una situación que, a principios de la década de los setenta, nos permite hablar de un cambio de mentalidad profundo en una sociedad en la que contrastaba la clase dirigente ultraconservadora y las generaciones más jóvenes, que evolucionaban hacia posiciones muy distintas. Síntoma de ello era la progresiva relajación de las costumbres y la aceptación de movimientos culturales que venían de fuera.
El déficit en los Presupuestos Generales del Estado y la fuerte inflación a mediados de los años cincuenta propiciaron la aparición de huelgas y protestas sociales. Era evidente que el modelo autárquico era insostenible. Por eso, el 25 de febrero de 1957 Franco procedió a remodelar su gobierno, desplazando de éste a los ministros falangistas en favor de una mayoría de “tecnócratas” del Opus Dei. Éstos procedieron a cambiar el modelo económico. La reforma económica se aprobó en julio de 1959, no sin cierta oposición de Franco y de Carrero Blanco, que no acababan de renunciar a su sistema económico de autarquía. El Decreto Ley de Nueva Ordenación Económica trataba de liberalizar la economía creando las bases para un relanzamiento económico que permitiera fuertes ritmos de crecimiento, una rápida industrialización y la entrada de España en los grandes organismos económicos internacionales. Los resultados fueron inmediatos: caída de precios y salarios, paro, migración en busca de trabajo,…. pero a partir de 1961 la economía española crecerá a un ritmo altísimo, solo superado en aquellos años por Japón. Así pues, iniciada la década de los sesenta las perspectivas de futuro para Franco y los dirigentes políticos del régimen no podía ser mejor: los más graves problemas asociados a la fase de estabilización parecían superados y se iniciaba así una época conocida como desarrollismo. Además, en 1966 en un referéndum nacional se aprobó la Ley Orgánica del Estado, última de las leyes fundamentales. Y en 1969 el príncipe Juan Carlos de Borbón fue nombrado sucesor de Franco “a título de rey”. La continuidad del franquismo parecía asegurada. Sin embargo, en ese año, se había destapado el llamado “escándalo Matesa”, que afectaba a una empresa textil, que se había beneficiado de créditos del Estado. El tratamiento de este tema enfrentó a dos sectores dentro del régimen: los más inmovilistas, representados por los ministros tecnócratas, y un grupo que pretendía realizar reformas del sistema político, representado por Fraga, Castiella y Solís. Franco decidió que éstos últimos abandonaran el poder, apostando por el continuismo, pero dejando claro los enfrentamientos entre el grupo dirigente del país. A partir de 1960 el crecimiento económico en España fue espectacular. La industria se desarrolló gracias al capital acumulado en los años cincuenta, a los bajos salarios y a la masiva introducción de capital extranjero. Sin embargo, España dependía casi en un 100% de la tecnología extranjera. Era necesario importarlo todo y ello generó un déficit en la balanza de pagos. Este déficit sería contrarrestado con tres fuentes de ingresos: el turismo, inversiones extranjeras a largo plazo y las aportaciones de los emigrantes desde el exterior, al enviar buena parte de sus ganancias para el mantenimiento de sus familias. Porque, efectivamente, a nivel social el fenómeno más significativo fue el de la emigración. Así, Madrid y Barcelona recibieron casi 700000 inmigrantes solo durante la década de los sesenta. Mientras, otras ciudades como Valencia, Bilbao o Alicante superaban los cien mil. Además, otro gran contingente se desplazó hacia Francia, Alemania o Suiza. Desde 1963 el gobierno español intentó controlar el crecimiento mediante los Planes de Desarrollo, que trataban de conseguir, en un plazo de tres años, una serie de objetivos de crecimiento en sectores clave. Así, se crearon los llamados Polos de Desarrollo en zonas deprimidas, intentando promocionar la instalación de industrias en estos lugares. En conjunto, el crecimiento económico español entre 1961 y 1973 fue elevado y constante, significó un profundo cambio en la economía y en la sociedad española y supuso la superación definitiva del retraso de la posguerra para la mayoría de los españoles. A partir de 1974, con el alza de los precios del petróleo, la expansión económica en España comienza a detenerse y se empieza a vislumbrar la recesión y la crisis. Pero la sociedad de consumo deseada por los dirigentes del régimen había llevado a los españoles a un progresivo alejamiento de los valores defendidos desde la dictadura.
El desarrollo económico propició un aumento del bienestar social, pero como el progreso no fue acompañado de apertura política creció la conflictividad. Pronto se evidenciaron las señales de un cambio profundo en la sociedad española. La sociedad española comenzaba a dar un gran vuelco en su estructura. De un país agrario y rural se pasaba a una población industrial y urbana. El resultado inmediato fue el abandono de muchos núcleos rurales (13000 en 1950 y menos de 8000 en la actualidad), pero también el alza de salarios en el campo y la mecanización del mismo, lo que sirvió para que la industria española abasteciera al sector agrario español. Se calcula que cuatro millones de personas abandonaron sus pueblos de origen para dirigirse a Europa, a las regiones prósperas de España o a las capitales de provincia. No solo eran clases trabajadoras las que dejaban el campo, sino que también clases medias campesinas huían a la ciudad. Esto hizo que grupos rurales conservadores se integraron en una sociedad urbana más abierta y receptiva. El campo se despoblaba con la misma rapidez con la que las ciudades crecían. Pero el crecimiento urbano se hizo de una forma descontrolada y especulativa, creando graves problemas de medio ambiente que tendrían repercusiones en los años setenta: barrios mal comunicados, espacios naturales contaminados, núcleos turísticos excesivos,…. La Ley de Costas, aprobada en los años ochenta, que prohibía construir edificios al borde del mar, llegó tarde. Por todo ello España llegará a ser un país desarrollado, pero mal desarrollado, con evidentes desigualdades regionales. Entre 1960 y 1973 la parte del PIB correspondiente al País Vasco, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias creció hasta representar el 46%. Este elevado crecimiento urbano hizo que las grandes ciudades se convirtieran en áreas metropolitanas y absorbieran suburbios y pueblos periféricos. A finales de la década de los sesenta se calcula que existía un déficit de casi un millón de viviendas, lo que no impedía los negocios especulativos, tanto en zonas ricas (Puerto Banús,..) como en los suburbios, donde se construían barrios enteros sin infraestructuras ni equipamientos sociales y urbanos. También hay que reseñar la modificación del sistema de prestaciones sociales y sanitarias. Su crecimiento recayó fundamentalmente sobre las cotizaciones de los trabajadores y permitió extender la red de hospitales y cubrir prestaciones por enfermedad, jubilación y desempleo, aunque en cuantías muy cortas e insuficientes. En realidad, el gasto público en España era escaso y mal distribuido y contribuía a mantener un bajo nivel de vida, que contrastaba llamativamente con el de los trabajadores europeos que venían a veranear a las costas españolas. Y es que el contacto con los turistas que llegaban masivamente al país contribuyó a variar el modo de vida y la mentalidad. Igualmente, la televisión estatal, que había comenzado sus emisiones en 1956, afectó profundamente al modo de vida y al comportamiento social, pese a la rígida censura. Así, en 1969, dos terceras partes de los hogares del país disponían de un receptor de televisión. A ello hay que añadir la extensión de la luz eléctrica, la posesión de electrodomésticos y hasta de vehículo particular (en 1969 un 25% de las familias poseía coche propio), que permitía el acceso a lugares de veraneo en la costa. Por último, también se produjo un lento incremento de la población activa femenina, que alcanzaba ya en los años setenta los 2’3 millones de trabajadoras. Todo ello conformaba una situación que, a principios de la década de los setenta, nos permite hablar de un cambio de mentalidad profundo en una sociedad en la que contrastaba la clase dirigente ultraconservadora y las generaciones más jóvenes, que evolucionaban hacia posiciones muy distintas. Síntoma de ello era la progresiva relajación de las costumbres y la aceptación de movimientos culturales que venían de fuera.