1) Introducción: concepto y antecedentes de la desamortización

La desamortización fue el proceso de incautación por parte del Estado de bienes de «manos muertas» —tierras inalienables de la Iglesia y municipios— para venderlos en subasta pública. Aunque existían antecedentes en las propuestas de ilustrados como Olavide y Jovellanos, y medidas previas de Godoy o las Cortes de Cádiz, estas no se consolidaron hasta el siglo XIX.

Mendizábal: objetivos

Juan Álvarez Mendizábal buscaba eliminar la propiedad del Antiguo Régimen para consolidar el liberalismo frente al carlismo. Sus metas principales eran financiar la guerra civil, sanear la Hacienda mediante el pago de la deuda y crear una nueva clase de propietarios fieles al Estado liberal.

Decretos y leyes

A través del decreto de 1836 se nacionalizaron los bienes del clero regular (monasterios y conventos). En 1837, una nueva ley extendió el proceso al clero secular y abolió instituciones como el mayorazgo y el señorío.

Consecuencias particulares y generales

El proceso no fue una reforma agraria destinada al campesinado, sino que las tierras fueron adquiridas por la burguesía de negocios. Económicamente, permitió sufragar la guerra, pero no eliminó la deuda del Estado. Culturalmente, supuso la ruptura con la Santa Sede y una gran pérdida del patrimonio histórico-artístico.

2) La desamortización de Pascual Madoz

Iniciada durante el Bienio Progresista, la desamortización de Pascual Madoz se planteó como una «Ley de Desamortización General» para culminar el proceso iniciado décadas atrás.

Madoz y la Desamortización General

La ley de 1855 puso en venta todos los bienes colectivos: los eclesiásticos restantes, los del Estado y, especialmente, los de los municipios (bienes de propios y comunes). A diferencia de la anterior, esta se ejecutó con gran rapidez y exigió el pago únicamente en efectivo.

Objetivos y consecuencias

Los ingresos obtenidos se destinaron a la industrialización y, prioritariamente, a financiar la expansión del ferrocarril. Aunque aumentó la productividad agrícola, perjudicó gravemente al campesinado al privarlo de las tierras comunales, provocando la aparición de un proletariado agrícola sometido a condiciones de vida precarias.

Consecuencias generales

En conjunto, ambos procesos transfirieron el 20% de la superficie nacional a una nueva élite terrateniente, reforzando el latifundismo en el sur y el minifundismo en el norte. Ecológicamente, la privatización de montes públicos derivó en una deforestación masiva que afectó gravemente a la biodiversidad ibérica.

3) El Sexenio Revolucionario: causas, desarrollo y resultados

El Sexenio Revolucionario se inició debido al agotamiento del régimen de Isabel II, que en 1866 sufrió una crisis económica y política simultánea que acentuó el descontento social.

Causas económicas

La crisis económica se manifestó de tres formas principales:

• Financiera: originada por la falta de rentabilidad de las inversiones ferroviarias, que hundió la bolsa y los bancos.
• Industrial: afectó al sector algodonero catalán por la falta de materia prima debida a la Guerra de Secesión americana.
• De subsistencia: provocada por malas cosechas que causaron hambre y carestía de trigo.

Contexto político

En el plano político, el sistema moderado se encontraba agotado y tendía hacia un autoritarismo dictatorial, reprimiendo con dureza levantamientos como el de los sargentos del cuartel de San Gil. Ante esta situación, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1866 para derrocar a la reina y establecer un régimen democrático mediante unas Cortes elegidas por sufragio universal.

La Revolución de 1868 (La Gloriosa)

La Revolución de 1868, denominada «La Gloriosa», estalló en septiembre con la sublevación del almirante Topete en Cádiz, apoyado por Prim y Serrano. Los rebeldes lanzaron el manifiesto «España con honra», exigiendo la expulsión de la reina y libertades civiles. El movimiento se extendió rápidamente mediante la formación de juntas revolucionarias locales que reclamaban sufragio universal y la abolición de las quintas y los consumos. Tras la derrota de las tropas gubernamentales en la batalla de Alcolea, Isabel II partió al exilio.

Gobierno Provisional y Constitución de 1869

Se constituyó un Gobierno Provisional presidido por Serrano que aplicó reformas como la libertad de culto, la expulsión de los jesuitas y la libertad de imprenta. Esta etapa provocó la escisión de los demócratas entre los radicales, que aceptaban una monarquía constitucional, y los republicanos federales. Las elecciones de 1869, las primeras con sufragio universal masculino, dieron la victoria a la coalición gubernamental, reflejando tendencias que iban desde el carlismo a la derecha hasta el republicanismo a la izquierda. Finalmente, se promulgó la Constitución de 1869, el primer texto democrático de España, que establecía la soberanía nacional, una avanzada declaración de derechos y la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.

4) Regencia, Amadeo, República y Restauración

Regencia de Serrano y elección de Amadeo

Tras aprobarse la Constitución, el general Serrano fue nombrado regente, mientras el general Prim mantenía el equilibrio como jefe de gobierno y buscaba un nuevo rey. La Regencia de Serrano tuvo que enfrentar la insurrección republicana de 1869 y diversos desórdenes sociales como motines de subsistencia y el auge del internacionalismo anarquista de la AIT. Tras descartar varias candidaturas, se eligió a Amadeo de Saboya, cuyo reinado (1871-1873) estuvo marcado por la inestabilidad y el asesinato de Prim, su principal valedor.

El reinado de Amadeo y la proclamación de la Primera República

Durante su monarquía, la coalición de gobierno se fracturó en dos partidos enfrentados, el Constitucionalista y el Radical, mientras se recrudecían el conflicto cubano, la tercera guerra carlista y la agitación del movimiento obrero. Sin apoyos políticos y ante el caos social, Amadeo presentó su renuncia al trono en febrero de 1873.

Ante la abdicación, las Cortes proclamaron la Primera República como salida al vacío de poder. El primer gobierno de Figueras intentó mantener el orden y frenar intentos de independencia en Cataluña. Posteriormente, Pi y Margall asumió la presidencia de la República Federal, planteando una nueva constitución que dividía España en 17 estados. Sin embargo, su gestión fracasó por la insurrección cantonalista, que buscaba construir la federación desde la base, y los sucesos revolucionarios en Alcoy.

Salmerón le sucedió con el objetivo de restablecer el orden militarmente, pero dimitió por motivos de conciencia al negarse a firmar penas de muerte. El último presidente, Castelar, dio un giro a la derecha gobernando por decreto y suspendiendo garantías para frenar el carlismo y el cantonalismo. Al perder Castelar el apoyo de las Cortes en 1874, el general Pavía dio un golpe de Estado disolviendo la Asamblea. Se instauró un gobierno de transición del general Serrano que aplicó una política represiva hasta que el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto restauró la monarquía de Alfonso XII, poniendo fin al periodo revolucionario.

Restauración y el sistema canovista

La inestabilidad del Sexenio Democrático y el fracaso de la República generaron en la burguesía un anhelo de orden y estabilidad. Antonio Cánovas del Castillo fue el artífice del retorno de los Borbones, preparando la llegada de Alfonso XII tras hitos como el Manifiesto de Sandhurst, donde el monarca se presentaba como un rey constitucional y católico. El proceso se aceleró con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto en diciembre de 1874.

Cánovas diseñó un sistema pragmático inspirado en el modelo inglés, buscando superar el desorden del siglo XIX mediante el consenso de las fuerzas liberales. Su proyecto se asentaba sobre tres vértices: la Monarquía y las Cortes como instituciones históricas, el bipartidismo para garantizar la alternancia pacífica y una Constitución moderada como marco jurídico. El sistema se sostuvo sobre dos grandes formaciones: el Partido Conservador, liderado por el propio Cánovas e integrado por antiguos moderados y alfonsinos; y el Partido Liberal, encabezado por Sagasta, que aglutinó a la izquierda burguesa y demócratas. Ambos aceptaban la monarquía y se turnaban en el poder para evitar el intervencionismo militar.

Características del régimen restauracionista

Sus características principales incluían la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, el reconocimiento genérico de derechos (cuya regulación se dejaba a leyes posteriores) y el establecimiento del catolicismo como religión oficial, aunque permitiendo el culto privado de otras confesiones. Los puntos más arduos de la carta magna fueron la soberanía conjunta del monarca y el Parlamento, la cuestión religiosa (debido a las presiones del clero para recortar libertades) y la definición del sufragio. Sobre este último, la Constitución no lo definía, permitiendo que fuera censitario o universal según el interés del partido gobernante.

El sistema operaba mediante el turno pacífico, un pacto previo donde el acceso al gobierno no dependía de los votos sino de la decisión del monarca y el acuerdo entre líderes. Una vez pactado el relevo, el nuevo gobierno convocaba elecciones y las amañaba mediante el caciquismo para obtener la mayoría necesaria. Este fraude se articulaba desde el Ministerio de la Gobernación (encasillado) hasta los caciques locales, quienes manipulaban los votos mediante favores, amenazas o el pucherazo. El Partido Conservador dominó los primeros años (1875-1881) para consolidar el régimen, iniciando Sagasta el turno liberal en 1881. Quedaron excluidos del sistema los carlistas, los republicanos, los movimientos obreros y los nacionalismos regionales, al ser considerados fuerzas que desestabilizaban el diseño canovista.

Consolidación institucional y problemas sociales

Esta etapa se centró en la construcción y consolidación del sistema civil. Durante los primeros años conservadores se logró la pacificación del país finalizando la Tercera Guerra Carlista (1876) y la Guerra de los Diez Años en Cuba (Paz de Zanjón, 1878), presentando al rey como «el pacificador». La obra legislativa de este periodo tuvo un tinte centralista y restrictivo, destacando la Ley Electoral de 1878 (sufragio censitario) y la Ley de Imprenta de 1879, que limitaba la libertad de expresión.

En 1881 se produjo el primer turno de Sagasta, líder del Partido Fusionista, que agrupaba a constitucionalistas y militares. Aunque su actuación fue breve y moderada para no alarmar a los conservadores, permitió el regreso de profesores represaliados a la universidad y fomentó una mayor apertura en la libertad de cátedra y prensa antes de que Cánovas retomara el poder en 1884. La prematura muerte de Alfonso XII en 1885 dio paso a la regencia de su viuda, María Cristina de Habsburgo. Para garantizar la estabilidad del trono ante la incertidumbre, Cánovas y Sagasta reafirmaron el funcionamiento del sistema en el Pacto del Pardo, acordando la entrega del gobierno a los liberales.

Tensiones de fondo y crisis final

Durante este periodo surgieron problemas de fondo que el sistema no supo integrar. Los turnos de partidos se hicieron cada vez más breves e inestables. Socialmente, el auge del capitalismo incipiente favoreció la aparición de los primeros movimientos sindicales (UGT) y partidos obreros (PSOE), así como el crecimiento del anarquismo y la consolidación de los nacionalismos en Cataluña, el País Vasco y Galicia.

Entre 1885 y 1890, Sagasta aplicó su programa de reformas, destacando la Ley de Asociaciones (1887), que legalizó las organizaciones obreras, la Ley del Jurado y, fundamentalmente, la Ley de Sufragio Universal (1890) para varones, que supuso un hito en la democratización formal del régimen. La década de los 90 estuvo marcada por una profunda crisis.

En 1897, el sistema perdió a su artífice tras el asesinato de Cánovas a manos de un anarquista. El problema más grave fue la insurrección en Cuba y Filipinas, que desembocó en la guerra contra Estados Unidos en 1898. El Desastre del 98, ratificado en el Tratado de París, supuso la pérdida de las últimas colonias y provocó una crisis de conciencia nacional liderada por los intelectuales del regeneracionismo y la Generación del 98, quienes exigían una modernización real de la política española.