1. La Transición Española y la Consolidación Democrática

1.1. La Transición

Entre la muerte de Franco y la Constitución de 1978 transcurrieron tres años de reformas políticas, con la crisis económica como telón de fondo. Una buena parte de la sociedad quería un cambio, pero el sector más inmovilista (el «búnker») se oponía a cualquier medida que pusiera en peligro el régimen. El primer Gobierno estuvo presidido por Arias Navarro e incluía un gran número de elementos de la «línea dura», si bien contaba con hombres comprometidos con el cambio, como Fraga. Por otro lado, la oposición pedía una amnistía, la legalización de todos los partidos y elecciones libres. El rey, ante la incapacidad de Arias para negociar con el «búnker» y la oposición, forzó su dimisión y nombró a Adolfo Suárez presidente del Gobierno. Suárez formó Gobierno con los sectores más progresistas del régimen e inició el proceso de la Transición Democrática, manteniendo contactos con líderes de la oposición, como Felipe González (PSOE) o Santiago Carrillo (PCE), para convencerles de la necesidad de una Transición pacífica.

1.2. Las elecciones de 1977

Suárez presentó su Proyecto de Reforma Política en un referéndum, donde fue aprobado por la aplastante mayoría de los españoles. Mientras se aceleraba el proceso de democratización, se incrementaba la tensión por la actuación de grupos violentos. El grupo terrorista GRAPO inició una campaña de atentados y secuestros. En enero de 1977 se produjo la «matanza de Atocha»: cinco abogados laboralistas comunistas fueron asesinados por terroristas de ultraderecha. La reacción disciplinada y comedida de los comunistas impresionó a la sociedad española, que empezó a perder el miedo a la legalización del PCE, que finalmente sería legalizado a cambio del reconocimiento de la monarquía y su cooperación en la Transición. En 1977 tuvieron lugar las elecciones, y Suárez, al frente de su partido Unión de Centro Democrático (UCD), obtuvo la mayoría.

1.3. La Constitución de 1978

Ante la nueva Constitución, existieron intentos de frenar el proceso de transición; uno de ellos fue el intento golpista conocido como «Operación Galaxia», poco antes de aprobarse la Constitución. En él, un grupo de oficiales del ejército y la Guardia Civil planearon un golpe de Estado contra el Gobierno de Suárez para frenar los procesos de reforma política. La conspiración fue desbaratada y el 6 de diciembre de 1978 se aprobó por una amplísima mayoría la nueva Constitución. En ella se establece el Estado español como una monarquía parlamentaria, la soberanía nacional y una clara separación de los tres poderes: el ejecutivo en manos del presidente del Gobierno, el legislativo con Cortes bicamerales elegidas por sufragio universal (con mayoría de edad a los 18 años), y el judicial integrado por jueces, con un Tribunal Supremo como máximo órgano judicial y un Tribunal Constitucional en materias constitucionales. Contiene una amplia Declaración de Derechos: de expresión, asociación, conciencia, etc., y se declara España un Estado aconfesional. Se establece la abolición de la pena de muerte.

1.4. El Estado de las Autonomías y su evolución

La característica más novedosa de la Constitución es la relativa descentralización del Estado, con el establecimiento de las comunidades autónomas. Se distingue entre nacionalidades (Cataluña, País Vasco, Galicia, por tener una clara conciencia histórica), que accederían al autogobierno más rápidamente, y regiones, que podrían acceder de manera más lenta. La entrada en vigor de la Constitución permitió la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña. Excepto Andalucía (que tras un referéndum optó por la vía rápida), las demás regiones accedieron a la autonomía por la vía lenta prevista por la Constitución.

El traspaso de competencias del Estado central a los autonómicos ha sido complejo y se ha llevado a cabo a lo largo de los gobiernos de UCD, PSOE y PP. La ambigüedad de la Constitución a este respecto ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes sobre el alcance de las comunidades autónomas, un debate que sigue abierto hoy día. Durante los años de gobierno de la UCD se afrontaron cuestiones críticas en un clima de crisis económica y conflictividad social. Desde muchos sectores se pedían amplias reformas políticas, pero estas reformas se veían amenazadas por grupos que estaban dispuestos a imponerse mediante la violencia (terroristas, sectores del ejército, partidos ultras de izquierda y derecha, etc.).

1.5. El terrorismo durante la Transición

El terrorismo, que apareció en los últimos años del franquismo, se convirtió en uno de los mayores problemas de la sociedad española. ETA, que no aceptó el nuevo sistema político ni el estatuto de autonomía vasco (querían la independencia de lo que llamaban «Euskal Herria», que además de las tres provincias vascas comprendía Navarra y parte del País Vasco francés), siguió actuando mediante atentados cada vez más indiscriminados: primero actuaron solo contra militares o políticos, pero después comenzaron a atacar a todos los sectores de la población, como en el caso de las bombas de Hipercor en Barcelona. Para luchar contra ellos se creó, con el apoyo del Estado, el GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), un grupo terrorista que atentó contra militantes y simpatizantes de ETA, uno de los asuntos más turbios de la época socialista que llevó a la cárcel a sus responsables y que influyó en la derrota socialista en las urnas.

Gracias a los acuerdos entre España y Francia, que había sido un refugio para los terroristas durante años, pero que desde entonces les negó el asilo político, la lucha contra ETA recibió un gran impulso a partir de 1984. También se intentaron las fracasadas «conversaciones de Argel».

2. Gobiernos Democráticos y Desafíos

2.1. Los gobiernos de la UCD

La situación económica española se había deteriorado desde 1973, tras la crisis del petróleo. El déficit era enorme, la conflictividad laboral y el paro se mantenían a unos altísimos niveles. Desde el Gobierno se propuso un pacto social de todas las fuerzas políticas para hacer frente a la situación. Tras negociar todos los partidos, se firmaron los Pactos de la Moncloa (1977), que establecían una reforma fiscal y medidas para luchar contra la inflación. De acuerdo con la Constitución recién aprobada, en 1979 se convocaron elecciones para constituir un nuevo Parlamento. La victoria fue para la UCD, el partido liderado por Suárez. El PSOE constituyó la oposición y comenzó una fase de dura confrontación con el Gobierno, en contraste con la anterior fase de consenso. El Gobierno de la UCD debió hacer frente al terrorismo y a los problemas derivados de la Autonomía Vasca. Sin embargo, los problemas principales de Suárez venían del interior de su propio partido, que era una coalición muy poco cohesionada y sin una dirección efectiva, donde cada líder de un sector intentaba hacer valer sus ideas y donde los enfrentamientos y rivalidades eran frecuentes. Los principales «barones» obstaculizaban continuamente la labor del presidente, que veía reducir sus apoyos. En 1980, Felipe González presentó una moción de censura contra Suárez, y aunque venció el presidente, la figura del líder de la oposición salió reforzada. Las primeras elecciones autonómicas en Cataluña y País Vasco dieron el triunfo a los nacionalistas. Por todo ello, Suárez dimitió en 1981. El rey designó a Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a la presidencia. La segunda ronda para su investidura como presidente del Gobierno quedó fijada para el día 23 de febrero.

2.2. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981

Los ánimos en el ejército, donde la mayoría de sus mandos era de formación franquista, eran tensos, y esa tensión aumentaba ante la escalada terrorista de ETA y la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y Cataluña, percibidos por los sectores ultraconservadores como una amenaza contra la unidad de la patria. La ultraderecha, varios sectores militares y grupos reaccionarios pedían abiertamente una insurrección. El momento propicio se presentó el día en el que Leopoldo Calvo Sotelo iba a ser investido presidente. Tres cabecillas dirigieron el pronunciamiento: el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero; el teniente general Milans del Bosch, capitán de la III Región Militar con sede en Valencia; y el general de división Alfonso Armada. Tejero, con un grupo de guardias civiles, entró a tiros en el Congreso secuestrando a los diputados y anunciando la comparecencia de una autoridad militar superior para hacerse cargo de la situación. Entretanto, Milans del Bosch sacaba los tanques en Valencia y ocupaba militarmente la ciudad. Durante unas horas se vivió una gran incertidumbre porque muchos generales dudaban sobre qué actitud tomar. Finalmente, el rey, mediante un discurso televisivo, controló la situación y el golpe fracasó. Tras esto, se precipitó la división de la UCD: muchos de sus miembros ingresaron en otros partidos, y Suárez fundó el Centro Democrático y Social. Ante esta situación, Calvo Sotelo convocó nuevas elecciones y el partido ganador fue el PSOE, que con la promesa del cambio obtuvo una victoria abrumadora y la mayoría absoluta.

2.3. Los gobiernos democráticos

Las elecciones de 1982 dieron una abrumadora victoria al PSOE. El segundo partido más votado fue AP, liderado por Manuel Fraga. Los partidos de centro sufrieron un descalabro. El PSOE mantuvo su hegemonía en sucesivas elecciones, hasta 1996, lo que le permitió llevar a cabo una política de modernización de España, extendiendo el régimen de Seguridad Social, implantando un nuevo sistema educativo, generalizando la sanidad pública y llevando a cabo una reforma fiscal. Algunas reformas que atentaban contra la mentalidad franquista supusieron una gran polémica, como la despenalización parcial del aborto y el reconocimiento de la objeción de conciencia.

En el terreno económico, la lucha contra la inflación y el paro fueron objetivos fundamentales, y aunque se logró frenar la primera, el segundo supuso un fracaso. El resultado fue un creciente descontento que desembocó en una huelga en 1988 que paralizó el país.

En política exterior, aunque España se había opuesto a la entrada en la OTAN, ante su relación con la entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE), inició una campaña a favor de la permanencia en la OTAN, lo que supuso una decepción para muchos de sus votantes. Finalmente, España conseguiría entrar en la CEE en 1986.

Desde 1990, y a consecuencia de unos gravísimos escándalos de corrupción (financiamiento ilegal, enriquecimiento irregular de altos cargos, escuchas telefónicas, guerra sucia contra ETA), se hizo patente el descrédito del Gobierno.

Las siguientes elecciones, en 1996, dieron una ajustada victoria al PP, aunque posteriormente obtendría la mayoría absoluta. Los años del Gobierno de Aznar estuvieron marcados por éxitos y fracasos. Se hizo una eficaz política económica basada en una orientación neoliberal, se buscó cumplir los criterios europeos para la adopción del euro, y se redujo el paro gracias al auge económico mundial. También se cosecharon éxitos en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en otras cuestiones su actuación política creó un fuerte rechazo de la sociedad, lo que acabaría provocando su derrota electoral: asuntos como la guerra en Irak, su intransigencia frente a los grupos nacionalistas, el Plan Hidrológico Nacional o la Ley de Calidad de la Enseñanza le fueron restando apoyos. Los atentados de la estación de Atocha días antes de las elecciones, de los que se consideró responsable al Gobierno por su participación en la guerra de Irak, provocaron el cambio de voto de muchos españoles, lo que supuso la llegada al poder del PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero (2004).

El PSOE gobernaría durante dos legislaturas, llevando a cabo algunas medidas de carácter social, como la ley del matrimonio homosexual o una nueva ley educativa (LOE). En la segunda legislatura, España entró en una grave crisis económica que obligó a recortes sociales.

En 2011, el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta, convirtiendo a Mariano Rajoy en el nuevo presidente del Gobierno, quien tuvo que hacer frente a una grave crisis.

Tras el éxito de una moción de censura por vez primera en la España democrática, en 2018, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno. Volvió a ser presidente en 2020, tras un acuerdo para la formación de un Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

3. España y la Integración Europea

3.1. La integración de España en Europa

En 1962, durante la dictadura franquista, España solicitó por primera vez su integración en la Comunidad Económica Europea (CEE), pero no obtuvo respuesta. Dos años después, volvió a intentarlo y como resultado comenzaron unas negociaciones que llevaron al «Acuerdo Comercial Preferencial», de 1970. Durante el Gobierno de Adolfo Suárez, ya en la democracia, se solicitó de nuevo la integración plena para España en la CEE, al tiempo que se iniciaron también negociaciones para Portugal. Estas fueron largas y complicadas: por un lado, coincidieron con un momento de crisis económica general, y por otro, algunos países plantearon ciertas exigencias, como Gran Bretaña, que pedía la apertura de la frontera con Gibraltar, y Alemania, que pedía la integración en la OTAN. La primera solicitud se realizó en 1985, y en cuanto a la segunda, ya con el Gobierno de la UCD se había aprobado la integración de España en la OTAN, con la fuerte oposición del PSOE. No obstante, cuando este llegó al poder, ante la evidencia de que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea estaba muy relacionada con la pertenencia a la OTAN, convocó un referéndum e hizo campaña a favor de esta, obteniendo el «sí» por un pequeño margen y con una profunda decepción para muchos de sus votantes. Además, España y Portugal tenían un desarrollo inferior a la media europea. Finalmente, España entró en la Comunidad Económica Europea a principios de 1986. Ello fue acogido con satisfacción por la opinión pública, pero planteaba unos retos muy grandes, porque la economía española, que históricamente se había desarrollado en gran medida gracias a una política fuertemente proteccionista, con unos elevados aranceles, tenía que adaptarse a un nuevo marco económico de relaciones basadas en el librecambismo.

3.2. Consecuencias económicas y sociales. Modernización de las infraestructuras

La integración de España en Europa acarreó importantes consecuencias:

• Económicas: El PIB se ha duplicado entre 1985 y 2013. Al tiempo se ha recortado la distancia entre los demás miembros de la UE y España. El comercio exterior ha multiplicado el valor de sus importaciones. La integración en la CEE se hizo de modo gradual mediante un período transitorio, durante el que, paralelamente a la disminución de los aranceles, los diferentes sectores tuvieron que hacer importantes sacrificios para conseguir una producción competitiva con la de otros países comunitarios. Ello supuso la pérdida de numerosos puestos de trabajo e incluso el desmantelamiento de algunos sectores: pesca, agricultura, construcción naval, siderurgia. A cambio se abrió a los productos españoles un mercado de millones de personas con una elevada capacidad adquisitiva.
• Sociales: Beneficiándose de los Fondos de Cohesión, que actuando en distintos sectores han ayudado al desarrollo y modernización de la sociedad española. También en la colaboración frente al terrorismo, con la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia. El ámbito científico se ha visto respaldado por las ayudas a la investigación.
• Modernización de las infraestructuras: Las inversiones de la UE en España han sido fundamentales para el desarrollo del país. Han costeado infraestructuras viarias (carreteras y autopistas, red de ferrocarriles, etc.), educativas, rurales, etc. Para acelerar el proceso de construcción europea, los países miembros firmaron el Acta Única Europea, que estableció un verdadero mercado interior sin fronteras que posibilitaba la libre circulación de personas, mercancías y capitales. También se aprobaron los denominados «fondos estructurales», traspaso de rentas de los países económicamente más poderosos a los menos desarrollados.

3.3. El programa de Convergencia y la creación del Euro

Otro paso fundamental fue la aprobación del Tratado de Maastricht (1992), que fijó la adopción de una política económica común y el establecimiento de una moneda europea, y refundó la CEE con el nuevo nombre de Unión Europea. Para acceder a la misma, los países debían cumplir una serie de condiciones, conocidas como Plan de Convergencia Económica, como el control de la inflación y el déficit público, lo que provocó una serie de duras políticas presupuestarias (recortes en educación, pensiones, obras públicas, etc.).

El Gobierno del PP daría prioridad al cumplimiento de los requisitos para la moneda única, que se consiguieron finalmente en 1999. El euro entró definitivamente en la vida de los europeos el 1 de enero de 2002. Esto produjo menos costes en el comercio europeo, pero la tendencia a la equiparación de precios en todos los países provocó un aumento de la inflación en los menos competitivos, entre ellos España.

Además del euro, la integración de España en la UE trajo consigo otras implicaciones económicas y políticas:

• La libre circulación de personas, mercancías y capitales por todo el espacio de la UE.
• El impulso tecnológico, tanto de empresas españolas que debieron hacerse más competitivas, como de empresas extranjeras que se instalaron en España.
• El principio de solidaridad y contribución entre los países de la Unión Europea trajo consigo los fondos europeos, pero si en un principio España fue un país receptor, actualmente se ha convertido en contribuidor.