La Constitución de 1837
En agosto de 1836, María Cristina accedió a restablecer la Constitución de Cádiz y entregó el poder al progresista Calatrava. El gobierno progresista convocó unas Cortes extraordinarias para redactar un texto constitucional que adaptase el de 1812 a los nuevos tiempos, conocida como la Constitución de 1837. Proclamaba el principio de división de poderes, una amplia declaración de derechos ciudadanos como la libertad de prensa, de opinión y de asociación, y la soberanía nacional. También recogía elementos moderados como establecer un sistema bicameral: Congreso de los Diputados y Senado. Además, se fijó un sistema censitario que amplió el censo electoral del 0.15% del Estatuto Real al 2.4%. Tenían derecho al voto los españoles varones mayores de 25 años que pagasen un mínimo de 200 reales de contribución directa. Se configuró un primer sistema de partidos sobre la base de los partidos moderados y progresistas, de la legislación de 1837. En 1840, prepararon una nueva ley electoral más restrictiva, limitaron la libertad de imprenta y una Ley de Ayuntamientos que dio a la Corona la facultad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Además, se inició una legislación que tendió a devolver los bienes expropiados al clero secular y también se preparó un proyecto de reimplantación del diezmo. La ley de Ayuntamientos enfrentó a progresistas y doceañistas, que los primeros defendían la elección directa de los alcaldes. El apoyo de María Cristina a la propuesta moderada provocó la oposición progresista, que impulsó un amplio movimiento insurreccional con la formación de Juntas revolucionarias en muchas ciudades. Esto conllevó a la dimisión en 1840 de María Cristina. El general Espartero, asumió el poder convirtiéndose en regente y actuó con un marcado autoritarismo: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó sin más colaboradores que su camarilla de militares afines, conocidos como los ayacuchos. En 1842, fue la aprobación de un arancel que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana se sintió gravemente amenazada y la medida provocó un levantamiento en Barcelona. Los moderados aprovecharon la división del progresismo y el aislamiento de Espartero para realizar una serie de conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O’Donnell. En 1843, Espartero abandonó la regencia y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, proclamándose reina a los 12 años.
Isabel I: Las Regencias
En 1833, muere Fernando VII reafirmando en su testamento a su hija, de tres años, como heredera del trono y María Cristina asumía la regencia hasta su mayoría de edad. Además, en el testamento se establecía la creación de un Consejo de gobierno para asesorar a María Cristina, que estuvo presidido por el absolutista moderado Francisco Cea Bermúdez. El gabinete se proclamó defensor del absolutismo y proponía tímidas reformas administrativas que no modificaban la esencia del sistema político vigente. Prácticamente la única reforma emprendida por este gobierno fue la nueva división provincial de España que, en 1833, quedó dividida en 49 provincias. Ante la extensión de la insurrección carlista, algunos militares y asesores reales convencieron a la regente de la necesidad de nombrar a un nuevo gobierno capaz de conseguir la adhesión de los liberales, que se habían convertido en aliados indispensables. Por ello, se escogió a Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, que llevó a cabo primeras reformas, aunque muy limitadas. Su propuesta fue la promulgación de un Estatuto Real, formado por un conjunto de reglas para convocar unas Cortes, que seguían siendo las mismas del Antiguo Régimen, pero adaptadas a los nuevos tiempos. Los progresistas estaban descontentos por las escasas reformas iniciadas y protagonizaron revueltas urbanas por todo el país. Las juntas expresaron sus principales demandas: reunión de Cortes, libertad de prensa, nueva ley electoral, extinción del clero regular, reorganización de la Milicia Nacional y aumento de número de hombres a 200.000 para hacer frente a la guerra carlista. Ante esto, en septiembre de 1835, María Cristina llamó a formar gobierno a Mendizábal, liberal progresista, que inició la reforma del Estatuto Real y tomó medidas con el fin de conseguir recursos financieros necesarios para organizar y armar un ejército contra el carlismo. Con la reforma agraria liberal (1837), se consagraba los principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de tierras, a partir de tres grandes medidas: la disolución del régimen señorial que implicaba la pérdida de las atribuciones jurisdiccionales de los señores, la desvinculación que significó el fin de los patrimonios vinculados obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución, y sus propietarios fueron libres para poder venderlos sin trabas en el mercado. Y la desamortización mediante la cual el Estado conseguía recursos con la venta de tierras, propiedad de la iglesia y de los ayuntamientos. Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta por subasta pública a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Mendizábal pretendía conseguir los recursos necesarios para financiar al ejército liberal, recuperar valores de la deuda y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado. Además, a largo plazo, las medidas fomentarían el desarrollo de la agricultura, al pasar a propietarios más emprendedores. La desamortización de bienes del clero provocó…