La construcción del Estado liberal (1833–1868)
Las regencias (1833–1843) y el problema carlista (1833–1840)
Tras la muerte de Fernando VII se nombra regente a María Cristina. El liberalismo se dividió en dos corrientes: los moderados, partidarios de un gobierno intermedio entre el liberalismo y el absolutismo; y los progresistas, partidarios de la Constitución de 1812 y de la limitación de la Corona.
María Cristina, del lado moderado, llamó a formar gobierno a Cea Bermúdez. Javier de Burgos, ministro de Fomento, estableció la división provincial (1833) y la oposición de liberales y absolutistas ante esta reforma hizo inevitable un cambio de gobierno, tomando el mando el conde de Toreno, quien concibió el Estatuto Real (1834) con carácter de carta otorgada. En él constan la regulación de la convocatoria de Cortes generales, la separación de las Cortes en Cámara Alta y Cámara Baja (Cortes bicamerales), sufragio indirecto y censitario. Esto llevó a una serie de limitaciones; se generalizó la guerra carlista. Este estatuto fue insuficiente para los progresistas y la Corona pidió más poder. Estas limitaciones, junto con epidemias de cólera, la guerra civil y el endeudamiento, provocaron un cambio de gobierno de carácter progresista.
Gobiernos progresistas y reformas
Comenzó el gobierno del conde de Toreno, quien impulsó el cierre de conventos y la disolución de la Compañía de Jesús. Esto puso en contra a la Iglesia, que se unió a la causa carlista. En el verano de 1835 se formaron juntas locales y provinciales que negaron obediencia al gobierno; se pidió un cambio de gobierno, la convocatoria de Cortes y actuar contra el carlismo. Ante esto la regente llamó a Mendizábal a formar gobierno (septiembre de 1835).
Mendizábal pretendió dar fin a la guerra carlista, impulsó una desamortización eclesiástica (1836) y trató de dar un carácter más liberal al Estatuto Real; fracasó en lo último y en su propósito de finalizar la guerra carlista, por lo que dimitió y fue sustituido por Istúriz.
Motín de La Granja y Constitución de 1837
Como la situación política no se estabilizó, se produjo el Motín de los sargentos de La Granja (agosto de 1836), que obligó a la regente a jurar la Constitución de Cádiz y a nombrar jefe de gobierno al progresista Calatrava. Este convocó elecciones a Cortes constituyentes y restauró parte de la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y del Trienio liberal.
La nueva Constitución de 1837 restablece la soberanía nacional y los derechos individuales de los ciudadanos. Se refuerza el papel del rey: comparte la potestad legislativa con las Cortes, tiene derecho de veto y potestad de disolución de las Cortes. Las Cortes se separan en Congreso de los Diputados y Senado; además, el Estado se declara aconfesional y se mantiene el sufragio censitario.
Regencia de Espartero y caída de María Cristina
Tras el regreso de los exiliados políticos, las elecciones dieron el poder a los moderados. La Ley de Ayuntamientos (1840) provocó la oposición de los progresistas y determinó que la regente dimitiera en octubre de 1840; Espartero tomó la regencia provisionalmente. Espartero gobernó con talante autoritario, adoptó una política librecambista y el ejército se le opuso.
La firma del tratado comercial con Gran Bretaña perjudicó a la industria textil catalana, provocando una sublevación en Barcelona que fue duramente reprimida por Espartero. Por ello, moderados, progresistas disidentes y sectores catalanes se unieron contra Espartero. Fue el general Narváez quien derrotó a Espartero en Torrejón de Ardoz (julio de 1843) y este marchó al exilio.
El problema carlista (1833–1840)
El origen del problema carlista (1833–1840), surgido tras la Pragmática Sanción, tuvo como características principales que se trataba de un movimiento de absolutistas y antiliberales. Los carlistas fueron defensores del sistema foral frente a la centralización y uniformización promovida por el liberalismo. Su base social estaba compuesta por el clero, el campesinado pobre, gran parte de la población rural y la clase media partidaria de los fueros. Las zonas en las que se extendió el carlismo fueron el País Vasco, Navarra, el Maestrazgo y la montaña catalana.
La guerra carlista se dividió en tres fases. En la primera fase se formó la organización militar carlista y se fijaron los frentes; aparecieron diversas partidas armadas y el general Zumalacárregui se puso al frente del ejército carlista. Los sucesivos cambios de mando en el ejército isabelino favorecieron a los carlistas que, pese a conseguir una serie de victorias (Artazu, Guernica, Larainzar), no lograron tomar ninguna gran ciudad. Con el fracaso carlista en el asedio de Bilbao, en el que murió Zumalacárregui, terminó la primera fase.
La segunda fase (julio de 1835 – septiembre de 1837) fue una etapa favorable para los carlistas porque el ejército isabelino estaba mal equipado por la falta de recursos económicos y tampoco recibía ayuda internacional; Espartero.