1. Introducción

La propiedad de la tierra fue la principal fuente de riqueza de la España del siglo XIX. La tierra estaba mayoritariamente en manos de la Iglesia, el Estado, la nobleza y los municipios. A estas tierras se las denominaba manos muertas: propiedades que no tributaban, no podían ser vendidas, estaban a menudo mal explotadas y generaban escasos rendimientos.

A principios del siglo XIX, se estima que el 80% del campo español se encontraba en esta situación, por lo que los gobiernos liberales intentaron cambiar este panorama, convirtiendo las tierras amortizadas en propiedad privada y libre.

El proceso desamortizador español se desarrolló principalmente desde el reinado de Carlos IV hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX.

2. Concepto y Mecanismo Desamortizador

La desamortización fue un largo e intermitente proceso político y económico mediante el cual el Estado español expropió y posteriormente vendió en pública subasta las propiedades rústicas y urbanas pertenecientes a entidades que no las podían enajenar, fundamentalmente la Iglesia (clero regular y secular) y los municipios (bienes de propios y comunes).

Toda desamortización constaba de dos fases principales:

1. Nacionalización de los bienes de manos muertas. El Estado expropiaba los bienes a sus propietarios institucionales. Esta expropiación se realizó a veces sin indemnización (como en la desamortización de Mendizábal) y otras con compensación mediante títulos de deuda pública (como en la de Madoz).
2. Privatización de los bienes nacionalizados. El Estado vendía en subastas públicas estos bienes, que eran adquiridos por particulares, convirtiéndose así en propiedad privada plena.

3. Las Desamortizaciones Durante el Antiguo Régimen

Ya en el siglo XVIII, un enorme porcentaje de las tierras de España eran improductivas o de bajo rendimiento. La finalidad de las reformas ilustradas era aumentar la riqueza nacional y crear una clase media de labradores propietarios que modernizara la agricultura. Por otro lado, la situación de la Hacienda pública era tradicionalmente deficitaria, y el Estado se veía obligado a recurrir a préstamos, a menudo en condiciones desfavorables.

Algunas medidas precursoras de la desamortización se llevaron a cabo a finales del siglo XVIII y principios del XIX:

• Durante el reinado de Carlos III, surgió la crítica ilustrada a las tierras amortizadas, consideradas una de las principales causas del atraso económico. Tras la expulsión de los jesuitas (1767), se expropiaron y vendieron algunos de sus bienes.
• Durante el reinado de Carlos IV, Manuel Godoy inició en 1798 la desamortización de bienes pertenecientes a hospitales, hospicios y otras obras pías regidas por instituciones eclesiásticas. Lo obtenido, sin embargo, no se empleó prioritariamente para sanear la deuda, sino para financiar gastos militares.
• Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), José I Bonaparte realizó una pequeña desamortización para sufragar los gastos bélicos. Paralelamente, las Cortes de Cádiz legislaron la supresión de señoríos y la expropiación de bienes de los afrancesados y de conventos extinguidos.
• Durante el Trienio Liberal (1820-1823), se reactivó la desamortización de bienes de la Inquisición y de monasterios, se suprimieron algunos mayorazgos y se vendieron tierras de propios y baldíos de los ayuntamientos. Sin embargo, con la restauración absolutista en 1823, Fernando VII anuló estas medidas y restituyó los bienes vendidos.

4. Proceso de Desamortización en el Siglo XIX

4.1. Objetivos de las Desamortizaciones Liberales

Los objetivos perseguidos por las grandes desamortizaciones del periodo liberal fueron diversos:

• Fiscales: Recaudar fondos para solucionar los acuciantes problemas de la Hacienda pública, bien para hacer frente a los gastos de la guerra (como la Primera Guerra Carlista en el caso de Mendizábal) o para financiar inversiones públicas, como la construcción del ferrocarril (en el caso de Madoz).
• Políticos: Crear una base social de propietarios que identificaran sus intereses económicos con el nuevo régimen liberal y lo defendieran.
• Económicos: Modernizar la estructura de la propiedad agraria, transformando la tierra en una mercancía libremente transmisible, con la expectativa de que esto impulsara la productividad y las transformaciones agrarias.
• Sociales: Aunque a menudo secundario en la práctica, existía la idea de que podría ser una ocasión para crear una clase media agraria de campesinos propietarios, redistribuyendo la tierra.

4.2. Desamortización de Mendizábal (1836-1837)

Durante la regencia de María Cristina y en plena guerra carlista, llegó al poder el progresista Juan Álvarez Mendizábal, quien decretó la disolución de las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y asistencia hospitalaria) y la nacionalización y venta en pública subasta de todos los bienes pertenecientes al clero regular.

Los objetivos principales de estas medidas eran:

• Obtener recursos económicos urgentes para financiar el ejército liberal contra los carlistas.
• Disminuir el poder económico e influencia social de la Iglesia, considerada un pilar del absolutismo.
• Reducir la enorme deuda pública acumulada.
• Facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a sectores burgueses y afines al liberalismo.
• Crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen isabelino.

Las fincas fueron tasadas por peritos y posteriormente subastadas. Sin embargo, la burguesía adinerada y la nobleza terrateniente acapararon la mayoría de las compras. Adquirir bienes desamortizados resultaba un excelente negocio: solo se exigía abonar un porcentaje (generalmente el 20%) al contado, mientras que el resto podía pagarse a plazos. Además, se admitían para el pago los títulos de deuda pública, a menudo adquiridos a bajo precio en el mercado secundario, lo que favoreció a los grandes tenedores de deuda.

Se recaudaron unos 3.500 millones de reales (cifras posteriores elevan la cantidad), una suma importante pero insuficiente frente a una deuda de la Hacienda que superaba los 13.000 millones en la época.

Los resultados de esta desamortización fueron complejos:

• Supuso el desmantelamiento casi completo de la propiedad territorial del clero regular y un duro golpe para el clero secular (cuyos bienes se desamortizarían más tarde, en 1841, aunque se suspendió pronto). Esto provocó la ruptura de relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
• La Hacienda no se saneó como se esperaba, aunque sí obtuvo fondos cruciales para la guerra.
• No cambió sustancialmente la estructura de la propiedad de la tierra, sino que tendió a consolidarla: aumentó el número y tamaño de los latifundios en el sur (Andalucía, Extremadura) y reforzó el minifundismo en el norte.
• No provocó un aumento inmediato y generalizado de la producción agraria, ya que muchos compradores eran especuladores o rentistas.

4.3. Desamortización General de Madoz (1855)

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, impulsó una nueva y más ambiciosa ley de desamortización, conocida como Ley General de Desamortización Civil y Eclesiástica.

Esta ley declaraba en venta todas las propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, al clero (incluyendo los bienes del clero secular que habían quedado pendientes), a las órdenes militares, cofradías, obras pías y santuarios, a las instituciones benéficas y de instrucción pública, y, muy significativamente, a los municipios (tanto los bienes de propios como los bienes comunes).

Los objetivos principales eran conseguir fondos para sanear definitivamente la Hacienda y, sobre todo, financiar la construcción de la red ferroviaria, considerada clave para la modernización económica del país. El volumen económico de esta desamortización fue considerablemente mayor que el de la de Mendizábal, recaudando más del doble.

Los resultados y consecuencias fueron también de gran alcance:

• La venta de los bienes de propios (aquellas tierras y propiedades municipales que se arrendaban y proporcionaban ingresos a los ayuntamientos) provocó la ruina financiera de muchos municipios, privándolos de una fuente esencial de financiación autónoma.
• La venta de los bienes comunes (tierras de aprovechamiento comunal gratuito o a bajo coste por los vecinos, como pastos, leñas o pequeñas parcelas de cultivo) perjudicó gravemente a los campesinos más pobres, que dependían de ellos para su subsistencia, proletarizándolos o empujándolos a la emigración.
• Completó la eliminación de la propiedad eclesiástica, lo que reavivó el conflicto con la Iglesia católica, aunque posteriormente se llegaría a acuerdos.
• Tampoco solucionó definitivamente el problema de la deuda pública, aunque proporcionó importantes recursos para las arcas estatales y la inversión en infraestructuras.
• No supuso una reforma agraria en el sentido de redistribución de la tierra entre los campesinos, pero sí trajo consigo una notable expansión de la superficie cultivada y, como resultado, un cierto incremento de la producción agraria total.

5. Consecuencias Generales de las Desamortizaciones

5.1. Consecuencias Económicas

Supusieron un aumento significativo de la producción agraria total, debido principalmente a la expansión de la superficie cultivada (roturación de nuevas tierras), más que a una mejora generalizada de las técnicas de cultivo, ya que muchos nuevos propietarios no realizaron grandes inversiones productivas. Se produjo una cierta especialización regional de cultivos, como los productos hortofrutícolas en Levante, o el olivar y la vid en Andalucía. Se acentuó la estructura de la propiedad preexistente: el minifundio en el norte y el latifundio en el sur. Los municipios sufrieron una grave crisis financiera por la pérdida de sus bienes.

5.2. Consecuencias Sociales

• No se consiguió crear la anhelada clase media agraria de campesinos propietarios. Por el contrario, muchos campesinos arrendatarios vieron empeorar sus condiciones o perdieron el acceso a las tierras comunales, lo que agravó la situación del jornalero sin tierra y generó conflictividad social en el campo.
• Se consolidó el poder económico de la burguesía urbana y terrateniente, que fue la principal compradora de bienes desamortizados, fusionándose en muchos casos con la antigua nobleza para formar una nueva élite propietaria.
• La nobleza, cuyos señoríos jurisdiccionales habían sido abolidos pero conservando la propiedad de sus tierras (desvinculación), no se vio directamente afectada por la desamortización y pudo incluso beneficiarse al adquirir nuevas tierras.
• La Iglesia católica perdió su base de poder económico territorial, lo que mermó su influencia social y su capacidad para ejercer la beneficencia tradicional.
• Los municipios se empobrecieron y aumentaron su dependencia financiera del Estado central.

5.3. Consecuencias Políticas

Se consolidó un grupo social de propietarios, tanto nobles como burgueses, vinculado al régimen liberal moderado, que se convirtió en el principal sostén político del sistema isabelino y de la Restauración posterior. Sin embargo, también generó una fuerte oposición en los sectores perjudicados (Iglesia, campesinado pobre, municipios) y alimentó el carlismo y, más tarde, los movimientos sociales agrarios.

5.4. Consecuencias Culturales y Patrimoniales

Produjo una enorme pérdida y dispersión del patrimonio histórico-artístico acumulado durante siglos por las instituciones eclesiásticas. Muchos edificios conventuales fueron abandonados, arruinados o destinados a usos inadecuados. Archivos, bibliotecas y obras de arte (pinturas, esculturas, orfebrería) fueron expoliados, vendidos a bajo precio o sacados del país, provocando un daño irreparable al patrimonio cultural español.

6. Reformas Agrarias Liberales del Siglo XIX

En la primera mitad del siglo XIX, el liberalismo español impulsó un conjunto de reformas que transformaron radicalmente la estructura de la propiedad y explotación de la tierra, configurando lo que se conoce como la reforma agraria liberal. Sus pilares fueron:

• La abolición del régimen señorial (decretada por las Cortes de Cádiz y confirmada en el Trienio Liberal), que suprimió los derechos jurisdiccionales de los señores pero les permitió conservar la propiedad de la tierra.
• La desvinculación de la propiedad, que permitió a la nobleza vender libremente sus tierras, acabando con instituciones como el mayorazgo.
• La desamortización eclesiástica y civil, que transfirió al mercado una ingente cantidad de tierra.

Estas reformas transformaron la tierra en una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente en el mercado, consolidando el concepto de propiedad privada capitalista. Este proceso de privatización puso una gran proporción de la superficie agraria en manos de individuos (antiguos propietarios nobles, burgueses urbanos, campesinos acomodados) interesados teóricamente en obtener beneficios, aunque en la práctica muchos actuaron como rentistas sin invertir en mejoras.

La consecuencia agraria más importante de esta reforma fue el notable aumento de la roturación de tierras. La superficie cultivada en España pasó aproximadamente de 10 a 16 millones de hectáreas entre principios y mediados del siglo XIX. Esto produjo un aumento considerable de la producción total, sobre todo de cereales, pero también de cultivos como el maíz, la patata, la vid y el olivo.

Por el contrario, la ganadería tradicional, especialmente la ovina trashumante ligada a la Mesta (cuyos privilegios fueron suprimidos), sufrió un importante retroceso debido al descenso de las exportaciones de lana, la abolición de sus privilegios de paso y pasto, y la roturación de muchas cañadas y dehesas para dedicarlas a la agricultura.

La estructura de la propiedad resultante de la reforma agraria liberal acentuó los desequilibrios territoriales: en el norte y Levante predominó la pequeña y mediana propiedad (minifundio), a menudo con una producción insuficiente para garantizar la plena rentabilidad; mientras que en la mitad sur peninsular (Andalucía, Extremadura, La Mancha) se consolidó o expandió la gran propiedad (latifundio), explotada a menudo de forma extensiva y con mano de obra jornalera.

7. Conclusión: Impacto y Legado

Pese a sus insuficiencias, objetivos no cumplidos y negativas consecuencias sociales para parte de la población rural, las desamortizaciones y el conjunto de la reforma agraria liberal cambiaron profundamente la situación del campo español y la estructura social del país.

Lamentablemente, el proceso no vino acompañado de una modernización técnica suficiente ni resolvió el problema del desigual reparto de la propiedad de la tierra, que continuó siendo uno de los problemas estructurales clave de la sociedad y la economía españolas contemporáneas, generando tensiones sociales y políticas durante décadas.

En conjunto, el proceso desamortizador contribuyó decisivamente a la transición hacia una sociedad burguesa en España y a la consolidación de una nueva élite terrateniente, formada por la fusión de la antigua aristocracia y la burguesía urbana enriquecida. Sin embargo, esta transformación estuvo lejos de producir una verdadera revolución agrícola comparable a la de otros países europeos, lastrando en parte el desarrollo económico general del país.