La Segunda República Española: Introducción

La Segunda República supuso un período fundamental en la historia de España, al ser un intento de establecer un régimen democrático en nuestro país. Este período significó el mayor esfuerzo reformista en la historia de España, que tuvo lugar en un agitado y desfavorable contexto internacional. Se pretendieron solucionar los viejos problemas del país y abordar su proceso de modernización. Pese a todo, la inestabilidad, las divisiones internas y la radicalización limitaron las posibilidades de éxito del régimen y fueron sentando las bases que dividirían al país en dos bandos que se enfrentarían en la Guerra Civil española.

La instauración de la II República, el Gobierno Provisional y la Constitución de 1931

Tras la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, Alfonso XIII nombró al general Berenguer para que hiciera la transición a la monarquía constitucional. El cambio fue tan gradual que el período fue denominado como «la Dictablanda» (es muy ilustrativo que la denominación del período tenga esta connotación sarcástica). En el inestable contexto y ante el malestar general, Berenguer dimitió y el almirante Aznar fue nombrado para dirigir el último período de la monarquía de Alfonso XIII, durante el que claramente asistimos a la descomposición del sistema y de la monarquía.

En el contexto anteriormente descrito, los partidos republicanos, los catalanistas de izquierdas y el PSOE firmaron el Pacto de San Sebastián, que establecía la hoja de ruta para la proclamación de la República. El 12 de abril de 1931 tuvieron lugar las elecciones municipales en las que las candidaturas republicanas triunfaron ampliamente en las principales capitales del país (aunque no en la España rural y pequeñas ciudades).

El resultado electoral fue entendido como un plebiscito o referéndum nacional contra la monarquía, por lo que dos días después Alfonso XIII abdicó y marchó al exilio, proclamándose la Segunda República el 14 de abril de 1931, en medio de un ambiente de entusiasmo popular, consenso y alegría.

El primer acto político del nuevo régimen consistió en el establecimiento de un Gobierno Provisional, en el que se integraban las principales figuras que protagonizaron el Pacto de San Sebastián. Destacaron integrantes de la derecha republicana como Miguel Maura o Niceto Alcalá Zamora; Alejandro Lerroux del Partido Radical; Azaña de Izquierda Republicana; o los socialistas Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos o Largo Caballero, llamados a tener un papel fundamental en el desarrollo de la Segunda República. Este Gobierno Provisional comenzó con algunas de las medidas reformistas que serían ampliadas y desarrolladas durante el Bienio Reformista o Social-Azañista, e inició las tareas para la redacción de la Constitución de 1931. Estas reformas evidenciaron desde un primer momento la oposición de los grupos conservadores de la sociedad española, pues veían en ellas un ataque a sus privilegios.

Así pues, parte del Ejército, élites económicas de la sociedad, propietarios rurales y, sobre todo, la Iglesia, comenzaron a mostrar su oposición al régimen republicano. Esta oposición no hizo sino acrecentarse, como veremos a lo largo del tema, hasta que se hizo efectiva la ruptura entre las «dos Españas», al producirse el golpe de Estado dirigido por el general Franco que acabó con la legalidad democrática y constitucional, dando inicio a la Guerra Civil.

Por otra parte, una tarea fundamental del nuevo Gobierno fue la convocatoria para elecciones a Cortes Constituyentes. Estas elecciones, celebradas en junio de 1931, arrojaron un resultado similar a la composición del Gobierno Provisional y en ellas se confirmó el éxito y el ascenso del PSOE. El texto constitucional resultante constaba de 125 artículos agrupados en nueve títulos. Estamos ante la Constitución más progresista y avanzada de la historia del constitucionalismo español, incluida la actual de 1978, que ha tomado bastantes elementos de la de 1931.

El Estado quedó definido como una República de trabajadores de todas las clases; encontramos la soberanía popular y, por supuesto, la división de poderes. El texto define a España como un Estado laico, en el que se introducen elementos progresistas como el matrimonio civil y el divorcio. Destaca también la concepción monocameral del poder legislativo y una muy amplia declaración de derechos y libertades. Por último, cabe destacar la concepción autonómica respecto a la organización político-administrativa del Estado, que acababa con la tradición centralista impuesta desde Felipe V, a inicios del siglo XVIII. El actual modelo autonómico de la Constitución de 1978 se inspira directamente en el texto constitucional de 1931.

La oposición al Gobierno pronto se puso de manifiesto. Las reformas, como hemos visto, no fueron del gusto de todo el mundo. Los monárquicos y la Iglesia fueron los principales opositores y conspiraron contra la República desde un primer momento. Los monárquicos intentaron un asalto al poder por medio de un pronunciamiento militar llevado a cabo por el general Sanjurjo (la Sanjurjada), pero la sublevación fracasó. Por otra parte, estuvieron los conflictos sociales protagonizados, entre otros, por los anarquistas. El suceso más grave fue el ocurrido en Casas Viejas (Cádiz) donde se enfrentaron campesinos, descontentos ante la lentitud de la reforma en el campo y el paro, y alentados por anarquistas, y la Guardia de Asalto, que reprimió ferozmente la revuelta produciéndose numerosos muertos. Este incidente desacreditó al Gobierno y a Azaña.

En las elecciones generales de 1933 (primera vez que votaron las mujeres en nuestro país) los partidos de izquierda más importantes (PSOE y republicanos de izquierdas) se presentaron desunidos; hubo un avance espectacular de la derecha y triunfó el Partido Radical de Lerroux, junto con la CEDA. Además, Azaña, tras los sucesos de Casas Viejas y la mala coyuntura económica del momento, había dimitido como presidente del Gobierno.

El Bienio Radical-Cedista

Tras los resultados electorales se formó un Gobierno presidido por Lerroux (republicano radical) con el apoyo de la CEDA, pero sin su intervención.

El Gobierno procedió a la paralización de la mayor parte de las reformas del período anterior: paralizó la reforma agraria, otorgó un presupuesto para el culto y el clero, amnistió a los golpistas de 1932 (Sanjurjo y otros militares), se redujo el presupuesto de educación y se recortó la autonomía en Cataluña y el País Vasco.

En 1934, Gil Robles de la CEDA provocó una crisis en el Gobierno y consiguió la entrada de tres ministros, incluido él, de la CEDA, en el Gobierno. La UGT convocó huelgas generales en las grandes ciudades. La declaración del estado de guerra por el Gobierno y la escasa organización hicieron que tuviera escaso éxito, salvo en Madrid y, sobre todo, en Cataluña y Asturias. En Cataluña, Lluís Companys declaró la República Catalana. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo entre socialistas, comunistas y anarquistas. Columnas de mineros armados ocuparon la cuenca minera. El Gobierno mandó a la Legión, al mando de Franco, y tras una dura represión sofocó la revuelta en la que hubo más de mil muertos. Muchos historiadores consideran la Revolución de Octubre de 1934 como un claro antecedente de la Guerra Civil.