4.2: La paralización de las reformas
En el campo se frenó la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras en la nobleza, se anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos y se concedió total libertad de contratación. Los propietarios mostraron su voluntad de desquitarse de las reformas anteriores y los campesinos respondieron con huelgas. La cuestión agrícola enfrentó también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña, en manos de los republicanos de izquierda. El Gobierno de la Generalitat no aceptó la anulación y aprobó una nueva ley. Por otro lado, el gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar, en las cortes, la discusión del proyecto de estatuto vasco por el PNV. El gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero e iniciando negociaciones para firmar un concordato con la Santa Sede. Se aprobó una amnistía para los sublevados en Sanjurjo y para los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. Todo esto tuvo como consecuencia una radicalización del PSOE y la UGT. El sector radical del PSOE y los anarquistas declararon una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que se materializó en la proliferación de huelgas y conflictos.
4.3: La revolución de octubre de 1934
Se produjeron huelgas y manifestaciones en algunas grandes ciudades para defender las reformas sociales, amenazadas por la acción del nuevo gobierno. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, socialistas y comunistas. La represión fue durísima: más de 1000 mineros muertos, muchos como resultado de ejecuciones sumarias ordenadas por los mandos militares, 200 heridos y unos 5000 detenidos aproximadamente. Cataluña contó con el respaldo del presidente de la Generalitat. Por último, se declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet.
4.4: La crisis del segundo bienio
Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas de rigor y proceder a una reorientación más dura de la política y del gobierno. Se suspendió el estatuto de Autonomía de Cataluña, y los campesinos fueron obligados a pagar la totalidad de las rentas, incluidos los atrasos desde 1931. Se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la guerra y a Francisco Franco, jefe del estado mayor. Una fuerte crisis de gobierno estalló en 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de escándalos de corrupción, como el caso de estraperlo (una ruleta trucada que bajo soborno se había intentado implantar en varios casinos españoles). Estos escándalos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental. Gil Robles intentó que le nombraran presidente de gobierno pero Zamora se negó y se convocaron nuevas elecciones.
5: El triunfo del frente popular
5.1: Las elecciones de febrero de 1936
Para presentarse, los partidos de izquierda se agruparon en el frente popular. Los partidos de derecha formaron distintas coaliciones, constituidas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas (Bloque Nacional). Pero las derechas no lograron confeccionar una candidatura única para toda España ni redactar un programa electoral consensuado. En las elecciones, el frente popular obtuvo más votos y se convirtió en la fuerza ganadora. Finalmente, el nuevo gobierno quedó formado por republicanos, mientras que los socialistas y el resto de partidos de la coalición se comprometieron a prestarle apoyo parlamentario. Azaña fue nombrado presidente de la república y Casares Quiroga, jefe de gobierno.
5.2: El frente popular
El nuevo gobierno puso rápidamente en marcha el programa pactado en la coalición electoral. Se decretó una amnistía donde fueron encarcelados muchos presos y se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de las huelgas de octubre de 1934. El nuevo gobierno reanudó el proceso reformista y presentó un proyecto para la devolución de los bienes comunales a los municipios y la reanudación de los asentamientos de los campesinos. Los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a una movilización popular. Los anarquistas defendían la necesidad de acciones revolucionarias, al igual que un sector del socialismo. En las ciudades se convocaron huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales en el campo. La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo, muchos propietarios de tierras se opusieron a las medidas de gobierno, cerraron fábricas algunos empresarios, etc.
5.3: Hacia el golpe de estado
La misma noche de las elecciones, el general Franco intentó declarar el estado de guerra. En marzo, un grupo de generales acordó un alzamiento que restableciese el orden. En los primeros momentos, la conspiración militar tuvo escasa fuerza y mala organización hasta que se puso al frente el general Emilio Mola. Su plan consistía en organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones posibles. Para frenar los rumores golpistas, el gobierno trasladó de destino a los generales más directamente implicados en los complots, pero no se atrevió a destituirlos. La conspiración militar contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha. También se establecieron contactos con Italia fascista y Alemania nazi. El día 14 de julio se produjo en Madrid el asesinato, a manos de un grupo de izquierdistas, del dirigente José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que colaboraba con las milicias de la izquierda. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en Marruecos el día 17 de julio, dando origen a una guerra civil que se prolongaría durante 3 años.