La reforma del Estado centralista

En Cataluña, Francesc Macià había proclamado la República Catalana. Esta proclamación creaba un grave problema, dado que el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de este. La negociación entre el Gobierno Provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión, a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional (Generalitat), cuya primera tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía. Una comisión quedó encargada de redactar dicho estatuto (conocido como el Estatuto de Nuria). La Constitución ofreció un marco legal al Estatuto de Autonomía de Cataluña. La aprobación del estatuto contó con la virulenta oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos. El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento propios, con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocía la cooficialidad del catalán. Las primeras elecciones legislativas al Parlamento catalán hicieron que Francesc Macià fuese elegido presidente de la Generalitat.

En el País Vasco, aprobaron un proyecto de estatuto (el Estatuto de Estella). Sin embargo, su aprobación se retrasó debido a la oposición del republicanismo de izquierdas y de los socialistas, que consideraban este proyecto en exceso confesional. En octubre de 1936, ya iniciada la guerra, se aprobó un estatuto, fruto de un consenso político entre nacionalistas, republicanos y socialistas, con José Antonio Aguirre como figura destacada.

En Galicia, la conciencia nacionalista era menos acusada y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica.

La obra educativa y cultural

Otra reforma importante fue la de la enseñanza. Por un lado, el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación extendido a toda la población. El centro de su actividad fue la enseñanza primaria, mientras que el presupuesto de educación se incrementó en un 50 %. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita.

Por otro lado, los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría. Las Misiones Pedagógicas, formadas por grupos ambulantes de estudiantes, profesores e intelectuales, llevaban a las zonas rurales bibliotecas y grupos de teatro como La Barraca.

Las reformas laborales

El socialista Francisco Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos. Se estableció también la semana laboral y se estimuló el aumento de los salarios. Se promovió la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo. Estas medidas provocaron la irritación de las organizaciones patronales, que se opusieron a su promulgación y consiguieron frenar algunos proyectos.

Los problemas de la coalición republicano-socialista

Una coyuntura económica desfavorable

El cambio de régimen coincidió con la depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bolsa de Nueva York. Esta crisis incidió de manera más débil en la economía española que en otros países occidentales, debido a la reducida relación de nuestra economía con el mercado internacional, aunque toda la economía mundial entraría en una profunda recesión. La crisis mundial paralizó la emigración a América.

La crisis internacional agravó los ya tradicionales problemas internos de la economía española. A estos problemas crónicos se sumaron los derivados de la política económica del gobierno republicano. Así pues, el aumento generalizado de los salarios industriales y agrícolas que decretó el gobierno del primer bienio, si bien tuvo algunos efectos positivos sobre la economía al elevar la renta de los trabajadores y aumentar la demanda de bienes de consumo, no se correspondió con un crecimiento de la productividad e hizo descender los beneficios empresariales. Esto dio lugar a un aumento del descontento y la desconfianza del empresariado industrial y de los grandes propietarios agrícolas. Como consecuencia, la inversión privada tuvo un hundimiento espectacular.

Por último, el gobierno optó por una política orientada a disminuir el gasto público para reducir el déficit heredado de la Dictadura de Primo de Rivera y conseguir el equilibrio presupuestario. Sin embargo, la disminución de la inversión pública tuvo repercusiones desastrosas sobre los sectores de bienes de inversión.

La conflictividad social

La lentitud de las reformas emprendidas provocó el desencanto y la impaciencia de los trabajadores, teniendo en cuenta que el paro era muy alto y la actitud de la patronal y de los propietarios agrícolas. La reforma agraria representaba para muchos campesinos la única esperanza de mejorar su nivel de vida.

La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. La CNT (Confederación Nacional del Trabajo) vio la ocasión idónea para su proyecto revolucionario y fomentó la conflictividad laboral y la insurrección campesina con la finalidad de destruir el orden burgués existente. La conflictividad social alcanzó su punto álgido cuando a los intentos revolucionarios se sumaron los sectores más radicales del socialismo, encabezados por Largo Caballero a través de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT).

Las huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento. Estas revueltas consistían en tomar el ayuntamiento, quemar el registro de la propiedad, colectivizar la propiedad y declarar el comunismo libertario, y finalizaban con la llegada de las tropas de la Guardia Civil. La posterior represión solía ser muy cruenta y provocaba la muerte de campesinos. También los socialistas alentaron revueltas campesinas, como la de Castilblanco.

Estos hechos produjeron un enorme desgaste del gobierno, que se vio desacreditado como consecuencia de las duras medidas policiales adoptadas para establecer el orden público.

La reorganización de las derechas

Las reformas republicanas y la conflictividad social disgustaron a las élites económicas, sociales e ideológicas. Asimismo, amplias capas de las clases medias consideraban los cambios demasiado radicales. Todos estos grupos se fueron organizando alrededor de los tradicionales partidos conservadores para oponerse al gobierno.

El centroderecha se reestructuró alrededor del Partido Radical de Lerroux, que no estaba tan opuesto a la República como a su carácter de izquierda. Igualmente, la derecha monárquica consiguió importantes progresos e impulsó grandes campañas de oposición a la reforma religiosa, a la reforma agraria y al Estatuto de Cataluña. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) contó rápidamente con un buen número de afiliados y con un líder indiscutible: José María Gil Robles.

Renovación Española, la Comunión Tradicionalista y los grupos fascistas de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) y Falange Española, realizaron una intensa actividad de agitación contra lo que ellos consideraban el avance del marxismo y el peligro de una revolución bolchevique. Con sus acusaciones consiguieron crear un clima de crispación y de temor que acabó arrastrando al conjunto de la derecha.

En este contexto, algunos sectores del ejército pretendieron aprovechar el descontento generado entre los grupos más conservadores de la sociedad. Haciéndose eco de este malestar, el General Sanjurjo protagonizó un golpe de Estado con la pretensión de forzar el viraje de la República hacia la derecha, pero fracasó estrepitosamente. En 1933 se creó la Unión Militar Española (UME), una organización clandestina de militares derechistas y antirreformistas.