El sistema democrático, interrumpido tras el final de la Guerra Civil por una dictadura de casi 40 años, retornó a nuestro país y es el que ordena nuestra vida política actual. El Rey optó por la vía reformista: la legalización de los partidos políticos y de los sindicatos, los decretos de amnistía, la supresión de los tribunales especiales y el reconocimiento de facto de las instituciones propias del País Vasco y de Cataluña fueron hitos que jalonaron los primeros años de la Transición y que condujeron a la Constitución de 1978.

1. Los Primeros Pasos: De Arias Navarro a Adolfo Suárez

Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, se planteaban en España tres posibles alternativas:

1. Continuidad sin cambios del sistema franquista (franquismo sin Franco), defendida por las fuerzas políticas y los sectores más representativos del franquismo (el Búnker).
2. Ruptura democrática: disolución de las instituciones franquistas y la formación de un gobierno provisional que garantizara las estructuras democráticas. Defendida por los integrantes de la Junta Democrática.
3. Ruptura pactada o reforma de las instituciones franquistas, para que, desde la legalidad, se desembocara paulatinamente en el sistema democrático.

El 22 de noviembre de 1975, las Cortes franquistas proclamaron, según voluntad del dictador, a don Juan Carlos como Rey de España.

El papel del Rey fue decisivo. Sus ideas eran un enigma; había sido nombrado por Franco y la oposición creyó que con él continuaría el franquismo. De él desconfiaban desde los franquistas puros hasta sectores monárquicos que seguían a su padre, don Juan. Sin embargo, se convertiría en el motor del cambio, optando por la vía reformista. Para realizar este cambio, contaría con tres hombres clave con puestos de responsabilidad en el franquismo: el teniente general Gutiérrez Mellado, Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez.

En un principio, se confirmó a Arias Navarro como Presidente del primer Gobierno de la Monarquía para garantizar la estabilidad en un momento de gran incertidumbre. No obstante, este se vio obligado a incluir en su gobierno a varios ministros aperturistas: Fraga, Areilza y Garrigues.

Se inició una serie de cambios:

• Indultó a numerosos presos políticos.
• Legalizó los partidos políticos (excepto los nacionalistas y los comunistas).
• Sin embargo, no abordó la cuestión de las elecciones generales ni de las autonomías.

El Rey se encontró con que no podía impulsar las reformas hacia la democracia con Arias Navarro. No era aconsejable destituirlo directamente, por lo que don Juan Carlos le manifestó su descontento por la marcha del país, forzando así su dimisión.

Tras numerosas negociaciones, Fernández-Miranda consiguió que el Consejo del Reino, órgano que asesora al monarca, incluyese como candidato a Adolfo Suárez, un hombre joven y vinculado a la Falange. Había sido Ministro Secretario General del Movimiento y había defendido ante las Cortes franquistas la Ley sobre el Derecho de Asociación Política.

El Rey eligió a Suárez el 3 de julio de 1976 como Presidente del Gobierno. El nombramiento fue mal visto por la oposición, dado su origen falangista, y por los sectores reformistas del franquismo al considerarlo poco capacitado para ejercer la presidencia. Muchos se negaron a formar gobierno con él. No le quedó más remedio que formar un gobierno de segundones que fue calificado como un gobierno de «penenes» (interinos).

El Rey se convertía en el «motor» del cambio y Suárez en el principal «actor». Comenzaba así una nueva tentativa de reforma que sería definitiva.

2. El Desmantelamiento del Franquismo y el Camino hacia la Democracia

Suárez comenzó a actuar en dos frentes: negociar secretamente con la oposición (incluidos socialistas y comunistas) y aceptar la realidad de los nacionalismos mediante la amnistía; y, por otro lado, la liquidación de las Cortes franquistas.

Su objetivo era desmontar el franquismo desde dentro. Veamos los pasos más importantes:

Hitos Legislativos y Políticos

• Ley para la Reforma Política: En virtud de esta ley se constituirían futuras Cortes bicamerales (Congreso y Senado), ambas cámaras elegidas por el voto de los ciudadanos. Aunque dicha ley suponía la liquidación de las estructuras franquistas y de las propias Cortes, estas la aprobaron por amplísima mayoría. Era la liquidación política del franquismo, pieza clave para la Transición democrática. Tras una tensa campaña electoral cuajada de atentados del GRAPO y de ETA, el 15 de diciembre de 1976, el pueblo español la aprobó en referéndum por abrumadora mayoría.
• Legalización de los partidos políticos: Entre enero y junio de 1977, Suárez usó el decreto-ley para agilizar la reforma. Entre estos decretos se incluía la legalización de los partidos políticos que aún no lo habían sido. La legalización del PCE era la verdadera prueba de fuego. Si se querían convocar elecciones verdaderamente democráticas, era imprescindible que el PCE pudiera presentarse. El 1 de abril se disolvió el Movimiento Nacional. El 9 de abril, Domingo de Resurrección, fue legalizado el Partido Comunista.
• Regulación de las Normas Electorales (23 de marzo de 1977): En este decreto-ley, las elecciones se harían por sufragio universal directo. Además, se reconocía el derecho a la huelga, la libertad de expresión, entre otros. El 15 de abril del mismo año se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes, que habrían de celebrarse el 15 de junio. Previamente, don Juan cedió los derechos del trono a su hijo (14 de mayo). Se produjo una segunda amnistía y se restableció con carácter provisional algunas instituciones autónomas como la Generalitat de Cataluña, y el presidente de ERC, Josep Tarradellas, volvió del exilio. También se puso en marcha un gobierno autonómico en el País Vasco.

Los primeros meses de 1977 constituyeron la etapa más difícil y delicada de la Transición. Las tensiones eran muy fuertes, tanto por parte de la extrema derecha como de la extrema izquierda. ETA seguía matando, contribuyendo a desestabilizar el país. De la misma manera, los sectores inmovilistas llevaron a cabo atentados.

Además, la inestable situación económica generaba continuas huelgas y manifestaciones que contribuyeron a dar una sensación de anarquía y caos que era utilizada demagógicamente por los partidarios del régimen.

3. Elecciones del 15 de Junio de 1977

Convocadas las elecciones, se pasó a la formación de diversas coaliciones electorales:

Derecha

• La ultraderecha se presentaba atomizada en un mosaico de partidos sin posibilidades de éxito. El más relevante fue Fuerza Nueva (FN), dirigido por Blas Piñar.
• Alianza Popular (AP), encabezada por Manuel Fraga Iribarne, acogía a varios exministros de Franco.

Centro

• Unión de Centro Democrático (UCD), un conglomerado de partidos de ideología democristiana y socialdemócrata. Lo dirigía Adolfo Suárez, quien había conseguido un gran prestigio.

Izquierda

• El PSOE, representado por Felipe González, contaba con muchos apoyos internacionales. Otro partido socialista que luego se integraría en el PSOE fue el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván.
• El Partido Comunista de España (PCE) de Santiago Carrillo apelaba al sentido de la reconciliación, pero era visto por muchos como un grupo revolucionario.
• A la izquierda del PCE, al igual que pasaba con la extrema derecha, se presentaron un sinnúmero de partidos.

Partidos Nacionalistas

• En Cataluña se presentaron varios partidos y coaliciones. El más importante fue Pacto Democrático por Cataluña, una coalición de varios grupos de los cuales el más importante era Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), fundado por Jordi Pujol.
• En el País Vasco, la fuerza más importante era el Partido Nacionalista Vasco (PNV), dirigido por Xabier Arzalluz.

En un clima de libertad, se celebraron las elecciones generales el 15 de junio de 1977. Con cerca del 80% de participación, UCD consiguió 165 diputados, seguido por el PSOE con 118. Los comunistas obtuvieron 20 diputados y los franquistas de AP, 16.

Mientras en lo político el objetivo fundamental era la redacción de la Constitución, en lo económico el fin primordial era combatir la grave crisis económica. Los sucesivos gobiernos habían aparcado la toma de decisiones en este sentido y ahora la situación era insostenible: inflación próxima al 40%, aumento del paro, etc. El Gobierno propuso un pacto a todas las fuerzas políticas y sindicales. Estos acuerdos se conocieron como los Pactos de la Moncloa y fueron aprobados por todas las formaciones el 15 de octubre de 1977. Algunas de las medidas fueron: contención del gasto público, devaluación de la peseta, subida controlada de salarios y una reforma fiscal donde se creó el IRPF. Todas las formaciones se comprometieron a combatir la crisis.

4. La Constitución de 1978

El encargo de elaborar la Constitución recayó en una Comisión Constitucional formada por siete diputados: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD); Jordi Solé Tura (PCE); Gregorio Peces-Barba (PSOE); Manuel Fraga (AP) y Miquel Roca (CiU). Un aspecto criticado fue la ausencia de un representante del nacionalismo vasco.

El 31 de agosto, el proyecto fue discutido y aprobado en las Cortes. El 6 de diciembre de ese mismo año se celebró un referéndum, donde el pueblo español le otorgó su apoyo.

El 27 de diciembre, el Rey sancionó la Constitución y el 29 se publicó en el BOE.

Principios y Estructura de la Constitución

El preámbulo recoge los valores en que se basa (justicia, libertad, seguridad, etc.), y las metas a las que apunta la convivencia democrática: Estado de Derecho, protección de los individuos y de los pueblos, progreso cultural y económico.

El Título Preliminar establece que la soberanía recae en el pueblo español, bajo la fórmula política de la Monarquía Parlamentaria.

El Título I desarrolla los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos. Queda abolida la pena de muerte y se proclama la aconfesionalidad del Estado.

Además, se creó la figura del Defensor del Pueblo para garantizar los derechos básicos de los españoles.

La Jefatura del Estado la ocupa el Rey; su cargo es vitalicio y hereditario (primando la línea sucesoria masculina). Sus atribuciones incluyen la representación simbólica de la nación, la sanción de las leyes aprobadas por las Cortes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas.

Separación de Poderes y Organización Territorial

En cuanto a la separación de poderes, la Constitución la reconoce. El Poder Ejecutivo es responsabilidad del Gobierno, que se compone del Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros. El Presidente del Gobierno es elegido por el Congreso de los Diputados a propuesta del Rey. Los Ministros son nombrados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno.

El Poder Legislativo se basa en un sistema bicameral porque las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, ambos elegidos por sufragio universal. El Congreso tiene muchas más atribuciones que el Senado, que, de hecho, solo tiene funciones de segunda lectura.

El Congreso se compone de un mínimo de 300 diputados y un máximo de 400. El Senado es una cámara de representación territorial; la mayor parte de los senadores son elegidos por los electores de cada provincia, mientras que el resto son designados por los parlamentos de cada comunidad autónoma.

El Poder Judicial está integrado por jueces y magistrados, que son inamovibles. Se encuentran sometidos al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. Existe el Tribunal Supremo con jurisdicción en toda España, que es el órgano judicial superior de todos los órdenes.

La Constitución declara que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones con capacidad para tomar decisiones políticas. Las Comunidades Autónomas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden a su autogobierno.

El Gobierno central se reserva la exclusividad de las competencias sobre las relaciones internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, sistema monetario, hacienda, etc.

Las Comunidades Autónomas tendrán competencias en áreas como: turismo, carreteras, educación, pesca, policía, etc. Cada comunidad formará sus propios parlamentos y elegirá a su propio presidente de gobierno. También disponen de recursos económicos propios para gestionarlos libremente, ya que se financian mediante los impuestos cedidos por el Estado central, salvo en el caso del País Vasco y Navarra.

Con el posterior desarrollo de las autonomías, España quedó constituida por 17 Comunidades Autónomas, más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Conclusión

Una vez aprobada la Constitución, se procedió a la convocatoria de elecciones a Cortes Generales para el 1 de marzo de 1979, lo que supuso una nueva victoria de UCD. En 1982, el PSOE ganaría las elecciones con mayoría absoluta, hecho que para algunos marcó el fin de la Transición.