Leyes de Prensa Durante el Franquismo: Un Vistazo Comparativo

Ley de Prensa de 1938 (Ley Serrano Súñer)

Promulgada en plena Guerra Civil en la zona sublevada, esta ley estableció un férreo control sobre la información y los medios de comunicación. Sus principales características fueron:

• Control estatal absoluto: El artículo 1 establecía: «Corresponde al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la prensa periódica».
• Censura previa obligatoria: Todo contenido debía ser sometido a consulta y aprobación antes de su publicación.
• Sistema de consignas: El régimen dictaba directrices obligatorias sobre qué informar y cómo hacerlo, transmitidas por diversas vías.
• Designación de directores: El Estado intervenía directamente en el nombramiento de los directores de los periódicos.
• Control de la profesión periodística: Se creó el Registro Oficial de Periodistas. Era obligatorio poseer el carnet para ejercer la profesión (requisito aplicado en la zona nacional desde julio de 1936). De unas 4.000 solicitudes presentadas en 1940, solo fueron inscritos 1.800 periodistas. En 1941 se fundó la Escuela Oficial de Periodismo, y cursar sus estudios era indispensable para obtener dicho carnet.
• Asignación de cupos de papel: El Estado controlaba la distribución de papel prensa, un mecanismo eficaz para premiar o castigar a las publicaciones.
• Restricciones en información internacional: No se permitían comentarios propios sobre temas internacionales; la línea informativa era dictada por el régimen.
• Conexión obligatoria a RNE: Los periódicos y emisoras debían conectar con los informativos de Radio Nacional de España.
• Regulación del número de publicaciones: El Estado decidía cuántos periódicos se publicarían y cuáles serían autorizados.
• Régimen sancionador severo: Las sanciones incluían multas, destitución del director, cancelación de la inscripción del director en el Registro Oficial de Periodistas, incautación del periódico, penas de cárcel, suspensión de la publicación y cierre definitivo del medio.

Ley de Prensa e Imprenta de 1966 (Ley Fraga)

Impulsada por el ministro Manuel Fraga Iribarne, esta ley supuso una tímida apertura respecto a la anterior, aunque mantuvo importantes mecanismos de control. Sus puntos clave, en comparación con la ley de 1938, fueron:

• Control estatal y libertad de expresión: Aunque se reconocía formalmente la libertad de expresión en su artículo 1, el artículo 2 de esta ley la delimitaba y restringía, manteniendo un control estatal indirecto y estableciendo numerosos límites (respeto a la verdad, la moral, el orden público, las instituciones, etc.).
• Supresión de la censura previa obligatoria: Se eliminó la necesidad de someter los textos a aprobación previa. En su lugar, se instauró un sistema de consulta voluntaria y depósito previo de las publicaciones. No obstante, esto fomentó la autocensura por temor a las posibles sanciones a posteriori.
• Eliminación de consignas directas: Se suprimieron formalmente las consignas explícitas y sistemáticas del régimen.
• Designación del director: Mayor libertad en la designación del director por parte de la empresa editora, aunque tanto él como los periodistas eran responsables y podían ser sancionados por incumplir las limitaciones impuestas por la ley.
• Control de la profesión periodística: Se mantuvo el Registro Oficial de Periodistas y la obligatoriedad del carnet para ejercer. La Escuela Oficial de Periodismo continuó siendo el principal acceso a la profesión.
• Cupos de papel: Desapareció la asignación discrecional de cupos de papel como mecanismo de control directo.
• Comentarios internacionales: Se eliminó la prohibición explícita de realizar comentarios propios sobre temas internacionales, aunque la interpretación de las noticias seguía sujeta a la vigilancia y posibles sanciones.
• Conexión a RNE: Se mantuvo la obligatoriedad de conexión con los informativos de Radio Nacional de España (RNE) hasta 1977.
• Número de periódicos: Desapareció la potestad del Estado para determinar cuántos y cuáles periódicos se publicaban. Sin embargo, se creó el Registro de Empresas Periodísticas, que regulaba el derecho a editar publicaciones periódicas y establecía las condiciones para fundar empresas del sector.
• Sanciones: Se mantuvo un amplio abanico de sanciones, que incluían multas, destitución del director, cancelación de la inscripción en el Registro Oficial de Periodistas, incautación de publicaciones, suspensión y cierre de medios, e incluso penas de cárcel.

El Periodismo Español Durante la Transición a la Democracia

La Transición Española: Definición y Contexto

La Transición española es el intervalo de tiempo durante el cual se transita de un régimen autoritario, la dictadura franquista, a un gobierno democrático. En este período se constituyeron las instituciones democráticas fundamentales: el Parlamento, los partidos políticos y la Monarquía parlamentaria (esta última ya perfilada por la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, mediante la cual Juan Carlos I fue designado sucesor de Franco a título de Rey).

No existe un consenso unánime entre los historiadores sobre cuándo comienza y cuándo concluye este período. Algunos sitúan su inicio con el asesinato del almirante Carrero Blanco en diciembre de 1973, otros con la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975. Para algunos, concluye con la aprobación de la Constitución de 1978; para otros, con el fin del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F), o incluso con la victoria del PSOE en las elecciones generales de 1982. Este último hito se considera a menudo la consolidación de la democracia, momento en el que se asienta en España un sistema bipartidista protagonizado por el PSOE y Alianza Popular (posteriormente Partido Popular).

En 1975, al morir Franco, este bipartidismo aún no existía, y coexistían diversas posturas dentro de la esfera política española:

• Inmovilistas ultras: Deseaban el mantenimiento del régimen franquista sin modificaciones. Defendían a ultranza la continuidad del sistema. Estaban representados por partidos como Fuerza Nueva y figuras como José Antonio Girón de Velasco.
• Vía reformista: Proponía la reformulación de las Leyes Fundamentales de la dictadura para adaptarlas al contexto internacional y evolucionar hacia una democracia. No obstante, dentro de esta corriente existían reticencias a ciertas reformas, como la legalización del Partido Comunista de España (PCE) —lo que generaría tensiones en la futura Unión de Centro Democrático (UCD) y contribuiría a la dimisión de Adolfo Suárez en 1981— o la descentralización territorial.
• Línea rupturista: Abogaba por una ruptura tajante con la dictadura y todo el entramado franquista. Esta postura era defendida principalmente por comunistas y socialistas, quienes tomaban como referencia los gobiernos provisionales establecidos en otros países europeos tras la caída de regímenes fascistas.

El Papel de Juan Carlos I y el Nombramiento de Adolfo Suárez

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, fue proclamado rey Juan Carlos de Borbón, quien reinó con el nombre de Juan Carlos I. Su primer discurso fue marcadamente prudente. No obstante, comenzaron a mencionarse conceptos como libertad, consenso y tolerancia, con el objetivo de alcanzar un gran acuerdo nacional.

Aunque la vía reformista fue la que prevaleció, se observaría cómo el juramento de lealtad al régimen y sus normas, realizado según la Ley de Sucesión, no se seguiría estrictamente. Los cambios serían graduales pero rápidos. El Gobierno utilizó sus propios instrumentos legales, mientras que la oposición fue renunciando a algunas de sus reivindicaciones iniciales más maximalistas en aras del consenso.

Mientras tanto, Carlos Arias Navarro se mantenía como Presidente del Gobierno. Continuaba fiel a los dictados del régimen, sin oponerse ni mostrarse crítico con sus directrices, y carecía de gran autoridad tanto a nivel internacional como dentro del país. Estaba desprestigiado ante la opinión pública. Mantenerlo como presidente fue interpretado por algunos como un acierto táctico de la Corona, ya que permitía demostrar a la sociedad que el proyecto reformista limitado, inicialmente ideado por Manuel Fraga, resultaba insuficiente e ineficaz. Arias Navarro expuso su proyecto en las Cortes, decepcionando a quienes esperaban un cambio significativo.

Durante un viaje del Rey a Estados Unidos en junio de 1976, unas declaraciones suyas publicadas en la revista Newsweek, en las que calificaba la gestión de Arias Navarro como un «desastre sin paliativos», precipitaron su dimisión el 1 de julio de 1976. El Consejo del Reino se reunió y la prensa barajó nombres de posibles sucesores (aún no se habían celebrado elecciones). El 3 de julio de 1976, contra todo pronóstico, Adolfo Suárez González fue nombrado Presidente del Gobierno. Suárez había sido considerado el delfín de Carrero Blanco, había sido director general de RTVE, gobernador civil de Segovia, pertenecía a la Falange y había sido ministro secretario general del Movimiento. Algunos medios interpretaron su nombramiento como una continuidad del franquismo.

La Agenda de Suárez y la Ley para la Reforma Política

Suárez declaró que «la iniciativa de gobierno sea reflejo de la petición popular». Utilizó frecuentemente la televisión por su capacidad de generar cercanía. Sabía cómo usarla: se dirigía directamente a la ciudadanía cada vez que tenía un mensaje importante que comunicar, creando una sensación de proximidad con una mirada que transmitía sinceridad. Este fue uno de sus puntos fuertes. Explicó sus líneas de actuación, que incluían:

• La devolución de la soberanía al pueblo español.
• El reconocimiento de que el pueblo había vivido bajo una dictadura.
• La promoción de la libertad de expresión y de información.
• El establecimiento de los derechos de asociación y de reunión.
• La legalización de los partidos políticos y sindicatos.
• La amnistía para presos por delitos políticos.
• La celebración de elecciones libres con un sistema electoral proporcional.
• La creación de una Constitución.

El objetivo era crear una democracia dentro de un marco constitucional. Suárez planteó una transición «de la ley a la ley, a través de la ley». Esto implicaba utilizar los propios mecanismos legales del régimen para transformarlo, siendo la Ley para la Reforma Política (la última ley fundamental del franquismo) el instrumento clave diseñado para desmontar el sistema desde dentro. Fue la votación más importante en las Cortes franquistas desde 1939. Se aprobó el proyecto de ley el 18 de noviembre de 1976, que resultó clave para la disolución de la dictadura. Esta fue la primera gran victoria de Suárez, al recibir el apoyo de 453 procuradores. Un mes después, el 15 de diciembre de 1976, la televisión animó a la ciudadanía a votar en el referéndum sobre dicha ley. La ley fue aprobada por referéndum en toda España (el 94,17% de los votantes dijo «sí», depositando su voto en urnas de madera), y con ello las Cortes franquistas se autodisolvieron.

En los siguientes tres años, se aprobaron la Constitución y se desarrolló el proyecto de las autonomías. Entre 1976 y 1977, la violencia de la extrema izquierda (GRAPO) y la extrema derecha (que consideraba a Suárez un traidor) intentó desestabilizar el Gobierno, destacando el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo (presidente del Consejo de Estado) y el posterior del teniente general Emilio Villaescusa Quilis (presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar), así como el brutal asesinato de los abogados de Atocha. El teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, nombrado vicepresidente para Asuntos de la Defensa, se encargó de apaciguar los ánimos en los sectores del Ejército y la derecha más enfrentados a Suárez.

Este período de tensión culminó en la conocida como «Semana Negra» de enero de 1977: el día 23 fue secuestrado Oriol; el mismo día, un estudiante, Arturo Ruiz, murió en una manifestación proamnistía por el impacto de un bote de humo policial; el día 24, otra estudiante, Mari Luz Nájera, falleció por idéntica causa; y esa misma noche, pistoleros de extrema derecha asesinaron a los cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y CCOO en su despacho de la calle Atocha, 55. La respuesta del Estado y de la sociedad fue notablemente serena. Fue un momento de extrema tensión, y el Gobierno se esforzó por calmar los ánimos. Destacó la actitud de Comisiones Obreras (CCOO) durante el multitudinario entierro de los abogados, donde sus propios miembros se encargaron del servicio de orden para evitar incidentes.

Hitos Clave en el Camino Hacia la Democracia (1977)

• Enero de 1977: Manuel Fraga Iribarne funda Alianza Popular (AP), una coalición de pequeños partidos de derecha liderados en su mayoría por antiguos ministros franquistas.
• Febrero de 1977: Comienza la legalización de partidos políticos. La legalización del Partido Comunista de España (PCE), el 9 de abril de 1977 (Sábado Santo Rojo), fue el caso más complicado y polémico. La noticia llegó a los medios a través del propio partido, por medio de su secretario general, Santiago Carrillo. Fue una de las decisiones más difíciles y valientes de Suárez, tomada con el apoyo del Rey. Según el periodista Fernando Ónega: «El gran mérito de Suárez es ejecutarlo».
• 15 de abril de 1977: Se convocan elecciones generales. El clima social seguía siendo tenso, con violencia en las calles, enfrentamientos y asesinatos.
• 3 de mayo de 1977: Diversos partidos y personalidades forman la Unión de Centro Democrático (UCD), con Adolfo Suárez como cabeza de lista. Agrupaba a formaciones diversas con ideologías variadas (democristianos, socialdemócratas, liberales, antiguos reformistas del régimen).
• 15 de junio de 1977: Se celebran las primeras elecciones democráticas en más de 40 años. Triunfaron los líderes más carismáticos en un clima de euforia y alta participación (78,83%). Ningún partido obtuvo mayoría absoluta, lo que favoreció el consenso entre las principales fuerzas políticas. UCD ganó con 165 escaños, seguida por el PSOE (118), el PCE (20) y Alianza Popular (16).

En la televisión pública, los tiempos asignados para los vídeos promocionales de los partidos políticos se distribuyeron según criterios que buscaban la equidad, dada la ausencia de elecciones previas recientes. El estilo y formato de estos vídeos reflejaban la identidad de cada partido. Los comunistas, por ejemplo, enfatizaban su deseo de evitar otra guerra civil y garantizar que ningún español fuera perseguido por sus ideas. Alianza Popular y Fraga apelaban al «voto útil» y a no votar por nostalgia del pasado.

Marco Legal de la Prensa: De la Ley «Antilibelo» a la Constitución

En 1975, seguía vigente la Ley de Prensa de 1966 (Ley Fraga). Con Alberto Martín Gamero como subsecretario de Información y Turismo, se suavizaron las relaciones entre prensa y poder. Ya con Adolfo Suárez como presidente y Andrés Reguera Guajardo como ministro de Información y Turismo, se promulgó el Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de abril, sobre Libertad de Expresión (conocido popularmente como Ley Antilibelo).

Este Real Decreto-Ley fue un momento clave, ya que supuso una ruptura con la legislación anterior. En su preámbulo se afirmaba que:

• El derecho a la información es inherente a la persona.
• Derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa de 1966, que funcionaba como un «cajón de sastre» para la censura y la imposición de límites discrecionales.

Se conoció como «Ley Antilibelo» porque, si bien ampliaba libertades, establecía límites estrictos, especialmente en lo referente a la crítica a tres principios considerados fundamentales: la unidad de la Nación, la Monarquía y las Fuerzas Armadas. Además:

• No se permitían contenidos abiertamente obscenos o pornográficos.
• La responsabilidad penal recaía sobre el autor o el director de la publicación.
• El Estado conservaba la potestad de secuestrar publicaciones sin necesidad de un procedimiento judicial firme previo, aunque se limitaban los supuestos.

La ley fue presentada ante las cámaras de Televisión Española para subrayar su importancia de cara a las inminentes elecciones generales, proyectando una imagen de compromiso con unos medios de comunicación más libres. Todos estos avances fueron significativos, pero quedaron supeditados a la posterior aprobación de la Constitución Española de 1978. Aunque la Ley de Prensa de 1966 no fue derogada explícitamente en su totalidad de inmediato, la Constitución, al ser una norma de rango superior, prevalecía sobre ella.

Las Cortes Constituyentes comenzaron la elaboración de la Carta Magna, que consagraría el derecho a la libertad de expresión. Varios artículos tendrían relación directa con la libertad de prensa:

• Artículo 20: Reconocimiento y protección de los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
• Artículo 38: Reconocimiento de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
• Artículo 128: Subordinación de toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad al interés general.
• Artículo 149: Establecimiento de las competencias exclusivas del Estado, incluyendo normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

El artículo 20 de la Constitución establece específicamente que:

• El ejercicio de estas libertades no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
• La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
• Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
• Solo mediante resolución judicial motivada se podrá acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información.

Con la Constitución, España se configuró como una Monarquía Parlamentaria y se definió como un Estado de las Autonomías.

La Ley Orgánica de Defensa de la Democracia (1981)

Ante el temor a un retroceso democrático tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F), se promulgó la Ley Orgánica 2/1981, de 25 de marzo, de Defensa de la Democracia. Esta ley modificó el Código Penal con el objetivo de castigar la conspiración, la provocación, la apología del terrorismo y la rebelión militar. Permitía el cierre de publicaciones por dichas causas sin necesidad de una sentencia condenatoria firme, siendo la Audiencia Nacional el órgano encargado de su aplicación. Algunas asociaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos, la consideraron un ataque a la libertad de expresión reconocida por la Constitución.

La Prensa Escrita: El «Parlamento de Papel»

Durante la Transición a la democracia, la prensa escrita experimentó cambios significativos, especialmente en la primera etapa de este período. Se caracterizó en general por la moderación, aunque hubo excepciones como el periódico ultraderechista El Alcázar. A este último se le retiró la publicidad institucional durante los gobiernos de Adolfo Suárez y Felipe González, lo que lo llevó a acumular deudas; posteriormente, una sentencia judicial falló a su favor, resultando en una indemnización millonaria.

Características y Evolución de la Prensa

• Hasta junio de 1977 (primeras elecciones): La prensa actuó, en palabras del profesor Javier Varela, como un «foro de discusión» o «Parlamento de papel», donde se debatían públicamente los principales asuntos y problemas políticos del país.
• Predominio de mensajes de concordia: Inicialmente, prevalecieron los mensajes de concordia, reconciliación, democracia y moderación. Estos mensajes se fueron diluyendo progresivamente, sobre todo tras la aprobación de la Constitución, momento en el cual cada medio comenzó a definir más claramente su línea editorial, a defender sus posturas y a ejercer una crítica más directa hacia gobiernos y partidos.
• Definición de líneas editoriales: A partir de la aprobación de la Constitución, los diarios comenzaron a posicionarse más abiertamente según sus líneas editoriales.
• Nacimiento de nuevas cabeceras: Durante la Transición surgieron numerosas cabeceras nuevas, especialmente entre 1975 y 1976, aunque el número de lectores no creció al mismo ritmo.

En 1984, había 120 diarios en España, de los cuales la mitad no existían en 1975, año de la muerte de Franco. Este aumento de cabeceras, como ha ocurrido en otras épocas, no implicó un aumento proporcional del número de lectores. La difusión era de aproximadamente 90 ejemplares por cada mil habitantes, una cifra considerablemente inferior a la de otros países europeos. En 1976, se publicaban alrededor de 2.600.000 ejemplares diarios, cifra que aumentó en unos 100.000 al año siguiente. Los lectores tendían a concentrarse en las grandes cabeceras.

Tipología de la Prensa

En este período, se pueden distinguir tres tipos principales de cabeceras:

• Publicaciones nacidas durante el Franquismo: Intentaron liberalizarse, pero muchas acabaron cerrando con la llegada de la democracia (ejemplos: Informaciones, Ya). Algunas de estas publicaciones, a pesar de su origen, contribuyeron a la democratización y a la difusión de nuevas ideas, aunque su alcance se limitaba a sectores concretos de la sociedad.
• Diarios históricos: Fundados antes del régimen franquista (finales del siglo XIX o principios del XX), como La Vanguardia o ABC a nivel nacional. Sobrevivieron a la dictadura y continuaron durante la democracia, aunque atravesaron períodos de crisis y necesitaron adaptarse a los nuevos tiempos.
• Diarios nacidos con la democracia: Surgieron sin el «pecado original» de haber operado bajo la dictadura. Respondieron a una sociedad ávida de información sobre los acontecimientos políticos y sociales, y ejercieron una influencia notable durante este período.

Nuevos Desafíos y Competencia

Se inició así una competencia inédita por ocupar un espacio de libertad informativa y por captar a un público deseoso de consumir información. Los nuevos diarios presentaban modelos más modernos, tanto en diseño como en enfoque empresarial. Contaban con equipos jóvenes y no arrastraban el lastre de haber apoyado a la dictadura. Introdujeron nuevas formas de hacer periodismo, de narrar historias y de innovar en los formatos. Los diarios tradicionales, en cambio, enfrentaron dificultades para adaptarse al nuevo mercado debido a sus estructuras empresariales, a menudo más rígidas y obsoletas.

La opinión pública, en gran medida conformada por la prensa, fue determinante para el devenir político de España, según afirman numerosos estudios. No obstante, la mayoría de los medios de comunicación tuvieron que hacer frente a considerables dificultades económicas.

Casos Destacados: Cuadernos para el Diálogo, Diario 16 y El País

Cuadernos para el Diálogo

Revista cultural con el propósito de transmitir un ideario político, promovida y presidida inicialmente por Joaquín Ruiz-Giménez Cortés. Sirvió como plataforma de encuentro para distintos sectores de las generaciones nacidas en las décadas de 1940 y 1950, especialmente aquellos con inquietudes democristianas y socialdemócratas. A partir de 1966, con la Ley Fraga que eliminó la censura previa (aunque persistían otros mecanismos de control), la revista abordó temas que reflejaban una mezcla de inquietudes sobre la represión sexual, política y religiosa. El atentado de ETA contra el almirante Carrero Blanco en diciembre de 1973 marcó un antes y un después para la publicación, acentuando su papel crítico. Tuvo influencia de figuras como Gregorio Peces-Barba. Ignacio Camuñas, vinculado a la revista, fue elegido diputado por UCD y participó en la organización de los inicios de la vida parlamentaria. Cuadernos para el Diálogo cesó su publicación con la llegada de la Constitución en 1978 y la consolidación de los Pactos de la Moncloa, como si, una vez cumplida su labor de foro de debate durante la dictadura y los inicios de la Transición, hubiera dejado de tener sentido. Joaquín Ruiz-Giménez no vio culminado su proyecto político en la nueva democracia, y la revista, que había pasado a ser semanal, desapareció en ese año crucial.

Diario 16

Con una línea ideológica diversa pero tendente al reformismo y, en ocasiones, más conservadora que otros nuevos medios, Diario 16 tuvo su origen en el semanario Cambio 16 y fue fundado a finales del franquismo por un grupo de periodistas encabezados por Juan Tomás de Salas. El primer número vespertino salió el 18 de octubre de 1976, bajo la dirección de Ricardo Utrilla. Sus expectativas antes del lanzamiento eran tan altas que inicialmente no alcanzó el éxito esperado. Como consecuencia, en 1977 se nombró director a Miguel Ángel Aguilar, impulsando un periodismo de investigación. En 1980, se nombró a Pedro J. Ramírez; con su llegada, el periódico pasó a ser matutino, comenzó a editarse también los lunes (saliendo todos los días de la semana, lo que le acarreó sanciones), aumentó su tirada e incurrió en un estilo más incisivo y, en ocasiones, sensacionalista.

El País

En 1972, José Ortega Spottorno (hijo de José Ortega y Gasset), Carlos Mendo, Darío Valcárcel y Juan José কাতালান fundaron la Promotora de Informaciones S.A. (PRISA). Entre los accionistas iniciales del grupo se encontraban empresarios, banqueros, diplomáticos e incluso figuras políticas como Manuel Fraga, reflejando una cierta pluralidad ideológica en sus orígenes. El primer número, de carácter matutino, se publicó el 4 de mayo de 1976. Su primer director fue Juan Luis Cebrián. Presentó un formato novedoso tanto en diseño (formato tabloide) como en contenidos, con una clara vocación europeísta y de centro-izquierda. A los seis meses de su lanzamiento, se consolidó como el principal periódico matutino de referencia, dirigido a un público mayoritariamente joven, urbano y progresista. Numerosos profesionales procedentes del diario Pueblo pasaron a formar parte de la redacción de El País. Jesús de Polanco fue nombrado consejero delegado, figura clave en la consolidación empresarial del grupo. Fue uno de los medios más críticos con el nombramiento inicial de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, posicionándose en aquel momento a favor de figuras como José María de Areilza. Sin embargo, El País apoyó decididamente el proceso de transición hacia la democracia y la consolidación de las instituciones democráticas.