A principios del siglo XIX, la economía española se caracterizaba por la acumulación de la propiedad de la tierra en pocas manos, lo que dejaba grandes extensiones de terreno sin cultivar. Aunque la pequeña y mediana propiedad tuvieron cierta importancia, persistía la Mesta y la evolución tecnológica era escasa. A lo largo del siglo, se produjeron una serie de transformaciones que afectaron al sistema de propiedad y explotación agrícola, acompañadas de un lento desarrollo industrial que contrastó notablemente con el de otros países europeos como Gran Bretaña o Francia.

La Reforma Agraria Liberal

La Reforma Agraria Liberal consistió en un conjunto de medidas jurídico-constitucionales destinadas a mejorar el régimen de propiedad y la productividad de la tierra, así como a fomentar las relaciones capitalistas en el campo. Fue un proceso discontinuo, iniciado con el Informe sobre la Ley Agraria de Jovellanos. Con el retorno de Fernando VII, estas reformas fueron suprimidas, reimplantándose definitivamente entre 1835 y 1839. Así, se produjeron una serie de cambios en la distribución y comercialización de la producción agraria, como la liberalización del comercio interior o la supresión del diezmo y de los derechos señoriales. En 1845, una nueva reforma fiscal estableció la contribución directa sobre la agricultura.

Abolición del Régimen Señorial

Por otro lado, la abolición del régimen señorial presentó una serie de problemas: determinar qué rentas sobre el campesinado eran de origen señorial (cuestión que se solucionó en 1823 y 1837), diferenciar entre señoríos territoriales (tierras en propiedad) y jurisdiccionales (tierras cuya administración les había sido cedida por la Corona), y determinar qué títulos de propiedad se debían presentar para justificar la titularidad de la tierra. Estos dos últimos problemas se intentaron solucionar en 1823, pero con el fin del Trienio Liberal se paralizaron dichas reformas. Finalmente, la cuestión se solucionó en 1837, indemnizando con títulos de deuda pública a los perjudicados.

El Mayorazgo

El mayorazgo consistía en la vinculación de propiedades a una familia, de tal forma que no pudieran enajenarse. Hubo tres razones principales que llevaron a la abolición del mayorazgo:

• Económica: El mayorazgo era un impedimento para la capitalización de las relaciones agrarias.
• Política: Su abolición acarrearía un debilitamiento de la aristocracia y, por consiguiente, del régimen absolutista.
• Social: Representaba un vestigio del Antiguo Régimen.

Con esta reforma, la aristocracia vendió estas tierras para liquidar sus deudas, siendo adquiridas principalmente por la burguesía, lo que, paradójicamente, redujo la inversión industrial.

Derechos de los Propietarios

En cuanto a los derechos de los propietarios, a partir de 1836 se suprimieron las costumbres comunitarias que impedían al propietario el uso libre de sus posesiones, logrando con el tiempo que los propietarios pudieran hacer valer plenamente sus derechos.

Las Desamortizaciones

La desamortización consistió en la apropiación por parte del Estado de tierras, edificios u otros bienes que generalmente pertenecían a la Iglesia, los municipios y otras instituciones. Durante el último tercio del siglo XVIII se expropiaron los bienes de los jesuitas. Durante el siglo XIX, se produjeron las desamortizaciones de Godoy (primera década), del Trienio Liberal, de Mendizábal y Espartero, y, por último, de Madoz (durante la segunda mitad del siglo). Las tierras desamortizadas fueron repartidas entre los campesinos, entregadas como gratitud a militares de bajo rango o subastadas públicamente. Con estas medidas, se pretendía reducir la deuda pública y dinamizar la economía invirtiendo en infraestructuras. Los grupos más perjudicados fueron la Iglesia, los municipios y el campesinado, al privatizarse los bienes comunales.

Modernización de las Infraestructuras: El Impacto del Ferrocarril

Con el fin de dinamizar la economía, se invirtió significativamente en infraestructuras, con el objetivo de consolidar un mercado interno y aumentar la capacidad de exportación. Se invirtió en la construcción de nuevos puertos y en la remodelación de los antiguos, especialmente a raíz de la pérdida del imperio colonial. El transporte marítimo y el ferroviario avanzaron de la mano en esta nueva etapa. Se creó un sistema radial de carreteras y redes ferroviarias, que fue remodelado y ampliado junto a la modernización de los vehículos de transporte (en 1900 se matricularon los primeros automóviles). Paralelamente, se estableció una red de postas para el abastecimiento animal. Surgieron una serie de compañías encargadas de construir la nueva red ferroviaria, con capital francés y de particulares españoles. Como consecuencia, se establecieron nudos de comunicaciones que beneficiaron a las ciudades emergentes, ahorrando recursos y favoreciendo el transporte intranacional e internacional de mercancías. Aumentó el transporte de prensa y correo, lo que supuso una mayor integración social, beneficiando a las industrias del hormigón y siderúrgica. Por último, se extendió el uso del telégrafo.

Desarrollo Industrial

En la industria convivieron el sistema artesanal (productos alimenticios y de consumo) y el sistema industrial (textil y siderúrgica). A lo largo del siglo XIX, la producción industrial se quintuplicó. Los principales centros industriales fueron:

• Barcelona y su periferia: Industria textil.
• Cornisa Cantábrica: Industria siderúrgica (Vizcaya, Asturias y Santander).
• Andalucía: Industria textil y siderúrgica.

La producción artesanal estaba más repartida, sobresaliendo ciudades como Madrid, Sevilla, Santander y Valladolid.

La Minería en el Siglo XIX

En cuanto a la minería, la explotación se caracterizó por:

• La riqueza de yacimientos.
• La existencia de mano de obra barata.
• La presencia de capital extranjero (especialmente tras la Ley de Minas de 1868).

Se extrajeron carbón, plomo y zinc, destacando la extracción y comercialización del hierro. El auge de la minería española estuvo causado por:

• La expansión de la renovada tecnología del acero.
• La proximidad de las minas vizcaínas y santanderinas a los puertos, lo que favorecía el comercio.
• La construcción del ferrocarril minero, de muelles de carga y de instalaciones de lavado y concentrado.

Los beneficios obtenidos por la exportación del hierro se invirtieron en la industria. Los obtenidos por el resto de metales contribuyeron a:

• Equilibrar la balanza de pagos.
• Aumentar el empleo.
• Favorecer la injerencia de técnicos extranjeros, lo que conllevó una modernización de la tecnología minera y potenció la demanda de servicios terciarios (bancos, comercios y obras públicas).

Conclusión

En conclusión, a lo largo del siglo XIX, la estructura y explotación de la tierra en España transitó de un modelo propio del Antiguo Régimen a uno de economía liberal. Además, se realizó un gran esfuerzo para invertir en infraestructuras, industria y minería. Sin embargo, en comparación con otras potencias europeas, España siguió siendo un país con un desarrollo lento y una menor capacidad competitiva.