Introducción: El Régimen de Primo de Rivera

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) fue un régimen autoritario que se instauró en España con un vago programa regeneracionista, inspirado en el modelo intervencionista y corporativista de la época.

El Golpe de Estado de 1923

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, acaudilló un pronunciamiento militar contra el gobierno constitucional. El profundo malestar del Ejército, junto con otra serie de motivos como la crisis del sistema de la Restauración, la conflictividad social y los problemas en el Protectorado de Marruecos, facilitó que el golpe militar no hallase prácticamente oposición.

El golpe contó con el apoyo de importantes sectores empresariales, de los principales bancos nacionales y de la Iglesia Católica. La opinión pública, en general, se mostró pasiva o expectante.

Primo de Rivera presentó la dictadura como un régimen transitorio; se suponía que, una vez extirpados los «males del país», se retornaría a la normalidad constitucional. En una versión manipulada de la teoría regeneracionista de Joaquín Costa, anunció sus propósitos:

• Liberar al país de la «vieja política» y de los políticos profesionales.
• Destruir el caciquismo.
• Poner fin al desgobierno, la indisciplina social y la amenaza del separatismo contra la unidad nacional.

El rey Alfonso XIII, en una decisión controvertida que ligaría su destino al del dictador, le concedió el poder, nombrándolo presidente del Gobierno y ministro único inicialmente.

El Directorio Militar (1923-1925)

En su primera fase, el régimen se configuró como un Directorio Militar. Se proclamó el estado de guerra durante dos años, se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron las Cortes Generales, se implantó una férrea censura de prensa y se prohibieron las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos obreros.

Se impuso el orden público con duras medidas represivas, especialmente contra la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) y el PCE (Partido Comunista de España). Se reprimió cualquier manifestación de nacionalismo periférico considerado separatista y se prohibió el uso oficial del catalán y de otros símbolos identitarios.

Los gobernadores civiles fueron sustituidos por gobernadores militares. Los ayuntamientos y diputaciones provinciales fueron disueltos y sustituidos por juntas de vocales asociados, elegidos entre los mayores contribuyentes, lo que en la práctica perpetuó formas de control local vinculadas al sistema caciquil que se pretendía erradicar.

Primo de Rivera acometió lo que consideraba su gran proyecto regeneracionista: una reforma de la administración que acabase con el caciquismo. Sin embargo, el Estatuto Municipal de 1924 y el Provincial de 1925, aunque introdujeron algunas novedades, dieron paso a una administración más centralizada y, lejos de hacer desaparecer el viejo caciquismo, en muchos casos fue sustituido por otro afín al nuevo régimen.

En Cataluña, una de las primeras medidas fue la supresión de la Mancomunidad (1925), lo que generó una gran frustración y potenció el nacionalismo catalán más radical e incluso separatista.

El principal éxito del Directorio Militar fue la resolución de la Guerra de Marruecos. En 1925, España y Francia acordaron una ofensiva militar conjunta contra Abd el-Krim. El desembarco de las tropas españolas en Alhucemas (septiembre de 1925) fue un rotundo éxito militar y, un año después, en 1926, se logró la pacificación y sometimiento de todo el protectorado español.

El Directorio Civil (1925-1930)

Tras el éxito en Marruecos y con la intención de institucionalizar el régimen, Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un Directorio Civil en diciembre de 1925. En esta segunda fase, afirmó su voluntad de construir un régimen de carácter autoritario y corporativista, con vocación de permanencia.

Se impulsó desde el poder la formación de un gran partido único de derechas, la Unión Patriótica (UP), concebido como un movimiento de apoyo al régimen, pero carente de un programa ideológico definido más allá de la adhesión a la figura del dictador y a valores tradicionales.

En 1926 se anunció la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1927), un órgano corporativo designado por el dictador y encargado de elaborar un anteproyecto de nueva «constitución». Sin embargo, el proyecto resultante, de carácter autoritario y poco democrático, no satisfizo a casi nadie y no llegó a ser aprobado, evidenciando el fracaso del régimen en su intento de institucionalización.

La dictadura se benefició de la favorable coyuntura económica internacional de los «felices años veinte». Su política económica se caracterizó por un marcado intervencionismo estatal y un fuerte nacionalismo económico. Sus objetivos fueron impulsar la industria nacional mediante elevados aranceles proteccionistas y la concesión de ayudas directas e indirectas a las grandes empresas. También se crearon grandes monopolios estatales, como CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A.) en 1927, y se impulsó la Compañía Telefónica Nacional de España.

El fomento de las obras públicas fue notable, destacando la creación de las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral de los recursos fluviales (riego, producción hidroeléctrica) y la mejora de la red de carreteras y ferrocarriles.

La escasa conflictividad social durante gran parte del periodo de la dictadura se explica, en parte, por la represión y la ilegalización de las organizaciones obreras más combativas, pero también por el desarrollo de una cierta política social y una legislación laboral (Código del Trabajo de 1926) inspirada en el sistema corporativo. Se crearon los Comités Paritarios, que integraban a patronos y obreros (representados por la UGT, que colaboró inicialmente con el régimen) en la misma organización para la negociación laboral, buscando la armonía social bajo la tutela del Estado.

Creciente Oposición y Final de la Dictadura

A partir de 1926-1927, la dictadura comenzó a perder apoyos y a enfrentar una creciente oposición:

• Sectores del Ejército: Algunos militares, descontentos con la política de ascensos (supresión de los ascensos por estricta antigüedad en el arma de Artillería) o con la deriva del régimen, optaron por la vía del pronunciamiento militar, como en la intentona fallida conocida como la «Sanjuanada» (1926).
• Políticos de los antiguos partidos dinásticos: Conservadores y liberales, inicialmente expectantes o incluso favorables, se distanciaron ante la perpetuación del régimen.
• Republicanos: Se reorganizaron y fortalecieron. En 1926 se formó la Alianza Republicana, que aglutinó a diversos grupos y personalidades opuestas al régimen y a la monarquía.
• Nacionalistas: Especialmente en Cataluña, la política represiva del régimen radicalizó sus posturas.
• Intelectuales y estudiantes: Figuras como Miguel de Unamuno se opusieron abiertamente, y las universidades se convirtieron en focos de protesta.
• Movimiento obrero: Aunque la CNT estaba en la clandestinidad, la conflictividad laboral resurgió hacia el final de la década.

La crisis económica mundial de 1929 también afectó a España, agravando los problemas económicos y sociales y debilitando aún más al régimen.

Ante la pérdida de apoyos, incluido el del rey, y afectado por problemas de salud, Primo de Rivera presentó su dimisión a Alfonso XIII el 28 de enero de 1930 y marchó al exilio en París, donde moriría poco después.

La Caída de la Monarquía y el Fin de una Era

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII encargó la formación de gobierno al general Dámaso Berenguer con el difícil objetivo de retornar gradualmente a la normalidad constitucional. Este periodo fue conocido despectivamente como la «Dictablanda», por su incapacidad para desmontar el entramado autoritario o para concitar apoyos.

La oposición antimonárquica, sin embargo, se movilizó rápidamente. En agosto de 1930, los principales partidos republicanos, junto con socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos, acordaron el Pacto de San Sebastián, cuyo objetivo fundamental era derrocar la monarquía y proclamar la República.

En febrero de 1931, el general Berenguer presentó su dimisión y fue sustituido por el almirante Juan Bautista Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estas elecciones fueron planteadas por la oposición como un plebiscito sobre la monarquía. La victoria arrolladora de las candidaturas republicano-socialistas en las grandes ciudades y capitales de provincia, aunque los monárquicos obtuvieron más concejales en el cómputo global (gracias al voto rural y al caciquismo), fue interpretada como un rechazo popular a Alfonso XIII. Ante la masiva movilización popular, el rey optó por abandonar España y se proclamó la Segunda República Española el 14 de abril de 1931.