La Constitución de Cádiz (1812): Pilar del Liberalismo Español

El texto examinado recoge varios artículos de la Constitución de Cádiz de 1812, la primera Constitución española, elaborada por las Cortes durante la Guerra de Independencia contra los franceses. Es un documento histórico, legislativo y de autoría colectiva, dirigido al conjunto del pueblo español.

Su finalidad fue establecer un nuevo marco político frente al absolutismo, tras la invasión napoleónica y la imposición del Estatuto de Bayona. Las Cortes reunidas en Cádiz, con mayoría liberal, elaboraron un texto que recoge ideas ilustradas y principios fundamentales del liberalismo político.

Se proclama la soberanía nacional, situando el poder en manos de la Nación y no del monarca. La división de poderes se establece claramente: legislativo (Cortes y Rey), ejecutivo (Rey) y judicial (tribunales). Además, se garantiza la igualdad jurídica y se eliminan privilegios fiscales, obligando a todos los ciudadanos a pagar impuestos.

La religión oficial es la católica, apostólica y romana, excluyendo cualquier otra, lo que refleja el peso de los sectores conservadores. También se consagra la libertad de imprenta, aunque sin una declaración explícita de derechos fundamentales, a diferencia de la francesa.

La Constitución reconoce a todos los españoles, de ambos hemisferios, como parte de una única nación, negando la autonomía a las colonias americanas. Esta falta de reconocimiento provocó el distanciamiento de los liberales hispanoamericanos y favoreció los movimientos independentistas.

El texto impone limitaciones al poder del Rey, que necesitará aprobación de las Cortes para decisiones importantes como abdicar, ausentarse, firmar tratados o contraer matrimonio. Se establece que debe jurar fidelidad a la Constitución, y se legitima la desobediencia civil en caso de incumplimiento real.

Aunque no se aplicó plenamente y fue abolida por Fernando VII, la Constitución de 1812 marcó un hito fundamental. Fue un referente para futuros textos constitucionales en España y América, y representó el inicio del constitucionalismo liberal y de la modernidad política en España.

El Manifiesto de los Persas (1814): La Restauración Absolutista

El texto examinado es un fragmento del Manifiesto de los Persas, redactado el 12 de abril de 1814 por un grupo de diputados absolutistas, mayoritariamente nobles y militares. Es un documento histórico, político y de autoría colectiva, dirigido al rey Fernando VII tras su regreso a España. Su objetivo es claro: pedir la abolición de la Constitución de 1812 y el retorno al Antiguo Régimen.

El texto toma su nombre de una antigua costumbre persa, que permitía unos días de anarquía tras la muerte del rey. Aunque en este caso el monarca no había muerto, los firmantes utilizan esta analogía para justificar su rechazo al liberalismo implantado por las Cortes de Cádiz.

Los autores del manifiesto defienden la monarquía absoluta como un sistema natural, racional y necesario. Exaltan su legitimidad histórica y consideran que los cambios introducidos en Cádiz han traído desorden y debilitado la autoridad real. Proponen restaurar las antiguas leyes, fueros y cortes estamentales, así como suspender todos los efectos de la legislación gaditana.

El documento se enmarca en un momento de fuerte polarización política. A su llegada a España, Fernando VII es recibido con entusiasmo por amplios sectores sociales. El 4 de mayo de 1814, influido por este manifiesto, decreta la abolición de la Constitución de Cádiz, disuelve las Cortes y restaura el absolutismo. Se revocan las reformas liberales, se restablecen privilegios del clero y la nobleza, e incluso instituciones como la Inquisición o la Mesta.

El retorno al Antiguo Régimen provocó una fuerte represión contra afrancesados y liberales, sumiendo al país en una grave crisis política, económica y social. La Hacienda estaba arruinada, el campo afectado por la devolución de tierras a la Iglesia y la nobleza, y el comercio colapsado. El ejército también experimentaba una profunda insatisfacción, especialmente por el envío de tropas a América.

La consecuencia fue un periodo de seis años de inestabilidad y regresión, conocido como la restauración absolutista. El malestar social y la crisis financiera llevaron finalmente al pronunciamiento del comandante Riego en 1820, que logró restaurar la Constitución de Cádiz e iniciar el Trienio Liberal.

Aunque el Manifiesto de los Persas tuvo éxito inmediato al influir en la decisión de Fernando VII, su impacto a largo plazo fue limitado. Representó un retroceso en el proceso de modernización del país y, a largo plazo, fracasó debido a la incapacidad del absolutismo para responder a los retos económicos y sociales de la época.

La Ley de 25 de octubre de 1839: Fueros y Unidad Constitucional

El texto conocido como “Ley de 25 de octubre de 1839” recoge una decisión de las Cortes, aprobada por la reina regente María Cristina de Borbón, con el objetivo de regular el mantenimiento de los fueros de las Provincias Vascongadas y Navarra tras la Primera Guerra Carlista (1833-1839). Fue aprobada poco después del Convenio de Vergara, que puso fin al conflicto.

Este documento es de carácter histórico, político y legal. Fue redactado en Madrid y tiene como finalidad confirmar la vigencia de los fueros, siempre que se respetara la unidad constitucional del Estado.

La ley consta de dos artículos:

• El primer artículo ratifica los fueros de estos territorios, aunque supedita su validez a la Constitución española. Esto generó cierto debate, pues algunos temían que vaciara de contenido los fueros, si bien en la práctica no se alteraron.
• El segundo artículo autoriza a las Cortes a revisar dichos fueros para adaptarlos a la Constitución, buscando así un equilibrio entre las tradiciones locales y el marco legal nacional.

La ley tiene su origen en el Convenio de Vergara, firmado por los generales Espartero (isabelino) y Maroto (carlista). En este acuerdo, los carlistas aceptaban la autoridad de Isabel II y la entrega de armas, mientras los liberales se comprometían a defender los fueros ante las Cortes. Esta concesión fue clave para facilitar la reconciliación entre los dos bandos, especialmente con los sectores liberales favorables a los fueros.

En cuanto al contexto histórico, la guerra estalló tras la muerte de Fernando VII. Su hija Isabel fue proclamada heredera gracias a la Pragmática Sanción, lo que fue rechazado por su hermano Carlos María Isidro, quien aspiraba al trono. La guerra enfrentó a los carlistas, defensores del absolutismo y de los fueros, y a los isabelinos, partidarios del liberalismo y la monarquía constitucional. Las Provincias Vascongadas y Navarra fueron el principal bastión carlista.

Aunque los fueros ya habían sido suprimidos por la Constitución de Cádiz de 1812, fueron restaurados por Fernando VII, y siguieron vigentes hasta su abolición definitiva en 1876. La Ley de 1839 fue un intento de mantenerlos legalmente, en consonancia con el nuevo sistema político.

La Ley de 25 de octubre de 1839 fue fundamental para sellar la paz tras la Primera Guerra Carlista, al garantizar la continuidad de los fueros vascos y navarros bajo ciertas condiciones. Aunque no resolvió completamente la cuestión foral, sí supuso una solución temporal de gran relevancia en la historia política del siglo XIX, que posteriormente daría paso a nuevas formas de reivindicación regional, como el nacionalismo.

La Ley del 21 de julio de 1876: Abolición Foral y Concierto Económico

El texto que comentamos es la «Ley del 21 de julio de 1876», que refleja las consecuencias de la supresión de los fueros en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, aunque no mencione explícitamente el término «abolición». Se trata de un documento histórico-legal, publicado en la Gaceta de Madrid el 25 de julio de 1876. Es una ley de carácter legislativo y público, redactada por las Cortes y el Rey, enmarcada en el periodo de la Restauración borbónica tras la Tercera Guerra Carlista.

Términos Clave

• Quintas: Reclutamientos militares anuales.
• Rey Constitucional: Monarca sometido a una Constitución.
• Antonio Cánovas del Castillo: Arquitecto del nuevo sistema político de la Restauración.

Contenido Principal

El tema principal es la eliminación del régimen foral vasco:

• Artículo 1: Impone a estas provincias el servicio militar y el pago de impuestos, eliminando dos privilegios forales fundamentales.
• Artículo 2: Refuerza la obligación del reclutamiento, aunque en la práctica los más pudientes podían evitarlo pagando sustitutos.
• Artículo 3: Suprime la exención fiscal, aunque posteriormente se establecería el Concierto Económico, que permite a las diputaciones recaudar impuestos y pagar al Estado un cupo fijo.
• Artículo 4: Autoriza al Gobierno a adaptar las leyes forales a las nuevas circunstancias, tratando de conciliar tradición y unidad nacional.

Contexto Histórico

El contexto histórico se sitúa tras la muerte de Fernando VII (1833), que dio inicio a las Guerras Carlistas. Tras varias fases, la Primera Guerra terminó con el Convenio de Vergara (1839), que prometía mantener los fueros siempre que no contradijeran la unidad del Estado. Las guerras siguientes no lograron restaurar el carlismo. La Tercera Guerra Carlista (1872–1876) fue la más intensa en el País Vasco. Su derrota definitiva permitió a Cánovas eliminar los fueros, aunque se conservó la autonomía fiscal como concesión a los liberales foralistas.

Conclusiones

En conclusión, la Ley de 1876 supone la supresión definitiva de los fueros vascos, igualando sus obligaciones con las del resto del país. Se mantiene únicamente el régimen económico, lo que favoreció el desarrollo regional y dejó en manos de las élites vascas el control de las inversiones públicas. La pérdida de los fueros generó un fuerte rechazo y alimentó el nacimiento del nacionalismo vasco, a partir del fuerismo de figuras como Ramón de la Sota y, posteriormente, el PNV.

La Guerra de Independencia Española (1808-1814)

Causas de la Guerra de Independencia

En marzo de 1808, tras el Motín de Aranjuez, Godoy fue destituido y Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. Ante la complicada situación, Napoleón atrajo a la familia real a Bayona, donde logró que Carlos IV y Fernando VII renunciaran al trono (Abdicaciones de Bayona). Así, entregó la corona a su hermano José Bonaparte, quien se convirtió en rey de España.

Durante el vacío de poder, en mayo de 1808, los franceses intentaron llevarse a Francisco de Paula (último miembro de la familia real que quedaba en Madrid), lo que provocó la sublevación del pueblo de Madrid. Fernando VII, ya en Bayona, había firmado un decreto que creaba una Junta de Gobierno; sin embargo, esta colaboró con los franceses, lo que provocó el rechazo popular. Contra la autoridad de esta Junta se rebelaron Daoíz y Velarde, repartiendo armas. En Móstoles se firmó un bando, pero su efecto fue limitado. El 9 de mayo comenzaron disturbios en Oviedo, y el 25 de ese mes la Junta Suprema formada allí declaró la guerra a Napoleón. A partir de ese momento, la guerra se extendió por toda España, dando inicio a la Guerra de la Independencia.

Las estructuras del Antiguo Régimen quedaron paralizadas. Aunque no fue un movimiento revolucionario en sí mismo, su objetivo principal era devolver a Fernando VII al trono y expulsar a los franceses.

Fases de la Guerra:

• Primera fase: Los españoles lograron importantes victorias.
• Segunda fase: Los franceses se impusieron.
• Tercera fase: Finalmente, Napoleón se rindió y firmó el Tratado de Valençay, devolviendo el trono a Fernando VII.

Consecuencias de la Guerra de Independencia

La Guerra de Independencia tuvo consecuencias devastadoras para España.

• Demográficas: Supuso una catástrofe, con alrededor de 300.000 personas fallecidas, lo que afectó gravemente a la población futura.
• Económicas: La guerra paralizó todos los avances logrados durante el siglo XVIII. La modernización de España se detuvo abruptamente, y los enormes gastos provocados por el conflicto arruinaron la Hacienda pública, que quedó endeudada durante décadas. Además, tanto las tropas francesas como las inglesas saquearon extensamente el país.
• Sociales: El regreso de Fernando VII fue percibido por muchos como el retorno de la paz, y se le aclamó como «el Deseado», lo que facilitó la restauración del absolutismo.
• Militares: Se produjo una transformación: las clases medias y populares accedieron al ejército, ocupando altos cargos y formando una nueva élite militar liberal que influiría decisivamente en el siglo XIX, hasta que, durante la Restauración, se volvió más conservadora.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Causas del Sexenio Absolutista

El Sexenio Absolutista comenzó en 1814 con el regreso de Fernando VII tras la firma del Tratado de Valençay. Aunque existían esperanzas de que respetara la Constitución de Cádiz de 1812, el rey se negó a jurarla. Apoyado por los absolutistas y respaldado por el Manifiesto de los Persas —firmado por 69 diputados—, Fernando VII proclamó el Decreto de Valencia el 4 de mayo de 1814. En él declaró nulas la Constitución y las leyes emanadas de las Cortes de Cádiz, restaurando así el absolutismo.

Este regreso al Antiguo Régimen se vio favorecido por el contexto europeo: tras la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena consolidó el absolutismo en Europa y se creó la Santa Alianza para frenar los movimientos liberales. Además, la nobleza y el clero recuperaron sus privilegios, lo que debilitó a los sectores liberales. La restauración absolutista también fue posible gracias al descontento de amplios sectores sociales que anhelaban estabilidad.

Consecuencias del Sexenio Absolutista

Durante el Sexenio Absolutista (1814-1820), Fernando VII anuló la Constitución de Cádiz y reinstauró el absolutismo con el respaldo de la nobleza y el clero. Esta restauración supuso el restablecimiento de la Inquisición y la supresión de derechos como la libertad de prensa. Los liberales y afrancesados fueron duramente reprimidos: muchos fueron encarcelados, ejecutados o se exiliaron, especialmente a Francia o Gran Bretaña.

Esta etapa también agudizó la crisis económica. La guerra había dejado al Estado completamente endeudado, y las guerras de independencia en América agravaron aún más la situación. En el ejército, la nobleza perdió poder y surgieron nuevos oficiales procedentes de las clases medias, muchos con ideología liberal. Esto facilitó el auge de los pronunciamientos militares como medio para cambiar el poder. Entre 1814 y 1820 se produjeron al menos ocho levantamientos, aunque solo triunfó el encabezado por Rafael del Riego en 1820, que puso fin a esta etapa absolutista e inauguró el Trienio Liberal.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Causas del Trienio Liberal

El Trienio Liberal comenzó tras el pronunciamiento militar liderado por Rafael del Riego el 1 de enero de 1820. Su éxito fue resultado del profundo descontento social ante la restauración absolutista impuesta por Fernando VII en 1814. La represión a los liberales, la censura, la crisis económica derivada de la guerra y la pérdida de las colonias americanas agravaron la situación del país. Además, muchos militares, influenciados por las ideas liberales y marginados por el absolutismo, buscaban un nuevo modelo político. El levantamiento aprovechó el retraso de una expedición militar a América, organizada en Cádiz, lo que facilitó la insurrección. El éxito no se debió tanto al apoyo popular a la Constitución de 1812 como al hartazgo generalizado. Ante la presión, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución, dando inicio a un breve periodo liberal. Sin embargo, desde el inicio, el monarca comenzó a conspirar para restaurar el absolutismo.

Consecuencias del Trienio Liberal

Durante el Trienio Liberal (1820–1823), se restauró la Constitución de Cádiz y se intentaron aplicar numerosas reformas: abolición de la Inquisición, reducción de monasterios, desamortización de bienes eclesiásticos, expulsión de los jesuitas, creación de la Milicia Nacional y nuevos códigos legales. También se reorganizó el mapa territorial con nuevas provincias. Sin embargo, estas reformas encontraron gran oposición, tanto por parte del rey como de sectores conservadores. El liberalismo se dividió entre moderados (doceañistas) y exaltados, debilitando el régimen. Desde 1822, comenzaron a surgir partidas realistas que ocuparon zonas como Navarra, Galicia o Cataluña y establecieron una regencia absolutista en la Seu d’Urgell. La situación se volvió insostenible, y en 1823 la Santa Alianza envió al ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis para restaurar el absolutismo. El ejército apenas encontró resistencia y Cádiz se rindió en octubre. Así, Fernando VII recuperó el poder absoluto y comenzó la llamada Década Ominosa.

Las Guerras Carlistas: Orígenes, Desarrollo y Consecuencias

Causas de la Primera Guerra Carlista (1833-1839)

La Primera Guerra Carlista estalló tras la muerte de Fernando VII en 1833. El conflicto se originó por la disputa sucesoria entre Isabel II, hija del rey y proclamada heredera por la Pragmática Sanción de 1830, y su tío Don Carlos, quien defendía la vigencia de la Ley Sálica. Sin embargo, más allá del problema dinástico, la guerra reflejaba una lucha profunda entre dos modelos políticos y sociales: liberalismo versus absolutismo, centralismo contra fueros, secularización frente a integrismo religioso. El carlismo encontró su base social en zonas rurales, especialmente en Navarra, el País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo, y fue fuertemente apoyado por el bajo clero y los defensores del sistema foral. También recibió apoyo de potencias absolutistas europeas. Por su parte, Isabel II fue respaldada por liberales, sectores moderados y potencias liberales como Francia y Reino Unido. Así comenzó una guerra civil que marcó el siglo XIX en España.

Consecuencias de la Primera Guerra Carlista

• Persistencia del Absolutismo: El carlismo, con su persistencia, dificultó el asentamiento de un sistema democrático liberal en España.
• Distanciamiento Monárquico del Liberalismo: La monarquía quedó más alejada del liberalismo, fortaleciéndose el poder real. La protección del trono se convirtió en la prioridad. María Cristina encontró en los liberales un apoyo crucial frente a los carlistas.
• Altas Cifras de Muertos y Movilización: El número de muertos fue muy elevado, con alrededor de 200.000 personas fallecidas en la primera guerra carlista. La movilización militar fue masiva; los gobiernos sumaron 100.000 soldados más en el verano de 1836, y entre 1838 y 1839 se añadieron otros 80.000. En total, el ejército del gobierno llegó a contar con 420.000 soldados.
• Impacto en la Hacienda Pública: Las guerras carlistas supusieron un gran esfuerzo para la Hacienda española. Los gobiernos tuvieron que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a los gastos de la guerra.
• Protagonismo Militar: En el nuevo Estado liberal, el protagonismo militar fue importante. Los militares tuvieron un gran papel en la defensa del nuevo régimen frente al carlismo, lo que también trajo consigo su deseo de participar activamente en la política.

Consecuencias de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) y la Abolición Foral

La Tercera Guerra Carlista (1872-1876) comenzó en un ambiente de libertad revolucionaria. El desarrollo de la guerra y la particularidad de los territorios permitieron crear una alternativa al Estado español (Euskadi y Navarra fueron tomadas), en la que los diputados vascos podían legislar (orden público, enseñanza, moneda, impuestos, etc.). Pero en 1876, con la llegada del rey Alfonso XII, el ejército restaurador venció y, al aceptar muchos carlistas a Alfonso XII, se logró poner fin a la guerra carlista en 1876.

Las consecuencias de la guerra fueron graves: represión carlista, destrucción de los territorios, saqueos… Por ello, tras la guerra se decidió abolir los fueros mediante la Ley del 21 de julio de 1876. A partir de entonces, los vascos deberían pagar impuestos como el resto de los españoles y cumplir con el servicio militar obligatorio. Pero los carlistas, que apoyaban al rey durante la guerra, negociaron que aquellos que no fueran soldados pudieran pagar un impuesto especial por no servir, lo cual retrasó la aplicación de la ley.

Los territorios vascos protestaron contra la abolición de los fueros y, más tarde, lograron un acuerdo para recaudar impuestos conocido como el Concierto Económico. Dicho acuerdo se firmó entre el Ministerio de Hacienda y las Diputaciones: según este acuerdo, las Diputaciones establecerían, recaudarían y administrarían los impuestos. Posteriormente, pagarían al Estado una cantidad determinada llamada “cupo”. De este modo, las Diputaciones conservaron parte de su independencia fiscal.

Pero muchos vascos no se conformaron con la renovación foral parcial, y esto sería una de las causas del nacimiento del nacionalismo vasco.