Las Reformas del Bienio de Izquierdas (1931-1933)
Entre finales de 1931 y 1933, el gobierno formado por republicanos de izquierda y socialistas impulsó un programa de reformas ya iniciadas en el periodo constituyente para modernizar y democratizar la sociedad española.
La Cuestión Religiosa
Uno de los primeros objetivos de la República era limitar la influencia de la Iglesia y secularizar la sociedad española. Esto se plasmó en la Constitución, acordando la libertad de cultos, la supresión del presupuesto de culto y clero, el divorcio y el matrimonio civil. La Ley de Congregaciones limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y previó la posibilidad de su disolución en caso de peligro para el Estado. Una buena parte de los sectores católicos percibió la nueva legislación como una agresión al catolicismo. El resurgimiento de los viejos movimientos populares anticlericales en mayo de 1931 incendió conventos y edificios religiosos en varias ciudades. La jerarquía eclesiástica manifestó su oposición hacia la República y movilizó a los católicos en su contra. El cardenal Segura provocó que el gobierno optase por una medida de fuerza y dictase su expulsión del territorio español.
La Modernización del Ejército
El gobierno republicano estaba convencido de que el ejército necesitaba una transformación. Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Se redujeron los efectivos militares, se buscó acabar con la macrocefalia, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la tradicional intervención del ejército en la vida política. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad, que establecía que todos los oficiales debían prometer su adhesión a la República. Se cerraron las Capitanías Generales y desaparecieron los Tribunales de Honor y el Consejo Supremo de Justicia Militar. Se creó la Guardia de Asalto, que era una fuerza de orden público fiel a la República. La reforma tuvo resultados limitados. Se consiguió la disminución de los gastos del ejército, pero la reducción del presupuesto dificultó la modernización del material, del armamento y de los equipamientos. La reforma fue recibida por algunos sectores, como los africanistas, quienes la percibieron como una agresión a la tradición militar y al poder del ejército. La derecha aprovechó ese descontento para animar a la revuelta militar contra la República.
La Reforma Agraria
La reforma de la agricultura fue el proyecto más importante. Se pretendía poner fin a la abundancia del latifundismo existente en buena parte de España. Esta reforma era esencial porque la agricultura era muy importante en la economía española. Unos primeros decretos querían proteger a los campesinos sin tierra y a los arrendatarios, así que prohibieron los contratos de arrendamiento. Fijaron la jornada laboral a 8 horas en el campo y determinaron el establecimiento de salarios mínimos y la obligación de los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas para ello. La reforma más importante fue la Ley de Reforma Agraria, que modernizaba la agricultura. La ley permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza. La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de la Reforma Agraria (IRA), que contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar los asentamientos de familias campesinas. Los resultados iniciales de la reforma agraria fueron escasos. Las razones de este fracaso residieron en la complejidad de la propia ley, la lentitud y las dificultades burocráticas para su aplicación, la falta de presupuesto destinado a las indemnizaciones y la resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla. La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un aumento de la tensión social. Los grandes propietarios se opusieron a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron con los enemigos de la República. Por otro lado, los campesinos quedaron decepcionados con los resultados.
La Reforma del Estado Centralista
En Cataluña, el 14 de abril, el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya había proclamado la República Catalana. Esta proclamación creaba un grave problema porque el Pacto de San Sebastián determinaba que debía ser la Constitución la que estableciese el nuevo tipo de Estado y la situación de las diferentes nacionalidades dentro de este. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión a cambio de la formación de un gobierno autonómico provisional, la Generalitat, cuya primera tarea sería la elaboración de un Estatuto de Autonomía. Una comisión quedó encargada de redactar el estatuto, que es el Estatuto de Núria. La Constitución ofreció un marco legal al estatuto de autonomía de Cataluña, pero estableció recortes con respecto al texto elaborado en Núria. La aprobación del estatuto contó con la oposición de la derecha y de algunos sectores republicanos, pero se aprobó. El régimen autonómico catalán contaba con un gobierno y un parlamento propios con competencias en materia económica, social, educativa y cultural, y se reconocía la cooficialidad del catalán. En el País Vasco, los nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron un proyecto de estatuto, que es el Estatuto de Estella. En Galicia, la conciencia nacionalista era menos fuerte y el nacionalismo gallego distaba mucho de ser una fuerza hegemónica.
La Obra Educativa y Cultural
Otra reforma importante fue la de la enseñanza. El objetivo era promover una educación liberal y laica. El centro de su actividad fue la enseñanza primaria, y así se crearon 10.000 escuelas y 7.000 plazas para maestros, mientras el presupuesto de educación se incrementó en un 50%. Se intentó acabar con la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Por otro lado, los dirigentes republicanos estaban convencidos de la necesidad de mejorar el nivel cultural de la población y hacer de la cultura un derecho para la mayoría.
Las Reformas Laborales
Francisco Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, que regulaba la negociación colectiva, y la Ley de Jurados Mixtos, con el poder de arbitraje vinculante en caso de desacuerdo. Se estableció la semana laboral de 40 horas y se estimuló el aumento de los salarios. Se promovió la creación de seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de tareas del campo.