El Bienio Progresista (1854-1856)
La revolución de 1854 se inició con un golpe de Estado fallido. El pronunciamiento del general Leopoldo O’Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas del Gobierno en Vicálvaro (la Vicalvarada). En Manzanares, el general Serrano se unió a la sublevación y convenció a O’Donnell para dar al pronunciamiento un giro hacia el progresismo. Con esa finalidad, se redactó el «Manifiesto de Manzanares», con promesas progresistas, que firmó O’Donnell el 7 de julio. Su difusión permitió que la sublevación militar se transformara en una revolución popular y progresista. En distintas ciudades se constituían Juntas Revolucionarias. A la vista de los acontecimientos, a la reina solo le quedaba un camino: formar un gobierno dirigido por la principal figura del progresismo, el general Espartero, que, con O’Donnell como ministro de la Guerra, quedó constituido a finales de julio.
Rápidamente se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes. Para estas elecciones se formó una nueva fuerza política, la Unión Liberal, con la aspiración de unir a moderados y progresistas en un solo partido. La Unión obtuvo mayoría suficiente para gobernar durante los dos años siguientes.
Las Cortes elaboraron una nueva Constitución, la de 1856, algo más avanzada —reunía el ideario progresista— pero que no llegó a entrar en vigor al no ser promulgada. Sin embargo, sobre todo, aprobaron una serie de leyes económicas encaminadas a sentar las bases de la modernización del país.
Reformas Legislativas del Bienio Progresista
La Ley de Desamortización Civil de Madoz
La Ley de Desamortización Civil del ministro Pascual Madoz afectó sobre todo a las tierras comunales y de propiedad municipal. El objetivo fundamental de Madoz era obtener dinero con la venta de estas tierras e invertirlo en la modernización económica del país, especialmente para estimular la construcción de la red ferroviaria.
La Ley de Ferrocarriles
La Ley de Ferrocarriles permitió la construcción de una parte importante de la red ferroviaria española.
Las Leyes Bancarias
Las Leyes Bancarias propiciaron la creación de compañías de crédito y de bancos, que fueron determinantes para canalizar los capitales y desarrollar el capitalismo español.
El gobierno progresista también se caracterizó por una ampliación de las libertades. En algunas ciudades, la clase obrera pudo organizarse legalmente en asociaciones de defensa de sus derechos (sindicatos).
Fin del Bienio Progresista
En julio de 1856, un golpe de Estado puso punto final al Bienio Progresista. Los moderados estaban descontentos y los integrantes de la Unión Liberal estaban en contra del creciente protagonismo de los demócratas. La inestabilidad social, además, atemorizó a una burguesía cada vez más conservadora, que exigía orden y que veía en los progresistas una actitud demasiado tolerante. En este contexto, el general O’Donnell protagonizó el pronunciamiento que provocó la caída de Espartero.
La Hegemonía de la Unión Liberal (1856-1863)
La última etapa del reinado de Isabel II fue de alternancia en el poder entre los moderados y la Unión Liberal. Comenzó O’Donnell, pero su gobierno solo duró tres meses. Suficientes, no obstante, para suprimir la Milicia Nacional, disolver las Cortes y restablecer la Constitución de 1845 con un Acta Adicional aprobada en septiembre de 1856, que ampliaba ligeramente las libertades. En octubre, la reina decidió destituir a O’Donnell para formar un gobierno presidido por Narváez. Era la vuelta al moderantismo más conservador, sin paliativos. Así, se decidió restablecer la Constitución de 1845, sin Acta Adicional.
El Gobierno Largo de O’Donnell
Tras un breve período de gobierno de Narváez, la reina confió el gobierno a una Unión Liberal convertida ya en un partido claramente conservador. Fue el «Gobierno Largo» de O’Donnell, un período de estabilidad favorecida por la ola de prosperidad económica.
La prosperidad también llegó, indirectamente, a las clases populares, lo que explica la ausencia de conflictos graves en aquellos años. Solo una insurrección de jornaleros en Loja, en 1861, rompió esa calma.
Aunque se aprobaron leyes importantes, como la Ley de Instrucción Pública de 1857 (la Ley Moyano), que reguló el sistema educativo, fue la acción exterior la que dominó la vida política. Durante todo el siglo, España había carecido de una política exterior seria a causa de su debilidad e inestabilidad internas. Para los gobiernos extranjeros fue fácil manejar la política española según sus intereses, en cuestiones como la política comercial o el matrimonio de Isabel II.
La Acción Exterior de la Unión Liberal
El gobierno de la Unión Liberal emprendió entre 1858 y 1866 una activa y agresiva política exterior, con el fin de desviar la atención de los problemas internos y exaltar la conciencia patriótica. Destacan:
- La Guerra contra Marruecos (1859-1860).
- El intento fallido de recuperar la colonia de Santo Domingo en 1861.
- La Expedición a México ese mismo año, para castigar el impago de la deuda por parte del gobierno mexicano.
- La Guerra contra Perú y Chile, a raíz de varios incidentes comerciales y navales.
La Crisis Final del Reinado de Isabel II (1863-1868)
Los últimos años del reinado de Isabel II se caracterizaron por la política conservadora y autoritaria de los moderados y por el inicio de contactos entre la oposición para derribar el régimen. Por otro lado, a partir de 1864 se inició una grave crisis económica debido a la quiebra de las compañías ferroviarias, causada por la baja rentabilidad de las líneas. Además, se sucedieron malas cosechas, lo que provocó un alza de precios agrícolas. En 1868, el paro y la exasperación popular por la carestía formaban el clima ideal para un estallido revolucionario.
Intentos de Pronunciamiento y Represión
Los progresistas protagonizaron dos intentos de pronunciamiento: uno en 1865 (los Sucesos de la Noche de San Daniel) y otro en 1866 (la Sublevación del Cuartel de San Gil).
La Sublevación del Cuartel de San Gil fue, en realidad, uno de los varios intentos de pronunciamiento auspiciados por los progresistas, dirigidos por Prim. Los gobiernos isabelinos solo supieron responder con una represión cada vez más desorientada.
El Pacto de Ostende
En agosto de 1866, representantes progresistas, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo, el Pacto de Ostende, para coordinar la oposición, con dos objetivos claros: el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal.
Castilla-La Mancha durante el Reinado de Isabel II
Uno de los problemas de la minoría de edad de Isabel II fue la Primera Guerra Carlista, iniciada en Talavera de la Reina en 1833. Con las regencias de María Cristina y Espartero, nacido este último en un pueblo de Ciudad Real, se abrió el camino hacia el definitivo triunfo de las reformas liberales. En nuestra comunidad, la mayor parte de la provincia de La Mancha fue sustituida por la de Ciudad Real, aunque parte de su territorio pasó a las provincias de Cuenca, Toledo y a la recién creada provincia de Albacete. La nueva provincia de Albacete se formó con parte de los territorios de las antiguas provincias de Cuenca, La Mancha y Murcia. Las provincias que forman hoy Castilla-La Mancha se organizaron entonces en dos regiones: una, Castilla la Nueva, que incluía a Madrid con Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real; la otra, Murcia, formada por Albacete y Murcia.
También se creó, para la administración de justicia, la Audiencia Territorial (1834), con sede en Albacete, y la Diputación Provincial.
La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal afectó mucho a todas las provincias de nuestra región, al igual que la Desamortización Civil de Madoz de 1855. Las industrias tradicionales se mantuvieron; en cambio, la industria textil de nuestra región no pudo soportar la competencia de la industria textil catalana.
En cuanto a la evolución política, las provincias castellano-manchegas, plenamente liberales, siguieron el curso político desarrollado a nivel nacional.