Las Grandes Reformas del Bienio Reformista en España

Durante el bienio reformista, y aun antes de aprobar la nueva Constitución, se llevaron a cabo un conjunto de reformas estructurales que pretendían la modernización social y política de España. Lógicamente, limitaban y reducían los privilegios históricos de las élites y respondían a las expectativas generalizadas de cambio democrático de las clases medias y el movimiento obrero.

2.2 La Reforma Educativa

Convencido de que el atraso español podía superarse mediante un buen sistema educativo, el gobierno de Azaña se entregó a la difícil tarea de sustituir los métodos y los profesores religiosos por otros de una enseñanza progresista. Muchas de las medidas secularizadoras componían el repertorio legislativo de los países avanzados. Sin embargo, otras como la disolución de la Compañía de Jesús o la prohibición de la enseñanza a las congregaciones religiosas eran excesivamente agresivas y entrañaban un grave riesgo de enfrentamiento entre la opinión católica y el régimen republicano.

En los primeros decretos de abril de 1931 ya había quedado reflejada la inquietud pedagógica de los dirigentes republicanos, formados algunos de ellos en las aulas de la Institución Libre de Enseñanza. A pesar de la decidida voluntad de la República, ni el tiempo ni el dinero permitieron eliminar el monopolio docente de la Iglesia; pero a principios de 1933, cerca de 10.000 nuevas escuelas primarias manifestaban la apuesta del gobierno por la mejora de la educación. Se aumentó el sueldo a los maestros y, con la reforma de sus planes de estudio, se pretendió dotarlos de una mejor preparación acorde con la función transformadora que se atribuía a la escuela en una España con un 44% de población analfabeta.

2.3 La Reforma Militar

A la vez que intentaban dar un giro radical a la enseñanza, el gobierno republicano abordaba la espinosa tarea de modernizar el ejército, cuya abundancia de mandos, escasa formación de los soldados y anticuado material le habían hecho perder capacidad técnica. Una de las primeras decisiones de Azaña, ministro de la Guerra en el gobierno provisional, fue la de ofrecer a un gran número de oficiales la jubilación anticipada con el sueldo íntegro. La mitad de los afectados eligieron esta ventajosa reconversión que redujo drásticamente la oficialidad. Otras medidas importantes tendieron a disminuir la amplitud de la jurisdicción militar en beneficio de la civil, así como el cierre de la Academia General de Zaragoza, dirigida por el General Franco. Se limitó la primacía de los militares africanistas y se prestigiaron las armas de artillería e ingenieros, especialmente maltratadas en los años anteriores. Las reformas de Azaña irritaron a amplios sectores del ejército que vieron en ellas un propósito encubierto de minar el poder y el prestigio de los militares.

La República no se atrevió a disolver la Guardia Civil, aunque sí procuró acabar con su hegemonía en cuestiones de orden público. Prefirió crear la Guardia de Asalto, una fuerza leal especialmente entrenada como policía urbana.

2.4 La Reforma Agraria

La esperanza republicana lleva sobre todo el nombre de reforma agraria, grave problema social y técnico que se arrastraba desde hacía dos siglos. Extensos latifundios en Extremadura y Andalucía, campesinos hambrientos y arrendatarios explotados esperaban un remedio. En el ánimo de muchos, el régimen de Azaña estaba llamado a acabar con todas las lacras del campo español mediante una distribución más justa de la propiedad y una mayor atención a sus rendimientos, para lo que era urgente aprobar una ley que expropiara grandes fincas y las repartiera entre campesinos sin tierras. Con un fondo de agitación creciente en el campo, el proyecto de reforma agraria chocaba con la resistencia de los latifundios y de los partidos de derecha y centro, que la hacían estancar en las discusiones del Congreso.

En agosto de 1932, el fracaso del levantamiento monárquico del General Sanjurjo contra la República fortaleció a Manuel Azaña, que aprovechó este momento para quebrantar la oposición y hacer aprobar la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que culminaba una serie de decretos que habían reformado diversos aspectos de la realidad agraria. La ley, que comenzó a aplicar el Instituto de Reforma Agraria en 14 provincias, autorizaba la expropiación con indemnización, aunque no podía dar respuesta a la demanda de cientos de miles de campesinos, prestos a cualquier movimiento insurreccional. La burocracia, los elevados costes de la expropiación y las resistencias de los propietarios afectados por la reforma no permitirían recibir tierras más que a unas doce mil familias en los dos años siguientes.

2.5 Las Leyes Laborales

Con la misma urgencia, el gobierno republicano estableció su política laboral bajo la dirección del Ministerio socialista de Francisco Largo Caballero, llevando a cabo distintas reformas, entre el desagrado de los empresarios y las esperanzas de los trabajadores. La gravedad de los enfrentamientos sociales en la España rural empujaba a conceder satisfacciones inmediatas: extensión al campo de la jornada de ocho horas, prolongación de los contratos de arrendamiento de tierras para evitar abusos de los patronos, y laboreo forzoso de tierras allí donde existiesen braceros en paro.

El instrumento más eficaz y discutido de intervención laboral fue el de los Jurados Mixtos de empresarios y obreros, dotados de amplias competencias en materia de trabajo, que impulsarían un alza notable de los salarios agrarios. Gracias a la confianza de la UGT depositada en Largo Caballero, descendió el nivel de conflictividad crónica en el sector, buscando el sindicato socialista el consenso con la patronal y su fortalecimiento como interlocutor, frente al radicalismo de anarquistas y comunistas. Todo ello supuso un incremento de las rentas del trabajo y el nivel de los salarios que suavizó el impacto de la crisis general y la Gran Depresión en las clases trabajadoras.