Contexto inicial y proceso constituyente

Tras el desmantelamiento del régimen franquista y la renuncia de don Juan de Borbón a sus derechos dinásticos en favor de su hijo, se inicia un periodo legislativo y constituyente.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso fue la encargada de elaborar una constitución consensuada por miembros de UCD, PSOE, AP, PCE y la minoría catalana, los llamados “Padres de la Constitución”.

La nueva Constitución fue aprobada el 31 de octubre de 1978 y el 6 de diciembre fue sometida a referéndum, con un resultado mayoritario a favor del SÍ: un 87%, con un 67% de participación.

La Carta Magna recogía en 169 artículos las principales características de las democracias occidentales y del constitucionalismo español, que se remontaba a la Constitución de 1812.

Principales características recogidas en la Constitución

• Estado social y democrático de Derecho.
• Separación de poderes: Legislativo (Cortes, formadas por Congreso y Senado), Ejecutivo (Gobierno) y Judicial (magistrados y jueces).
• Soberanía nacional, bajo la forma política de monarquía parlamentaria.
• Indisolubilidad de la unidad de España.
• Derecho a la autonomía. La Constitución contemplaba dos vías:

Artículo 151: Para las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), con un mayor grado de autogobierno.

Artículo 143: Para el resto de regiones, con menor competencia.

Todo este proceso culminó en 1982 con la Ley Orgánica de Ordenación y Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

• Diferentes derechos y libertades: enseñanza, mercado, religión, libertad ideológica.
• Estado aconfesional.

Resultados electorales y tensiones políticas (1979-1981)

En 1979 se celebraron elecciones legislativas (ganadas por UCD sin mayoría absoluta) y municipales (donde UCD obtuvo la mayoría de concejales, aunque las alcaldías de Madrid y Barcelona quedaron en manos de los partidos de izquierdas).

Tras las elecciones, los partidos políticos vivieron fuertes tensiones, en especial la UCD, en la que las diferencias internas dificultaron la labor de gobierno de Adolfo Suárez. Además, encontró otros factores que complicaron su mandato:

• La crisis económica que se arrastraba desde 1973, agravada por la segunda crisis del petróleo, con aumento del paro, incremento de la conflictividad laboral, inflación y un empeoramiento de las condiciones laborales.
• El proceso autonómico se complicó, debido en parte a Andalucía, que deseaba alcanzar la autonomía con los mismos derechos que las nacionalidades históricas. Este hecho fue conocido bajo la expresión “café para todos”.
• El intento de golpismo por el sector ultraderechista, materializado en la fallida “Operación Galaxia”.

El PSOE aprovechó esta situación para presentar una moción de censura en mayo de 1980, que no fructificó pero dejó debilitado al gobierno de Suárez.

Suárez acabó dimitiendo en enero de 1981, por lo que la UCD eligió a Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor.

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F)

Mientras se celebraba la investidura del nuevo presidente el 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles, al mando de Antonio Tejero, secuestró a los miembros del Congreso de los Diputados. Otros golpistas tomaron la sede de RTVE. El general Milans del Bosch declaró el estado de guerra en Valencia.

La postura del monarca, el Rey, condenando el golpe y defendiendo la monarquía, le llevó a ganarse la simpatía de la ciudadanía.

El golpe fracasó y los golpistas fueron procesados y condenados.

Consecuencias inmediatas

Tras el golpe de Estado, Leopoldo Calvo-Sotelo continuó su labor de gobierno con dificultades, pero logró aprobar la Ley del Divorcio (1981) y dar el primer paso para la integración de España en la OTAN.

Calvo-Sotelo, carente de apoyos, disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982.

Las elecciones de 1982 y la consolidación democrática

Las elecciones de 1982 fueron ganadas con mayoría absoluta por el PSOE, liderado por Felipe González, bajo el lema “por buen camino”. La segunda fuerza más votada fue AP (génesis del actual PP), liderada por Manuel Fraga.

La victoria socialista supuso la consolidación del sistema democrático.

La Constitución de 1978: valores y novedades

La elaboración de la Constitución fue el eje de la política nacional hasta su aprobación por referéndum popular el 6 de diciembre de 1978. El texto proclamaba su voluntad de establecer una sociedad democrática avanzada, propugnando como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Adoptaba como principios fundamentales la constitución de España en un Estado social y democrático de Derecho, la monarquía parlamentaria como forma de Estado y la descentralización a través del Estado de las Autonomías. La distinción inicial entre nacionalidades y regiones dio lugar, con el paso del tiempo, a dificultades para llegar a un sistema equilibrado en este ámbito.

Otros aspectos destacados por su novedad fueron la no confesionalidad del Estado —si bien con una mención expresa a la importancia de la Iglesia católica—, una amplia declaración de derechos y libertades (entre ellos el divorcio y la supresión de la pena de muerte) y el reconocimiento de los llamados derechos sociales, que debían ser promovidos por el Estado (derecho a la salud y sanidad, derecho a la educación, a la vivienda o al trabajo).

La Constitución recogía la división de poderes y establecía que la Jefatura del Estado recayera en la persona del Rey, pero con funciones principalmente representativas. También contemplaba la creación del Tribunal Constitucional para velar por la adecuación de las leyes a la Carta Magna.

El Estado de las Autonomías

El Título VIII de la Constitución regulaba el nuevo modelo de Estado descentralizado y posibilitó la creación de las autonomías. El artículo 151 establecía un procedimiento rápido y completo para las consideradas nacionalidades históricas (las regiones que habían solicitado un estatuto de autonomía durante la II República: Cataluña, País Vasco y Galicia). Para la plena asunción de competencias se exigía la aprobación en referéndum en su territorio del estatuto de autonomía. Así, entre 1979 y 1981 accedieron por esta vía las regiones mencionadas y Andalucía (esta última celebró un referéndum previo para sumarse al procedimiento del artículo 151).

Las comunidades restantes se constituyeron como tales y accedieron a la autonomía entre 1982 y 1983 por el artículo 143, más lento y con menos competencias previstas, al menos en una primera fase.

Navarra se constituyó como una autonomía diferenciada, al margen de la Comunidad Autónoma Vasca, aunque la presión del nacionalismo vasco hizo que se incluyera en la Constitución una posibilidad de incorporación posterior a Euskadi. Algunos territorios optaron por el modelo uniprovincial, como fue el caso de Cantabria, La Rioja, Murcia o Madrid.

Los gobiernos de la UCD

Tras la aprobación de la Constitución tuvieron lugar nuevas elecciones en 1979, con resultados similares a las de 1977, es decir con el triunfo de UCD de nuevo sin mayoría absoluta. De esta manera comenzaba el segundo gobierno de Suárez, que continuó con la legislación reformista con la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. En las primeras elecciones municipales en democracia se observó un fuerte ascenso del PSOE en las ciudades, que pactó con el PCE y los nacionalistas para gobernar en la mayoría de las medianas y grandes ciudades.

En esta etapa comenzó el declive de UCD y se diluyó el espíritu de consenso de los años anteriores, tanto en la relación entre los partidos como, de manera interna, en el propio partido del Gobierno. Hubo fuertes disensiones entre las diferentes corrientes que componían UCD. A esto se sumaba la falta de liderazgo de Suárez y la paralización de la actividad gubernamental, ya que Suárez, sin mayoría absoluta, tenía problemas para sacar adelante sus propuestas. El PSOE practicó una oposición dura en las Cortes y llegó a presentar una moción de censura para desgastar al Gobierno, aunque no prosperó.

Las presiones internas en su propio partido y la tensión en algunos sectores del Ejército, contrarios a las reformas llevadas a cabo (se habían descubierto planes golpistas fallidos como la llamada Operación Galaxia), hicieron que Suárez dimitiera en enero de 1981.

El golpe y su desactivación

El 23 de febrero, mientras se desarrollaba en las Cortes el debate de investidura del nuevo presidente (Leopoldo Calvo-Sotelo), tuvo lugar un intento de golpe de Estado. El teniente coronel Tejero, apoyado por un contingente de la Guardia Civil, asaltó el Congreso y secuestró a los diputados. Mientras, el general Milans del Bosch proclamó el estado de guerra en Valencia apoyado por la División Acorazada Brunete. El general Armada intentó formar un gobierno de concentración presidido por él mismo.

La comparecencia del Rey en televisión, de madrugada, fue decisiva para desactivar el golpe.

En la trama golpista había una clara intención de paralizar el proceso democrático y otorgar al Ejército un papel relevante. Este acontecimiento puso de relieve la fragilidad del sistema democrático español. Dos días después del golpe fue investido como Presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo.

Hechos relevantes del gobierno de Calvo-Sotelo y cierre del periodo

Los hechos más relevantes de su gobierno fueron la aprobación de la Ley del Divorcio (1981), con la oposición de los democristianos de UCD; la aprobación de la LOAPA (1982), que pretendía limitar las competencias de las autonomías y fue anulada en sus propuestas fundamentales por el Tribunal Constitucional; y el ingreso de España en la OTAN, con la oposición de los partidos de izquierda, incluido el PSOE (que cambiaría su posición una vez llegara al gobierno).

La desintegración de la UCD se acentuó y Leopoldo Calvo-Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones para octubre de 1982. En esta nueva convocatoria, el PSOE, tras abordar en esos años un proceso de moderación (adopción del ideario socialdemócrata y renuncia a sus planteamientos marxistas) y con el fuerte liderazgo de Felipe González, ganó por mayoría absoluta las elecciones, obteniendo más de 10 millones de votos y 202 diputados.

La victoria socialista supuso la consolidación del sistema democrático en España.