Siglo XVII: Los Austrias y el declive imperial

En el siglo XVII los Austrias gobernaron a través de validos, lo que provocó el descontento de la nobleza. Con Felipe III (1598-1621) y su valido, el duque de Lerma, se mantuvo una política pacifista (la llamada Pax Hispánica) y se produjo la expulsión de los moriscos (1609).

Su sucesor Felipe IV (1621-1665), apoyado por el conde‑duque de Olivares, intentó reforzar el poder real con la Unión de Armas (1625), provocando las rebeliones de Cataluña y Portugal (1640); Portugal logró su independencia en 1668. En el exterior, España participó en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), perdió las Provincias Unidas con la Paz de Westfalia y firmó la Paz de los Pirineos (1659) con Francia.

Con Carlos II (1665-1700) continuó la decadencia del imperio y surgió el problema sucesorio entre el archiduque Carlos de Austria y Felipe de Anjou, designado heredero en su testamento, lo que originó la Guerra de Sucesión Española.

Siglo XVIII: Reformas borbónicas en América y cambios en España

Las reformas borbónicas en América durante el siglo XVIII fueron un conjunto de medidas políticas, administrativas, económicas, culturales y religiosas, inspiradas en las ideas ilustradas, con el objetivo de reforzar el poder real, centralizar la administración, aumentar la recaudación y consolidar la dominación sobre las colonias, frente a la expansión portuguesa y los ataques de piratas ingleses y franceses.

En lo político‑administrativo, se crearon los virreinatos de Nueva Granada (1717) y del Río de la Plata (1776), separados del Virreinato del Perú, y las Capitanías Generales de Cuba, Venezuela y Chile, divididas en intendencias dirigidas por gobernadores nombrados por el rey, preferentemente peninsulares sobre criollos. En lo religioso, se reforzó el regalismo y en 1767 se expulsó a la Compañía de Jesús de España y sus colonias.

En el ámbito cultural se fundaron escuelas de artes y oficios y se organizaron expediciones científicas, como la de Malaspina, que recorrió América, Filipinas y Oceanía. En lo económico, se flexibilizó el monopolio comercial permitiendo que 24 puertos americanos comerciaran con 13 puertos peninsulares mediante navíos de registro; se impulsó la agricultura, se construyeron carreteras y canales, y se aumentaron impuestos y cuotas existentes. Estas reformas reforzaron el control de la Corona, pero también alimentaron el deseo de independencia en las colonias.

En el siglo XVIII, España experimentó cambios sociales, económicos y culturales aunque más limitados que en el resto de Europa por la resistencia de los privilegiados. Socialmente se inició un crecimiento demográfico, menor que en otros países y con fuertes contrastes regionales. En la economía, la agricultura aumentó su producción pese a tierras pobres, malas cosechas y concentración de la propiedad; se impulsaron mejoras agrarias y se hizo evidente la necesidad de reformas.

La industria se desarrolló con la disminución de privilegios gremiales: surgieron talleres privados y Reales Fábricas, y en Cataluña el comercio con América permitió el desarrollo del sector algodonero. El comercio interior se benefició de los Decretos de Nueva Planta.

Siglo XIX: Desamortización, industrialización y comunicaciones

Durante el siglo XIX, la medida liberal más importante desde el punto de vista económico y social fue la desamortización de las tierras de la Iglesia y de los concejos, que consistió en la expropiación de propiedades eclesiásticas y municipales para su venta en subasta pública a particulares, mientras el Estado asumía los gastos del culto y del clero.

Aunque existieron precedentes, el proceso comenzó realmente en 1837 con la desamortización de Mendizábal, tras la disolución de órdenes religiosas en 1835, salvo las dedicadas a enseñanza y sanidad, y cuyo objetivo era sanear la Hacienda, financiar la guerra civil contra los carlistas y crear nuevos propietarios que apoyaran al liberalismo; sin embargo, se priorizó la finalidad fiscal sobre la social, desaprovechando la oportunidad de repartir tierras entre los campesinos.

Posteriormente, la desamortización general de Madoz (1855-1867) incluyó tierras eclesiásticas no vendidas, propiedades municipales y de órdenes militares, destinando ingresos a reducir la deuda y financiar infraestructuras, sobre todo ferrocarriles, con 7.856 millones de reales entre 1855 y 1895, aunque los campesinos no recibieron tierras y el clero perdió propiedades, generando descontento.

La agricultura seguía siendo el sector más importante, representando más del 50% de la producción y empleando dos tercios de la población activa, con baja productividad, escasa innovación y desigual distribución de la tierra, lo que limitaba el desarrollo y retrasaba la industrialización, concentrada en Cataluña con la industria textil de algodón, protegida por aranceles y capitales autóctonos. La siderurgia creció tardíamente en Andalucía, Asturias y Bilbao, y la minería se desarrolló tras la Ley de Minas de 1868, mayoritariamente con capital extranjero.

España sufrió retraso industrial por escasez de capital nacional, insuficiente energía y materias primas y la inestabilidad política. En comercio se promovió el librecambismo, eliminando gremios y peajes interiores, apoyado por la unidad monetaria con la peseta, el ferrocarril, el telégrafo y el correo, aunque la pérdida de colonias americanas relegó a España a potencia de segunda fila; se exportaban manufacturas e importaban productos agrícolas.

Se impulsó el sector financiero con la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito y la creación del Banco de España en 1856, junto con bancos privados en zonas industriales, con fuerte dependencia de capital extranjero, generalizándose el papel moneda.

La mejora de comunicaciones, especialmente el ferrocarril, conectó el país y permitió pasar de una economía local a una nacional e internacional, con los primeros ferrocarriles en Cuba y la península en 1848 y 1851, con red radial centrada en Madrid, ampliada mediante la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y capital extranjero, llegando a 6.000 km en 1874 y 11.000 km en 1900, vertebrando el mercado, facilitando el transporte de mercancías y personas y favoreciendo la integración social y cultural, aunque sin impulsar significativamente la industria al depender de capital y tecnología foráneos.

Restauración, crisis política y social (1875–1923)

Tras la Restauración borbónica (1875), el sistema político se basó en el turnismo entre conservadores y liberales, con control de la representación por parte de los caciques locales. A finales del siglo XIX y comienzos del XX se produjeron reformas y tensiones sociales que debilitaron este sistema.

Reformas y derechos: sufragio universal masculino (1890); Ley de Asociaciones (1887), que permitió la legalización de sindicatos; abolición de la esclavitud en Cuba (1888); mayor libertad de prensa, expresión y enseñanza. A pesar de estas reformas, el sistema seguía dominado por el caciquismo y muchos sectores quedaron excluidos.

Oposición y movimientos sociales

Se organizaron en oposición varios sectores:

1. Nacionalismos y regionalismos:
   • Cataluña: el catalanismo político surgió con Valentí Almirall y más tarde con la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Francesc Cambó, que pedía autonomía.
   • País Vasco: Sabino Arana fundó el PNV (1895) tras la pérdida de los fueros, primero con ideas independentistas y luego más autonomistas.
   • Galicia: el Rexurdimento reivindicó la lengua y cultura gallegas (Rosalía de Castro).
2. Movimiento obrero:
   • Anarquismo: muy fuerte en Andalucía y Cataluña. Creó la FTRE (1881). Algunos sectores recurrieron a la violencia, con atentados como el del Liceo de Barcelona y el asesinato de Cánovas en 1897. La represión fue dura, especialmente con el Proceso de Montjuïc (1895). En 1911 nació la CNT, gran sindicato anarcosindicalista.
   • Socialismo: fundación del PSOE (1879) por Pablo Iglesias y de la UGT (1888). Creció lentamente, pero ganó fuerza a comienzos del siglo XX.
3. Republicanismo: mantuvo influencia en las grandes ciudades y obtuvo victorias electorales tras el sufragio universal de 1890. Surgieron nuevos líderes como Alejandro Lerroux y Melquíades Álvarez.
4. Carlismo y catolicismo social: el carlismo se reorganizó como partido político tras su derrota. La Iglesia promovió asociaciones obreras católicas inspiradas en la encíclica Rerum Novarum (1891).

La crisis de 1898 y sus consecuencias

El sistema comenzó a debilitarse con la crisis de 1898, cuando España perdió sus últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Esto provocó críticas al caciquismo, al turnismo y a la corrupción política, dando lugar al movimiento regeneracionista. Finalmente, el sistema de la Restauración terminó en 1923, cuando el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado e instauró una dictadura con el apoyo del rey Alfonso XIII.

Las consecuencias fueron profundas:

1. Crisis política del sistema de la Restauración: el Partido Liberal de Sagasta quedó desprestigiado y se dividió. Tras el asesinato de Cánovas (1897), el Partido Conservador también entró en crisis. El turnismo empezó a perder legitimidad.
2. Crisis económica: la industria catalana perdió un mercado clave. La guerra provocó inflación, devaluación de la peseta y aumento de impuestos. El Estado acumuló un gran déficit.
3. Auge de los nacionalismos periféricos: se fortalecieron el catalanismo y el nacionalismo vasco frente al fracaso del nacionalismo español.
4. Pérdidas humanas: más de 100.000 muertos, la mayoría por enfermedades tropicales. Gran malestar social por el sistema de quintas, que obligaba a los más pobres a ir a la guerra mientras los ricos podían librarse pagando.
5. Impacto intelectual y cultural: surgió el regeneracionismo, con autores como Joaquín Costa, que pedían modernizar España («escuela y despensa»). La Generación del 98 (Unamuno, Machado, Azorín, Valle‑Inclán) reflexionó críticamente sobre la decadencia de España.
6. Desprestigio del ejército: quedó claro que el ejército español no estaba preparado para una guerra moderna, lo que tendría graves consecuencias en el siglo XX.

Tras la derrota de España frente a Estados Unidos en 1898 y la consiguiente pérdida de sus últimas colonias de ultramar —Cuba, Filipinas y Puerto Rico— se produjo una profunda crisis política, moral e ideológica conocida como el Desastre del 98, que impactó enormemente en la sociedad española y puso en cuestión todo el sistema político, económico y cultural vigente desde la Restauración borbónica de 1875. Esta derrota no solo significó el fin del imperio colonial español, sino que también reveló la debilidad del Estado, el atraso tecnológico y militar del país y su escasa capacidad para competir con las grandes potencias europeas.

El fracaso de 1898 evidenció problemas estructurales del régimen restauracionista, basado en el turnismo pactado entre conservadores y liberales, que funcionaba mediante el control electoral por parte de los caciques locales y el fraude sistemático, impidiendo una auténtica democracia representativa. Además, el ejército se mostró ineficaz, la economía seguía siendo fundamentalmente agraria y atrasada, con fuerte desigualdad en la distribución de la tierra, y la inversión en educación y ciencia era mínima, inferior al 1% del presupuesto estatal.

Ante este panorama surgió el regeneracionismo, impulsado por intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza y por la Generación del 98 —como Joaquín Costa, Unamuno, Machado, Azorín, Baroja o Valle‑Inclán—, quienes reflexionaron sobre la decadencia española y defendieron la necesidad de transformar el país. Denunciaron la falta de inversión educativa, el excesivo poder de la Iglesia y del ejército, el atraso rural y la corrupción del sistema turnista, y propusieron la secularización del Estado, la modernización económica y el impulso de la ciencia y la enseñanza.

Crisis y reformas políticas a comienzos del siglo XX

A comienzos del siglo XX el sistema entró en una nueva crisis por la desaparición de sus líderes —el asesinato de Cánovas en 1897 y la retirada de Sagasta en 1902—, lo que generó divisiones internas e inestabilidad gubernamental. En 1902 Alfonso XIII fue proclamado rey con 16 años e intervino activamente en política apoyando al ejército, lo que contribuyó a la existencia de más de treinta gobiernos hasta 1923.

En este contexto surgió el revisionismo político de Antonio Maura y José Canalejas: Maura defendió su «revolución desde arriba» y aprobó la Ley de Jurisdicciones de 1906, la Ley Electoral de 1907, reformas laborales y la creación del Instituto Nacional de Previsión en 1908, aunque su gobierno terminó con la represión de la Semana Trágica de Barcelona en 1909. Canalejas impulsó un reformismo liberal con la Ley del Candado, la reforma del reclutamiento, una reforma fiscal progresiva y la Ley de Mancomunidades, que permitió la creación de la Mancomunidad de Cataluña en 1914, pero su proyecto se truncó con su asesinato en 1912.

Paralelamente creció la oposición al régimen con el auge del catalanismo, el fortalecimiento del socialismo (PSOE y UGT) y la expansión del anarquismo con la fundación de la CNT (1910/1911), configurando un clima de conflictividad social que desembocaría en la crisis de 1917 y aceleraría el desgaste final del sistema de la Restauración.