Las Desamortizaciones en España

En el Antiguo Régimen, la agricultura era la base económica, pero numerosas propiedades quedaban fuera del mercado debido a leyes que permitían la amortización de patrimonios nobiliarios y eclesiásticos, y prohibían la venta de tierras estatales y municipales. Esto resultaba en escasez de tierras disponibles y su consecuente encarecimiento. Además, se criticaba la explotación indirecta de tierras, la falta de planificación y la reinversión de beneficios. La legislación confusa imponía restricciones, como la prohibición de cerrar heredades y roturar montes. La desamortización se consideraba necesaria para impulsar la revolución industrial, aunque chocaba con principios del Antiguo Régimen, como la propiedad privada intocable, mientras que los ilustrados abogaban por el papel del Estado en la promoción de la felicidad, vinculada a la riqueza y la propiedad privada.

Características generales

El debate sobre la importancia de las desamortizaciones en el siglo XIX ha generado controversia entre historiadores como Simón Segura, quien las considera un gran fenómeno, y Artola, quien las ve como un fracaso en términos cuantitativos. La desamortización fue la apropiación por parte del Estado de bienes raíces, principalmente de la Iglesia y, en menor medida, de los municipios, que luego se vendieron en subastas públicas. El objetivo principal era resolver los problemas fiscales, financiar las guerras carlistas e impulsar la industrialización. También se buscaba crear una base de apoyo liberal alentando el anticlericalismo, lo que afectó las relaciones con la Iglesia. Además, se pretendía generar transformaciones agrarias y promover la propiedad mediana, pero en realidad se fortaleció el latifundismo y aumentó la cantidad de campesinos sin tierra.

Primeras desamortizaciones

En el siglo XVIII, se reconoció el problema de la gran cantidad de propiedades inmobiliarias en manos de instituciones religiosas y municipios. Carlos III emitió decretos para limitar la adquisición de tierras por parte de los municipios y hacer que estuvieran disponibles para los habitantes locales. Las primeras expropiaciones de bienes de la Iglesia por parte del Estado se llevaron a cabo a partir de 1797, durante el gobierno de Godoy, para hacer frente a la creciente deuda pública. Estas expropiaciones generaron descontento en la Iglesia. Fernando VII suspendió las ventas en 1808, pero durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), José Bonaparte intentó una desamortización utilizando los bienes del clero y de los aristócratas que se oponían a la dominación francesa. Las Cortes de Cádiz también abordaron el problema mediante un decreto en 1813, que establecía la nacionalización de bienes raíces confiscados a afrancesados, parte de los bienes comunales y reales, así como algunos bienes eclesiásticos. Sin embargo, estas medidas no se aplicaron debido al regreso de Fernando VII.

La desamortización de Mendizábal

La desamortización de Mendizábal, impulsada durante la regencia de María Cristina (1833-1840) en un contexto de conflictos entre carlistas, liberales moderados y progresistas, tuvo como objetivos:

• Disolución del régimen señorial y desvinculación de mayorazgos.
• Abolición del diezmo y la Inquisición.
• Supresión de los jesuitas y de conventos.

El Real Decreto del 19 de febrero de 1836, liderado por Mendizábal, nacionalizó y subastó los bienes eclesiásticos, principalmente del clero secular. Posteriormente, en julio de 1837, se amplió la desamortización afectando a un mayor número de conventos. La ley del 2 de septiembre de 1841, durante la regencia de Espartero, incluyó los bienes del clero secular con los “bienes nacionales”. La venta de estos bienes se realizaba mediante dinero en efectivo o con títulos de Deuda Pública. Aunque la desamortización tenía objetivos como financiar la guerra carlista y sanear la Hacienda, se argumenta que acentuó la estructura latifundista de la propiedad agrícola al no distribuirse equitativamente. Las subastas beneficiaron a capitalistas y a la burguesía adinerada, excluyendo a campesinos más humildes. La opinión generalizada es que la desamortización no cumplió sus objetivos principales y favoreció a la burguesía en lugar de crear una masa de pequeños campesinos, según críticos como Álvaro Flórez Estrada.

La desamortización de Madoz

Durante el Bienio Progresista (1854-1856), Pascual Madoz impulsó la última etapa desamortizadora mediante la ley de desamortización general en 1855. Esta ley representó una ruptura con la Iglesia tras el Concordato de 1851. La medida consistió en subastar todos los bienes amortizados no disponibles en el mercado, es decir, vinculados a la Iglesia, Estado y Municipios. Se favoreció el pago en efectivo, aunque los Títulos de Deuda Pública también fueron relevantes. El volumen de esta desamortización duplicó la de Mendizábal y tuvo como objetivos el saneamiento fiscal y la promoción de la expansión del ferrocarril.

Cambios agrarios resultantes

La desamortización en España consolidó la propiedad privada e individual, siguiendo principios liberales. Aunque no alteró significativamente la estructura de la propiedad, sí consolidó el latifundismo. El impacto principal se observó en el plano económico al poner en cultivo extensiones de tierras previamente poco explotadas. Cerca de 10 millones de hectáreas fueron vendidas, representando el 20% del territorio nacional y el 40% de las tierras cultivables. La transición de tierras de manos muertas a propietarios privados impulsó la eficacia de las explotaciones. Sin embargo, medidas como la supresión de la Mesta y mejoras en infraestructuras contribuyeron más a la expansión agraria que la desamortización. Los principales beneficios fueron para las clases altas, mientras que la Iglesia, los municipios y el campesinado más pobre fueron las víctimas, perdiendo tierras y propiedades comunales.

Conclusión sobre las desamortizaciones

Para terminar, los procesos desamortizadores en España consolidaron el régimen liberal, respaldados por la burguesía. Sin embargo, los beneficios económicos fueron menores de lo esperado, generando tensiones sociales, aumentando el anticlericalismo y contribuyendo a la concentración de tierras en manos de terratenientes. La gestión ineficiente de la burguesía y la desviación de capitales no mejoraron significativamente la economía. Además, el proceso resultó en una pérdida importante del patrimonio cultural con el deterioro y pérdida de edificios históricos, así como la dispersión de obras de arte.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

Entre 1868 y 1874, España experimentó seis años tumultuosos con diferentes fases políticas. A pesar de las variaciones, la búsqueda común fue establecer un sistema de gobierno democrático real.

La Revolución de 1868

En 1866, los progresistas, demócratas y republicanos se unieron para derrocar a Isabel II. Firmaron el Pacto de Ostende y, con la muerte de líderes del régimen, Isabel II quedó vulnerable. En septiembre de 1868, los generales Prim, Serrano y Topete lideraron un pronunciamiento en Cádiz, extendiéndose por toda España. Tras vencer en Alcolea, Isabel II escapó a Francia. Este evento, conocido como la Revolución Gloriosa, fue un éxito.

Gobierno Provisional (1868-1869)

Después de la Revolución Gloriosa, el nuevo gobierno en España, formado por unionistas y progresistas, promulgó decretos liberales que incluían libertades importantes, como de prensa, asociación y enseñanza. También introdujeron medidas económicas y el sufragio universal masculino a partir de los 25 años. Se convocaron elecciones constituyentes en 1869, donde hubo diversas fuerzas políticas, incluyendo carlistas, moderados, progresistas, unionistas, demócratas y republicanos. La unión de progresistas, demócratas y unionistas ganó. Tras debates parlamentarios, se aprobó la Constitución de 1869, siendo la más democrática del siglo XIX. Estableció la soberanía nacional y el sufragio masculino.

El Título I establece importantes derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia, libertad de trabajo para extranjeros, libre pensamiento y derechos de reunión y asociación. La división de poderes se definió claramente con un Congreso y Senado elegidos por sufragio masculino. En cuanto al ejecutivo, estaba a cargo del gobierno. Además, se garantiza la independencia del poder judicial mediante un sistema de oposiciones. Aunque hubo controversias sobre la forma de gobierno y la propiedad, la Constitución también garantiza la libertad de culto y otros derechos. La Constitución, con 11 Títulos y 112 artículos, marca un cambio ético fundamental al alejarse del Estado centralizado de los moderados. Busca establecer una historia sociopolítica basada en principios democráticos.

La Regencia de Serrano (1869-1870)

Después de este proceso, Serrano se convirtió en regente y Prim lideró un gobierno en busca de un rey para España. Se implementó una política económica liberalizadora, comenzando con la venta del monopolio de las minas para reducir el déficit estatal. La elección de un rey católico y demócrata fue complicada, con varios candidatos en disputa. Finalmente, Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, fue elegido con el apoyo de los progresistas. Sin embargo, el problema social persistió ya que la opción monárquica no satisfizo a los republicanos. En Andalucía, la agitación campesina tuvo un tono más revolucionario. La presencia de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en España, a través de Giuseppe Fanelli, y una revuelta independentista en Cuba desde 1868 también contribuyeron a la conflictividad.

Reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)

Después de un largo proceso de selección, Amadeo de Saboya fue coronado como rey de España, a pesar de no contar con el favor de sus súbditos. Su reinado fue inestable debido a la división de las fuerzas liberales, con seis cambios de gabinetes y tres elecciones generales en dos años. En su primer gobierno, presidido por Serrano, surgieron desacuerdos, ya que Serrano propuso suspender las garantías constitucionales, pero Amadeo I, a pesar de su limitado español, defendió la Constitución y rechazó la propuesta. Estos desafíos debilitaron el sistema político, con oposición de fuerzas como el carlismo, que aprovechó el sufragio universal para ganar en el País Vasco y Navarra, y la libertad de imprenta para preparar su levantamiento en 1872. Además, el problema en Cuba y la falta de simpatía hacia un rey extranjero también afectaron su reinado.

La I República Española (1873-1874)

Después de la abdicación de Amadeo I, las Cortes proclamaron la I República Española con Figueras como presidente. Sin experiencia, el gobierno enfrentó conflictos, incluido el resurgimiento del conflicto carlista. A pesar del apoyo inicial, los radicales se retiraron y hubo intentos de golpe. Las elecciones de mayo dieron una victoria abrumadora a los republicanos federales, proclamando la República Federal con Pi y Margall como presidente. La división interna causó problemas y la aprobación de proyectos legislativos, incluida una nueva Constitución, fue difícil. En 1873, surgió el movimiento cantonalista. Pi y Margall renunció, y Salmerón asumió la presidencia, enfrentando desafíos cantonalistas. Castelar lo reemplazó, adoptando medidas represivas y suspendiendo garantías constitucionales. Las tropas controlaron Málaga y Cartagena resistió hasta 1874. Sin éxito contra los carlistas y sin resolver el problema de Cuba, en enero de 1874, las Cortes retiraron su confianza al ejecutivo y al modelo de República unitaria.

Conclusión del Sexenio

La madrugada del 3 de enero, Pavía disolvió la Asamblea con la ayuda de la Guardia Civil, poniendo fin a la experiencia republicana. Serrano asumió una nueva regencia, pero el año 1874 se considera «el año sin historia». A finales de diciembre, Martínez Campos se sublevó en nombre del rey Alfonso XII, hijo de Isabel II, y nadie intervino para detenerlo.