El nacimiento de la Segunda República (1931)

Tras el triunfo de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Alfonso XIII abandonó España. La noche del 14 de abril, Niceto Alcalá Zamora proclamó la Segunda República en Madrid y se formó un gobierno provisional que reflejaba fielmente el Pacto de San Sebastián (1930), el acuerdo que unía a la oposición antimonárquica. En él estaban representadas todas las tendencias:

• Derecha Liberal Republicana: Alcalá Zamora y Miguel Maura.
• Partido Radical (centro): Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio.
• Republicanos de izquierda: Manuel Azaña (Acción Republicana) y Marcelino Domingo (Partido Radical-Socialista).
• PSOE: Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos y Francisco Largo Caballero.
• Nacionalistas: Luis Nicolau d’Olwer (catalán) y Santiago Casares Quiroga (gallego).

Este gobierno representaba la esperanza de una España moderna y democrática, pero desde el primer momento tuvo que enfrentarse a grandes desafíos. El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes para junio, pero llamó más la atención su intensa labor legislativa inmediata. Paralelamente, tuvo que gestionar conflictos urgentes:

Desafíos inmediatos del gobierno provisional

• El problema catalán: El mismo 14 de abril, Francesc Macià (Esquerra Republicana de Catalunya) proclamó «la república catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica», fórmula que el gobierno central no podía admitir. La crisis se resolvió restaurando la Generalitat, presidida por Macià, y se inició la redacción del Estatuto de Autonomía, que fue sometido a referéndum en Cataluña en agosto de 1931, aunque debía ser aprobado por las futuras Cortes.
• El trabajo en el campo: El ministro de Trabajo, Largo Caballero, impulsó decretos muy importantes: el de términos municipales (obligaba a contratar preferentemente a los braceros del propio municipio), el de laboreo forzoso (las tierras debían ser cultivadas) y la extensión al campo de la jornada de ocho horas.
• La reforma del Ejército: Obra del ministro Manuel Azaña, buscaba modernizar las Fuerzas Armadas, reducir el exceso de mandos y asegurar la fidelidad a la República. Se obligó a los militares a jurar lealtad al nuevo régimen y se ofreció el pase a la reserva con el sueldo íntegro. La reforma generó un gran malestar en sectores castrenses.
• La educación: El ministro Marcelino Domingo impulsó una ambiciosa política educativa: creación de 6.570 escuelas, plazas para maestros, el Patronato de Misiones Pedagógicas para llevar la cultura al medio rural y la supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, un paso hacia una escuela laica que alarmó al mundo católico.
• Las relaciones con la Iglesia Católica: Fueron muy tensas. El cardenal Pedro Segura, arzobispo de Toledo, fue expulsado por una pastoral en defensa de Alfonso XIII. Pero lo más grave ocurrió el 10 y 11 de mayo de 1931: una asamblea monárquica derivó en enfrentamientos callejeros y al día siguiente grupos incontrolados incendiaron iglesias, conventos y colegios religiosos en Madrid. Los disturbios se extendieron a Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante. Aunque nadie los reivindicó, aquellas hogueras dañaron gravemente la imagen de la República ante la opinión católica.
• El movimiento obrero: La CNT, sindicato anarcosindicalista, utilizaba la huelga como instrumento de lucha, y los choques con las fuerzas de orden público (Guardia Civil y la recién creada Guardia de Asalto) terminaban a menudo en sucesos sangrientos. En el campo, la tensión era enorme: los campesinos esperaban el reparto de tierras y los propietarios se preparaban para defender sus propiedades. El gobierno preparó un proyecto de Reforma Agraria que se trasladó a las Cortes.

La Constitución de 1931

Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de junio de 1931. La coalición de republicanos y socialistas obtuvo alrededor del 80 % de los escaños; los dos partidos más votados fueron el PSOE (116 diputados) y el Partido Radical (90). La derecha conservadora, desorganizada, quedó reducida a una minoría sin apenas capacidad de influencia.

Este dominio parlamentario de la izquierda se reflejó en la Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre. Definía a España como una República democrática y laica. Sus principios fundamentales eran:

• Definía al país como una «República de trabajadores de toda clase» y como un Estado integral, fórmula que reconocía el derecho a la autonomía de las regiones.
• Recogía una amplísima declaración de derechos y libertades: voto a las mujeres, matrimonio civil, divorcio y expropiación forzosa por causa de utilidad social.
• Establecía la división de poderes: Cortes unicamerales, presidente de la República (mandato de seis años) y jueces y tribunales independientes. Se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales.
• El debate más encendido fue la cuestión religiosa (artículos 26 y 27): separación Iglesia-Estado, aconfesionalidad, libertad de cultos, fin de la financiación estatal a la Iglesia, disolución de la Compañía de Jesús y prohibición de que las congregaciones religiosas ejercieran la enseñanza, el comercio y la industria. Su aprobación provocó la dimisión de Alcalá Zamora y Miguel Maura.

Manuel Azaña, cuyo discurso fue decisivo para zanjar el debate, fue nombrado nuevo presidente del gobierno a mediados de octubre. La Constitución se aprobó sin los diputados de la derecha, que se ausentaron, por lo que nació sin el necesario consenso.

El gobierno de Azaña y la continuidad de las reformas

Aprobada la Constitución, las Cortes eligieron a Alcalá Zamora presidente de la República, y este encargó a Azaña formar el primer gobierno constitucional. Lerroux (Partido Radical) se negó a seguir en un gobierno con socialistas y pasó a la oposición. Azaña, sin embargo, optó por mantener la alianza con el PSOE y continuar las reformas.

La oposición y la conflictividad social

El gobierno Azaña tuvo oposición por dos frentes. Por la derecha, el Partido Radical de Lerroux. Por la izquierda, la CNT, la FAI y el PCE, que consideraban al gobierno «reformista y burgués». La UGT y su organización campesina (FETT) respaldaban al gobierno, pero eso no garantizó la paz social. Los conflictos fueron constantes y sangrientos: Castilblanco (diciembre 1931), Arnedo (enero 1932) y la insurrección anarquista del Alto Llobregat (enero 1932), que se saldó con una decena de muertos y 104 anarquistas deportados a Guinea.

La reforma agraria, el Estatuto catalán y el golpe de Sanjurjo

En las Cortes se debatían dos proyectos clave: la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Ambas chocaban con fuertes resistencias. Todo cambió el 10 de agosto de 1932, cuando el general Sanjurjo protagonizó un intento de golpe de Estado que fracasó estrepitosamente. Como reacción en defensa de la República, el 9 de septiembre se aprobaron ambas leyes:

• El Estatuto definía a Cataluña como «región autónoma dentro del Estado español». En las elecciones a la Generalitat (noviembre) venció Esquerra Republicana y Macià fue su primer presidente.
• La Ley de Reforma Agraria buscaba acabar con el latifundismo y asentar campesinos en tierras expropiadas. Afectaba a zonas de latifundio (Andalucía, Extremadura…). Los grandes propietarios serían indemnizados, salvo los nobles. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) con solo 50 millones de pesetas de presupuesto. El proceso fue muy lento, lo que exasperó a los jornaleros y provocó la organización de los propietarios en su contra.

Los sucesos de Casas Viejas (enero 1933)

A comienzos de 1933, la CNT y la FAI convocaron una insurrección general en varias localidades andaluzas. En Casas Viejas (Cádiz), los días 11 y 12 de enero, un grupo de campesinos anarquistas proclamó el comunismo libertario. Las fuerzas de orden —Guardia Civil y Guardia de Asalto— sofocaron la revuelta con extrema dureza. Tras un primer tiroteo con ocho muertos, el capitán de la Guardia de Asalto Rojas ordenó asaltar una choza donde se habían refugiado varios vecinos (entre ellos la familia Pérez) y prendió fuego a la construcción, causando la muerte de todas las personas que estaban dentro. En total fueron asesinadas doce personas después de rendidas, a las que se sumaron los ocho muertos del tiroteo y tres guardias fallecidos.

La noticia conmocionó a la opinión pública española e internacional. En el Parlamento se exigieron responsabilidades al gobierno. Aunque Azaña no había ordenado la matanza, la represión brutal recayó directamente sobre su ejecutivo, que se vio obligado a cesar al director general de Seguridad, Arturo Menéndez. La derecha y los radicales utilizaron el caso para desgastar al gobierno sin descanso. Casas Viejas se convirtió en el símbolo de la incapacidad de Azaña para mantener el orden sin traicionar los principios republicanos, y la pérdida de confianza fue tan grave que precipitó la ruptura de la coalición gobernante.

La oposición al gobierno y el fin del bienio reformista

El gobierno Azaña quedó atrapado entre dos frentes. Por la derecha, la oposición se acrecentó con la Ley de Congregaciones Religiosas (mayo 1933), que ponía fin a los colegios religiosos. Por la izquierda, en el PSOE el sector de Largo Caballero defendía ya la salida del gobierno y una vía revolucionaria.

La derecha se reorganizó profundamente. La política laicista de la República movilizó al mundo católico: en febrero de 1933 se creó la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), dirigida por José María Gil Robles, que defendía la revisión de la Constitución y la legislación laica. También surgieron grupos radicalmente antirrepublicanos: Renovación Española (Calvo Sotelo), los carlistas (Comunión Tradicionalista) y Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera en octubre de 1933. La crisis definitiva llegó en septiembre de 1933, por las desavenencias entre republicanos de izquierda y socialistas y los choques entre Azaña y Alcalá Zamora. El presidente de la República disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 19 de noviembre de 1933.

Conclusión

El primer bienio republicano fue un ambicioso intento de modernizar España mediante reformas profundas en el ejército, la educación, el trabajo y la agricultura, y de encajar territorialmente las autonomías. Sin embargo, la coalición republicano-socialista de Azaña tuvo que hacer frente a una oposición durísima tanto por la derecha (monárquicos, católicos y militares) como por la izquierda revolucionaria (anarquistas y comunistas). La conflictividad social, la sangrienta represión de Casas Viejas y la falta de consenso en torno a la Constitución —especialmente en la cuestión religiosa— desgastaron irreversiblemente al gobierno y condujeron a su caída y a la convocatoria de elecciones en noviembre de 1933, que abrirían un nuevo periodo en la historia de la República.