Desamortización Carlos III

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Durante el Siglo XIX asistiremos en España a profundas transformaciones en el mundo rural, estas retomarán propuestas de la época de la Ilustración, pero como es lógico con una concepción ideológica diferente, la liberal. Estas trasformaciones las podemos sintetizar en tres aspectos fundamentales: – En primer lugar un proceso de «desamortizaciones», que fue la venta de los bienes procedentes de la Iglesia, Municipios y otras «manos muertas», -Por otro lado la abolición del «régimen señorial» que eran los derechos jurisdiccionales y territoriales, que nobleza e Iglesia poseían sobre todo en el mundo rural, y – Por último la «desvinculación» que fue la cancelación de las limitaciones jurídicas a la libre disposición sobre los bienes (el ejemplo más ilustrativo eran los mayorazgos). Estas transformaciones cambiaron la estructura de producción y propiedad en la España del S. XIX, pero por sus especiales circunstancias no solucionaron los problemas del mundo rural español, dejando la «cuestión agraria» como uno de los factores que generaron más inestabilidad en el resto del Siglo XIX y en el XX, sobre todo durante la II República. La desamortización consistíó en la apropiación, por parte del Estado y por decisión unilateral suya, de tierras y otros bienes pertenecientes a las manos muertas, la posterior venta de los mismos y la asignación del importe obtenido a amortizar la deuda o a otros objetivos. En el Siglo XVIII un enorme porcentaje de las tierras de España eran o improductivas (en barbecho, no cultivables, …) o de bajo rendimiento (dedicadas apastos, cotos de caza, tierras abandonadas,…). Se hacía evidente la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras de las «manos muertas», a saber los Señoríos, la Iglesia, los ayuntamientos y el propio Estado, que no podían venderlas por estar vinculadas. Estas tierras muchas veces ni eran cultivadas ni pagaban impuestos de ningún tipo, por lo que no generaban riqueza alguna. La solución era evidente: era necesario que el Estado se apropiara de estas tierras y las pusiera a la venta libre a través de la subasta al mejor postor. Su finalidad era aumentar la riqueza nacional y en algunos momentos se pensó también para crear una clase media de labradores propietarios que fomentaran la riqueza del país. Además, la hacienda pública obtendría unos ingresos extraordinarios con los que se pretendían solucionar el problema de la deuda pública. Así las desamortizaciones se plantearán durante el XVIII, desde una óptica ilustrada, mientras que durante el XIX se convertirán en la principal arma política con la que los liberales progresistas intentarían cambiar el régimen de la propiedad del Antiguo Régimen. La situación de la hacienda pública previa a la revolución liberal era tradicionalmente deficitaria. La razón era clara: el sistema de impuestos del Antiguo Régimen dejaba fuera a Nobleza y Clero, cargando de impuestos directos al Tercer Estado y sobre todo utilizaban los impuestos indirectos sobre el consumo. Todo esto provocaba la ruina de las clases populares y una paralización de las actividades económicas. La necesidad de pedir préstamos por parte de las monarquías se convirtió en una práctica habitual, esto fue muy normal en la España de los siglos XVIII y XIX. El Estado arrastraba una profunda crisis económica, que supuso el imparable incremento de la deuda pública. La situación se fue agravando con la sucesión de conflictos como la guerras contra Inglaterra, Francia, nuevas guerras contra Inglaterra, la invasión francesa, la independencia americana y las guerras carlistas, situaciones que hacían necesarias medidas extraordinarias, lo cual llevó a que los políticos se fijaran en lo ocurrido en otros países europeos más avanzados en políticas desamortizadoras. Así, en Inglaterra las leyes de cercamiento de propiedades antes comunales (Enclosures Act) se promulgaron durante las transformaciones agrícolas, que coincidieron con los inicios de la Revolución Industrial. Por su lado, en Francia el problema del déficit fue el que provocó la reuníón de los Estados Generales, a partir de la cual podemos dar por iniciada la Revolución Francesa, y para solucionar la crisis financiera los dirigentes revolucionarios pensaron en la desamortización de los bienes de la Iglesia y los de los nobles emigrados. Estas tierras fueron adquiridas, con el compromiso de su desembolso a largo plazo por el campesinado francés. Para solucionar el problema financiero se emitieron los asignados, que era deuda pública garantizada por dichos bienes. Las consecuencias económicas de dicho proceso no fueron las esperadas, ya que se originó una inflación galopante, pero las sociales y políticas, sí. Así, el campesinado francés se convirtió en propietario de las tierras, generando un apoyo masivo a las conquistas revolucionarias y creó una clase media rural, que a partir de aquí sirvió de gran estabilizador social.

La desamortización de Godoy (1798-1808)En España las primeras medidas de carácter desamortizador, fueron tomadas a comienzos de siglo por el primer ministro de Carlos IV, Godoy entre 1798 y 1808. La guerra con Francia y posteriormente con Inglaterra supuso la ruina de la Hacienda Real. En 1782 se crearon los vales reales, una especie de emisión de deuda pública, que con los años fueron perdiendo credibilidad, hasta el punto de que no se admitían vales reales como medio de pago en algunas transacciones. Para remediar esta falta de valor de los vales reales, se emitíó un decreto en Septiembre de 1798, que establecía la «enajenación de fincas de la Compañía de Jesús, Cofradías, Memorias, Obras Pías, Hospitales, Hospicios y demás establecimientos piadosos». El dinero recaudado por la venta de estas fincas, debía canjearse por vales reales. La Iglesia recibía, a cambio el 3% de los vales reales adquiridos. Se permitíó incluso la venta de mayorazgos
. Esta medida supuso un respiro para gran parte de las casas nobles pues, aunque tenían numerosas fincas y bienes inmobiliarios, no les estaba permitida su venta, por lo que tenían graves problemas de liquidez. La desamortización de JoséIse produce durante la Guerra de la Independencia, éste realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814. Por su parte, las Cortes de Cádizcontinuaron el proceso desamortizador. Quedaron expropiados bienes pertenecientes a los afrancesados, a conventos y monasterios destruidos durante la guerra y algunas tierras municipales. Todos estos bienes fueron vendidos en subasta pública. Pero todas estas ventas se suprimíán con la implantación del absolutismo al regreso de Fernando VII. Durante el Trienio Liberal (1820-23)en el reinado de Fernando VII, se volvieron a emprender medidas desamortizadoras: con la desaparición definitiva del Tribunal del Santo Oficio (Inquisición) se puso en marcha la desamortización de los bienes de esta institución y de algunas órdenes monacales. Su realización fue muy limitada por el tiempo tan corto de este periodo.

La primera gran desamortización del Siglo XIX fue la emprendida por Mendizábal (1836-37). Durante la Regencia de M. Cristina, al llegar al poder los progresistas, se retomaron las medidas desamortizadoras del trienio liberal. La más importante fue la realizada por el presidente del gobierno y ministro de Hacienda Juan Álvarez de Mendizábal en 1836-37, por la que fueron expropiados numerosos bienes del clero regular, lo cual llevó paralela la supresión de numerosas órdenes religiosas. Los objetivos de estas medidas eran de distinto tipo y muy claros: por un lado limitar el poder de la Iglesia, que en este momento es pro-carlista y pro-absolutista y por tanto contraria al reinado de Isabel; además conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses y que estos apoyasen al liberalismo y por ende a la reina; se pretendía también solucionar el problema financiero de la deuda pública, y por último generar dinero con el que financiar un ejército contra carlistas. 

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