El forcejeo con la iglesia católica

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La desamortización es un procedimiento jurídico a través del cual los bienes amortizados o vinculados, es decir, aquellos que no podían venderse o cambiar de propiedad (tierras, inmuebles, mayorazgos, etc.) dejan de serlo para convertirse en bienes de propiedad privada ordinaria. Al estar este tipo de bienes vinculados a la aristocracia, a la Iglesia o a los municipios (bienes de comunes y propios), la desamortización ha constituido una de las tareas históricas más importantes de la revolución burguesa orientada a transformar el régimen de propiedad feudal. Hay 2 desamortizaciones que fueron muy importantes, aunque también hay que destacar las desamortizaciones creadas por Carlos IV, o mejor dicho, por Godoy, cuyo objetivo era desamortizar para sanear la deuda pública;
Y por José I, que en paralelo a la de las Cortes de Cádiz, la cual planteaba desamortizar para pagar la deuda pública, confiscaba las rentas para pagar los gastos de la guerra de las tropas francesas. En cuanto las desamortizaciones importantes, en primer lugar se encuentra la desamortización de Mendizábal, donde el gabinete de Mendizábal reorganizó la Milicia Nacional y planteó pagar y ganar la guerra con la desamortización de bienes del clero. La desamortización de Mendizábal, realizada en 1836 y puesta en ley en 1837, consistíó en la nacionalización de las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia y su venta posterior en subastas públicas a particulares. Con ello, se pretendía crear una nueva clase de nuevos propietarios afines a la causa liberal y sanear la deuda pública, que superaba la mitad del presupuesto estatal de ese mismo año a causa de la guerra. Aunque se cerraron 1.000 conventos y fueron exclaustrados 30.000 religiosos, los planes de Mendizábal no dieron resultado, pues la guerra continuó y la deuda no se saneó. Durante el bienio progresista, el ministro de Hacienda Pascual Madoz realizó una nueva desamortización en 1855. Con esta desamortización, se declara en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes Militares, de los pueblos, de la beneficencia y de la instrucción pública. Esta ley llevó a la ruptura de relaciones con la Santa Sede. Su aplicación provocó levantamientos carlistas, incitados por el clero. Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas, tuvo una gran repercusión en la sociedad española. Entre los intereses de esta desamortización se encuentra financiar la construcción del ferrocarril. 


En aquella época existía el mayorazgo, un sistema de reparto de bienes que beneficiaba al mayor de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de una familia no se dividía, sino que sólo podía aumentar. Hubo una propiedades denominadas propiedades de «manos muertas», que eran aquellas que no se podían vender, permutar o transferir en forma alguna. Era habitual que tampoco tuvieran impuestos. El origen de esas propiedades está en la cesión o legado hereditario de un benefactor ya muerto (de ahí el nombre de «manos muertas») cuya voluntad sigue prevaleciendo. Principalmente hace referencia a las propiedades de la iglesia católica, aunque también pueden incluirse en este concepto algunas propiedades de la casa real o de la nobleza (señoríos) o ayuntamientos. Las desamortizaciones fueron un papel clave en la agricultura del Siglo XIX, ya que afectó a la mitad de la tierra cultivable. La opinión tradicional más extendida sobre los efectos de las desamortizaciones en la estructura de la propiedad agraria española estima que se acentuó el latifundismo, ya que al ser ventas en subastas públicas se supone que fueron compradas por compradores con capital, aunque la intención de estas desamortizaciones era favorecer una explotación mucho más racional de la tierra, para lograr una mayor productividad. Los ilustrados defendían las doctrinas fisiocráticas, las cuales sosténían que la riqueza de un estado hay que buscarlas en la naturaleza, es decir, en la agricultura. Esto está relacionado con la idea de que solo en las actividades agrícolas, la producción es mayor a los insumos utilizados, surgiendo un excedente económico. El problema en España era que la agricultura se caracterizó por unos bajos rendimientos, por lo que el Estado no podía recaudar mucho dinero, y además, al haber poco alimento, se daban crisis de subsistencias. En definitiva, no se aprovechó la ocasión de crear una clase media agraria que hubiera podido ser un factor de equilibrio en la nueva sociedad de clases. Al no consolidarse ésta, falló igualmente la posibilidad de que surgiera un sector ahorrativo, capaz de estimular la demanda del mercado y de impulsar las inversiones en el propio campo y en otros sectores económicos.


El régimen de la Restauración, o sistema político canovista, es el sistema político existente en España entre 1874 (pronunciamiento de Martínez Campos) y 1923 (Golpe de Estado de Primo de Rivera). Tras este pronunciamiento llegó a España Alfonso XII, el nuevo rey de la dinastía borbónica. A Alfonso XII se le llamaba “El Pacificador” por poner fin a la guerra carlista y a la cubana, pero también se le podría aplicar este calificativo por su contribución al establecimiento de un largo periodo de convivencia pacífica entre los españoles, de la que éstos no disfrutaban desde hacía décadas. La Restauración está caracterizada por el pragmatismo en política;
La defensa de la constitución histórica, es decir, de sus costumbres y su historia; la soberanía compartida reyCortes; la necesidad de que el ejército quedase al margen de la política y un sistema electoral basado en el turnismo de dos formaciones políticas, los denominadas partidos dinásticos, partido Conservador (Cánovas) y Liberal (Sagasta), que a su vez estaba basado en la manipulación electoral, el caciquismo y la ausencia de una verdadera democracia por la limitación de los derechos y libertades individuales. El sistema electoral era corrupto, utilizando para ello herramientas como la compra de votos, la falsificación de actas, adulteración del censo y la manipulación del electorado. En esta última era básica la labor de los caciques, personajes que en una comarca determinada tenían una gran influencia y poder económico. Solían ser grandes propietarios y ocupaban los cargos municipales, controlando el trabajo, los sorteos de quintas, etc, elementos con los que chantajeaban a la población. La dinámica de la manipulación electoral era la siguiente: una vez decidido el cambio por los dos partidos dinásticos, el ministro de la Gobernación elaboraba la lista de los candidatos que debían ser elegidos, enviándola a los alcaldes y caciques para que garantizaran su elección por los métodos ya citados. Para realizar la manipulación electoral era fundamental la constitución creada, la Constitución de 1876, inspirada en la moderada de 1845, que se caracteriza por la soberanía compartida rey-Cortes, los amplios derechos de la Corona (derecho de veto, potestad legislativa compartida con las Cortes, nombramiento de ministros y poder ejecutivo), Cortes Bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado), confesionalidad católica del Estado y amplia declaración de derechos que tendían a restringir leyes ordinarias. El derecho de sufragio se dejaba pendiente al no precisar el sistema de votación. 


Algunos historiadores denominan al caciquismo como el nuevo feudalismo porque estos caciques eran personajes clave en la manipulación electoral. El Ministerio de Gobierno enviaba a cada cacique los nombres de los candidatos que debían ganar, a veces incluso determinaban las mayorías que había que obtener. Por lo general, los caciques controlaban a la policía y a los jueces, consiguiendo los votos que deseaban mediante promesas de empleos o amenazas. Así, se aseguraba la estabilidad del gobierno tras una apariencia de democracia bipartidista. Durante la etapa de Alfonso XII (1875-1885) el turno funciónó con regularidad, donde Cánovas destacó entre 1875 y 1885 y Sagasta entre 1885 y 1898. Tras la muerte de Alfonso XII, Cánovas impulsó el llamado Pacto del Pardo (dar apoyo a la regente María Cristina y garantizar la continuidad de la monarquía ante las amenazas de carlistas y republicanos). El Partido Liberal suavizó la legislación política de la monarquía para contrarrestar la debilidad de la regencia, mediante el nuevo Código Civil y el sufragio universal masculino. En 1897 Cánovas es asesinado y se deteriora el sistema, debido a que dependía excesivamente de la personalidad de sus líderes. En 1898, la pérdida de las últimas colonias españolas afecta al sistema. Con el reinado de Alfonso XIII (1902-1923), se descompone el sistema canovista y aparecen nuevas fuerzas políticas. En 1917 hay una crisis constitucional, puesto que hay revueltas del campesinado y enfrentamientos con republicanos. El 13 de Septiembre de 1923, Primo de Rivera da un Golpe de Estado con el apoyo de Alfonso XIII debido al malestar del ejército, la indecisión del gobierno y la falta de confianza del rey Alfonso XIII en el sistema constitucional de la Restauración. En 1931 se proclama la II República.                            El régimen de la Restauración, o sistema político canovista, es el sistema político existente en España entre 1874 y 1923. Está caracterizado por el pragmatismo en política, la defensa de la constitución histórica, es decir, de sus costumbres y su historia, la soberanía compartida rey-Cortes, la necesidad de que el ejército quedase al margen de la política y un sistema electoral basado en el turnismo de dos formaciones políticas, los partidos Conservador (Cánovas) y Liberal (Sagasta), que a su vez estaba basado en la manipulación electoral, el caciquismo y la ausencia de una verdadera democracia por la limitación de los derechos y libertades individuales 

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