El Liberalismo en España: Moderados, Progresistas y el Estatuto Real de 1834

Tras la muerte de Fernando VII se iniciaba la guerra civil por su sucesión y comenzaba también la construcción de la nueva España liberal. La primera propuesta de los consejeros de María Cristina de Borbón —viuda de Fernando VII y reina regente entre 1833 y 1840 durante la minoría de edad de su hija Isabel II— fue realizar unas reformas, que parecían necesarias, a fin de alcanzar el justo medio que pudiera atraer a los ya autodenominados carlistas y a los nuevos liberales.

Las dos tendencias que en esos momentos dividían el mundo liberal, la moderada y la progresista, desencadenaron el juego político que iba a durar hasta 1868. Ese mundo estaba conformado por una burguesía alta y media con convicciones liberales y con un cierto grado de educación, pero muy escasa en número si se comparaba con la totalidad de la población. Entre los moderados y los progresistas —estos últimos, llamados hasta entonces exaltados o radicales— no había demasiadas diferencias. Para dar estabilidad al Estado, ambos admitían ciertas bases, que pueden resumirse en la aceptación de una ley fundamental escrita, unos órganos representativos de la nación basados en el sufragio censitario, la necesidad de un régimen con opinión pública y libertades individuales. Sin embargo, se diferenciaban en que el modelo moderado pretendía asimilar los principios del Antiguo Régimen y se decantaba por el sufragio censitario; mientras que el modelo progresista defendía que la soberanía residía en la nación y, aunque defendían también el modelo censitario en las elecciones (su programa era reformista, no revolucionario), ampliaban la participación ciudadana al rebajar la cantidad de contribución anual exigible. En 1834, la reina regente, para atraerse a los liberales, encargó a Martínez de la Rosa la redacción de una carta otorgada o Estatuto Real, un texto constitucional muy recortado concedido por la reina y que realmente no satisfizo los deseos de reforma de los liberales.

El Ascenso Progresista: Desamortización de Mendizábal y Constitución de 1837

La Revolución Liberal se inicia en 1836 con la llegada de los progresistas al poder, lo que supuso la abolición del Antiguo Régimen y la sustitución del absolutismo por el sistema político liberal.

Las principales reformas consistieron en la aprobación de la Constitución de 1837, que mantenía el sufragio censitario; la reforma agraria, basada en la abolición del régimen señorial, la desvinculación de las tierras y la puesta en marcha de la desamortización de Mendizábal, que suponía dos momentos: primero, la incautación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia y de los pueblos, que dejaban de estar en manos muertas, esto es, fuera del mercado; y, segundo, la puesta en venta, mediante pública subasta, de los mismos. Por último, también se adoptaron medidas liberalizadoras de la industria y el comercio.

El Estado liberal se fundamentó en la soberanía nacional, el constitucionalismo y el parlamentarismo, alternándose en el poder moderados y progresistas, siendo marginados del sistema demócratas y republicanos.

No obstante, fue una época de gran inestabilidad política, caracterizada por la intervención de los militares mediante pronunciamientos de diverso signo político, el fraude electoral, la intromisión de la Corona en la política y la existencia de revueltas populares con el objetivo de conseguir un cambio político.

Cronológicamente podemos distinguir:

• La etapa de la Regencia de María Cristina (1833-1840), que comienza con unos gobiernos de transición (1833-1835), para continuar con dos años de gobiernos progresistas (1835-1837), finalizando con el retorno de los moderados (1837-1840).
• Ante la negativa de Espartero a reprimir la insurrección motivada por varias leyes moderadas, una de las cuales ponía fin a la elección de los alcaldes por los vecinos.

La Regencia de Espartero (1840-1843): Reformas y Conflictos

Desde el punto de vista legislativo, derogó la Ley de Ayuntamientos, manteniendo la potestad de los vecinos de elegir alcalde; impulsó la continuación de la desamortización de Mendizábal y, en lo económico, apostó por el librecambismo, siguiendo el modelo británico, con gran oposición de los industriales textiles catalanes. Hubo varios levantamientos contra el autoritarismo del regente, que cada vez contaba con menos apoyos, situación que desembocó en los Sucesos de Barcelona, una rebelión abierta contra el regente, quien, en lugar de optar por la negociación, prefirió la represión militar. Progresistas y moderados se pusieron de acuerdo para acabar con el poder del regente. Narváez, general moderado, se enfrentó con las tropas de Espartero, quien, como resultado de esa batalla, abandonó la regencia y se exilió a Londres, lo que dio lugar a que se adelantara la mayoría de edad de Isabel II (13 años) y se abriera una larga etapa de gobierno moderado.

La Primera Guerra Carlista (1833-1839): Conflicto Dinástico e Ideológico

En cuanto al problema carlista, cabe señalar que estos defendían el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta, contando con el apoyo de la nobleza rural, el clero y el campesinado; mientras que los isabelinos proponían la abolición del Antiguo Régimen y la implantación de un Estado liberal, siendo respaldados por la alta nobleza, los funcionarios, la burguesía y las clases populares urbanas.

Desde el punto de vista temporal, podemos distinguir dos etapas en el problema carlista:

• 1833-1836, caracterizada por la expansión y las victorias carlistas;
• 1836-1840, etapa marcada por el debilitamiento de los carlistas y la victoria liberal con el Convenio de Vergara (1839), firmado por el general Espartero, que suponía el acuerdo entre isabelinos y carlistas, por el que estos se rendían pero conservaban sus grados militares en el ejército de Isabel.