Contexto y Opciones de la Transición

Una vez muerto el General Franco, y en el primer discurso de Don Juan Carlos como Jefe del Estado, ya se vislumbraba un horizonte de cambio político para España. El joven monarca, a pesar de ser heredero del sistema impuesto por Franco, ya desde su inicio dejó entrever la necesidad de devolver las libertades a la sociedad civil, en definitiva, a los españoles. Se abría un camino difícil, pues el paso de una dictadura, que había sobrevivido durante casi cuarenta años, a una democracia plena no iba a ser fácil. Por el contrario, se planteaban tres opciones que podemos resumir de la siguiente forma:

1. Las fuerzas del Régimen, que apostaban por un continuismo del sistema, introduciendo leves reformas que garantizaran la supervivencia del Régimen sin Franco.
2. La ruptura democrática, propugnada por la casi totalidad de fuerzas políticas de la oposición democrática. En definitiva, la conformación de un gobierno provisional y la convocatoria de elecciones constituyentes que devolvieran la soberanía nacional a sus legítimos propietarios.
3. En tercer lugar, un complejo proyecto de transición que, desde las propias leyes franquistas, propiciara un cambio sin sobresaltos hacia una democracia plena.

El Rey, rápidamente, ya en 1976, procedió a un cambio importante: la sustitución del Presidente del Gobierno, Arias Navarro, hombre reacio a los cambios, por el joven Adolfo Suárez, quien, junto al Rey, jugó un papel fundamental en todo el proceso de transformación política, ya que en tan solo tres años, devolvió la soberanía al pueblo español, no sin dificultades, pero con paso firme y decidido. El periodo que se abrió estuvo ceñido fundamentalmente a tres años importantes:

1. 1976: El año de la Ley para la Reforma Política.
2. 1977: El año de las primeras elecciones libres tras cuarenta años.
3. 1978: El año de la aprobación de la Constitución.

Hitos Clave de la Transición

La Ley para la Reforma Política

La pieza clave de este cambio fue la Ley para la Reforma Política, que, sorpresivamente, fue aprobada por las Cortes Franquistas y sometida a referéndum del pueblo español en 1976, siendo aprobada por amplia mayoría. Ello supuso que, en menos de un año, el régimen de Franco, que había sobrevivido casi 40 años, desapareciera, abriendo el camino al restablecimiento de las libertades democráticas, además, desde su propia legalidad. Una vez aprobada por las Cortes y refrendada por el pueblo español, la Ley para la Reforma Política dio inicio al proceso negociador entre el Presidente del Gobierno y la oposición. Se consiguió aglutinar en la Plataforma de Organismos Democráticos a los distintos organismos unitarios de Galicia, Cataluña, Baleares, Canarias y el País Valenciano. Se intentó negociar, sobre todo, las condiciones idóneas para la celebración de las elecciones convocadas para junio de 1977. Estas negociaciones no fueron fáciles. Se acordó, por fin, aceptar la forma de Estado, la Monarquía y también la composición del Gobierno provisional. A cambio, se consiguió la legalización de todos los partidos políticos, la desaparición del Movimiento Nacional y la negociación de la Ley Electoral.

La Legalización del PCE y la Tensión Política

El punto de inflexión llegó con la legalización del PCE. Ante esta posibilidad, el Partido Comunista organizó una gran manifestación en Madrid con el objetivo de presionar al Presidente del Gobierno para que el partido fuera legalizado. De otro lado, la antigua clase dirigente, en clara minoría, optó por realizar acciones de fuerza con el objeto de parar lo imparable. El año 1977 fue crítico: se secuestró en Madrid a uno de los baluartes del régimen anterior, José María de Oriol y Urquijo; también se presionó al ejército con el secuestro del general Villaescusa, pero no consiguieron sus objetivos. Otro intento que puso al país en vilo fueron los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha a manos de la ultraderecha española. Pero ninguno de estos actos frenó la marcha hacia la democracia, culminando con la legalización del PCE durante la Semana Santa, hecho que puso de manifiesto nuevamente la oposición a las reformas por parte de algunos militares de alta graduación. Salvada esta coyuntura desfavorable, finalmente se negociaron las condiciones de las convocatorias electorales del 15 de junio de 1977. Previamente, se legalizaron las organizaciones sindicales, se reconoció el derecho de huelga y quedó eliminada la Secretaría General del todopoderoso Movimiento Nacional, poniendo fin a cuarenta años de dictadura personal del General Franco. Estos cambios hicieron posible la vuelta a España de numerosos exiliados, intelectuales, científicos, etc., que se exiliaron como consecuencia de la Guerra Civil.

Las Elecciones de 1977 y el Nuevo Gobierno

Las elecciones de junio de 1977 fueron las primeras que se celebraron en el país desde 1936, y las urnas arrojaron unos resultados que no otorgaron la mayoría a ningún grupo político. No obstante, los resultados permitieron a la UCD de Adolfo Suárez la formación de un gobierno que se encargaría de llevar a cabo tareas esenciales en política interior, como:

Política Interior

• La gestación de un nuevo ordenamiento constitucional, iniciado con la apertura de las Cortes.
• El tratamiento de la grave crisis económica, para lo que se dictó la Ley de Medidas Urgentes, que incluyó la devaluación de la peseta con el objeto de potenciar las exportaciones y reactivar la economía española.
• El intento de solucionar rápidamente las reivindicaciones nacionalistas de vascos y catalanes, creando órganos preautonómicos, primero en estas dos comunidades y más tarde extendidos al conjunto del país.

Política Exterior

En el ámbito de la política exterior, el principal paso fue el inicio de negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Europea, entrada que significaría para el país el reconocimiento internacional a su singular transición política y, por supuesto, la reactivación económica, sin olvidarnos del fin del aislamiento al que se había sometido al país durante casi cuatro décadas en que estuvo alejado de los grandes foros internacionales.

Los Pactos de la Moncloa

Pero la instauración de la democracia en España necesitaba, por mor de la situación del país, de un gran pacto de Estado, en el que participaran todas las fuerzas políticas con el objeto de acometer con éxito los cambios estructurales necesarios en el campo de la economía. Estos acuerdos tuvieron que pasar necesariamente por un amplio consenso que se logró a finales de 1977 con un paquete de medidas muy importantes, destacando medidas de carácter presupuestario, rentas, reforma fiscal, reforma educativa, energía y empresas públicas. En conjunto, estos pactos no llegaron a desarrollarse en su totalidad, pero sí sirvieron para regular salarios, ampliar la cobertura social de los trabajadores, mejorar la oferta de la enseñanza pública y dar inicio a una fiscalidad más justa y solidaria. En definitiva, los Pactos de la Moncloa sirvieron para mejorar el déficit público, bajar la inflación, aumentar los beneficios empresariales, pero lo que no solucionaron en modo alguno fue el descenso del número de parados.

La Constitución de 1978

El final de esta corta pero intensa transición política podemos decir que llegó en 1978 con la aprobación de la Constitución que determinó el paso de una dictadura a una democracia. De la Constitución de 1978 podemos destacar los siguientes aspectos:

• Declaración de derechos: Recoge una amplia declaración de derechos y garantías individuales, aboliendo, incluso, la pena de muerte.
• Relaciones Iglesia-Estado: El Estado ya no tiene religión oficial, aunque el texto contempla la colaboración del Estado con la Iglesia Católica al ser esta la religión mayoritaria de los españoles.
• Sistemas de representación: Quedan establecidas unas Cortes elegidas por sufragio universal entre los españoles mayores de 18 años y compuestas por un Congreso de los Diputados con un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, y un Senado con vocación de representación territorial.
• Poder Ejecutivo: El Presidente del Gobierno es propuesto al Congreso de los Diputados por el Rey. El candidato debe obtener en primera votación la mayoría absoluta de los votos.
• Poder Judicial: Se declara y consagra la independencia del Poder Judicial, creándose el Tribunal Constitucional que, junto al Consejo General del Poder Judicial, se erigen en los últimos garantes de los derechos constitucionales.
• Organización Territorial del Estado: Se garantiza la indisolubilidad del territorio nacional, pero se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que componen la unidad nacional y, por último, se establece la organización del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas.