Las Regencias y el Problema Carlista (1833-1843)

Los Orígenes del Carlismo

Los orígenes del carlismo se encuentran en los ultrarrealistas, un grupo de absolutistas que se organizaron en torno a Carlos María Isidro, hermano y pretendiente al trono de Fernando VII. Pensaban implantar el Antiguo Régimen con todo su rigor tras la muerte del rey. En 1830, Fernando VII tuvo una hija, Isabel, y para que fuera heredera, abolió la Ley Sálica con la promulgación de la Pragmática Sanción. Ni Carlos ni los absolutistas aceptaron esta decisión. Fernando necesitaba apoyos para que se reconociera a Isabel como sucesora, así que su esposa, María Cristina de Borbón, contactó con los liberales moderados para que defendieran su decisión a cambio de implantar un régimen liberal en España. También logró el apoyo del sector más culto de la aristocracia y del clero. A Carlos lo empezaron a defender además otros grupos que se oponían al liberalismo, como el bajo clero, un amplio sector de la nobleza, campesinos que perdieron tierras por medidas del Trienio Liberal, una gran masa popular influida por los poderosos, y gentes del País Vasco, Navarra y el Maestrazgo, que preveían el fin de sus fueros. Los carlistas defendían la monarquía absoluta, el ultracatolicismo y los fueros. Fernando murió en 1833. Dado que Isabel tenía solo tres años, su madre, María Cristina, asumió la regencia. Sin embargo, Carlos y sus defensores se sublevaron contra esta regencia, dando inicio a la Primera Guerra Carlista.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Entre 1833 y 1835, los campesinos vascos, navarros, catalanes y del Maestrazgo fueron organizados por el general carlista Tomás de Zumalacárregui. Posteriormente, la guerra se extendió a todo el país, llegando los carlistas a asediar Madrid bajo el mando de Carlos María y el general Ramón Cabrera, aunque sin éxito. En 1837, los carlistas estaban ya casi derrotados y varios de sus líderes buscaron un acuerdo, que se materializó en 1839 en el Convenio de Vergara, alcanzado entre el general liberal Baldomero Espartero y el general carlista Rafael Maroto. Con este pacto, los militares carlistas pudieron retirarse o adherirse al ejército liberal, y los fueros vascos y navarros apenas se modificaron. Sin embargo, la guerra no concluyó hasta 1840, cuando el general carlista Ramón Cabrera, contrario al acuerdo, se exilió de España. A lo largo del siglo XIX, el carlismo resurgiría en los descendientes de Carlos María Isidro, como ocurrió con su hijo Carlos Luis de Borbón y Braganza.

La Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)

Fuerzas Políticas y el Surgimiento de los Espadones

Durante este periodo, las principales ideologías políticas fueron el absolutismo, representado por los carlistas, y el liberalismo. Dentro del liberalismo, se distinguían dos tendencias principales:

• Partido Moderado: Cuya ideología era el liberalismo doctrinario, que proponía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Los moderados defendían a la alta burguesía, a los aristócratas y a los altos funcionarios. Eran partidarios del proteccionismo. Destacaron como líderes Francisco Martínez de la Rosa y el general Francisco Narváez.
• Partido Progresista: Que pretendía limitar los poderes de la Corona, era anticlerical y apoyaba la soberanía nacional. Defendían a los profesionales liberales (abogados, médicos, notarios) y a la mediana y pequeña burguesía. Eran favorables al librecambismo y a la desamortización de bienes del clero y de los municipios. Como líderes, destacaron Baldomero Espartero y Juan Álvarez de Mendizábal.

En España, el liberalismo de la época se caracterizó por el gran poder del ejército en la vida política. El resultado fue la aparición de los espadones, altos mandos militares que se convirtieron en los líderes de los partidos políticos.

Del Estatuto Real de 1834 a la Constitución de 1837

En 1833, María Cristina formó un Gobierno muy conservador encabezado por Francisco Cea Bermúdez, que careció de apoyos, por lo que en 1834 fue sustituido por Francisco Martínez de la Rosa, un liberal moderado. Este Gobierno instauró un régimen de carta otorgada con el Estatuto Real de 1834, por el cual la regente limitaba su propio poder. El documento establecía un sistema de representación con un parlamento bicameral: el Estamento de Próceres (miembros de la élite social elegidos por la Corona) y el Estamento de Procuradores (representantes elegidos por sufragio censitario). La Corona presidía el Consejo de Ministros, poseía iniciativa legislativa y podía convocar y disolver las Cortes. El Estatuto de 1834 no se considera una constitución, pues no establecía la división de poderes, ni recogía derechos y libertades fundamentales. Tampoco reconocía la soberanía nacional. El Estatuto solo satisfizo al Partido Moderado, lo que llevó a los progresistas a levantarse en 1835, tras lo cual Mendizábal fue nombrado jefe del Gobierno. Al año siguiente, Mendizábal fue sustituido por un moderado, lo que provocó que una parte de la Guardia Real, animada por el propio Mendizábal, se rebelara en el Motín de La Granja (1836), estableciendo un nuevo Gobierno progresista dirigido por José María Calatrava. María Cristina fue obligada a derogar el Estatuto de 1834 y a jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Durante el Gobierno de Calatrava, Mendizábal inició la desamortización de los bienes eclesiásticos, conocida como Desamortización de Mendizábal (1836-1837). Esta medida consistió en la expropiación y posterior venta en subasta de bienes del clero, con el fin de sanear la Hacienda Pública, que se encontraba en quiebra, y financiar la guerra carlista. No obstante, su principal objetivo político fue elaborar una nueva constitución.

La Constitución de 1837

En 1836, el Gobierno progresista de Calatrava convocó elecciones a Cortes constituyentes, y el nuevo texto constitucional fue sancionado en 1837. Esta carta magna, de carácter progresista, se basó en principios de la Constitución de 1812 y establecía una monarquía constitucional limitada. Recogía la soberanía nacional, un amplio reconocimiento de libertades y derechos, la separación de poderes, y un poder legislativo bicameral: un Congreso elegido por sufragio censitario y un Senado nombrado por el rey. El monarca no tenía responsabilidad política, podía disolver las Cortes y contaba con iniciativa legislativa. Los ayuntamientos eran elegidos democráticamente. Tras la aprobación de esta Constitución, se celebraron elecciones que fueron ganadas por los moderados. En 1840, los moderados intentaron cambiar el carácter democrático de los ayuntamientos para que el Gobierno nombrara a los alcaldes, una medida anticonstitucional que, sin embargo, contó con el apoyo de María Cristina. Esta acción provocó la rebelión de los progresistas, liderados por el general Espartero, contra la regente. Como resultado, Espartero asumió la regencia.

La Regencia del General Espartero (1840-1843)

En 1841, Espartero convocó elecciones que fueron ganadas por los progresistas. Durante su regencia, continuó la desamortización de bienes del clero y gobernó bajo la Constitución de 1837. Sin embargo, su proyecto fracasó debido a la falta de apoyo de diversos sectores: del pueblo español, que no comprendía sus reformas por considerarlas demasiado avanzadas; de la Iglesia, opuesta a las desamortizaciones; y de la aristocracia. Tampoco contó con el favor de los moderados. Además, Espartero se enfrentó a la oposición del sector moderado del ejército, representado por el general Narváez. La gran burguesía industrial tampoco lo aceptaba, ya que Espartero defendía el libre comercio con Europa, lo que perjudicaba sus intereses proteccionistas. Así, en 1843, el general Ramón Narváez se pronunció contra Espartero y los progresistas. Espartero fue derrotado y se exilió a Londres, lo que llevó a Narváez a proclamar la mayoría de edad de Isabel II, adelantando su ascenso al trono.

La Década Moderada (1844-1854)

Los primeros diez años del reinado efectivo de Isabel II estuvieron marcados por la sucesión de Gobiernos moderados, liderados en su mayoría por el general Narváez, quien había sido clave en la caída de Espartero y la marginación de los progresistas en 1843. El Partido Moderado contó con el apoyo incondicional de la reina, en detrimento de los progresistas.

La Ideología Moderada y la Constitución de 1845

El Partido Moderado estableció un régimen basado en el liberalismo doctrinario, cuyo pilar fundamental era la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. Defendían el sufragio censitario restringido, la limitación de derechos y libertades, y el carácter confesional católico del Estado. También proponían la existencia de un cuerpo armado profesional para defender el orden (la Guardia Civil, creada en 1844) y eran grandes valedores del centralismo, defendiendo que el poder del Estado debía recaer totalmente en el Gobierno central de Madrid, incluso en la elección de alcaldes. En el ámbito económico, eran partidarios de un capitalismo liberal y creían en el predominio de los impuestos indirectos sobre los directos, lo que perjudicaba a las clases populares y beneficiaba a los más ricos. Socialmente, se sustentaban en la aristocracia, la gran burguesía y el alto clero, pero también en una clase media de ideas conservadoras. Esta ideología se plasmó en la Constitución de 1845, que establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El poder legislativo recaía en unas Cortes bicamerales: el Congreso de los Diputados, elegido por sufragio censitario (para varones mayores de 25 años con cierto nivel de renta), y el Senado, cuyos integrantes eran elegidos por la Corona de forma vitalicia. El monarca tenía iniciativa legislativa y nombraba al jefe del Gobierno. Los alcaldes eran nombrados por el Gobierno (no por los vecinos), y se reconocía el carácter oficial del catolicismo como religión del Estado. También significó un fuerte recorte de derechos y libertades individuales.