En el Antiguo Régimen, gran parte de las tierras eran inalienables, debido a que las propiedades de la Iglesia y las de los municipios estaban en “manos muertas”, ya que los clérigos no tenían capacidad legal para venderlas. La eliminación de las tra

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Introducción


La agricultura era la actividad económica más importante en España debido al volumen de población activa empleada (2/3 del total). Hasta el siglo XIX soportó una permanente situación de atraso, con escasas innovaciones tecnológicas y bajos rendimientos.  Esta situación se relacionaba de un modo especial con la peculiar distribución de la tierra. El campo español arrastraba una serie de desequilibrios muy graves entre los que destacaba el problema de la propiedad. Mientras en determinadas zonas del norte y este peninsular abundaban los minifundios, desde el valle del Tajo hacia el sur las propiedades eran mayoritariamente latifundistas. Estas singularidades del caso español encuentran sus orígenes en el proceso de la Reconquista, aunque determinadas actuaciones en los siglos venideros no hicieron sino agravar dicha situación, por cuanto favorecieron el proceso de concentración las propiedades en pocas manos. Así, un enorme porcentaje de las tierras estaban en manos de la nobleza y el clero, que vivían de las rentas que les proporcionaba el campo. La nobleza, gracias al mayorazgo, había conseguido un patrimonio territorial inmenso.Dichas propiedades quedaban “vinculadas” a la casa titular, no podían ser divididas, ni enajenadas y pasaban íntegras al heredero. La Iglesia, por su parte, era propietaria de grandes extensiones de tierra como consecuencia de las donaciones. Estaban “amortizadas”, es decir, no podían ser vendidas o parceladas. También los municipios eran propietarios de las “tierras comunales”, que a menudo permanecían improductivas o estaban mal cultivadas. Las tierras de la Iglesia y las de los municipios se denominaban propiedades de “manos muertas”, ya que, como no se podían poner a la venta, no había posibilidad de que cambiasen de manos. Todas estas tierras amortizadas suponían un enorme lastre para la economía nacional: por ellas no se pagaban impuestos y, además, se explotaban con técnicas de cultivo tradicionales, por lo que eran poco productivas. Los políticos ilustrados del s. XVIII se preocuparon por modernizar la agricultura, con críticas a los bienes raíces amortizados de la nobleza y del clero, así como contra las propiedades de “manos muertas” de los municipios. Los políticos liberales del s. XIX, conscientes de que los cambios en la estructura de la propiedad de la tierra habían favorecido en otros países una gran expansión de la producción agrícola y un aumento de la productividad, propugnaban la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgos,…) para poder vender las tierras. Entendían que los nuevos propietarios se preocuparían de aumentar la productividad de las tierras y de la modernización del campo. Todo esto redundaría en un beneficio global hacia el Estado por un doble motivo:

1-Si aumentaba la producción,
aumentaría la recaudación de impuestos de la Hacienda pública.

2-Si aumentaba la producción
, la población aumentaría sus ingresos y con ellos su poder adquisitivo y podrían actuar como un revulsivo para la economía del país.


El proceso desamortizador


. La primera tentativa desamortizadora se llevó a cabo durante el reinado de Carlos IV. En 1798, el aumento de la Deuda Pública obligó a la desamortización de una sexta parte de los bienes de la Iglesia, con el permiso del Papa. Sin embargo, esto no solucionó el problema de la Hacienda, ya que los beneficios de las ventas se destinaron al sostenimiento de los gastos de la guerra contra Inglaterra9. Durante el primer tercio del siglo XIX, tendrán lugar otros intentos desamortizadores, aunque no tendrán una gran repercusión:

1-Las Cortes de Cádiz (1810-1814)

promulgan leyes destinadas a la desamortización civil (Ley para repartir tierras comunales, Ley de desvinculación de los señoríos) y a la desamortización eclesiástica (incorporan al Estado los bienes de órdenes religiosas disueltas por las Cortes).

2-Durante el reinado de Fernando VII
(en el Trienio Liberal, 1820-1823) se permite la venta de las tierras baldías y el cercamiento de las tierras comunales.     Será a partir de 1833, en el reinado de Isabel II, con los gobiernos progresistas, cuando el proceso de desamortización se vuelva más intenso. Y esto responderá a varias causas
:


1-El aumento
de las necesidades económicas del Estado debido al aumento de los gastos (para hacer frente a los gastos ocasionados por las guerras carlistas) y por la disminución de los ingresos (pérdida de las colonias americanas).

2-El apoyo
del clero a la causa carlista.

3-La resistencia de los campesinos
a continuar pagando los viejos derechos feudales.      
El proceso de desamortización supone la apropiación por parte del Estado de bienes raíces de propiedad eclesiástica, civil o colectiva, desvinculando las tierras de sus propietarios y haciéndolas aptas para ser vendidas mediante subasta. De esta manera, los bienes pasan a una nueva propiedad privada, para que los nuevos propietarios modernizasen el campo, entrando en la economía de mercado.    
La primera desamortización se lleva a cabo bajo la regencia de Mª Cristina, estando los progresistas en el poder, siendo nombrado Ministro de Hacienda y posteriormente Presidente de Gobierno Álvarez Mendizábal.
En 1836, el Gobierno nacionalizó todos los bienes de las órdenes religiosas (desamortización eclesiástica) que fueron puestos a la venta mediante subasta pública a la que podían acceder los particulares. Las tierras podían comprarse en metálico o a cambio de títulos de deuda pública. Así se alcanzaban distintos objetivos:


1-El dinerario

financiación de la guerra carlista)

2-El saneamiento de la Deuda
, con la admisión de títulos de deuda como forma de pago.

3–La recuperación
de la confianza en la economía del país, que podría permitir la concesión de créditos en un futuro.
4-El aumento de los ingresos, gracias al cobro de los impuestos de los bienes desamortizados.   En este periodo se desamortizaron en total el 62% de las propiedades de la Iglesia.  
La segunda desamortización se produce en 1855, con el ministro de Hacienda Madoz, durante el Bienio Progresista de la reina Isabel II. La nueva Ley General de Desamortización ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los municipios (bienes de propios y comunes: los “de propios” eran los que, al arrendarse, proporcionaban ingresos al ayuntamiento, mientras que los comunes no proporcionaban ingreso alguno y eran aprovechados por los vecinos). A diferencia de la de Mendizábal, la desamortización de Madoz se desarrolló a gran velocidad, pues sólo en dos años se recaudaría el doble que con la anterior ley.

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