La evolución política entre 1902 y 1909
En los primeros años del reinado de Alfonso XIII se produjeron continuas crisis. Si exceptuamos el gobierno de Antonio Maura, que duró de 1907 a 1909, se formaban nuevos gabinetes cada cinco meses por término medio. En el período hubo cuatro grandes problemas:
- El primero era la conflictividad social, con una gran oleada de huelgas en Barcelona, la minería bilbaína y el campesinado andaluz, a la vez que crecía la afiliación a la UGT y el PSOE iba consiguiendo más votos.
- El segundo fue la reaparición de la cuestión religiosa: los sectores progresistas se quejaban del dominio que ejercía la Iglesia sobre la enseñanza y reclamaban que se recortara su poder y disminuyera su influencia social.
- El tercero fue el problema militar, generado por las consecuencias morales del Desastre del 98 y por la degradación del Ejército, plagado de oficiales y sin recursos materiales.
- El cuarto problema fue el asentamiento del movimiento nacionalista. El Desastre produjo en el País Vasco un crecimiento del sentimiento nacionalista, especialmente a partir de que Sabino Arana suavizara sus planteamientos. En Cataluña, la pérdida de las colonias suponía un perjuicio para el desarrollo económico, lo que hizo crecer el sentimiento nacional.
De 1903 a 1905 se sucedieron varios gobiernos conservadores de efectividad limitada, en los que hay que destacar la reforma financiera de Villaverde, que permitió por primera vez presupuestos con superávit durante varios años.
En 1905, el Rey se vio obligado a optar por un gobierno liberal, que estuvo marcado por una grave crisis política y militar con origen en Barcelona. Allí se publicaron caricaturas y comentarios considerados ofensivos por muchos militares. Trescientos oficiales asaltaron e incendiaron las imprentas de Barcelona, y el gobierno aprobó una ley de suspensión de las garantías constitucionales para evitar futuros incidentes de este tipo. Además, en 1906 se aprobó la Ley de Jurisdicciones, que identificaba los delitos contra el Ejército como delitos contra la Patria y los ponía bajo jurisdicción militar.
En enero de 1907, el Rey nombró jefe de Gobierno a Antonio Maura, a quien su talante autoritario le valió la antipatía de toda la izquierda. El gobierno de Maura tuvo un carácter proteccionista y en él se llevaron a cabo una serie de medidas de impulso económico, como la Ley de Protección de la Industria Nacional o el Plan de Reconstrucción Naval. Otras medidas fueron la reforma de la policía o la de la Ley Electoral, que estableció el voto masculino obligatorio y la proclamación automática de candidatos sin oposición. Además, hay que destacar el intento de aprobar una nueva Ley de la Administración Local con la creación de Mancomunidades, aunque esta no llegó a aprobarse al caer el gobierno de Maura tras los sucesos de 1909.
La Semana Trágica
Los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona (julio de 1909) tuvieron su origen en el auge del nacionalismo y el crecimiento de la movilización obrera.
En Cataluña predominaba la ideología anarquista, que estaba escasamente articulada en asociaciones o sindicatos; esto hizo que apareciera el Partido Republicano Radical, dirigido por Alejandro Lerroux. El radicalismo no consiguió un gran peso político, pero restó fuerza al movimiento obrero barcelonés.
A la tensión política que ya existía en Barcelona hubo que sumarle el crecimiento de los sentimientos anticlericales y antimilitaristas; y esto, unido a la posición autoritaria de Maura, los errores del gobierno y, sobre todo, la crisis marroquí, preparó el ambiente necesario para que se produjese lo que conocemos como Semana Trágica.
Desde los últimos años del siglo XIX, la presencia española en el reino de Marruecos había ido aumentando. En julio de 1909, los miembros de algunas cabilas1 próximas a Melilla atacaron a los trabajadores de una compañía de ferrocarril española. El gobierno de Maura decidió trasladar soldados para defender los intereses españoles y, para ello, movilizó a los reservistas y ordenó su incorporación en Madrid y Barcelona. Hubo protestas generalizadas ante la medida, y se convocó una huelga general en Barcelona para el día 26 de julio. El Comité de Huelga perdió el dominio de la situación, que derivó en el asalto y quema de conventos por parte de la población. El jueves 29, la tensión comenzó a remitir. La represión posterior fue brutal: multitud de registros, 1500 detenciones, 1700 procesos y 17 condenas de muerte, de las que se ejecutaron 5.
La consecuencia de todo esto fue la caída de Maura, a quien Alfonso XIII retiró su confianza en noviembre.
El impacto de la I Guerra Mundial
Después de la caída de Maura, entró en el gobierno José Canalejas, que más tarde fue sustituido por el conde de Romanones sin pasar por elecciones ni cambio de gobierno. Romanones hizo aprobar la Ley de Mancomunidades, aunque pronto tropezó con la oposición en el seno de su partido, por lo que se vio obligado a dimitir en octubre de 1913.
En ese momento, Alfonso XIII encargó formar gobierno al conservador Eduardo Dato.
El estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 fue un punto de no retorno en la crisis del sistema político. El gobierno, con respecto a la Guerra, se creía “en el deber de ordenar la más estricta neutralidad a sus súbditos españoles”. Las razones de esta decisión fueron: por un lado, la política aislacionista heredada del siglo anterior y, por el otro, el convencimiento de la propia debilidad diplomática, económica y militar, que dejaba al país indefenso ante las potencias.
Sin embargo, en todo el país se crearon dos tendencias: la de los “aliadófilos”, partidarios de los Aliados, cuyas ideas se identificaban con el sistema liberal y parlamentario, y la de los “germanófilos”, partidarios de las potencias centrales, a los que se atribuía el modelo “prusiano”, valores de orden, disciplina, eficacia y conservadurismo.
Desde 1915 se generó en España un espectacular proceso de expansión debido a su neutralidad: se dispararon las exportaciones y la industria creció enormemente. Sin embargo, la Gran Guerra provocó consecuencias sociales muy negativas: la repatriación de emigrantes hizo aumentar el paro y los salarios crecieron por debajo de los precios.
El resultado de esta situación de crispación fue el auge de las organizaciones obreras, sobre todo la CNT (Confederación Nacional del Trabajo). Una oleada de protestas, agitaciones campesinas y huelgas dio como resultado la crisis general de 1917.
La crisis de 1917 y sus consecuencias
Entre 1914 y 1917, los gobiernos desarrollaron una política obsesionada con la neutralidad. Esta política estaba marcada por varios factores: la división de las clientelas políticas —lo que producía una continua tensión parlamentaria—, la protesta social —con continuas huelgas— y el creciente descontento militar.
A principios de 1917, el hambre producida por el alza de precios, la falta de algunos productos básicos y las fortunas producidas por la especulación habían acrecentado las tensiones en algunas zonas campesinas y obreras. En marzo de este año, la UGT (Unión General de Trabajadores) desencadenó una serie de huelgas y, el 27 de este mes, sus líderes y los de la CNT publicaron un manifiesto en el que se declaraban partidarios de la huelga general contra el gobierno. La respuesta de este fue la suspensión de las garantías constitucionales. Tres grandes movimientos confluyeron en el objetivo de derribar al gobierno:
El movimiento militar: Los militares llevaban años experimentando malestar debido a su propia incapacidad técnica, la escasez de presupuesto y la falta de expectativas de ascenso. Además, los salarios percibidos apenas permitían un nivel de vida digno, situación agravada por el alza de precios de 1914. Los oficiales comenzaron a unirse para defender sus reivindicaciones en el movimiento de las Juntas de Defensa. En el Manifiesto de las Juntas del 1 de junio de 1917 se daba un ultimátum al gobierno para que aceptara sus reivindicaciones profesionales y económicas.
El gobierno, incapaz de restablecer la disciplina, dimitió el 8 de junio, y el Rey entregó el gobierno al conservador Dato, que accedió a las exigencias militares y reconoció las Juntas como órganos representativos del Ejército. El 25 de junio se emitió un nuevo Manifiesto por parte de las Juntas en el que se exigía una “regeneración” de la vida política. Dato suspendió las garantías constitucionales y tapó el problema mediante la censura.
El problema parlamentario: En julio de 1917 se produjo el problema parlamentario. Una asamblea formada por catalanistas, republicanos, reformistas y socialistas decidió convocar una Asamblea Nacional de Parlamentarios el día 19 para promover la reforma de la vida política. Ese día, unos 70 diputados y senadores de todo el país se reunieron en Barcelona. De esta reunión salió el acuerdo de exigir un cambio de gobierno y la convocatoria de Cortes Constituyentes. El gobierno se limitó a detener a los participantes para ponerlos inmediatamente en libertad.
La huelga general: El principal factor de la crisis fue la huelga general del mes de agosto. Las huelgas habían ido aumentando. Ya el 18 de diciembre de 1916, una huelga general paralizó el país durante 24 horas y, desde marzo de 1917, los sindicatos y los partidos de izquierda empezaron a planear una huelga general indefinida para forzar al gobierno a un cambio de rumbo. El día 19 de julio se inició una huelga de ferroviarios en Valencia. La represión a esta huelga culminó con la declaración del estado de sitio. Los sindicatos convocaron una huelga ferroviaria para el día 10 de agosto, que se convirtió en una huelga general.
El gobierno respondió a la huelga sacando las tropas a la calle y provocando un enfrentamiento con los piquetes en el que hubo numerosos muertos, heridos y detenidos. La huelga significó el enfrentamiento entre los principales líderes del sistema político y provocó la caída del gobierno. En octubre se produjo la dimisión de Dato y se formó un gobierno de coalición frágil, en el que el ministro de la Guerra, Juan de la Cierva, representaba el triunfo corporativo de las Juntas.
El desastre de Annual
Podríamos decir que el periodo de 1918 a 1923 fue el último donde se utilizó el sistema constitucional de 1876, que terminó con el golpe de Estado de 1923.
Ya en 1918 aparecieron síntomas de crisis económica, lo que supuso que aumentara la conflictividad social y se disparara el número de huelgas. En marzo de este año se formó, ante la amenaza del Rey de abdicar, un “gobierno nacional” con Maura —como jefe de Gobierno—, Dato, Romanones, García Prieto, Alba y Cambó. Sin embargo, los ministros se dividieron ante el programa de reformas, con lo que se provocó una nueva crisis en noviembre.
La tensión social fue aumentando. En junio se celebró en Barcelona un congreso anarcosindicalista en el que se reorganizó la confederación en “sindicatos de industria” y se pronunciaron por la “acción directa”, la huelga y el rechazo de la vía política. La CNT confirmó esta línea. En 1919, los anarquistas consiguieron movilizar a los jornaleros andaluces y extremeños en reclamación de tierras.
Poco después se creó en Barcelona el Sindicato Libre, financiado por los sectores más duros de la patronal y que, con el apoyo de la policía, asesinó a los principales líderes del movimiento obrero barcelonés. Los elementos más radicales del anarquismo respondieron mediante la “acción directa” contra “los libres”, lo que dio lugar a una ola de violencia sin precedentes.
Finalmente, el recrudecimiento de la guerra de Marruecos terminó por agotar al gobierno. En verano de 1921, el líder guerrillero del Rif2, Abd-el-Krim, atacó la posición de Annual, donde las tropas reaccionaron huyendo precipitadamente. El general Berenguer, en 1923, había conseguido recuperar las posiciones de antes del desastre; sin embargo, Annual se convirtió en un serio revés para el Ejército, ya que se oían voces reclamando responsabilidades por la derrota. Así se creó un ambiente de descontento con la guerra de Marruecos, y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y los republicanos obtuvieron un significativo ascenso electoral al defender el abandono de Marruecos.
Las causas del golpe de Estado
En el verano de 1923 ya había rumores sobre un golpe de Estado. Las circunstancias que llevaron a la dictadura fueron varias:
Por un lado, las consecuencias de Annual, que en los militares provocaron la exigencia de un cambio de timón político y, en la opinión pública, la indignación y la oposición a la continuidad de la guerra. Ante la negativa del Gobierno de aumentar los gastos militares para financiar la guerra, varios jefes militares se sumaron al golpe, entre ellos los africanistas. Además, la decisión de disolver las Juntas de Defensa en 1922 contribuyó a crispar la situación en los cuarteles.
El auge del nacionalismo en el País Vasco y Cataluña, y el ascenso de socialistas y republicanos alarmaban a los militares más conservadores, a lo que se sumó en 1921 la creación del Partido Comunista Español.
Así se empezó a pensar que un gobierno autoritario podía ser el freno definitivo a la protesta social y al auge del nacionalismo; además, la opinión pública estaba desengañada del régimen y exasperada por la corrupción política, el alza de precios y la cuestión marroquí.
A esto debemos añadir dos factores. En primer lugar, el apoyo del Rey, al no oponerse al mismo y contribuir con su lenta reacción a afianzar el pronunciamiento. En segundo lugar, el contexto internacional: el triunfo de la revolución y el establecimiento del comunismo en Rusia en 1917, que alentaba los movimientos radicales y militaristas; los acontecimientos en una región montañosa del norte de Marruecos; la instauración de un gobierno fascista en Italia en 1923; y el predominio de los gobiernos autoritarios en Centroeuropa frente al retroceso de las democracias.
El golpe de 1923 y la formación del Directorio Militar
En junio de 1923, un grupo de generales llegó al acuerdo de dar un golpe de Estado e instaurar un “Gobierno fuerte” con Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, a la cabeza. Primo de Rivera se sublevó el 12 de septiembre contra el Gobierno; el golpe triunfó gracias al silencio, primero, y a la ayuda, después, del rey Alfonso XIII.
El nuevo régimen militar se presentó al país como un proyecto de regeneración sin intención de terminar con el sistema parlamentario. Sin embargo, las primeras medidas adoptadas se orientaron a implantar una dictadura férrea de carácter militar. Primo de Rivera fue nombrado ministro único, a quien asistía, a título consultivo, un Directorio Militar compuesto exclusivamente por jefes del Ejército. Su primera medida fue declarar el estado de guerra en todo el territorio; más tarde sustituyó a todos los gobernadores civiles por militares, decretó la suspensión de las garantías constitucionales, disolvió el Congreso y la parte electiva del Senado, y estableció la censura de prensa. Aun así, al principio tuvo bastante respaldo popular, hasta que en enero de 1924 comenzara un proceso de institucionalización del régimen, que duraría hasta diciembre de 1925. A esta etapa se le conoce como Directorio Militar.
Durante el régimen se produjeron algunos avances, tales como las inversiones en riegos, alcantarillado, obras públicas y dotaciones sanitarias y escolares. Para reforzar las fuerzas de orden público se creó un cuerpo auxiliar y contrarrevolucionario protegido por la Ley de Jurisdicciones; sin embargo, fuera de Cataluña, apenas llegó a tener implantación. El problema regionalista fue uno de los grandes fracasos de la Dictadura. Al principio, la burguesía catalanista apoyaba el golpe; sin embargo, para Primo de Rivera, regionalismo y separatismo eran lo mismo. Prohibió el uso de la bandera y el himno catalán, y los políticos catalanes fueron retirándole su apoyo.
En la cuestión de orden público, tanto el movimiento obrero como las acciones anarquistas eran considerados delincuencia. En una primera etapa hubo varias ejecuciones y encarcelamientos y, finalmente, las protestas desaparecieron.
El gran éxito de la Dictadura fue acabar con la guerra de Marruecos. En una operación conjunta entre Francia y España se llegó a la victoria, tras el desembarco de Alhucemas (8 de septiembre de 1925), que colocó a Primo de Rivera en la cumbre de su prestigio.
La oposición a la dictadura y la caída de Primo de Rivera
Desde 1927 se acentuaron nuevamente las movilizaciones. Parte de los políticos de los partidos del turno se negó a colaborar con Primo de Rivera y exigieron a Alfonso XIII el restablecimiento de la Constitución y la convocatoria de elecciones; ante la negativa del Rey, optaron por el retraimiento y muchos abordaron la opción del republicanismo. El movimiento republicano cobró fuerza desde 1926. En este año se fundó la Alianza Republicana, con una movilización creciente en los años siguientes.
Dentro del Ejército también creció el descontento. En 1929 y 1930 eran muchos los militares proclives a conspirar contra Primo de Rivera. Igualmente creció la oposición entre los intelectuales y estudiantes, y la izquierda obrera pasó del conformismo reinante después del descontento inicial a una fase de vuelta a las movilizaciones a partir de 1927, con una clara oposición a la Dictadura.
En febrero de 1929, un intento de sublevación militar demostró lo extendido que estaba el descontento en el Ejército y, desde marzo, se sucedieron las manifestaciones y alborotos por parte de los estudiantes en la Universidad.
En otoño se desencadenó el desplome financiero internacional, tras el hundimiento de Wall Street, y una oleada de huelgas fue provocada por el hundimiento de la peseta. Industriales y financieros criticaron indignados la política gubernamental. Primo de Rivera intentó por última vez conseguir el apoyo del Rey, pero este demoró su respuesta, consciente de la imposibilidad de respaldarle.
El 27 de enero de 1930, el Dictador se vio obligado a presentar su dimisión al Rey y exiliarse a París, donde murió pocas semanas más tarde.
Alfonso XIII dio el gobierno al general Dámaso Berenguer con el encargo expreso de preparar la reapertura de Cortes y la vuelta a la Constitución. Por su parte, la oposición, compuesta por socialistas, republicanos y catalanistas, firmó en mayo de 1930 el Pacto de San Sebastián con el fin de oponerse a la monarquía, muy desprestigiada tras la dictadura. En febrero de 1931 tomó el gobierno el almirante Aznar, que convocó elecciones municipales. En dichas elecciones se produjo la victoria de los republicanos; Alfonso XIII dejó el trono y abandonó España, dando paso al cambio de régimen: se proclamó la II República española.