Carlos III y el Despotismo Ilustrado

El despotismo ilustrado estaba muy extendido en el siglo XVIII por Europa y se fundamentaba en la defensa del absolutismo monárquico, pero haciendo hincapié en el papel del gobernante como benefactor de su pueblo e impulsor de reformas para permitir el progreso y la modernización del país (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”). En España, Carlos III fue el principal exponente del despotismo ilustrado. Durante su reinado emprendió un amplio programa de reformas, rodeándose de ministros ilustrados como Floridablanca, Campomanes o el Conde de Aranda.

• Mejora de las comunicaciones e infraestructuras: incluyó el desarrollo de caminos, la construcción de puentes y la modernización de puertos.
• Se intentó el establecimiento de la contribución única.
• Liberalización del comercio con América, eliminando el monopolio comercial de Sevilla con las colonias.
• Incentivo de la actividad industrial: incluyó la construcción de astilleros; la creación del Banco San Carlos y la fundación de manufacturas reales de productos de lujo y armamento.
• Surgimiento de las Sociedades Económicas de Amigos del País que ayudaron a difundir la cultura y la formación.
• Intentos de reforma agraria: se buscó reducir los privilegios de la Mesta y repoblar la Sierra Morena.
• Reformas en el ámbito cultural y educativo, que incluyeron la renovación de planes de estudio universitarios y el impulso a las academias.

Estas reformas se vieron frenadas por la oposición de los privilegiados y a la falta de comprensión de las clases populares, como se manifestó en el Motín de Esquilache (1766).

El Conde-Duque de Olivares, la Rebelión de Cataluña y la Independencia de Portugal

El siglo XVII fue una época de crisis: se registró la pérdida progresiva de la hegemonía, así como una grave crisis socioeconómica y política. Los Austrias Menores dejaron el gobierno en manos de un valido, ministro principal que contaba con la confianza del rey. Felipe IV designó al Conde-Duque de Olivares como su valido, quien desarrolló una política en dos esferas de actuación: en política interior, el centralismo; y en política exterior, la Unión de Armas, un proyecto para formar un ejército permanente financiado por todos los reinos de la Monarquía Hispánica. Este programa de reformas chocó con una dura resistencia que condujo a la monarquía a la mayor crisis interna desde la llegada de los Austrias.

• Rebelión de Cataluña (1640-1652). En plena Guerra de los Treinta Años, las tropas españolas invernaron en Cataluña, desde donde realizarían una campaña contra Francia, lo que obligó a los catalanes a alojar a las tropas y a contribuir al gasto militar. Esto, junto a los daños causados por los soldados, provocó una rebelión con la entrada de segadores armados en Barcelona durante el Corpus de Sangre (7 junio 1640). La revuelta se generalizó en Cataluña y tuvo el apoyo de Francia. Los perjuicios de la presencia francesa favorecieron la rendición de Barcelona en 1652 y la aceptación de la soberanía de Felipe IV.
• Secesión de Portugal (1640-1668). El descontento por la Unión de Armas, la escasa participación en la política estatal y la falta de interés en defender las colonias portuguesas, amenazadas por Inglaterra y Holanda, provocaron grandes pérdidas económicas. La nobleza y alta burguesía promovieron la rebelión dirigida por el Duque de Braganza, quien se proclamó rey de Portugal (Juan IV). La rebelión dio lugar a una larga guerra, y España reconoció la independencia de Portugal en 1668.

Las Expulsiones de Judíos (1492) y Moriscos (1609)

La intolerancia religiosa, especialmente en épocas de crisis, fue frecuente durante la Edad Media. Algunos judíos, que trabajaban como prestamistas y banqueros, estaban protegidos por el rey, pero esto no los libró del rechazo general ni de falsas acusaciones. Además, los judíos eran objeto de gran impopularidad, pues estaban relacionados con la usura y la recaudación de impuestos. Los Reyes Católicos emprendieron reformas para lograr la unidad religiosa cristiana, promulgando el Decreto de la Alhambra el 31 de marzo de 1492, que obligaba a los judíos a elegir entre la conversión o la expulsión. Este decreto afectó a unas 100.000 personas, que se exiliaron a Portugal, Marruecos y diversas ciudades europeas; mientras que otros 50.000 judíos optaron por convertirse al cristianismo (cristianos nuevos o «marranos»). Sin embargo, se desconfiaba de la sinceridad de su conversión, y fueron vigilados y perseguidos por la Inquisición. La expulsión tuvo un impacto negativo en la economía, especialmente en la artesanía y el comercio.

Expulsión de los moriscos. Tras la rebelión de las Alpujarras en 1568, se produjo un bautismo forzoso y masivo de los moriscos. A pesar de estos decretos de conversión, los moriscos continuaron practicando su religión y manteniendo sus costumbres. Además, existía temor de una posible colaboración entre la población morisca y el Imperio Otomano en contra de España. Durante el reinado de Felipe III, entre 1609 y 1612, fueron expulsados alrededor de 300.000 moriscos, lo que provocó un trastorno significativo en la economía de Valencia y el valle del Ebro debido a la pérdida de mano de obra barata y cualificada.

Los Decretos de Nueva Planta y el Centralismo Borbónico

La muerte sin descendencia de Carlos II de Habsburgo en 1700 provocó un conflicto internacional y una guerra civil: la Guerra de Sucesión. El Tratado de Utrecht (1713) puso fin a la contienda, estableciendo la instauración de la dinastía Borbónica en la figura de Felipe V en el trono. Esta nueva dinastía supuso un cambio radical en la forma de gobernar y una transformación de la estructura del Estado, siguiendo el modelo absolutista francés. Nació la monarquía absoluta, donde el rey concentraba en su persona los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, con un origen considerado divino. Felipe V y Fernando VI llevaron a cabo una labor de centralización y uniformización, pasando de la monarquía descentralizada de los Austrias a una centralizada al estilo de los Borbones de Francia.

• Mediante los Decretos de Nueva Planta, los reinos de la Corona de Aragón perdieron sus fueros y sus instituciones propias, imponiéndose el modelo y la organización administrativa de Castilla. Sólo mantuvieron sus fueros las provincias vascas y Navarra por haber apoyado a Felipe V. Todo el territorio quedó bajo una estructura administrativa uniforme, dividida en provincias, donde un Capitán General ejercía funciones militares y administrativas, además de presidir las audiencias judiciales.
• Las viejas instituciones (consejos y cortes) perdieron gran parte de su poder o desaparecieron. Solamente sobrevivieron el Consejo y las Cortes de Castilla; el primero se convirtió en un órgano consultivo, mientras que las Cortes sólo servirían para jurar al heredero de la Corona. Por el contrario, el monarca centralizó todo el poder en su persona, ejerciéndolo a través de los Secretarios del Despacho (ministros), nombrados y destituidos por el rey.