Evolución Política del Franquismo en su Etapa Final

En un contexto de profunda transformación económica y social, el régimen franquista intentó modernizar su estructura política, ofreciendo una apariencia de apertura. Sin embargo, estos intentos se realizaron sin acometer cambios democráticos sustanciales, centrándose en reformas institucionales diseñadas principalmente para asegurar la continuidad del sistema.

El Gobierno de los Tecnócratas

La ascensión política del almirante Luis Carrero Blanco significó el reforzamiento de la influencia de los llamados tecnócratas, muchos de ellos vinculados al Opus Dei (como Alberto Ullastres y Laureano López Rodó). Si bien se intentó mantener un cierto equilibrio en la composición de los Gobiernos, contando también con la presencia de jóvenes falangistas de talante reformista como Manuel Fraga Iribarne, quien ocupó la estratégica cartera de Información y Turismo.

El objetivo principal de estos Gobiernos se orientó esencialmente al desarrollo económico del país. No obstante, también se plantearon una renovación política que implicase la modernización de la Administración y de las instituciones franquistas. Su tesis fundamental era que la prosperidad económica cimentaría una paz social duradera que, a su vez, supliría la evidente falta de libertades políticas y derechos fundamentales. Sin embargo, es crucial subrayar que no existía una intención real de alterar el carácter intrínsecamente antidemocrático del régimen.

Las Reformas Institucionales y Legislativas

Para intentar cambiar la imagen represiva del régimen y modernizar sus estructuras, se impulsaron diversas medidas legislativas e institucionales:

Tribunal de Orden Público (TOP) (1963)

Se creó para traspasar los delitos políticos de la jurisdicción militar a la civil, buscando una imagen de menor dureza represiva. Sin embargo, esto no supuso el fin de la represión contra la oposición política y social.

Ley de Bases de la Seguridad Social (1967)

Entró en funcionamiento ampliando la cobertura —a cargo del Estado— de los seguros de enfermedad, vejez y viudedad. Se iniciaba así la construcción de un incipiente Estado del bienestar, aunque con considerable retraso respecto a otros países europeos y sin que el sector empresarial contribuyera significativamente a su financiación.

Ley de Prensa e Imprenta (1966)

Promovida por el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, suprimió la censura previa y permitió, con limitaciones, la publicación de revistas, periódicos y libros que hasta entonces habían estado prohibidos. Esto abrió un pequeño resquicio a la crítica y al debate público, aunque el control gubernamental persistía.

Ley Orgánica del Estado (1967)

Presentada como una Ley Fundamental, pretendía culminar y dar coherencia a la estructura institucional del franquismo. Dicha ley, aprobada en un referéndum claramente manipulado en el que solo se permitió la propaganda a favor del «sí», confirmaba el carácter monárquico del régimen como sucesor del franquismo, estableciendo la separación entre la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno.

Ley de Representación Familiar

Permitió la elección de 108 procuradores a Cortes, que componían el llamado “tercio familiar”. Sin embargo, solo podían presentarse como candidatos personas afines al Movimiento Nacional, y el derecho al voto se limitaba a los cabezas de familia (las mujeres solo votaban si eran cabeza de familia), lo que evidenciaba el carácter limitado y no democrático de esta representación.

Designación del Sucesor (1969)

Finalmente, en 1969, y de acuerdo con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, Franco designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de Rey. Esto supuso el fin de las aspiraciones de su padre, don Juan de Borbón, en quien recaía la legitimidad histórica de la sucesión monárquica, pero de quien Franco desconfiaba profundamente debido a sus declaraciones públicas sobre la necesidad de democratizar el régimen.

Tensiones entre Inmovilistas y Aperturistas

Todas estas reformas, aunque limitadas, incrementaron las disensiones internas dentro del propio régimen franquista, dividiendo a sus élites entre los sectores inmovilistas, contrarios a cualquier cambio significativo, y los aperturistas, que abogaban por una modernización controlada.

Algunas de estas leyes provocaron fuertes discrepancias, como la Ley de Bases de la Seguridad Social o la mencionada Ley de Prensa impulsada por Fraga. Esta última fue duramente criticada por figuras como el almirante Carrero Blanco, por considerarla excesivamente permisiva y tolerante con la crítica.

En 1969, las tensiones dentro del Gobierno se hicieron públicas con el estallido del escándalo Matesa. Se trataba de una empresa de maquinaria textil (Maquinaria Textil del Norte de España S.A.) vinculada al entorno del Opus Dei, que había recibido cuantiosos créditos del Estado para la exportación, pero que en realidad había exportado mucho menos de lo declarado, desviando ilegalmente capitales a sus filiales en el extranjero. Este caso de corrupción, en el que se vieron implicados varios ministros tecnócratas, fue ampliamente difundido por la prensa (gracias a la relativa apertura de la Ley de Prensa). Los sectores más inmovilistas del régimen culparon a esta “excesiva” tolerancia informativa de haber contribuido al descrédito del Gobierno.

A raíz del escándalo, Carrero Blanco formó un nuevo Gobierno en octubre de 1969, del que fueron apartados los ministros considerados más aperturistas (como Manuel Fraga y José Solís Ruiz), a quienes se responsabilizó del aumento de la contestación social y de la crisis gubernamental. Con este nuevo gabinete, Carrero Blanco se consolidó como el hombre fuerte del régimen y el virtual sucesor de Franco. Se procedió a una interpretación más restrictiva de la Ley de Prensa y se intensificó la represión contra cualquier forma de oposición.

Las Relaciones Internacionales

En el ámbito internacional, en 1962 España solicitó formalmente el ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE), pero esta petición fue denegada debido al carácter antidemocrático y dictatorial del régimen franquista, que chocaba con los principios fundacionales de la CEE.

Paralelamente, España se vio envuelta en el proceso de descolonización africano, que se desarrolló de la siguiente manera:

• En 1956, tras el pacto de Francia con el rey de Marruecos para reconocer la independencia de la zona francesa del protectorado franco-español, España se vio obligada a hacer lo propio y retirarse de su zona ese mismo año, concediendo la independencia al Marruecos español.
• En 1968, bajo la presión de los movimientos nacionalistas ecuatoguineanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se concedió la independencia a Guinea Ecuatorial.
• En 1969, se cedió a Marruecos el territorio de Ifni, tras años de presión marroquí.
• Únicamente el Sáhara Occidental se mantuvo bajo administración española hasta 1975, año de la muerte de Franco, desencadenando un complejo conflicto territorial y de descolonización que aún no se ha resuelto.