Legado Cultural y Económico de Al-Ándalus
El legado de Al-Ándalus ha sido muy importante en España. En el ámbito cultural, hay que destacar el amplio patrimonio monumental, con monumentos tan destacados como la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada, y con una gran influencia en periodos posteriores con los estilos mudéjar y neomudéjar, y la presencia de numerosos arabismos en las lenguas peninsulares. En el terreno económico, hay que destacar sobre todo su incidencia en la agricultura, con el desarrollo de las técnicas de regadío y la introducción de nuevos cultivos como el arroz, la berenjena o la alcachofa.
El Proceso de Repoblación
La Repoblación es la ocupación y colonización de las tierras arrebatadas a los musulmanes en el proceso de Reconquista. Se pueden distinguir dos fases:
- Hasta el siglo XI: Se produce un avance lento y el sistema más empleado es la «presura» o apropiación individual.
- Entre los siglos XI-XIII: El avance es rápido y consistió en la entrega de grandes lotes de tierras a nobles, clero, órdenes militares y concejos.
Características de la Hegemonía Española en el Mundo (Siglo XVI)
Durante el siglo XVI, la Monarquía Hispánica se convierte en la potencia hegemónica mundial gracias a su gran extensión territorial, producto de la gran herencia patrimonial de Carlos I, y a su gran capacidad financiera debido a los metales preciosos procedentes de las colonias americanas. La política imperial de ambos reyes estuvo unida a la defensa del catolicismo como principio ideológico, concretado en la época de Carlos I en la idea de «Universitas Christiana» y en la de Felipe II en los preceptos de la Contrarreforma. Esto les hizo enfrentarse a los países protestantes, especialmente los príncipes alemanes, Inglaterra y Holanda, y con la gran potencia musulmana, el Imperio Otomano. El otro gran enemigo de la monarquía fue Francia. Finalmente, la Monarquía no pudo soportar este enorme esfuerzo, provocando la bancarrota y su entrada en crisis en el siglo XVII.
El Concepto de Despotismo Ilustrado
El Despotismo Ilustrado es el movimiento político que defiende la adopción por parte de las monarquías absolutas de algunos de los principios de la Ilustración, especialmente los referidos a la economía, como un medio de aumentar su poder a través del desarrollo económico que las reformas podrían producir. Sin embargo, no se adoptan sus principios políticos ni sociales, manteniéndose sin cambios la monarquía absoluta y la sociedad estamental. Su ideario se resume en el lema: «Todo para el pueblo pero sin el pueblo».
El Gobierno de Adolfo Suárez y la Transición
Adolfo Suárez, un joven político licenciado en Derecho procedente de los sectores reformistas del Movimiento Nacional, había ocupado numerosos cargos en el régimen de Franco hasta que en 1969 fue nombrado director general de Radiodifusión y Televisión. En diciembre de 1975 fue nombrado ministro general del Movimiento en el gobierno de Arias Navarro.
4.1.- La Reforma Política
Nadie creía que un hombre formado en el franquismo, a pesar de manifestar públicamente su decidida apuesta por la reforma política y la instauración de un régimen democrático y de libertades, pudiera sacar adelante la reforma. Sin embargo, Suárez se encargaría de desmantelar los restos del régimen anterior y de convertir España en una verdadera democracia: formó un Gobierno con ministros no franquistas, buscó el consenso y diálogo con todas las fuerzas políticas de oposición y los grupos políticos que habían colaborado activamente con Franco, mantuvo entrevistas personales con los dirigentes de la oposición democrática, incluido el encuentro secreto con Santiago Carrillo, secretario General del PCE, y realizó una amnistía para presos políticos.
Pero la principal iniciativa de Suárez fue la promulgación de la Ley para la Reforma Política (noviembre de 1976) que permitió articular la Transición Española. Esta ley suponía la supresión de las Cortes Franquistas y la convocatoria de elecciones por sufragio universal para formar unas Cortes bicamerales, que procederían a la reforma de las Leyes Fundamentales y que elaborarían una Constitución en el futuro. Fue el primer gran paso hacia el fin de la dictadura. Tras su aprobación por las Cortes Franquistas, fue aprobada en referéndum por la mayoría de los españoles el 15 de diciembre de 1976.
Suárez culminaba la primera fase de una transición legal de la Dictadura a la Democracia, neutralizando a los inmovilistas, desplazando la legitimidad a la Corona y al Gobierno, aboliendo las leyes e instituciones franquistas y consiguiendo que la oposición pasase de la presión en la calle a la mesa de negociación. Pero el camino hasta la consolidación democrática (con la aprobación de la Constitución) iba a ser muy complejo y difícil, con muchos obstáculos y dificultades que salvar.
4.2.- La Legalización de los Partidos Políticos
A partir del referéndum transcurren los meses más difíciles de la transición política. El primer paso fueron una serie de decretos que permitieron la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos a excepción del Partido Comunista y una amplia amnistía para delitos políticos cometidos durante el franquismo. Así, desde principios de 1977, fueron legalizados los partidos políticos, salvo el PCE, a lo que se oponían enérgicamente amplios sectores franquistas y el Ejército, pues argumentaban que no era un partido verdaderamente democrático. Su líder, Santiago Carrillo, había regresado del exilio de manera clandestina en febrero de 1976 y había sido detenido y puesto en libertad en diciembre de ese año.
Suárez entendía la necesidad de legalizar el PCE para construir una verdadera democracia. Así, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, Suárez legalizó al PCE. El impacto fue tremendo. Mientras los comunistas celebraban su legalización, el Consejo Superior del Ejército se reunía y, tras una tensa discusión, emitía una nota acatando la decisión «por disciplina y patriotismo», pero dejando entrever la crispación que el hecho causaba en el mando. El regreso de los exiliados del Partido Comunista se aceleró, destacando la llegada a España de Dolores Ibárruri (La Pasionaria) y de Rafael Alberti.
La adopción de todas estas medidas encaminadas a garantizar unas elecciones libres vino acompañada de una gran tensión, motivada por las acciones terroristas de grupos nacionalistas radicales (ETA), de extrema izquierda (GRAPO y FRAP) y de extrema derecha (Guerrilleros de Cristo Rey), que pretendían con sus acciones terroristas desestabilizar la vida política española y obstaculizar el proceso de transición. Destacó en esta etapa el asesinato de los abogados laboralistas de CCOO (Comisiones Obreras) de la calle Atocha de Madrid en enero de 1977 por elementos de la extrema derecha.
La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías
Las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977 no tenían formalmente el carácter de constituyentes. Sin embargo, pronto se impuso la opinión de que su primera tarea debía ser la elaboración de una Constitución Democrática. La redacción del texto le fue encomendada a una Comisión del Congreso de los Diputados integrada por siete miembros, los «padres de la Constitución», representantes de los partidos más importantes, excepto del PNV:
- Por UCD: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, José Pedro Pérez Llorca.
- Por PSOE: Gregorio Peces Barba.
- Por PCE: Jordi Solé Tura.
- Por Alianza Popular: Manuel Fraga.
- Por Convergència i Unió: Miquel Roca.
La Constitución de 1978 fue el fruto de un consenso entre fuerzas políticas de ideologías distintas y que realizaron un importante esfuerzo negociador para conseguir por fin una reconciliación en la España dividida por la Guerra Civil y el Franquismo. Esto condiciona el texto constitucional, bastante largo, detallado y a veces ambiguo. La Constitución es un texto extenso, con 169 artículos, de carácter progresista; fue aprobada por la mayor parte del Congreso y en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
La Constitución de 1978 define a España como un «Estado social y democrático de derecho», organizado como una monarquía parlamentaria, en la que la Corona tiene básicamente funciones de representación. El Rey es el Jefe del Estado, su cargo es vitalicio y hereditario. Debe jurar fidelidad a la Constitución. La soberanía nacional reside en el pueblo.
El Poder Legislativo reside en las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, cuyas funciones son la elaboración de las leyes, el control de la actividad gubernamental, la aprobación de los presupuestos generales del Estado y la autorización de tratados internacionales. Ambas cámaras son representativas y sus miembros son elegidos por sufragio universal, directo y secreto. No obstante, el Congreso de los Diputados ocupa una posición preeminente.
El Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobierno, compuesto por el Presidente y los Ministros; ejerce la función ejecutiva y la dirección de la política interior y exterior.
El Poder Judicial está compuesto por jueces y magistrados independientes. Se crea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior, así como la institución del Jurado. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de todas las normas y leyes, también resuelve los posibles conflictos entre el Estado central y las Comunidades Autónomas. Esta institución está formada por doce miembros, todos ellos juristas de prestigio.
Se establece una amplia declaración de derechos:
- Derecho a la vida, declarando abolida la pena de muerte.
- Derecho a la integridad física, prohibiendo la tortura y las penas degradantes.
- Derecho a la libertad y seguridad.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la Seguridad Social.
- Derecho de expresión, pensamiento, reunión y manifestación.
España se declara un Estado aconfesional, no tiene una religión oficial, se garantizaba la libertad religiosa y de culto, pero declaraba que el Estado cooperaría con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Además, se creó la figura del Defensor del Pueblo, un instrumento para garantizar estos derechos básicos de los españoles, cuya tarea primordial consiste en recoger las reclamaciones de los ciudadanos referentes a la vulneración de sus libertades por parte de la Administración estatal.
También la Carta Magna establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. El proceso de constitución de las autonomías tuvo dos etapas diferenciadas:
- Creación de preautonomías antes de la Constitución: Suponía la concesión de una autonomía provisional a regiones cuyos representantes la solicitaran. La primera preautonomía se concedió a Cataluña y le siguieron País Vasco y Galicia.
- Creación de las Autonomías: Tras la promulgación de la Constitución que establecía la posibilidad de que todas las regiones se convirtieran en Comunidades Autónomas. Cada una de ellas se regiría por un Estatuto de Autonomía y se dotaría de órganos legislativos, elegidos por sufragio universal (parlamentos autónomos) y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). Los primeros estatutos promulgados fueron los de Cataluña y País Vasco en 1979. Los estatutos de Galicia y Andalucía se aprobaron en 1981 y posteriormente, entre 1982 y 1983, los del resto de las Comunidades Autónomas. Por último, en 1995, se regularon regímenes autonómicos para las ciudades de Ceuta y Melilla.
Tras la aprobación de la Constitución de 1978, se inició una nueva etapa dentro de la democracia española. Tras el desgaste de la UCD, la joven democracia española superó la dura prueba del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para terminar con los gobiernos socialistas (1982-1996) y finalmente con el triunfo del Partido Popular, cuyos gobiernos se prolongan desde 1996 hasta 2004.
Los Gobiernos del PSOE (1982-1996)
En estas elecciones, el PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos de un censo de 26,8 millones de votantes. Obtuvo así la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El triunfo de los socialistas fue debido a un ambicioso programa reformista cuyo eslogan era «Por el cambio». El PSOE había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha. El tercer partido en escaños fue Convergència i Unió con 12 escaños. Por detrás se situaron la UCD con 11 escaños y el PCE con 4. El PCE promovió después de este resultado la creación de una federación de grupos de izquierda con el nombre de Izquierda Unida (IU).
El 3 de diciembre de 1982, Felipe González constituyó el primer gobierno totalmente socialista de la Historia de España. El PSOE se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas. La mayoría absoluta se renovó en las elecciones de 1986 y 1989, pero no así en 1993, cuando el PSOE tuvo que buscar el apoyo de otros partidos para poder gobernar. El gobierno socialista no pretendía ningún tipo de revolución que llevara a la implantación del socialismo, ya que durante la transición habían abandonado su herencia marxista y avanzaron hacia posturas claramente socialdemócratas. Al mismo tiempo, ya no era el partido de vocación únicamente obrera y campesina, sino un partido político que quería representar también a las clases medias, que eran donde estaban la mayoría de los votos. A nivel general, se puede considerar que la política llevada a cabo por los socialistas fue pragmática y moderada. Con sus reformas no pretendió romper el entendimiento con los tradicionales poderes económicos e institucionales (la banca, la Iglesia y el Ejército), lo que le llevaría al enfrentamiento con los sindicatos. Ejemplos de este pragmatismo fueron la prioridad de la lucha contra la inflación sobre la lucha contra el paro, la ruptura de la promesa de sacar a España de la OTAN, las buenas relaciones con la oligarquía financiera o el cambio de postulados antiimperialistas y neutralistas en política exterior por las buenas relaciones con Europa y EE.UU.
La Política Reformista
La política de González fue moderada, continuista y, durante los primeros años, dirigida ante todo a consolidar la democracia. Su victoria parecía poner fin a la transición al conseguir que un partido político antifranquista obtuviera el Gobierno a través de unas elecciones democráticas. Desde el principio se dan una serie de reformas que supusieron la transformación y modernización de España, que pasó a consolidarse como un país desarrollado.
Reformas Sociales
Se impulsa la legislación sobre derechos y libertades en relación a la objeción de conciencia, la despenalización del aborto en ciertos casos, la situación de los extranjeros en España, etc. Se aprueba la Ley de la Reforma Universitaria, que reconocía la autonomía de las Universidades, y la LODE (Ley Orgánica de Derecho a la Educación), que reconocía dos redes de enseñanza: pública y privada financiadas por el Estado, y ampliaba la educación gratuita hasta los 14 años. En 1990, una nueva ley de educación, la LOGSE, prolongó la escolarización obligatoria y gratuita hasta los 16 años.
Reforma de las Fuerzas Armadas
Se redujo el Ejército y se hizo más operativo. Se impuso la supremacía del poder civil sobre el militar. Se intentaba acabar con el golpismo.
Consolidación del Estado de las Autonomías
Se completa el mapa autonómico español, con la aprobación de los últimos estatutos de autonomía (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía ya los habían conseguido durante el gobierno de Suárez) y se aprueba la Ley del Proceso Autonómico para el reparto de poderes y competencias entre autonomías y Estado.
Lucha contra el Terrorismo
El gobierno socialista tuvo que hacer frente al terrorismo de ETA. Desplegó una política de reinserción de presos, de pactos con el resto de las fuerzas políticas, incluso de negociaciones secretas con la banda terrorista para poner fin a sus actividades a cambio de determinadas concesiones. También destacó la colaboración con Francia (lugar de refugio para los terroristas) a partir de 1984.
El Primer Gobierno Constitucional: El Declive de la UCD (1979-1982)
El Gobierno de Adolfo Suárez
Una vez aprobada la Constitución, Suárez convocó elecciones a Cortes legislativas para marzo de 1979. El resultado de las elecciones fue parecido al de las de 1977: UCD obtuvo 168 diputados, siendo la fuerza más votada, seguida del PSOE con 121. Como tercera fuerza quedó el PCE con 23 escaños. Coalición Democrática, nombre bajo el que se presentaba Alianza Popular, obtuvo solo 10 diputados. Los partidos representantes de los nacionalismos periféricos fueron Convergència i Unió por Cataluña y PNV por el País Vasco.
El nuevo gobierno continuó la actividad reformista con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, pero pronto tendrá que enfrentarse a una profunda crisis interna debido a varias razones: la debilidad del gobierno al no tener mayoría absoluta, el fin del consenso con la presión de la oposición (especialmente del PSOE), la conflictividad social y el terrorismo (ETA y GRAPO). Esta crisis quedó de manifiesto tanto en las primeras elecciones municipales democráticas (abril de 1979), que dieron el triunfo a la izquierda en las grandes ciudades, como en las elecciones autonómicas de País Vasco y Cataluña (marzo de 1980), donde la UCD no obtuvo buenos resultados.
Aprovechando esta situación, el PSOE presentó una moción de censura al gobierno en mayo de 1980. Aunque fue rechazada por las Cortes, el liderazgo de Adolfo Suárez se veía cuestionado no solo desde fuera, sino también desde su propio partido, e incluso había perdido la confianza de S.M. el Rey, por lo que presentó su dimisión como presidente del Gobierno y de la UCD el 29 de enero de 1981.
El Gobierno de Calvo Sotelo y el 23F
El sucesor de Adolfo Suárez en el Gobierno sería Leopoldo Calvo Sotelo. Cuando se estaba celebrando la investidura de este como nuevo presidente del Gobierno, se produjo el asalto al Congreso por un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Tejero, reteniendo a todos los diputados. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, se sumó al golpe sacando sus tropas a la calle y decretando el estado de guerra.
El estamento militar estaba molesto con el proceso democrático que había legalizado el Partido Comunista, había permitido el proceso autonómico y no lograba acallar el terrorismo. Así se había gestado una trama en la que estaban implicados algunos mandos de la Guardia Civil, altos jefes militares como Armada y Milans del Bosch, y algunos políticos. El objetivo del golpe era paralizar el proceso democrático y otorgar al Ejército un papel relevante en el Gobierno que se iba a constituir.
Pero este intento de golpe de Estado fracasaría porque no contó con el apoyo unitario del Ejército y por la decisiva intervención de S.M. el Rey D. Juan Carlos que, con un mensaje en televisión, apoyó el régimen constitucional. El 27 de febrero, multitudinarias manifestaciones en defensa de la democracia recorrieron las calles de las ciudades españolas. Finalmente, el 25 de febrero, fue investido Calvo Sotelo como nuevo jefe de Gobierno.
Su gobierno estará marcado por la descomposición del partido UCD. Consiguió algunos avances durante su mandato, como la aprobación de la Ley del Divorcio, con una gran oposición de la Iglesia, y la entrada de España en la OTAN, con la fuerte oposición del PSOE, que prometió un referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones. Calvo Sotelo no pudo hacer frente a las presiones internas, sobre todo de Adolfo Suárez y sus seguidores, que habían formado un nuevo partido: el Centro Democrático Social (CDS). Así, el presidente disolvió el Parlamento y convocó elecciones para octubre de 1982.
