Introducción

La Transición española comenzó en 1975, a la muerte de Franco. Fue un cambio de régimen político —de la dictadura a la democracia— gradual, no violento y basado en el acuerdo de las principales fuerzas políticas. Supuso la llegada de las libertades y el reconocimiento del pluralismo y la convivencia pacífica como valores fundamentales, valores que luego serían recogidos en la Constitución de 1978. La Transición se realizó desde dentro de la sociedad española con el apoyo del Rey y de la mayoría de los ciudadanos. A lo largo de esos años de cambio, España conoció tres presidentes de gobierno: Arias Navarro, Adolfo Suárez —artífice de las reformas— y Calvo Sotelo, y un intento de golpe de Estado. Este delicado proceso de restauración de la democracia culminó en 1982, con el acceso de los socialistas al poder.

La Transición Política Española

Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado Rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático. Este proceso de transición se ha convertido, al pasar los años, en un modelo para muchos países por el escaso nivel de violencia que la acompañó. Para desmontar el anterior régimen e iniciar la democracia, el Rey se apoyó en Torcuato Fernández Miranda, aunque las presiones le hicieron confirmar a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Se iniciaba la Primavera de Arias, que hizo grandes promesas que no se pudieron llevar a cabo debido a la división del gobierno. Esto llevó a que la Plataforma de Convergencia Democrática y la Junta se uniesen para formar la Platajunta, organizando huelgas y manifestaciones. Cabe mencionar también los sucesos de Montejurra, donde se enfrentaron dos bandos carlistas, y los atentados de ETA y el GRAPO. Arias Navarro dimite el 1 de julio de 1976.

El Gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política

El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del Gobierno, fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo gobierno estaba formado por ministros aperturistas; sin embargo, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia. Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política, que establecía cortes bicamerales, sufragio universal y la legalización de los partidos políticos. Era la concreción legislativa del proceso de desmantelamiento del franquismo desde el propio régimen. Por ello, requería que fueran las mismas Cortes vigentes las que aprobaran la ley, pero también necesitaba el respaldo de la oposición. Había sido redactado por Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, que jugó un papel decisivo para lograr la aprobación de la ley. Adolfo Suárez consiguió desmantelar todo el edificio del régimen anterior y se convirtió en el protagonista del cambio. En un golpe de efecto, Suárez legalizó al PCE en plena Semana Santa, conocido desde entonces como un “Sábado Santo Rojo”. Tras esto, convocó las primeras elecciones libres para junio de 1977. El resultado electoral supuso el triunfo de la UCD, partido creado por Adolfo Suárez, seguida del PSOE. Se configuró un bipartidismo en torno a la UCD y el PSOE, que proporcionó una estabilidad política. El proceso de reformas se vio amenazado por dos fuerzas antagónicas: la extrema derecha, ETA, GRAPO, FRAP y Terra Lliure.

El Primer Gobierno de la UCD y la Consolidación Democrática

Tuvo que hacer frente a tres problemas:

• Dotar al país de una Constitución y leyes.
• Realizar una política económica que hiciese frente a la crisis.
• Solucionar las aspiraciones autonomistas.

Para llevarlo a cabo, se consiguió un consenso político, entendido como un acuerdo entre las fuerzas políticas y parlamentarias.

Consenso Económico: Los Pactos de la Moncloa

Las condiciones económicas generaban inseguridad social, el paro subía, y tenían que hacer frente. Aparecieron más partidos de la oposición y más sindicatos, y se firmaron los Pactos de la Moncloa el 25 de octubre de 1977, con el objetivo de frenar la inflación y luchar contra el paro.

Consenso Político: La Constitución de 1978

Su objetivo era elaborar y aprobar una Constitución. Se creó así la CONSTITUCIÓN DE 1978:

• Consagraba la monarquía parlamentaria como modelo de Estado.
• Proclamaba la soberanía nacional.
• Abolía la pena de muerte (excepto en caso de guerra).
• Establecía la aconfesionalidad en materia religiosa.
• Y establecía el Estado de las Autonomías.

Esta Constitución fue aceptada por todos por su ambigüedad, y fue aprobada el 6 de diciembre de 1978 en referéndum. El presidente anunció una convocatoria de elecciones generales en 1979, y se decretó amnistía total para todos los exiliados políticos.

Contenido y Estructura de la Constitución de 1978

En el título preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución: Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho; se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria. El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución.

El título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles. Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, la libertad de expresión, la educación, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, el derecho a disponer de una vivienda digna, a disfrutar del medio ambiente, el derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc.

La única modificación realizada en la Constitución hasta el año 2006 se realizó en 1992 para conceder el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España. Esta modificación se hizo necesaria tras la ratificación por España del Tratado de la Unión Europea.

En lo que se refiere a la Corona, se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Su poder es formal.

La Constitución establece la separación de poderes y organiza los poderes del Estado:

• Las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.
• El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa, ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo.
• Los Jueces y magistrados ejercen el poder judicial. Se crea el Tribunal Constitucional, cuya función es evitar cualquier violación de la Constitución y vigilar que no haya leyes que contradigan el texto constitucional. Es también el máximo órgano encargado de proteger los derechos y libertades fundamentales.

En su título VIII, la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen. Se establecieron los cauces legales para que los territorios que lo desearan y que cumplieran una serie de requisitos pudieran constituirse en Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales.

Aprobada la Constitución, se constituyeron en el período 1979-1983 las actuales Comunidades Autónomas y nuestro país quedó conformado por 17 Comunidades y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla, constituidas en 1995). Cada una de estas comunidades posee una Asamblea Legislativa y un Gobierno propios.

La Constitución también establece el principio de solidaridad y el equilibrio económico entre las distintas regiones del territorio español.

Los Gobiernos de Adolfo Suárez (1979-1981)

En marzo de 1979 se celebraron elecciones legislativas, una vez terminado el período constituyente. El triunfo de la UCD, más ajustado que en 1977, no significó el inicio de un período de estabilidad, pues las dificultades de la coyuntura eran todavía enormes. La crisis económica se afrontó con una política de consenso, hilvanada en los Pactos de la Moncloa, que comportó la promulgación del Estatuto de los Trabajadores (1979) y el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) (1981). Sin embargo, no se emprendió una política de reformas de la estructura productiva, porque la vida política era la prioridad del gobierno. El relativo fracaso de la UCD en las elecciones municipales de abril de 1979, a partir de las cuales se constituyeron ayuntamientos de izquierdas en las grandes ciudades, anunció las inmediatas dificultades de la UCD. Pero el proceso autonómico y las divisiones internas fueron lo que evidenció la debilidad del partido y precipitó la crisis del gobierno. El resultado de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña (marzo de 1980), donde perdió la mitad de los votos conseguidos en 1979 a favor de otras fuerzas políticas, puso de manifiesto la pérdida de apoyo de la política gubernamental. Al mismo tiempo, la oposición se consolidaba y se beneficiaba del malestar social y político. Asimismo, las divisiones dentro de la UCD se acentuaron: existían discrepancias en los contenidos de las reformas básicas, como la de Enseñanza (Estatuto de Centros Docentes) y la de Administraciones Públicas (Ley de Autonomía Universitaria, Ley de Incompatibilidades de los Cargos Públicos). También afloraron diferencias ideológicas entre los sectores más derechistas (democristianos, liberales y el reformismo franquista) y los de centro-izquierda (socialdemócratas). Adolfo Suárez, pues, se mostró más eficaz en el desmantelamiento del franquismo que en la edificación de la democracia, y no consiguió un liderazgo incontestable dentro de la UCD, ni tampoco como presidente del Gobierno. En mayo de 1980 tuvo que someterse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes. Desde entonces, la parálisis gubernamental fue casi total, lo que repercutió en el incipiente sistema democrático. El gobierno no avanzaba en las reformas que permitían adecuar los aparatos del Estado a la nueva legalidad constitucional. Además, el terrorismo de ETA, GRAPO y FRAP añadió una notable tensión en la construcción de la democracia y situó la violencia en primer plano de la vida política. El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimitió como presidente del Gobierno y renunció a la dirección de la UCD.

El Intento de Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981

La amenaza al sistema democrático provenía fundamentalmente de la reacción militar, de contenido ultra y corporativo. Una parte del Ejército era franquista y decididamente hostil al proceso democrático. En este sector, la reivindicación del franquismo convivió con la alarma provocada por la legalización del Partido Comunista, el desarrollo autonómico, el terrorismo y la anunciada reforma del propio Ejército. Estos factores precipitaron una acción subversiva que cristalizó en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Otros sectores de la extrema derecha organizaron grupos de pistoleros como los Guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A o el Batallón Vasco Español. La trama golpista, con conexiones civiles, que pretendía la destrucción de la democracia, aguardaba el momento propicio. Los golpistas aprovecharon la dimisión de Suárez y, mientras se votaba la investidura del nuevo presidente en las Cortes, Leopoldo Calvo Sotelo, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró y anunció la llegada de una nueva autoridad militar, manteniendo como rehenes a todos los diputados. El capitán general Milans del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los tanques a la calle, mientras se constataba el temor de la población civil y la división de los militares. Hasta que el Rey no compareció por televisión, de madrugada, y descalificó a los sublevados, no hubo seguridad del fracaso del golpe de Estado. Solo un civil y 32 militares, con el general Alfonso Armada como oficial de mayor rango, fueron juzgados en un Consejo de Guerra; las penas fueron mínimas. Sin embargo, el Tribunal Supremo intervino, previo recurso del Gobierno, y aumentó sensiblemente las condenas. El fracaso del 23 de febrero representó el principio de la desaparición de la amenaza militar, aunque esta tardaría algunos años en desvanecerse. La intentona militar había puesto de relieve la fragilidad del sistema democrático. El monarca, que había salido fortalecido de la sublevación a causa de su actuación contra la misma, convocó al día siguiente a los líderes parlamentarios a fin de reafirmar la lealtad de todos para con las instituciones. El 25 fue investido Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. El 27 se celebraron en toda España manifestaciones multitudinarias en defensa de la democracia.

El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982)

Calvo Sotelo inició una política de cierto consenso con el PSOE. El 22 de junio de 1981 se aprobó la Ley de Divorcio. El 30 de junio de 1982 se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), ley pactada con el PSOE. Ambos partidos pretendían limitar las competencias de las Autonomías. Los nacionalistas la recurrieron ante el Tribunal Constitucional y, en parte, fue rectificada.

La política exterior recibió un impulso notable. Los objetivos básicos eran la integración en la Comunidad Europea y la OTAN, y las relaciones con América Latina. El gobierno no obtuvo el apoyo socialista respecto a la entrada de España en la OTAN. El 29 de octubre de 1981 —con los votos en contra de las fuerzas de izquierda— el Congreso de los Diputados autorizó la tramitación para la adhesión de nuestro país al Tratado del Atlántico Norte. Los conflictos internos en el seno de la UCD continuaban a pesar de que estaban llevando al partido a su destrucción. Los mayores problemas del Gobierno se localizaban en su propio grupo parlamentario. Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982. La UCD se desmoronó.

Los Gobiernos del PSOE (1982-1996): La Consolidación Democrática

La Llegada del PSOE al Poder

Desde el congreso de 1979, en el que el PSOE había abandonado el marxismo, el partido se fue abriendo a otras corrientes de pensamiento progresista al tiempo que adquiría una gran disciplina, con el objetivo de alcanzar el poder. Para las elecciones de 1982 elaboró un programa electoral que proponía numerosas reformas, pero sin cuestionar el modelo de sociedad occidental. Se benefició de ser una fuerza bien cohesionada frente a la imagen de disgregación de la UCD y el PCE. La victoria en las elecciones de 1982 fue espectacular, casi un 49 % de los votos y más de 10 millones de votos. Este éxito fue reforzado en las elecciones municipales y autonómicas de 1983. La gente se había decantado por la política del cambio que protagonizaban los socialistas. El 3 de diciembre de 1982, Felipe González constituyó el primer gobierno enteramente socialista de la historia de España. Fue un gobierno que se caracterizó por la moderación política, en la línea de la socialdemocracia europea.

Los Gobiernos del Partido Popular (1996-2004)

La Gestión del Partido Popular

En las elecciones del 3 de marzo de 1996, el PP consiguió la victoria, pero con una ventaja sobre el PSOE muy reducida. La organización socialista había demostrado tener una resistencia muy superior a la que en principio cabía esperarse. La escasa distancia que separaba a los dos grandes partidos en votos —unos 300.000— se tradujo por efecto del sistema electoral en una diferencia algo mayor en el número de diputados: 156 frente a 141. El Partido Popular, al igual que había ocurrido con el PSOE en la anterior legislatura, precisaba para gobernar del auxilio de algún otro partido. CiU volvió a cumplir con ese cometido tras acordar con el PP la cesión del 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas. Apoyó a los populares en el Parlamento, pero siguió negándose a participar directamente en el ejecutivo. Asimismo, el PNV y Coalición Canaria pactaron con el PP sus respectivos apoyos. El triunfo electoral del PP significó el inicio de una nueva gestión política. Sin embargo, no supuso una ruptura sustancial con la línea del PSOE. La alternancia había funcionado, signo de una democracia estable. La recuperación económica que se inició en 1995 se consolidó en los años de mandato de los populares. Una política antiinflacionista y de rigor presupuestario practicada por Rodrigo Rato desde el Ministerio de Economía y Hacienda y la buena coyuntura económica internacional dieron como resultado un crecimiento medio por encima del 3% y permitieron cumplir con los requisitos de convergencia: 2% de inflación, tipos de interés en el 6,9%, déficit público en el 2,9% y la deuda pública en el 68,1% del PIB. El paro también cayó al 15% al final de la legislatura. El 1 de enero de 1999, España pudo incorporarse al grupo de países fundadores del euro.

El gobierno del PP aceleró considerablemente el proceso de privatización de empresas públicas (Repsol, Endesa, Telefónica…) y prosiguió la liberalización de los mercados del gas, electricidad y petróleo. Asimismo, pactó con los sindicatos cambios que tendían a flexibilizar el mercado laboral, pero también a incrementar la estabilidad en el empleo. La política exterior se asentó sobre las mismas coordenadas anteriores. En 1997, España se incorporó a la estructura militar de la OTAN. En 1999, participó en las operaciones de bombardeo de la Alianza Atlántica contra territorio yugoslavo en la guerra de Kosovo. En América Latina, Aznar tuvo que reconsiderar la política de firmeza que aplicó con Cuba en los primeros momentos de su mandato. En política interior, el gobierno culminó el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Quedaron reducidas a 150.000 efectivos y se suprimió el servicio militar obligatorio a partir de 2003. Mantuvo una posición firme ante la dinámica abierta en el País Vasco con la firma del Pacto de Estella/Lizarra en septiembre de 1998, cuando ETA declaró una tregua indefinida a la que puso fin un año después. El PP vio cómo al final de la legislatura el resto de los partidos aprobaba en las Cortes contra su voluntad la Ley de Extranjería.

Conclusión: La Madurez de la Democracia Española

La experiencia democrática en España cuajó definitivamente. Después de un siglo y medio luchando por conseguir las libertades democráticas, los españoles, tras la aprobación de la Constitución de 1978, hemos podido participar en la política de nuestro país. En los últimos 30 años, diversas fuerzas políticas han gobernado en nuestro país, de una ideología y otra, con mayor o menor resultado, pero democráticamente al fin y al cabo. Ahora habría que mirar hacia el futuro que nos espera. Todo pasaría por un aumento en las decisiones políticas que pasen, cada vez más, por consultar al pueblo, no solo con la celebración periódica de elecciones cada cuatro años, sino por una participación activa, día a día, en la política española, mediante la celebración de referéndums para las cuestiones más importantes y fomentando la colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida municipal.