La crisis de la Restauración en España

La crisis de la restauración

En 1902 Alfonso XIII fue mayor de edad y acabó el reinado de María Cristina. Hasta esa fecha el sistema canovista había aceptado una estabilidad pero en el reino de Alfonso XIII España llegó una crisis política. La muerte de Cánovas y Sagasta dio lugar a que los partidos de turno hicieran una lucha interna por el liderazgo. Perdieron posición y dio lugar a la aparición de nuevos partidos. La España real, ajenos al Sistema turnista, dio lugar al agotamiento del sistema canovista. Había que añadir a la crisis el clima de violencia y el descontento militar por el desastre del 98 y el fracaso de la guerra de Marruecos en que los militares culpaban a los políticos. Entre 1902 y 1909 aparecieron los intentos de regeneracionismo político cambiando el sistema desde arriba crítica en el sistema político pedía una regeneración a la vida política. Cánovas fue asesinado, dejando a Francisco defensor de la tesis revisionista y líder del partido conservador. Francisco creó diversos gobiernos que intentaron acabar con los movimientos ilegales del sistema, pero fracaso dio lugar a que abandonaran la política en 1903, dando el poder a Antonio Maura. Maura no consiguió la mejora e incluso empeoró la situación de la crisis por su autoridad y su intención de dejar el gobierno a los liberales, con la excusa de que había alineado con los republicanos para hacer la reforma desde abajo. El trayecto de la semana trágica en Barcelona aceleró la crisis desde la conferencia de Algeciras en 1906, España ejercía un poder sobre el norte de Marruecos. En 1909 Miembros de algunas tribus próximas a Melilla tocaron a los trabajadores de compañías españolas y Maura. Envío tropas. Los socialistas y republicanos se unieron contra la llamada reservista, la la protesta no fue atendida por el gobierno de Maura y irse las tropas a Barcelona. Empeoró los incendios


El impacto de los acontecimientos internacionales

Entre 1909 y 1917 la crisis se mantiene ante la incapacidad de los partidos tradicionales para atajarla. A Maura le sucede el liberal Canalejas, también regeneracionista, pero su asesinato por un anarquista en 1912 deja a los liberales sin su principal dirigente. Las repercusiones de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) constituyeron un punto de inflexión en el régimen de la Restauración. Cuando estalló el conflicto el gobierno de Eduardo Dato declaró la neutralidad. La opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos. La neutralidad le supuso a España un crecimiento espectacular de la demanda exterior de sus productos, pero el aumento de las exportaciones provocó un proceso inflacionista e incluso la escasez de algunos productos básicos en el interior. Además, los beneficios de las empresas no repercutieron en aumentos salariales equivalentes, sino que el enriquecimiento empresarial vino acompañado del empobrecimiento general de los trabajadores, y la subida de precios de productos de primera necesidad les hizo perder poder adquisitivo. Ante esta situación, comenzaron las protestas populares: motines, disturbios, y huelgas organizadas por UGT y CNT. El estallido definitivo de la crisis se produjo en 1917 cuando una parte del ejército (movimiento de Juntas), los catalanes de la Lliga de Cambó, los republicanos de Melquiades Álvarez y de Lerroux y algunos grupos obreros (PSOE) se unieron para exigir una reforma política total, y como primera medida pedían la convocatoria de una asamblea constituyente. Como respuesta Dato cerró las Cortes. El movimiento se fue haciendo más nacionalista, catalán, sobre todo, y más radical. Las centrales sindicales UGT y CNT convocaron una huelga general que fracasó. En resumen, es una triple crisis: Crisis militar. El descontento entre los oficiales ‘peninsulares’ ante los rápidos y, a veces inmerecidos, ascensos de los ‘africanistas’ culmina con la creación de las Juntas de Defensa. El gabinete conservador de Eduardo Dato se pliega a la imposición de los militares y aceptó unas juntas que iban contra la disciplina militar y la subordinación del ejército al poder civil. Crisis parlamentaria. Ante el cierre de las Cortes, setenta diputados y senadores de la Lliga Regionalista, republicanos, socialistas e incluso algún miembro del partido liberal constituyeron en Barcelona una Asamblea Nacional de Parlamentarios que demandó un cambio de gobierno y la convocatoria de Cortes Constituyentes. Crisis social: la huelga general de 1917. Convocada en agosto por CNT y UGT tuvo un amplio seguimiento en las ciudades y se saldó con un centenar de muertos y miles de detenidos entre ellos el Comité de Huelga (Largo Caballero, Julián Besteiro…) condenados a cadena perpetua (no la cumplen). Finalmente, y tras la reunión de los asambleístas en Madrid, Alfonso XIII da paso a un gobierno de colaboración con la presencia de asambleístas como Cambó y Maura. Este gobierno fue incapaz de dar una solución, lo mismo que los 13 gobiernos que van a sucederse hasta 1923, demostrando la incapacidad de los políticos para reformar el sistema. El problema de la crisis política se veía agravado por una situación social cada día más tensa: obreros y campesinos pedían reformas laborales y cambios en la estructura de la propiedad que los patronos no estaban dispuestos a conceder. La violencia de los obreros fue contestada con violencia patronal, lo que desembocó en una guerra abierta en la ciudad de Barcelona sobre todo. A partir de 1917 La inestabilidad política llevó a un fuerte crecimiento del sindicalismo y de sus acciones (huelga de la Canadiense), que junto al triunfo en 1917 de la Revolución bolchevique en Rusia insufló ánimo a las organizaciones obreras; en este contexto el gobierno concedió la jornada laboral de ocho horas en la industria y creó el Ministerio de Trabajo. En Andalucía la agitación social se había mantenido a muy bajos niveles desde 1917, en cuya huelga general apenas participó el campo. Sin embargo entre 1918 y 1920, se vivió el denominado ‘trienio bolchevique’, una fase de actividad revolucionaria, provocada por la situación de miseria de los jornaleros agrícolas, la carestía de la vida y la influencia de la Revolución rusa. Dirigidos por UGT y CNT hubo huelgas, ocupación de campos, reparto de tierras y toma de ayuntamientos. Con la declaración del estado de guerra y una fuerte represión se finalizó la revuelta social en 1920. A ello se sumaba la cuestión de Marruecos, que era de vital interés para los mandos del ejército. Sin su imperio ultramarino y cada vez más aislada de Europa, España trato de participar en el reparto de África. Tras la Conferencia de Algeciras (1906) España obtuvo el reconocimiento definitivo de sus derechos sobre el norte del territorio. La población rifeña (en las montañas del Rif donde se localizaban minas de hierro) estaba dividida en tribus o cabilas reacias a renunciar a su independencia. Desde la conferencia de Algeciras en 1906, España ejercía un protectorado sobre el Norte de Marruecos. En 1909 miembros de algunas Cabilas (tribus) próximas a Melilla atacaron a los trabajadores de compañías españolas (Barranco del Lobo). Maura decidió enviar reservistas y ordenó la incorporación de estos en Madrid y Barcelona lo que provocó la Crisis de 1909 y la posterior caída de Maura. En África no se había resuelto el problema, Las cabilas rebeldes seguían al líder Abd-el-Krim, organizador de una ofensiva de guerrillas contra los españoles. El general Silvestre en 1921, sin contar con el Alto Comisario en Marruecos (máxima autoridad del ejército español destacado en Marruecos), General Berenguer, decidió atacar a Abd-el-Krim en una expedición suicida que puso en peligro todo el protectorado y se saldó con una terrible derrota, el desastre de Annual, donde todos sus hombres fueron masacrados por los rifeños (12.000). En Madrid el parlamento pidió responsabilidades y se inició un expediente, el expediente Picasso, que nunca llegó a verse por el golpe de Primo de Rivera. Pero durante la investigación sonó el nombre del rey, pues algunos consideraban que Silvestre, amigo personal del monarca, actúo en contacto con Alfonso XIII saltándose el escalafón. En esa situación, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con el beneplácito del Rey, proclamó el estado de guerra en 1923. El rey se negó a destituir a los sublevados y el gobierno dimitió. Alfonso XIII entregó el poder a Primo de Rivera consumándose el golpe de estado. La constitución de 1876 quedaba anulada y se abría un abismo entre la monarquía y la clase política que la había sostenido


La dictadura de Primo de Rivera. El final del reinado de Alfonso XIII

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En 1923 la sociedad española y la vida política se encontraban en una situación de crisis insostenible, que
se arrastraba desde 1917. El 13 de septiembre el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera,
proclamó el estado de guerra. El gobierno dimitió y el rey entregó el poder a los sublevados, consumándose
el golpe de estado, que fue recibido favorablemente por la mayoría de los españoles.
En el manifiesto que Primo de Rivera dirigió a la nación anunciaba la llegada de un nuevo régimen,
provisionalmente en manos de los militares. En contra de la tradición golpista del XIX, no pretendía un
cambio de gobierno sino construir un régimen estable, una dictadura, puesto que acusaba a los políticos de
los partidos liberales tradicionales de todos los males del país, y proclamaba su decisión de eliminar las
elecciones y el Parlamento. Sin embargo, no pretendía crear un nuevo orden totalitario al estilo del
fascismo, sus ideas sobre los problemas sociales y políticos eran muy simples, creía en el orden y valoraba
los gobiernos fuertes.
Tras la disolución de las Cortes se formó un Directorio Militar cuyo presidente era Miguel Primo de Rivera,
y que contó con el apoyo del rey en todas sus resoluciones. La reacción popular fue favorable, o al menos
pasiva; se pensaba que iba a poner fin a un sistema que se había demostrado incapaz de resolver los
problemas del país.
En 1924 se crea el partido de la Unión Patriótica, en el que Primo de Rivera intentaba agrupar a todos
aquellos políticos que apoyaban al nuevo régimen, para devolver progresivamente el poder a los civiles. No
era propiamente un partido único como en el caso del fascismo italiano, pues los demás partidos no fueron
ilegalizados. Tampoco tenía una ideología desarrollada.
El Directorio Militar se cambió por un Directorio Civil en diciembre de 1925, al nombrar un gobierno
formado por antiguos miembros de los partidos turnistas, que fue refrendado por el pueblo mediante un
plebiscito. En 1927 convocó una Asamblea Nacional Consultiva (con la oposición de Alfonso XIII), que
debería preparar y presentar escalonadamente al gobierno, una legislación general (con un proyecto de
Constitución) y completa que regulara el procedimiento para la vuelta a la normalidad. En 1928 se reunió la
Asamblea, pero en ningún momento existió acuerdo entre sus miembros respecto al futuro régimen
constitucional que habría de tener el país. En resumen, lo que acabó por arruinar a la Dictadura como
fórmula política fue su propia incapacidad para encontrar una fórmula institucional diferente a la del
pasado.
A lo largo de estos años la dictadura se centró en afrontar los problemas más graves del momento, lo que
justificaba su ascenso al poder:

En primer lugar, la cuestión de Marruecos. La primera medida fue resolver el tema de las responsabilidades
por el desastre de Annual echando tierra sobre el expediente Picasso, y luego resolver el problema de la
guerra en Marruecos. Primo de Rivera era partidario de retirar las tropas de las zonas recientemente
conquistadas, en contra de la opinión de la mayoría del ejército. En 1924 dio orden de comenzar la retirada,
una operación que costó numerosas bajas pues se realizó en medio del ataque de los rifeños. Abd-el-Krim
se sintió muy seguro con esta aparente victoria y se lanzó al ataque de posiciones francesas. El resultado
fue la colaboración de España y Francia en una acción conjunta. Los españoles desembarcaron en la bahía
de Alhucemas al mismo tiempo que los franceses atacaban desde Fez, montañas arriba. El líder árabe
quedó acorralado y se entregó a los franceses. La paz llegó en 1926. Fue el mayor éxito de la dictadura y lo
que prolongó su existencia más allá de lo esperado.
En la cuestión social, Primo de Rivera encontró escasas dificultades frente a los movimientos obreros,
cuando éstos se habían enfrentado tan duramente a la monarquía constitucional. Aunque la situación
económica y la asistencia social mejoraron, la causa principal es que Primo de Rivera no llevó a cabo una
represión muy dura y consiguió la colaboración de los socialistas, aunque no la de los anarquistas y
comunistas.
El PSOE y la UGT consideraban que la dictadura era provisional y no estaban dispuestos al enfrentamiento
por la defensa de un régimen burgués, el de la restauración, que ellos mismos querían destruir. Sin
embargo la postura colaboracionista de algunos socialistas creó una división en el seno del PSOE y la UGT
cuando algunos dirigentes participaron en las instituciones de la Dictadura (caso de Largo Caballero, que
entró en el Consejo del Trabajo tras la muerte en 1825 de Pablo Iglesias).
Otra situación fue la de los grupos más radicales. Los anarquistas partidarios del terrorismo fueron
disminuyendo en España a favor del anarcosindicalismo. La CNT se enfrentó al Directorio y muchos
sindicalistas fueron detenidos y otros se marcharon al exilio. La FAI, de carácter más revolucionario (1927),
y el PCE (1921), declarado ilegal, no tuvieron demasiado protagonismo durante la dictadura


En 1926 se creó el Consejo de Trabajo (Organización Corporativa Nacional), con representación de obreros
y empresarios, pero bajo control estatal, al estilo del sindicato vertical implantado por Mussolini en Italia,
que se ocuparía de la negociación entre patronos y trabajadores. El sindicato UGT se prestó a colaborar en
un principio, aunque más tarde se retiró, y la CNT se negó en absoluto a participar, lo que hizo fracasar el
proyecto.
La política económica de la dictadura fue muy proteccionista e intervencionista, encaminada a la
nacionalización de la industria (aparecieron monopolios estatales como CAMPSA y Tabacalera) y a la
regulación de mercado, limitando artificialmente la competencia, fijando los precios y limitando la
instalación de nuevas fábricas. El Gobierno estimuló también las obras públicas para favorecer el desarrollo
industrial, construyendo carreteras, centrales hidroeléctricas o invirtiendo en la industria pesada
(siderometalúrgica, cemento), sectores fundamentales donde era necesaria una fuerte inversión que la
clase empresarial española era incapaz de afrontar. Aunque a corto plazo fue una política positiva que
favoreció el desarrollo industrial, eliminó el paro y ayudó a la paz social, a la larga generó una enorme
deuda pública que heredó la II República, hipotecando muchas de sus actuaciones.
Ante la falta de apoyo de todos los sectores de la sociedad, incluso del ejército (fueron varios los
pronunciamientos en su contra, como la Sanjuanada), y del propio rey, Primo de Rivera presentó su
dimisión el 27 de enero de 1930, que el rey aceptó de inmediato.
Después de la dimisión de Primo de Rivera se hizo cargo del Gobierno el General Berenguer, que anunció
una vuelta al régimen constitucional del 76 y la convocatoria a elecciones generales. Calificado de
dictablanda por algunos y de error por otros como Ortega y Gasset, el gobierno fue perdiendo credibilidad,
lo mismo que monarquía, al limitarse a ofrecer a la sociedad española una vuelta al caduco sistema
anterior.El republicanismo fue avanzando posiciones entre los políticos tradicionales, monárquicos liberales y
conservadores (Miguel Maura funda El Partido Republicano Conservador y Niceto Alcalá Zamora el Partido
Republicano Progresista), entre los nacionalistas, el movimiento obrero, los estudiantes, los intelectuales y
gran parte del ejército.


Los republicanos, sin esperar a las elecciones, optaron por la conspiración para hacerse con el poder. En
agosto de 1930 firmaron el Pacto de San Sebastián en el que participaron Lerroux, líder del partido
Republicano Radical, Azaña, procedente del partido Reformista e intelectual de mucho prestigio entre las
clases educadas, y Alcalá Zamora, que se convirtió en el presidente del comité revolucionario. El
levantamiento fracasó por falta de coordinación. Los miembros del comité revolucionario fueron detenidos
y encarcelados, pero una ola de protestas, huelgas y manifestaciones sacudió todo el país. Berenguer,
incapaz de encauzar la situación, presentó la dimisión el 14 de febrero de 1931.
Alfonso XIII encargó formar gobierno al almirante Aznar que se limitó a convocar elecciones municipales
para el 12 de abril, para elegir nuevos ayuntamientos que garantizasen la limpieza de unas elecciones
constituyentes posteriores (eran los encargados de establecer el censo). Aunque tras las elecciones la
mayoría de los concejales elegidos eran monárquicos los republicanos habían ganado en todas las capitales
de provincia, donde el sufragio era más limpio. Como reconoció el propio Aznar, el país se había acostado
monárquico y se levantó republicano.
Alfonso XIII, el 13 de abril de 1931, aconsejado por el gobierno (Romanones) y sorprendiendo a toda la
opinión pública, lanzó un manifiesto en el que comunicaba que dejaba España, si bien no renunciaba a sus
derechos. La II República fue proclamada al día siguiente, 14 de abril.

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