La Generación del Ochenta: Contexto y Fundamentos Ideológicos

Alrededor del año 1880, había signos de cambios profundos, tanto en el contexto internacional como en el contorno regional latinoamericano y en la sociedad argentina. En Argentina, liquidados los conflictos que se habían prolongado durante un largo período y eliminadas las trabas que impedían la integración física, económica y política, ningún obstáculo se oponía a la creación de instituciones que asegurasen el funcionamiento de un Estado fuerte.

Allí surgirá un modelo institucional que alcanzaría una fisonomía estable, conducida por una élite dirigente que había reunido en sus manos las riendas del poder económico y político del país. Esta élite, denominada Generación del Ochenta, creía o combatía en torno a una ideología liberal, es decir, la absolutización de una interpretación del liberalismo adoptado por el mundo dominante.

Pero no era el liberalismo romántico e idealista de la primera mitad del siglo XIX, sino que comulgaban con el ideario de Augusto Comte: un liberalismo pragmático y positivista. El positivismo era visto como fin y no como medio, como progreso ilimitado, asistido por la razón y por una actitud de verificación experimental de la realidad. Este liberalismo era, ante todo, económico, ya que en materia de libertad política apoyaban un régimen autocrático.

La Generación del 80 llevó a cabo movimientos que modificaron radicalmente la cultura política de los argentinos. Estos movimientos surgen en lo económico, en lo político y en lo social. Algunas de las manifestaciones de estos cambios se encuentran en:

• La formación de fuerzas políticas nuevas.
• La implementación de una educación laica, gratuita y progresiva.
• La apertura literaria con ideología europeizada.
• La apertura a la inmigración.

Toda esta ideología se fue vislumbrando a través de las leyes que se dictaron y de las decisiones de gobierno. El mayor exponente de esta ideología fue Julio Argentino Roca, quien gobernó el período 1880-1886.

El Liderazgo de Julio Argentino Roca (1880-1886)

El presidente Roca era un caudillo pragmático y un hábil político.

El Modelo Económico Agroexportador y la Inversión Extranjera

La aparición del barco a vapor contribuyó al auge económico. Fue importante el aporte extranjero que se hizo en el tendido y en la administración de nuevas líneas férreas, iniciándose así la época de la Argentina como “Granero del Mundo”.

Estas inversiones llevaron a que el Estado otorgara tierras a los costados de las vías o garantizara la obtención de ganancias estipuladas; es decir, el Estado debía responder en caso de que estos inversores no llegaran a obtener los beneficios esperados. El progresivo movimiento de las exportaciones condujo a la ampliación del Puerto de Buenos Aires y a la construcción de los puertos de Bahía Blanca y La Plata.

De esta manera, nuestro país desarrollaba un modelo económico donde el capital extranjero lograba acrecentar el desarrollo productivo. También el capital extranjero financió la implementación de telégrafos, teléfonos, tranvías, bancos, etc. Sin embargo, el modelo económico que se estaba desarrollando producía cada vez más desigualdad entre países.

Transformación Urbana de Buenos Aires

La “gran capital de Sudamérica”, como se la llamaba entonces, construía nuevos edificios públicos y privados, la nueva Avenida de Mayo, y barrios residenciales que recordaban a París y a otras ciudades europeas. La ampliación de las obras sanitarias y la incorporación de los barrios de Belgrano y parte de San José de Flores darían en conjunto la fisonomía de una ciudad potente, caótica y fecunda, que se alejaba de los rasgos de “la gran aldea” para entrar en las dimensiones que más tarde la acercarían a Londres o a Nueva York.

La Inmigración Europea y la Transformación Social

La europeización de la Argentina y la modificación del carácter nacional, decisión deliberada de los ideólogos de la Argentina moderna, se tradujo en una política inmigratoria abierta, pero condicionada por causas endógenas y exógenas que estaban fuera del control de los sectores dirigentes.

Hasta 1880, el objetivo fue “poblar el desierto” y promover la agricultura, la ganadería y la red de transportes con las dimensiones y calidades necesarias para la posterior industrialización del país. Casi la mitad de la inmigración era italiana (sobre todo del sur de la península), una tercera parte era española, y el resto se distribuía entre polacos, rusos, franceses y alemanes.

Luego de 1880, comenzó una segunda etapa:

• Si el inmigrante se quedaba en la ciudad, era jornalero; si tenía capacidad o aptitudes, terminaba por dominar la gestión de la industria y del comercio.
• Los criollos se desplazaban hacia las actividades de tipo artesanal, hacia la burocracia estatal o hacia el servicio doméstico.

El fenómeno inmigratorio significó un cambio en la estructura social de la Argentina que tendría con el tiempo consecuencias políticas y económicas importantes. La sociedad argentina se hizo más compleja, y el cambio progresivo de su cultura política fue acompañado por un aumento de los estratos populares y, sobre todo, de los “sectores medios”. Crece el número de industriales y de comerciantes, pero la “clase alta” se cerró al inmigrante y retuvo la suma de la riqueza. Los inmigrantes ocuparon el espacio de las viviendas marginales; la periferia estuvo conformada por una extensa serie de conventillos que marcarían todo un período de nuestra historia social. Los contingentes inmigratorios llegaron en grandes cantidades a nuestro suelo, aportaron modalidades propias, pero al fin se integraron en la nueva síntesis.

El Sistema Educativo y la Ley 1420

Vinculada con la cuestión religiosa y con influencias del contorno internacional, aunque discernible de estas, la reforma educativa se entreveró con el litigio ideológico hasta el punto de quedar difusos algunos propósitos de la misma que trascendían los conflictos de la época.

El objetivo era definir la acción e influencia de los poderes públicos en el desarrollo educativo, teniendo en cuenta el papel que les atribuía la Constitución y los estudios de la legislación vigente en la materia, y las reformas aconsejables. Sus conclusiones señalaban la necesidad de que la enseñanza en las escuelas comunes fuera gratuita y obligatoria, que respondiese a un propósito nacional en armonía con las instituciones del país, que contase con rentas propias y contemplase reformas pedagógicas apropiadas, incluyendo:

• La educación rural.
• La enseñanza para los adultos.
• La educación para los sordomudos.
• La modificación de programas y métodos de enseñanza.

En el clima del conflicto del momento, el Congreso se prestó para que sus debates derivasen hacia la discusión de la enseñanza religiosa en las escuelas. La fórmula que luego usaría la Ley 1420 —que no impedía la enseñanza religiosa, aunque la hacía optativa— le atribuyó el signo de bandera del liberalismo decimonónico en el orden cultural y la denominación excesiva de «Ley de la Enseñanza Laica».

En cambio, las pasiones derivadas de la polémica oscurecieron la importancia de dicho instrumento legal en el orden a la «nacionalización» de una sociedad transformada por la inmigración y a la difusión de valores comunes en medio de la crisis de identidad nacional.

Cuando en 1883 se realizó el censo escolar, se comprobó que sobre casi medio millón de niños en edad escolar había 124.558 analfabetos, 51.001 semianalfabetos y 322.390 alfabetos. La Ley 1.420 fue una de las bases sobre la que se construyó un sistema educativo que situó a la enseñanza primaria argentina entre las de mejor nivel en el mundo. A los 10 años de su aplicación, el índice nacional de analfabetismo había descendido al 53,5%, y en 1914 se hallaba en el 35%.

La Presidencia de Juárez Celman y la Crisis

Al final de la primera presidencia del general Roca, se plantea el problema de quién será el sucesor. El primero en dar a conocer sus aspiraciones es Dardo Rocha, quien desde 1880 había actuado en el Partido Autonomista Nacional (PAN), con miras a ser el próximo presidente.

A la crisis política interna que debilitaba al Partido Autonomista Nacional (dividido en dos sectores) se unió la crisis económica y fiscal. Al año siguiente (1888), la proliferación de la riqueza fácil, conseguida a través de la especulación y del crédito otorgado a particulares sin mayor discriminación, aceleró la llegada del desastre, al cual contribuyó el gobierno con una política imprudente.

Juárez Celman siguió la táctica de conjurar la crisis económica contratando nuevos empréstitos, haciendo nuevas emisiones de papel moneda y dejándose llevar por un ciego optimismo. Mientras se amasaban grandes fortunas, muchas de ellas por medios reprochables, los asalariados vieron disminuir rápidamente el valor adquisitivo de sus remuneraciones como consecuencia de la inflación desatada en el país, y las empresas comenzaron a reducir los sueldos de sus empleados.

Los bajos salarios, la carestía de los bienes de consumo y la desocupación crearon, entre las clases trabajadoras, un clima de malestar social que tuvo repercusiones políticas. La excesiva confianza en el poder económico del país cedió ante una realidad que estaba a la vista de todos: la Argentina se encontraba en quiebra.

La Ley de Matrimonio Civil: Conflicto Ideológico

En septiembre de 1887, Juárez Celman envió al Senado un proyecto de ley por el cual se modificaba el Código Civil de Vélez Sarsfield en lo relacionado al régimen del matrimonio. El proyecto sustituía el matrimonio religioso, que siempre había existido en la Argentina, por el Civil, una novedad importada de Europa.

Los católicos se opusieron a combatir esa ley, por cuanto rechazaba como válido el matrimonio religioso autorizado y propugnado por el Código Civil, y porque alteraba, sin duda alguna, las bases de la organización de la familia argentina.

La concepción social sostenida por los católicos no significaba negar al Estado la función propia que le corresponde en orden a los efectos civiles producidos por el contrato natural del matrimonio, pero sí implicaba negarle el derecho de absorber total y absolutamente el régimen del matrimonio. Los sostenedores de una teoría que se funda en la idea de la soberanía absoluta del Estado (los laicistas) defendían que el matrimonio debía caer bajo la exclusiva legislación civil.

Por tanto, al defender la familia como fundamento de la sociedad civil y política, los católicos plantearon el debate en el terreno del Derecho Político. Nuevamente estaban así en juego las concepciones filosóficas de aquellos hombres.

Los defensores del proyecto propugnaban un panteísmo filosófico al postular la absorción de los seres humanos por parte del Estado, absorción que se iría acrecentando con los años y que comenzaba por no detenerse ante los derechos de la familia. Los opositores del proyecto profesaban, en cambio, un credo político purificado por la concepción cristiana del hombre, de la familia y el Estado, y representaron, en ese tiempo y en esas luchas, la defensa de las libertades humanas y la resistencia a la invasión estatal.

En la Cámara de Diputados, la ley se aprobó el 2 de noviembre de 1888 por cuarenta y ocho votos contra cuatro, agregándosele una cláusula más lesiva para el catolicismo: la que establecía pena de prisión al sacerdote que casara sin tener a la vista el acta de matrimonio civil de los contrayentes.