Las Guerras Carlistas: Origen del Conflicto Liberal-Absolutista
En 1833, tras la muerte de Fernando VII, los partidarios de Carlos María Isidro iniciaron una insurrección armada que marcó el inicio de una larga guerra civil. Este conflicto enfrentó a los defensores del absolutismo, agrupados bajo la figura de Don Carlos, contra los partidarios de la legitimidad del trono de Isabel II.
Los carlistas se agruparon bajo el lema Dios, Patria y Rey. Se oponían ferozmente a la centralización política, defendiendo el mantenimiento de los antiguos fueros, y al liberalismo. Cobraron fuerzas especialmente en el País Vasco, Navarra, parte de Cataluña, Aragón y Valencia.
La causa isabelina contó desde sus inicios con el apoyo de la alta nobleza, los funcionarios y un sector de la Iglesia. La Regente María Cristina se vio obligada a buscar la adhesión de los liberales y tuvo que acceder a sus demandas, que exigían el fin del Antiguo Régimen y del absolutismo.
Los dos grandes focos carlistas estaban al mando del general Zumalacárregui y de Ramón Cabrera.
Debido a la debilidad del carlismo, el general Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara con el general liberal Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros de las provincias vascas y Navarra, así como la integración de la oficialidad carlista en el ejército real.
El Proceso de Revolución Liberal en España (1833-1843)
La Regencia de María Cristina y el Estatuto Real
Durante la regencia de María Cristina, el gobierno estuvo inicialmente en manos de un absolutista moderado, Francisco Cea Bermúdez. Sin embargo, las tímidas reformas impulsadas por este gobierno no bastaron para atraer a los liberales. La causa isabelina necesitaba conseguir más apoyos, por lo que la Regente nombró un gobierno encabezado por el moderado Martínez de la Rosa, quien propuso la promulgación del Estatuto Real. Este se entendía como un camino hacia el acuerdo con los sectores absolutistas.
Mientras tanto, el malestar social crecía, y se produjeron protestas y motines que derivaron en asaltos y quemas de conventos. Se crearon juntas que demandaban el restablecimiento de la Constitución de 1812. Ante esto, la Regente formó un nuevo gobierno encabezado por un liberal progresista, Juan Álvarez Mendizábal.
Las Reformas Progresistas de Mendizábal
El primer objetivo de Mendizábal fue derrotar al carlismo. Su segundo objetivo fue transformar el Estado en un sentido liberal, y para ello convocó elecciones a Cortes para reformar el Estatuto Real. También emprendió la necesaria reforma agraria con la aprobación de la desamortización de tierras eclesiásticas y la supresión de las congregaciones religiosas. Las reformas de Mendizábal supusieron una clara división entre moderados y progresistas.
María Cristina, atendiendo a las peticiones de los moderados, destituyó a Mendizábal y entregó el gobierno a los moderados. Estas medidas alarmaron a los progresistas, quienes iniciaron en Andalucía un amplio movimiento revolucionario que se extendió a toda la península. Se produjo un motín de sargentos en La Granja, donde veraneaba la familia real, y obligaron a la Regente a aceptar la Constitución de 1812.
La Constitución de 1837 y la Reforma Agraria Liberal
El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes, que dieron una mayoría progresista. Estos redactaron una nueva Constitución, aprobada en junio de 1837. Esta era mucho más corta que la de Cádiz, y su objetivo era que fuese aceptada tanto por progresistas como por moderados. Esta Constitución reconocía el principio de soberanía nacional y una amplia declaración de derechos de los ciudadanos, pero también concedía amplios poderes a la Corona, uno de los elementos más conservadores. Se establecieron leyes como la Ley de Imprenta, que incrementó el control sobre los periódicos, y la Ley Electoral, que fijó un sufragio restringido, ampliando el derecho al voto al 2,4% de la población.
El nuevo sistema significó también el impulso de una reforma agraria que tuvo tres componentes esenciales:
- La abolición de los señoríos, que hacía que la tierra pasara a manos de sus antiguos señores como propiedad privada.
- La desvinculación de mayorazgos, que permitía vender libremente las tierras.
- La desamortización de bienes del clero, que incautó el patrimonio de este y fue subastado públicamente.
La desamortización de Mendizábal perseguía tres objetivos: obtener recursos para abastecer al ejército liberal, disminuir el déficit de la Hacienda y forjar una clase de propietarios defensores del liberalismo. Sin embargo, esta reforma agraria no supuso una redistribución de tierras entre los campesinos. La liberación del sistema económico se completó con la abolición de los diezmos eclesiásticos, de los privilegios de la Mesta y de los gremios.
El Fin de la Regencia de María Cristina y la Regencia de Espartero
Tras aprobar la Constitución, se convocaron nuevas elecciones en octubre de 1837, que ganaron los moderados. Estos frenaron la desamortización eclesiástica y apoyaron el sostenimiento de la Iglesia mediante un presupuesto estatal. Debido al apoyo de la Regente hacia los moderados, los liberales recurrieron a la insurrección y obligaron a María Cristina a marchar al exilio.
El general Espartero fue nombrado Regente por los progresistas, pero pronto derivó hacia un marcado autoritarismo: fue incapaz de colaborar con las Cortes y gobernó únicamente con su camarilla de militares. De este modo, Espartero perdió la popularidad que lo había llevado al poder. Una de sus acciones fue la aprobación de un arancel librecambista, que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses, lo que provocó que la industria textil catalana se sintiera gravemente amenazada. Se produjo un levantamiento en Barcelona, debido al cual Espartero bombardeó la ciudad y le declaró la guerra hasta conseguir su sumisión. Un nuevo levantamiento en el que intervinieron también los moderados forzó el cese de Espartero, y las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años.
Los Primeros Partidos Políticos en la España Liberal
Estos primeros partidos tenían poco arraigo social, entre otras cosas porque el derecho al voto estaba muy restringido y no había tradición parlamentaria. No eran más que agrupaciones de personalidades alrededor de algún notable (civil o militar). Se trataban de corrientes de opinión vinculadas por relaciones personales o intereses económicos.
Durante el reinado de Isabel II se fueron configurando las grandes familias políticas. Las principales opciones del liberalismo fueron los progresistas y los moderados, y en medio de ambos surgió la Unión Liberal. También se configuraron opciones más radicales, que recogían aspiraciones populares, como el Partido Demócrata, que defendía el sufragio universal masculino, y el Partido Republicano, que propugnaba la abolición de la monarquía.
La Década Moderada (1844-1854)
En las elecciones de 1844, los moderados consiguieron una amplia mayoría, y el general Narváez formó un nuevo gobierno. Este trataba de crear un sistema liberal que acabase con el dominio de la oligarquía (la gran burguesía terrateniente y financiera, y algunos sectores de profesionales liberales y del ejército). Para ello elaboraron la Constitución de 1845, la cual asentaba los principios del moderantismo. Se reguló la libertad de imprenta, que pasó a ser controlada por el gobierno, y se estableció la Ley Electoral, que fijó un sufragio censitario restringido al 1%. Además, la ley facilitaba la intromisión del gobierno en las elecciones y el falseamiento de los resultados.
Se firmó un Concordato con la Santa Sede, por el que el Papado reconocía a Isabel II y aceptaba el proceso desamortizador, el cual quedaba en suspenso. El tratado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia y le otorgaba competencias en educación y moral pública.
Se llevó a cabo una reforma fiscal que establecía la contribución directa sobre la propiedad y se impuso un impuesto sobre el consumo. Se aprobaron el Código Penal y el Código Civil.
Para el mantenimiento del orden público se creó la Guardia Civil y se impuso el servicio militar obligatorio. También se adoptó un único sistema de pesos y medidas, el sistema métrico decimal.
Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado. Tuvieron que hacer frente a diversos conflictos, entre ellos las acciones de los demócratas y republicanos. Los carlistas protagonizaron un nuevo levantamiento en Cataluña, y el gobierno encaró estas situaciones mediante la represión.
Las divisiones internas del moderantismo y la lucha entre tendencias propiciaron la inestabilidad de los gobiernos, que se mostraron incapaces de hacer frente a los problemas del país y a la fuerte oposición de los progresistas y demócratas, cada vez más apartados del sistema.
El Bienio Progresista (1854-1856)
La deriva autoritaria del régimen moderado precipitó el levantamiento de progresistas, demócratas y republicanos, y llegó a incorporar algunos sectores de los moderados. La acción se inició en Vicálvaro (Madrid), en junio de 1854, con el pronunciamiento del general O’Donnell, un moderado descontento. Se incorporaron los progresistas al movimiento, que publicaron el Manifiesto de Manzanares, de contenido reformista, y se desencadenó una revuelta popular y la formación de unas juntas revolucionarias.
Isabel II se vio obligada a aceptar el restablecimiento inmediato de la Milicia Nacional y de las libertades, un gobierno presidido por Espartero y con O’Donnell como ministro de Guerra, y la convocatoria de Cortes Constituyentes con la Ley Electoral de 1837.
Esta alianza condujo a la formación de la Unión Liberal, que reflejó el acuerdo entre O’Donnell y Espartero. Las nuevas Cortes redactaron una Constitución de 1854 que no llegó a publicarse. Este nuevo gobierno impulsó importantes reformas que dieron lugar a una etapa de desarrollo y expansión económica hasta 1866, cuando se inició una grave crisis económica.
Las Cortes aprobaron una nueva Ley de Desamortización Civil y Eclesiástica, obra de Pascual Madoz. También se adoptó una Ley General de Ferrocarriles que regulaba e incentivaba la construcción de líneas ferroviarias y ofrecía amplias ventajas a las empresas que invirtieran, lo que atrajo a empresarios extranjeros. Esta legislación se completó con nuevas iniciativas, como la puesta en marcha del telégrafo, la ampliación de la red de carreteras, el fomento de las sociedades por acciones y de la actividad bancaria, y el desarrollo de la minería.
El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a una grave crisis de subsistencias que, unida a una epidemia de cólera, acentuó notablemente el malestar social. Esto provocó un importante levantamiento del campesinado y se produjeron motines populares. Aunque el gobierno tomó medidas conciliadoras, los métodos represivos del capitán general de Cataluña provocaron importantes huelgas obreras en petición de una ley que regulase las relaciones de trabajo y de libertad sindical.
Ante la conflictividad social, algunos jefes militares tomaron medidas represivas aceptadas por el general O’Donnell. Esto provocó el enfrentamiento con el gobierno de Espartero, que se oponía a estas medidas. La Reina intervino en favor de O’Donnell, quien lo nombró jefe del ejecutivo y se proclamó el estado de guerra. Se produjeron movimientos de resistencia en defensa del gobierno progresista, y finalmente O’Donnell puso fin al bienio.
¿Por qué no hubo normalidad constitucional en la España Isabelina?
El nuevo Estado liberal se vio influido por la constante intromisión del ejército, la intromisión de la Corona en asuntos políticos, la influencia de las camarillas, el falseamiento de las elecciones y la frecuente suspensión de las garantías constitucionales.
La fuerte presencia militar en el Estado se debió al prestigio del ejército adquirido durante las guerras. Los militares, tanto moderados como progresistas, recurrían a los pronunciamientos para derribar a los gobiernos.
La debilidad del sistema liberal estuvo favorecida por un sufragio muy restringido y por unas leyes que permitían el control y la manipulación de los resultados electorales.
La Desintegración de la Monarquía Isabelina (1856-1868)
Tras el golpe militar de 1856, O’Donnell restableció la Constitución de 1845, pero perdió la confianza de la Reina, quien nombró nuevo presidente a Ramón María Narváez. Este intentó volver a la situación anterior a 1854. Entre las reformas emprendidas, se aprobó la Ley de Instrucción Pública impulsada por el ministro Moyano, con el objetivo de disminuir el analfabetismo en España. Narváez fue destituido por la Reina, y se inició un periodo de inestabilidad que se cerró cuando Isabel II volvió a nombrar a O’Donnell. Este consolidó a su alrededor el partido Unión Liberal.
El gobierno de O’Donnell duró cuatro años y medio y fue de relativa tranquilidad. Se liberalizó la Constitución de 1845 al disminuir el control de la prensa, al aumentar la autonomía de los ayuntamientos y al reforzar el poder judicial. Se prosiguió con la expansión del ferrocarril, se reanudó la desamortización civil y aumentó la inversión en obras públicas.
Hasta 1866 fueron años de expansión económica que hicieron que España participara en operaciones militares como la expedición a Cochinchina, una intervención en México y la más importante, la campaña en Marruecos.
En 1866, la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil se convirtió en una revuelta popular en Madrid y fue duramente reprimida. El gobierno de Narváez cerró las Cortes e implantó una especie de dictadura. La situación del gobierno empeoró tras la crisis de subsistencias de 1866. Los progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende para acabar con la monarquía de Isabel II. A dicho pacto se le unieron más adelante los unionistas.